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Sentencia RI-369-13 — Registro 9443

Resumen

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por los contra el Decreto Legislativo No.46-2013, mediante el cual se reformaron 10 Artículos de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por considerar los recurrentes que el referido decreto violenta disposiciones contenidas en la Constitución de la República, Convenios y Declaraciones Internacionales de los que Honduras forma parte.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Analizado el primero motivo esbozado por los recurrentes, que invocan que la reforma por adición del Artículo 8 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras vulnera disposiciones constitucionales y normas contenidas en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, la que literalmente dispone: “De no poder obtener la representación estudiantil por vía de un proceso electoral, los restantes miembros del Consejo Universitario quedan facultados para elegir por un período de dos (2) años tal representación de aquellos estudiantes que reúnan los requisitos de esta ley, sus reglamentos y su normativa interna estudiantil. La Vice Rectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles y el Comisionado Universitario acompañarán el proceso de elección estudiantil”. Del contenido de la norma resulta claro y determinante que no se prohíbe o limita de alguna manera que los estudiante puedan someterse a un proceso electoral, es más, el proceso electoral es la primer vía para lograr la representación Estudiantil ante el Consejo Universitario, sin embargo el legislador ha previsto situaciones en las que el proceso electoral se interrumpa, suspenda o sea abortado, creando el mecanismo legal, mediante el cual se autoriza la intervención del resto de los miembros del Consejo Universitario, para lograr la elección de los estudiantes representantes; que no se haya podido obtener por vía de proceso electoral, conformando de esta manera la representación estudiantil ante el Consejo Universitario, salvaguardando el proceso que de paralizarse vendría en detrimento de la conformación de autoridades universitarias y por ende para el logro de los objetivos de la institución afectando tanto a la máxima casa de Estudios como al Estudiantado. De esta manera ha quedado resguardado el derecho a ser electo. En consecuencia, del estudio del impugnado Artículo 8, reformado por adición, de la Ley Orgánica de la UNAH, confrontada como se ha hecho, con los artículos constitucionales invocados por los recurrentes, se estima que la referida reforma no vulnera los Articulos 37 No. 1, 45, 60, y 64 constitucionales, como tampoco ha vulnerado las disposiciones contenidas en los Tratados y Convenciones Internacionales de los que Honduras es signatario tales como el artículo 21 No. 1, 2, y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 23 No.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, relacionado con las obligaciones de los Estados establecidos en el artículo 1.1 y 1.2 de la referida Convención.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto del dos mil dieciséis.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por los señores NOEL EDGARDO BARAHONA GARCIA, LUIS ALONSO DUBON ORELLANA y EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ quienes actúan en su condición de estudiantes de la UNAH-VS, contra el DECRETO LEGISLATIVO No.46-2013, mediante el cual se reformaron 10 Artículos de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.33,083 en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil trece (2013), por considerar los recurrentes que el referido decreto violenta disposiciones contendías en la Constitución de la República, Convenios y Declaraciones Internacionales de los que Honduras forma parte.A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil trece (2013), comparecieron ante este Tribunal los señores NOEL EDGARDO BARAHONA GARCIA, LUIS ALONSO DUBON ORELLANA y EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ actuando en su condición de estudiantes de la UNAH-VS, interponiendo el Recurso de Inconstitucionalidad vía acción en forma parcial y por razón de contenido, contra el DECRETO LEGISLATIVO No.46-2013, mediante el cual se reformaron 10 Artículos de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Registrándose en esta Sala bajo el número de expediente 369-13. Estimando los peticionarios que el decreto impugnado es contrario a las disposiciones establecidas en los Artículos 37 numeral 1, 45, 60, 64 y 264 de la Constitución de la República; 21 numerales 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 23 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2) Que en fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil trece (2013), este Alto Tribunal, dictó auto mediante el cual, dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por los señores NOEL EDGARDO BARAHONA GARCIA, LUIS ALONSO DUBON ORELLANA y EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ en su condición antes indicada, omitiendo el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República, en virtud que los recurrentes indicaron que el presente recurso no va dirigido al procedimiento de su creación sino en forma parcial y por razón de contenido del citado Decreto, ordenándose en consecuencia dar traslado de los antecedentes por seis (6) días al Fiscal del Despacho para que emitiera su opinión en el asunto de mérito. (Folio 19). 3) Que en fecha once (11) de junio del año dos mil trece (2013), el Ministerio Público, a través de su Fiscal Abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión porque NO SE OTORGUE el Recurso de Inconstitucionalidad planteado. (Folios 21 al 27). CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la Garantía de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la referida norma fundamental; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto derogará dicha norma. CONSIDERANDO (2): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Garantía de Inconstitucionalidad por vía de Acción en forma parcial y por razón de contenido interpuesta en fecha dieciséis de mayo del año dos mil trece, por los señores: NOEL EDGARDO BARAHONA GARCIA, LUIS ALONSO DUBON ORELLANA, EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ, en su condición de Estudiantes, pretendiendo que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo número No.46-2013, mediante el cual se reformaron diez (10) artículos de la Ley Orgánica de la UNAH, entre los cuales están los Artículos 8 y 17 que priva al estudiante de su derecho constitucional a elegir y ser electo y permite la reelección de la rectoría respectivamente; según los hechos y fundamentos de derecho, considerando que se vulneran varios artículos constitucionales. CONSIDERANDO (3): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el Artículo 216 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que esta Sala de lo Constitucional estima que los recurrentes han acreditado ante este alto Tribunal su interés legítimo, personal y directo, contando con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía. CONSIDERANDO (5): Que los recurrentes NOEL EDGARDO BARAHONA GARCIA, LUIS ALONSO DUBON ORELLANA, EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ, explican los conceptos en que fundan sus motivos de inconstitucionalidad de la siguiente manera: PRIMER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: VULNERACION DEL DERECHO DE LOS ESTUDIANTES A ELEGIR Y SER ELECTOS, refieren que al Artículo 8 Reformado por adición, se le agregó un párrafo final que establece: “Artículo 8 Los integrantes del Consejo Universitario se desempeñarán Ad-Honorem y durarán en su mandato según su categoría: “De no, poder obtener la representación estudiantil por vía de un proceso electoral, los restantes miembros del Consejo Universitario quedan facultados para elegir por un período de dos años, tal representación de aquellos estudiantes que reúnan los requisitos de esta ley, sus reglamentos y su normativa interna estudiantil”. “La Vice Rectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles y el Comisionado Universitario acompañarán el proceso de elección estudiantil”. Esta reforma al Artículo 8 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, le otorga a los miembros integrantes del Consejo Universitario en perjuicio del Derecho del estudiantado, la facultad de elegir por un período de dos años a los estudiantes que ostentarán la representación estudiantil ante ese organismo, sin necesidad de tener que recurrir a un proceso electoral democrático y transparente, lo cual lesiona directamente el Artículo 37 numeral 1, 45, 60 y 64 de la Constitución de la República; y vulnera también disposiciones contenidas en Tratados y Convenciones en materia de Derechos Humanos de las que Honduras es signataria como es el caso del Artículo 21 numerales 1, 2, 3, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Consejo Universitario a través del Acuerdo No.CU-E-037-04-2013 contenido en el acta No. CU-E-001-04-2013, del 4 de abril de 2013, facultó y nombró una Comisión Examinadora y Seleccionadora de los estudiantes que representarían a la comunidad Estudiantil Universitaria ante el Consejo Universitario lo que es totalmente contrario al Artículo 60 de la Constitución de la República que afirma: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derecho. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley, contradiciendo y lesionado lo establecido en los Tratados a que se ha hecho referencia. SEGUNDO MOTIVO. VULNERACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA CON LA REFORMA AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNAH QUE PERMITE LA REELECCIÓN DE LA RECTORÍA. El Artículo 17 reformado dispone: “La Rectoría es la autoridad ejecutiva y ostenta la representación legal de la UNAH. El Rector durará en su cargo cuatro (4) años, pudiendo ser reelecto por una sola vez. En caso de ausencia o cualquier otro impedimento temporal, lo sustituirá el Vice – Rector Académico y a falta de éste, el Decano o Director más antiguo; si dos o más Decanos o directores tuvieren el mismo tiempo de servicio, entonces los sustituirá el de mayor edad, si la ausencia fuere definitiva, la Junta de Dirección Universitaria nombrará al Rector, conforme lo establece esta ley”. Esta reforma al Artículo 17 de la Ley Orgánica de la UNAH, posibilita la reelección en la rectoría, lo cual contraviene lo establecido en el Artículo 264 Constitucional, que literalmente expresa: “Los Presidentes, Directores Generales y Gerentes de los organismos descentralizados del Estado durarán hasta cuatro años en sus funciones y su forma de nombramiento y remoción será de conformidad con las respectivas leyes de creación de las mismas”. La UNAH, según el Artículo 160 Constitucional, “Es una institución autónoma del Estado”, y por ende una entidad descentralizada de acuerdo a lo señalado por el Artículo 47 de la Ley General de la Administración Pública. El Soberano Congreso Nacional reformó el Artículo 17 de la Ley Orgánica de la UNAH, pero no reformó lo establecido en el Artículo 264 de la Constitución de la República, lesionando de esta forma la Carta Magna. La reforma al Artículo 17 de la Ley Orgánica de la UNAH, extiende al margen y contradiciendo la Constitución, el período de gobierno del titular de una institución descentralizada como la UNAH. La reforma a esta ley según el Artículo 376 constitucional “Al oponerse a la Constitución no se le observará”. Lo que significa que no tiene fuerza de ley, por tanto es ilegal y contraria a derecho; tal aseveración está plasmada en los Artículos 321 y 323 de la Constitución de la República…. Señala el impetrante que tal reforma es improcedente por no haberse reformado el Artículo 264 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6):Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha once de junio del año dos mil trece, siendo de mayor relevancia el acápite IV de la Apreciación Jurídica, que en su parte conducente expresa: “Que se hace necesario realizar un estudio Técnico Jurídico respecto a la aplicación del Decreto No.46-2013, en base al cual y vista la pieza que conforma el expediente, así como al confrontar lo dispuesto en la reforma por adición del Artículo 8 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma y la reforma del Artículo 17 de esta ley, hoy atacada de inconstitucional, se aprecia que el principal argumento de los recurrentes entre otros, es la vulneración al derecho a elegir y ser electo; de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de legalidad, entre otros que señala el reclamante y que por ser los que guardan relación directa con los derechos y garantías constitucionales que se ven conculcados con la aplicación del referido decreto, en base a los hechos y consideraciones siguientes:“Que el Estado de Honduras garantiza el derecho inherente a todo ciudadano de elegir y ser electo, además declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país. Esto nos remite al análisis de los conceptos abordados por el texto constitucional, mismos que también son recogidos en la normativa internacional, referidos en la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, al señalar que toda persona tiene derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas y a tener las oportunidades de participar en la dirección de asuntos públicos por sí o por medio de representación; asimismo el derecho de votar y ser elegidos con el fin de garantizar la libre expresión de la voluntad de los electores. (Artículo 21). Los argumentos planteados por el recurrente se sustentan en el ejercicio de un derecho político mismo que es derivado de un conjunto de condiciones ofrecidas por el ejercicio de los derechos civiles inherentes a cada individuo, orientadas a posibilitar la participación en la vida política de un país, de esta manera se construye la relación entre el ciudadano y el Estado, entre gobernantes y gobernados. Es así que se puede considerar que los derechos políticos vienen a constituirse en los instrumentos que posee el ciudadano para participar en la vida política o el poder político con que éste puede contar para participar, configurar y decidir en la vida política del Estado; para el ejercicio de éstos se derivan los derechos denominados de primera generación entre los cuales encontramos los derechos civiles y de los cuales nuestra normativa constitucional enlista los siguientes: El derecho a elegir (voto), a ser electo (art. 37), optar a cargos públicos (art. 37), el derecho de asociarse o reunirse (art. 37, 38, 39) y el derecho de hacer sus peticiones ante las autoridades públicas. Señala el ente fiscal que observa que las reformas cuestionadas están relacionadas con el funcionamiento de una institución autónoma, con personalidad jurídica que goza de la exclusividad de organizar y desarrollar la educación superior y profesional y las regulaciones para su funcionamiento, organización y atribuciones, se encuentran fijados en su propia ley y estatuto (art. 160 Constitución de la República). Al amparo de estos preceptos constitucionales y de lo contenido en la reforma por adición del Artículo 8 Decreto No.46 -2013 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el cual se establece: “De no poder obtener la representación estudiantil por vía de un proceso electoral los restantes miembros del Consejo Universitario quedan facultados para elegir por un período de dos (2) años, tal representación de aquellos estudiantes que reúnan los requisitos de esta ley, sus reglamentos y su normativa interna estudiantil”, esto indica que el proceso de elección para obtener la representación estudiantil ante el Consejo Universitario no sufre ninguna modificación, en virtud de que el contenido de la reforma adicionada establece como condicionante para autorizar la intervención del resto de los miembros del Consejo Universitario en la elección de los estudiantes representantes; que no se haya podido obtener la representación estudiantil por vía de proceso electoral, por ende no podríamos aseverar una violación automática del derecho argumentada por el recurrente, cuando el texto de la norma de manera expresa impone como condición autorizante precisamente un proceso electoral con el cual se garantice la participación de la población estudiantil universitaria para elegir sus representantes. Por otra parte al confrontar el derecho alegado, es criterio de la suscrita que el alcance de este va orientado a garantizar la materialización de los derechos políticos inherentes a cada ciudadano para participar en la vida política del Estado, mientras que la condición de la Universidad es de una entidad autónoma. Respecto a la reforma adicionada al Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, encontramos que la adición consiste en dejar abierta la posibilidad de una reelección de la rectoría en su condición de autoridad Ejecutiva, quien ostenta la representación legal de la UNAH. Este texto reformador está relacionado con lo señalado en la Ley General de Administración Pública en los Artículos 55 “Las Juntas Directivas de las Instituciones autónomas serán integradas en la forma que determinen las leyes respectivas”, y 62 “Salvo disposición legal en contrario, los rectores de las instituciones autónomas serán nombrados por el Presidente de la República. Estos funcionarios podrán durar hasta cuatro años en el ejercicio de sus funciones (sección segunda referente a la categoría de Presidente, Gerente o Directores). Esto nos remite a la revisión de la estructura organizativa de la UNAH, Artículo 6 del decreto NO. 209-2004 de la siguiente manera: A) Nivel de Dirección Superior (El Consejo Universitario y la Junta de Dirección Universitaria); B) Nivel Ejecutivo y Académico (La Rectoría, las Facultades, Centros Universitarios y Centros Regionales Universitarios y los Departamentos y Carreras); C) Nivel de control…; D) Cuerpos auxiliares; el Consejo Universitario es el órgano máximo de Dirección Superior, el cual se encuentra integrado por las autoridades Universitarias, docentes, estudiantes y representantes de la sociedad (art. 7); mientras que la Junta de Dirección Universitaria tiene entre sus atribuciones nombrar al Rector, Vicerrector, Decanos de Facultades, Directores de Centros Universitarios y Regionales, Director de Educación Superior y los representantes de la UNAH ante el Consejo de Educación Superior (Art. 15 No. 1), con esta estructura organizativa se aprecia que va más allá de la simple existencia de una Junta Directiva y los procesos de elección de las autoridades respectivas está regulado en la misma ley orgánica, situación ésta que al ser confrontada con el texto de la norma constitucional (art. 264). Si bien es cierto esta va orientada a regular el tiempo de administración de las instituciones descentralizadas pero de manera expresa se refiere a “los presidentes, directores generales y Gerentes de los organismos descentralizados del Estado durarán hasta cuatro (4) años en sus funciones y su forma de nombramiento y remoción será de conformidad con las respectivas leyes de creación de las mismas”. Mientras que las reformas se refieren a la figura del Rector, quien por sí solo no ostenta la categoría de director de la universidad, aunque se trate de una institución descentralizada. Por lo anterior desde el marco constitucional no se visualiza la violación al precepto citado por el recurrente”. En consecuencia el Ministerio Público es de la opinión porque no se Otorgue el Recurso de Inconstitucionalidad planteado. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional después de un exhaustivo estudio del Recurso de Inconstitucionalidad interpuestos en contra del Decreto 46-2013 estima lo siguiente: Que en cuanto al PRIMER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD, planteado por los impetrantes respecto de la vulneración de los siguientes Artículos constitucionales: 37 No.1, de la Constitución de la República que disponen: “Derechos del ciudadano Elegir y ser electo”. Artículo 45 “Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país”. Artículo 60 “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otras lesiva a la dignidad humana”. Artículo 64 “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. El Artículo 37 No.1 que consagra el derecho a elegir y ser electo está relacionado con las disposiciones del art.40 también constitucional, que corresponden a los Derechos y Deberes del ciudadano, en cuanto a elegir y ser electo, lo que implica la participación ciudadana mediante la elección en cualquier campo del acontecer nacional, por lo que no se exime de ésta participación para ser electo o elegir en el campo de las autoridades universitarias, mas propiamente referidas en el caso sub judice, para que los estudiantes Universitarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de UNAH formen parte del Consejo Universitario, quedando prohibida constitucionalmente toda prohibición o limitación al ejercicio de este derecho. Por otra parte los recurrentes han señalado en su exposición de motivos que se ha vulnerado el derecho a la Igualdad contenida en el Artículo 60 constitucional. Entendiendo la igualdad de tratamiento como el principio fundamental del Derecho, que se encuentra estrechamente unido al axioma de justicia. “Se vulnera el principio de igualdad cuando, para una variación de la norma jurídica, no cabe hallar motivación lógica resultante de la naturaleza de las cosas o de otras causas adecuadas, o cuando desde la perspectiva de la justicia debe caracterizarse de arbitraria tal regulación”. El Principio de Igualdad tiende a solucionar desigualdades jurídicas y desigualdades positivas, en la participación de los beneficios sociales, al mismo tiempo trata de impedir que la situación social y económica, constituya un privilegio o un monopolio de ventajas económicas y sociales. El Principio de Igualdad en aplicación de la ley, implica el trato igual en situaciones iguales, que no excluye el tratamiento diferenciado, siempre y cuando haya fundamentación suficiente y razonable que excluya la arbitrariedad, o bien el tratamiento desigual en situaciones diferentes. Analizado el primero motivo esbozado por los recurrentes, que invocan que la reforma por adición del Artículo 8 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras vulnera disposiciones constitucionales y normas contenidas en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, la que literalmente dispone: “De no poder obtener la representación estudiantil por vía de un proceso electoral, los restantes miembros del Consejo Universitario quedan facultados para elegir por un período de dos (2) años tal representación de aquellos estudiantes que reúnan los requisitos de esta ley, sus reglamentos y su normativa interna estudiantil. La Vice Rectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles y el Comisionado Universitario acompañarán el proceso de elección estudiantil”. Del contenido de la norma resulta claro y determinante que no se prohíbe o limita de alguna manera que los estudiante puedan someterse a un proceso electoral, es más, el proceso electoral es la primer vía para lograr la representación Estudiantil ante el Consejo Universitario, sin embargo el legislador ha previsto situaciones en las que el proceso electoral se interrumpa, suspenda o sea abortado, creando el mecanismo legal, mediante el cual se autoriza la intervención del resto de los miembros del Consejo Universitario, para lograr la elección de los estudiantes representantes; que no se haya podido obtener por vía de proceso electoral, conformando de esta manera la representación estudiantil ante el Consejo Universitario, salvaguardando el proceso que de paralizarse vendría en detrimento de la conformación de autoridades universitarias y por ende para el logro de los objetivos de la institución afectando tanto a la máxima casa de Estudios como al Estudiantado. De esta manera ha quedado resguardado el derecho a ser electo. En consecuencia, del estudio del impugnado Artículo 8, reformado por adición, de la Ley Orgánica de la UNAH, confrontada como se ha hecho, con los artículos constitucionales invocados por los recurrentes, se estima que la referida reforma no vulnera los Articulos 37 No. 1, 45, 60, y 64 constitucionales, como tampoco ha vulnerado las disposiciones contenidas en los Tratados y Convenciones Internacionales de los que Honduras es signatario tales como el artículo 21 No. 1, 2, y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 23 No.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, relacionado con las obligaciones de los Estados establecidos en el artículo 1.1 y 1.2 de la referida Convención. CONSIDERANDO (8): Que el Segundo Motivo expuesto por los recurrentes, señala que la reforma del Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha vulnerado lo establecido en el Artículo 264 constitucional que literalmente expresa: “Los presidentes, directores generales y gerentes de los organismos descentralizados del Estado durarán hasta cuatro años en sus funciones y su forma de nombramiento y remoción será de conformidad con las respectivas leyes de creación de las mismas”. Manifestando los impetrantes que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una Institución autónoma según reza el Artículo 160 constitucional, por ende descentralizada según lo dispone el Artículo 47 de la Ley General de la Administración Pública, por todo ello no podía reformarse el Artículo 17 de la referida ley sin reformar el Artículo 264 constitucional lo que deviene en una vulneración a este precepto constitucional. El Artículo 17 reformado a la letra dice: “La Rectoría es la autoridad Ejecutiva y ostenta la representación legal de la UNAH. El Rector durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser reelecto por una vez. En caso de ausencia o cualquier otro impedimento temporal, lo sustituirá el Vicerrector académico y a falta de éste, el Decano o Director más antiguo; si dos (2) o más Decanos o directores tuvieren el mismo tiempo de servicio, entonces, lo sustituirá el de mayor edad. Si la ausencia fuere definitiva, la Junta de Dirección Universitaria, nombrará al Rector conforme lo establece esta ley”. Según el Artículo 11 de la Ley Orgánica de la UNAH, La Junta de Dirección Universitaria es el órgano administrativo, principal de la UNAH, responsable de la planificación, organización, control administrativo y seguimiento de los resultados operativos de la institución, de acuerdo al Artículo 15 de esta misma ley, corresponde a la Junta de Dirección Universitaria la atribución de nombrar al Rector, Vicerrector…. Confrontada la reforma del Artículo 17 de la Ley Orgánica de la UNAH, con el texto de la norma constitucional contenido en el art. 264, esta Sala encuentra, que regula el tiempo de duración en el desempeño de sus cargos de los Presidentes, Directores generales, y Gerentes de los organismos descentralizados. Por otra parte la Junta de Dirección Universitaria es el órgano administrativo principal de la UNAH, responsable de la planificación, organización y control administrativo y seguimiento de los resultados operativos de la institución, formado por nueve miembros, electos por el Consejo Universitario que durarán en sus cargos cuatro años y podrán ser reelectos por una sola vez. El Artículo 15 de la Ley Orgánica de la UNAH establece como primera atribución de la Junta de Dirección Universitaria el nombramiento del Rector (a)…. Analizada la exposición de los recurrentes venida a pedir la inconstitucionalidad del Decreto 46–2013, que reforma el Artículo 17 de la Ley Orgánica de la UNAH, por infringir la norma constitucional contenida en el Artículo 264, resulta que esta norma está dirigida a los órganos de dirección y gestión y administración de la UNAH, no al nombramiento del Rector (a) de esta Institución de Estudios Superiores, quien es elegido(a)por la JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, claramente se determina que la reforma va dirigida a dejar abierta la probabilidad de la reelección en el cargo del Rector (a), manteniendo la duración en el cargo de cuatro años; debiendo observarse que la figura del Rector, por sí sola no ostenta la categoría de Director de la Universidad, aunque se trate de una institución descentralizada. De todo lo cual se resume que la referida reforma no contraviene el Artículo 264 de la Constitución de la República, señalado como infringido. CONSIDERANDO (9): Que a la luz de lo anteriormente expuesto el Decreto No.46-2013, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33083, en fecha veintitrés de marzo del dos mil trece, NO entra en conflicto con las disposiciones contenidas en los Artículos, 37 No. 1. 45, 60 y 64 de la Constitución de la República, Artículos 21 No. 1, 2, y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 23 No. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, relacionada con las obligaciones de los Estados establecidas en el Artículo 1.1 y 1.2 de la referida Convención; 21 Numerales 1, 2, Y 3, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que No Procede declarar la inconstitucionalidad parcial del mismo. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, de acuerdo con el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, y en aplicación de los Artículos 1, 15, 37 No.1, 184, 185, 303, 313 No. 5, 316 No.1 de la Constitución de la República; 1, 3 No.3, 5, 7, 8, 74, 75, 77, 78, 80, 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 9, 11, 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 7, 23 No.1 de La Convención Americana Sobre Los Derechos Humanos. FALLA: NO HA LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por los señores NOEL EDGARDO BARAHONA GARCIA, LUIS ALONSO DUBON ORELLANA, Y EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que notificada y firme la presente resolución, se proceda al archivo de los autos en la Secretaría de la Sala. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO-369-2013.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL