Sentencia RI-275-16 — Registro 9444
Resumen
Se interpuso recurso de inconstitucionalidad por vía de acción por razón de contenido del Decreto Legislativo número 9-99-E del Código Procesal Penal, relativo a la sustitución de la prisión preventiva.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (13): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veinticinco de mayo del año dos mil quince (2015), emite su dictamen dejando establecido que del análisis realizado y siendo que la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es la determinación del respeto a las garantías constitucionales de las normas sometidas al examen, al realizar el estudio de la procedencia se determina que no se encuentran legítimamente acreditado el interés directo, personal y legítimo de los impetrantes, por lo que dictamina que se declare la inadmisible la demanda de inconstitucionalidad.( las negritas son nuestras). CONSIDERANDO (14): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala de lo Constitucional concluye que el Decreto Legislativo número 56/2013 no entra en conflicto, con los artículos: 63 de la Declaración de Derechos y Garantías; 89 que consagra la Presunción de Inocencia, 61 de la Libertad, 69 de la Libertad Personal; 90 del Debido Proceso y 94 Derecho de Audiencia de la Constitución de la República por ende, no procede la Declaratoria de Inconstitucionalidad de los mismos.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 93 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 101 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 285 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 75 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 76 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de julio de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción, de forma total y por razón de contenido, por la Señora KAREN MELISSA UCLES ESTRADA en su condición personal y como madre de los menores CARLOS FERNANDO CORRALES UCLES Y EMILIO ANDRES CORRALES UCLES, para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de acción, en forma total y por razón de contenido, del Decreto Legislativo No. 56-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,126 en fecha diecisiete de mayo del año dos mil trece, mediante el se reformó por adición el artículo 184 reformado del Decreto Legislativo número 9-99-E del Código Procesal Penal, relativo a la sustitución de la prisión preventiva, y por consiguiente, se declare la inaplicabilidad de las disposiciones contenidas en el referido decreto, en virtud que la reforma efectuada vulnera de forma flagrante y grosera derechos constitucionalmente reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Honduras. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés de marzo del año dos mil quince, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, la Señora KAREN MELISSA UCLES ESTRADA en su condición personal y como madre de los menores CARLOS FERNANDO CORRALES UCLES Y EMILIO ANDRES CORRALES UCLES, para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de acción, en forma total y por razón de contenido, del Decreto Legislativo No. 56-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,126 en fecha diecisiete de mayo del año dos mil trece, mediante el se reformó por adición el artículo 184 reformado del Decreto Legislativo número 9-99-E del Código Procesal Penal, relativo a la sustitución de la prisión preventiva, y por consiguiente, se declare la inaplicabilidad de las disposiciones contenidas en el referido decreto, en virtud que la reforma efectuada vulnera de forma flagrante y grosera derechos constitucionalmente reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Honduras. 2) Que en fecha veinte de abril del año dos mil quince, este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado el recurrente que el presente recurso va dirigido al contenido de manera total del citado Decreto, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (06) días hábiles, para que emitiese el correspondiente dictamen. 3) Que en fecha veintiséis de mayo del año dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DECLARE INADMISIBLE el Recurso de Inconstitucionalidad de mérito y SE SOBRESEAN LAS DILIGENCIAS. CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la Garantía de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la referida norma fundamental; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto derogará dicha norma. CONSIDERANDO (2): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Garantía de Inconstitucionalidad por vía de ACCION por razón de contenido, interpuesta por la señora KAREN MELISSA UCLES ESTRADA en su condición personal y como madre de los menores CARLOS FERNANDO Y EMILIO ANDRES ambos de apellido CORRALES UCLES, pretendiendo que se declare la inconstitucionalidad de manera total del Decreto legislativo 56-2013 emitido por el Congreso Nacional de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33, 126 en fecha diecisiete de mayo del dos mil trece, que reformó por adición el artículo 184 del código Procesal Penal relativo a la sustitución de la Prisión Preventiva. CONSIDERANDO (3): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la Garantía de inconstitucionalidad y del control previo de Constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente KAREN MELISSA UCLES ESTRADA, explica los conceptos en que funda sus motivos de inconstitucionalidad de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Vulneración al Derecho Constitucional de Presunción de Inocencia. Infracción directa de los artículos 63, 89, y 94 de la Constitución de la República en relación al artículo 11 de la Declaración Universal de derechos Humanos, artículos 8, inciso 2 de la Convención americana sobre Derechos Humanos, Artículo 4 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, cuyo tenor literal es el siguiente: “Art. 63.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidas como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma de republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre. Art. 89.- Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. Art.- 94.- A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado. DUDH.-Art. 11.1 Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. CIDH.-Art. 8.2 Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. PIDCP.- Art. 14.2 Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Invoca como precepto autorizante el artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que se refiere a los casos en que procede la acción. CONSIDERANDO (5): Que el impetrante desarrolló el motivo en que fundamenta la inconstitucionalidad peticionada exponiendo que de acuerdo a la doctrina internacional: “La presunción de inocencia es una garantía constitucional que impide atribuir responsabilidad jurídica y restringir los derechos de una persona, si no se acredita debidamente y conforme a la Ley la participación objetiva y subjetiva de un sujeto en la producción de un hecho ilícito. Se trata en definitiva de una garantía elemental, cuyo objetivo reside en preservar la libertad y dignidad de las personas otorgando seguridad a la convivencia social, en virtud de lo anterior: “si aceptamos que toda persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un proceso judicial, no resultan razonables ni constitucionales las restricciones que se imponen en materia penal. Tal es, como hemos visto, hacer efectiva la prisión preventiva impuesta al imputado sin que esté acreditada, al menos como sólida presunción, que su libertad configurará un peligro para la seguridad publica o que no se presentará a una citación judicial (…) la proyección y ampliación de tan peligrosos criterio acarrea el riesgo de desarticular la presunción de inocencia en materia penal y de propiciar la vigencia de un derecho penal autocrático.-El próximo paso sería el de presumir siempre la culpabilidad del imputado cuando medie un requerimiento fiscal fundado debidamente, o cuando esa presunción emane de la sociedad que, por su desinformación o los preconceptos que alberga, siempre está más dispuesta a condenar al imputado que a pronunciarse por su inocencia”. Sigue manifestando el recurrente que basta con una simple lectura del Decreto 56-2013 para concluir que, con las reformas efectuadas al artículo 184 reformado del Código Procesal Penal, se sujeta al imputado a una pena de prisión automática que, en realidad, es una pena anticipada que puede ser calificada de irracional, ilegítima e infundada en la medida que restringe inconstitucionalmente los derechos fundamentales del imputado por la mera noticia criminis plasmada en un requerimiento fiscal que, dicho sea de paso, no puede ser objetado por la parte imputada(porque se le niega el derecho a la audiencia), ni calificada, objetada o ponderada por el Juez competente, quien no tiene más opción que imponer la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. También expresa que el Decreto es inconstitucional porque al no proceder la imposición de una medida cautelar distinta de la prisión preventiva, la duración de esta no estará sujeta a límite de tiempo y, por imperativo legal, permanecerá vigente mientras dure la sustanciación del proceso penal, lo que constituye una pena anticipada impuesta a personas que constitucionalmente se presumen inocentes y vulnerando la constitución y los jurisprudencia supranacional aplicable a la materia. Señala además jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha reiterado en numerosos fallos que debe existir razonabilidad en el plazo máximo de duración de la prisión preventiva y que, al sobrepasarse el límite “aumenta el riesgo de que se invierta el sentido de la presunción de inocencia”, la que “se torna cada vez más vacía y finalmente se convierte en una burla”, no solo porque se está “privando de libertad a una persona todavía inocente, castigo severo que legítimamente se impone a los que han sido condenados, sino por su consecuencia natural de sospecha indefinida y continúa” (Cf. Comisión IDH, informe NO. 12/96, caso 11.245).Manifiesta que el documento número 46/13 de la Comisión de IDH y de la Organización de los estados Americanos (OEA), de 30 de diciembre del 2013, denota la tendencia preocupante en la región consistente en usar la prisión preventiva común mecanismo de control social y establece a su vez que las reformas del tenor contenido en el Decreto 56/2013, contraviene de un modo directo y evidente las normas estándares del Sistema Interamericano. De hecho en relación expresa al Decreto 56-2013, la Relatoría de Personas Privadas de Libertad constató que, previo a la aprobación de este Decreto legislativo, el Congreso Nacional de la República de Honduras ni siquiera se tomó el cuidado de elaborar un estudio o análisis del impacto que la reforma tendría en el sistema penitenciario ya colapsado, ni el efecto que tendría en la reducción de los índices de criminalidad en el país. Al establecer la prisión preventiva como única medida a imponer en los delitos enunciado en el artículo 184 reformado del Código Procesal penal y, al negarle al juez de instancia la potestad de ponderar y fundamentar adecuadamente una medida restrictiva de la libertad personal, se presume indebidamente la culpabilidad del imputado y se invierte la carga de la prueba al punto que, aún si tuviese la posibilidad de acreditar que es inocente y que no representa un peligro para la sociedad, se le niega al encausado el derecho a ser oído en vulneración del principio de presunción de inocencia y del debido proceso consagrado en el artículo 94 de la Constitución de la República que establece expresamente la necesidad de que el imputado sea oído previo a la imposición de una pena o de una medida restrictiva de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente como Segundo Motivo de Inconstitucionalidad por razón de contenido, invoca como quebrantado el Derecho a la Libertad, infracción directa de los artículos 69 y 93 de la Constitución de la República de Honduras en relación con el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos y el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo tenor literal es el siguiente: “Art. 69 La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. Art.- 93 Aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si logra caución suficiente, de conformidad con la ley. PIDCP.- Art. 91 Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. CIDH.-Art. 7. Derecho a la Libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continué el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.6.- Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un Juez o tribunal competente, a fin de que este decida sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales… 7…; Señala como precepto autorizante el artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente desarrolla el Segundo Motivo del recurso exponiendo que el “derecho a la libertad es permanente e inherente del ser humano y, por regla general, debe acompañar al imputado incluso cuando se desarrolla el procedimiento penal en virtud de la garantía de presunción de inocencia (artículo 89 de la Constitución, 8.2 CADH, 14.2 PIDCP), por lo que no resulta admisible y es altamente reprochable, adoptar por vía de decreto legislativo una privación automática de la libertad negando la imposición de otra medida cautelar menos gravosa. Sigue manifestando la impetrante que la Comisión IDH, en su informe No. 12/96, caso 11.245, expresó literalmente: “se trata de una medida necesariamente excepcional en vista del derecho preeminente a la libertad personal y el riesgo que presenta la detención preventiva en lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso legal incluido el derecho a la defensa.” CONSIDERANDO (8): Que la recurrente expone como Tercer Motivo de Inconstitucionalidad vulneración del derecho fundamental del debido Proceso, “infracción Directa de los artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República en relación con los artículos 10 de la Declaración Universal de derechos Humanos y artículo 8 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos, e infracción directa de los artículo 303 párrafo primero, 304 párrafo primero y 307 de la Constitución de la Repúblicas. Desarrolla la infracción constitucional manifestando que “El Derecho fundamental al debido proceso que se consagra en el artículo 90 de la Constitución de la República, artículos 10 y 11 de la Declaración de Derechos Humanos y artículo 8 de la Convención americana Sobre Derechos Humanos; implica entre otras cosas la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características, entre ellas la motivación de las resoluciones judiciales y constituye una garantía infranqueable para todo acto o resolución en el que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos de forma que se trata de un principio rector de la actuación administrativa y judicial en un estado de derecho”. Hace referencia a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al deber de motivar las resoluciones como una garantía vinculada a la administración de justicia para salvaguardar el derecho al debido proceso. Sobre todo en casos en que se afecten derechos humanos de lo contrario serían decisiones arbitrarias. CONSIDERANDO (9): Que en cuanto al Primer Motivo de Inconstitucionalidad, señalado como la violación al Derecho Constitucional de Presunción de Inocencia, esta Sala ha mantenido el criterio que la presunción de inocencia es un derecho que se le reconoce a los imputados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo dos (2) del Código Procesal Penal. La Constitución de la República ha reafirmado el estado de inocencia al igual que el Código Procesal Penal como Derecho Constitucional aplicado, con respeto a las normas de Derechos Humanos que forman parte del Derecho interno del Estado, entre otras La Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. El reconocimiento del estado de inocencia implica que solo podrá ser enervado mediante una sentencia condenatoria firme, sin embargo, en tanto se mantenga este estado de inocencia nos encontramos ante una verdad interina, por tratarse de una verdad iuris tantum, ya que queda destruida al momento de probarse la culpabilidad del imputado, por lo que hasta ese momento procesal, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros. Limitándose a informar la sospecha que pende sobre la misma[1].La presunción de inocencia garantiza que todo ciudadano sujeto a una investigación penal, pueda ser procesado con igualdad ante la ley, aplicando el principio de legalidad y el debido proceso entre otros principios que son los pilares del proceso penal, como institución jurídica competente para conocer del enjuiciamiento criminal de los ciudadanos. CONSIDERANDO (10): Que analizados los postulados invocados por la impetrante, en el primer motivo señalado, esta Sala de lo Constitucional al hacer el juicio de contraste entre la norma constitucional contenida en el artículo 89 y las normas Sobre Derechos Humanos en los artículos 8.2 de la Convención Sobre Derechos Humanos, 14.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; y el Decreto No. 56/2013, estima que NO entra en conflicto con el derecho de Estado de Inocencia del que gozan los acusados, en virtud de que el legislador ha diseñado el proceso penal de tal manera que desde el momento en que una persona es detenida, es conocedora de sus derechos, una vez que es presentada ante Juez competente se celebrará la audiencia de declaración de imputado, momento procesal oportuno para que cualquier persona sometida a juicio pueda exponer lo que considere a favor de su defensa, siempre salvaguardando el derecho personalísimos del o los procesados de guardar silencio, si así lo prefieren, de esta manera queda garantizado el derecho de ser oídos en audiencia bajo los principios rectores del proceso, por otra parte durante esta audiencia y las demás que conforman el proceso penal, el o los imputados siempre estarán con su defensor quien en todo momento velará por el respeto y garantía de los derechos del o los acusados. Por todo ello NO procede declarar la inconstitucionalidad invocada por la recurrente. CONSIDERANDO (11): Que el segundo motivo de inconstitucionalidad señalado por la recurrente, se refiere a que el derecho constitucional de la libertad, es confrontado por el decreto Legislativo No. 56/2013. El Derecho a libertad consagrado en el artículo 61 Constitucional, articulo 69 de la libertad personal, esta relacionado con los artículos: 71 del procedimiento para la detención preventiva la forma de restringir la libertad, así como las expresiones de libertad de asociación, reunión y circular libremente de los artículos 78, 79 y 81 todos de orden constitucional. El Derecho a la libertad ocupa el cimero lugar después del derecho a la vida, por lo que así se consagra en Tratados Internacionales como La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 9; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9.1; La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 y, la Constitución de la República en su artículo 69, que reafirma la inviolabilidad al derecho a la libertad, siendo evidente del contexto de la norma Constitucional que este derecho no es absoluto, y el mismo es limitado por principios y normas de orden constitucional “cuando dispone que solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”. Siguiendo ese orden de ideas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 101 del Código Procesal Penal, “Se considera imputado a toda persona a quien, en virtud de querella o por requerimiento fiscal, se atribuya participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya se encuentre detenido o en libertad; o que haya sido privado cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión, detención o prisión preventiva; como tal, a partir de ese momento, podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la República, los tratados o convenciones internacionales y este Código le reconocen, desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización”. Siendo así, desde el momento mismo en que se inicia el proceso y existe la imputación de un hecho revestido de delito, con la probabilidad de participación de una determinada persona, esta persona acusada comparece ante Juez competente a la audiencia conocida como declaración de Imputado que tiene como únicos fines ponerle en conocimiento a la persona objeto de requerimiento fiscal, sus derechos constitucionales, los cargos que versan en su contra, y oír su declaración, sea que éste declare o no. Una ves finalizada ésta, de acuerdo al orden previamente establecido en el artículo 292 del mismo código, el Juez de Garantías podrá decretar la detención judicial del mismo por el término de ley o en su caso las medidas cautelares sustitutivas a que quedará sujeto el acusado, o la libertad provisional por falta de méritos para ser detenido y señalamiento del día y hora para celebrar audiencia inicial. La audiencia inicial es la última fase de la etapa preparatoria, que tienen “varios objetivos entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[2].durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, en relación con el requerimiento fiscal. Discierne si esta justificada la continuación del procedimiento, por existir razones de probabilidad de participación, en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o, procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[3]. Con todo ello se da cumplimiento estricto a lo establecido en la ley. Debiendo considerar que el ente Acusador actúa de manera transparente sujetándose al Principio de Objetividad donde ciertamente no busca la pérdida de la libertad de un ciudadano a ultranza toda vez que ello causa agravios a la administración de justicia que debe cumplimiento a los Tratados Internacionales por ser parte del derecho interno del Estado, y que los representantes del Ministerio Público deben actuar bajo el principio de objetividad lo que significa que en su investigación no solo versará sobre los hechos que puedan imputársele al acusado, sino todos aquellos que puedan eximirlos o beneficiar al imputado en el hecho en que se supone ha participado. Por otra parte, Cuando el Juez de garantías dicta como medida cautelar de prisión preventiva ha tenido en cuenta una serie de presupuestos previamente señalados en la ley, ley a la que se encuentra sujeto y nunca sobre la misma; contra dicha resolución si las partes o una de ellas, supone le causa agravios, la ley le provee los recursos necesarios, a fin de lograr subsanar los errores del A quo. Por todo ello esta Sala encuentra que no es de recibo el motivo de inconstitucionalidad señalado por la impetrante, al no confrontar el Decreto No. 56/2013 la norma constitucional del Derecho a la Libertad. CONSIDERANDO (12): Que en cuanto al tercer motivo la recurrente manifiesta que el Debido Proceso implica la observancia de las formas propias de cada proceso según sus características, además señala la motivación y fundamentación de las resoluciones. El proceso penal hondureño esta diseñado de tal manera que garantiza los derechos de las partes, así el ciudadano sometido ha juicio, desde el primer momento en que es detenido conocerá sus derechos (como ya lo hemos expresado antes) y contará con un defensor que garantice el pleno ejercicio de sus derechos durante el proceso, será escuchado durante la audiencia de declaración de imputado, donde se respetará su silencio si el acusado así lo prefiere, todo ello en cumplimiento a la normativa constitucional –procesal penal. El diseño del proceso penal consiste en varias audiencia en las que nunca faltará el abogado defensor del imputado pues no existe ninguna excepción ya que el derecho de defensa es irrenunciable, e inviolable. Siguiendo este orden de ideas si el debido proceso representa el cumplimiento de las exigencias, formalidades, requisitos previamente establecidos en la ley no podrá considerarse que se vulnere el mismo, cuando se ha seguido el procedimiento, caso contrario si el procedimiento queda a la libre disposición del juzgador sería como volver al sistema inquisitivo, creando arbitrariedad e impunidad. Además la normativa procesal penal señala que las resoluciones deben ser razonadas y motivadas es decir, ningún juzgador podrá dictar resolución alguno sin apegarse a este precepto, y en el caso de falta de cumplimiento a esta exigencia de motivación y fundamentación, las partes podrán hacer uso de los recursos que la ley ha establecido previamente. Por todo ello esta Sala considera que el Debido Proceso no ha sido confrontado por el decreto 56/2013. CONSIDERANDO (13): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veinticinco de mayo del año dos mil quince (2015), emite su dictamen dejando establecido que del análisis realizado y siendo que la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es la determinación del respeto a las garantías constitucionales de las normas sometidas al examen, al realizar el estudio de la procedencia se determina que no se encuentran legítimamente acreditado el interés directo, personal y legítimo de los impetrantes, por lo que dictamina que se declare la inadmisible la demanda de inconstitucionalidad.( las negritas son nuestras). CONSIDERANDO (14): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala de lo Constitucional concluye que el Decreto Legislativo número 56/2013 no entra en conflicto, con los artículos: 63 de la Declaración de Derechos y Garantías; 89 que consagra la Presunción de Inocencia, 61 de la Libertad, 69 de la Libertad Personal; 90 del Debido Proceso y 94 Derecho de Audiencia de la Constitución de la República por ende, no procede la Declaratoria de Inconstitucionalidad de los mismos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 18, 59, 60, 64, 80, 102, 128, 184, 185 No. 2, 205, 294, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 328 y 329 de la Constitución de la República; artículos 2, 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 10 y 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 93, 101, 141, 285, 294, del Código Procesal Penal;1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 1), 77 No. 1), 78, 79, 80, 81, 92 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, promovido por razón de contenido, contra el DECRETO LEGISLATIVO No.56-2013. Y MANDA: 1) Que se ponga en conocimiento de la parte impetrante el presente fallo; y 2) Que en su oportunidad se archiven las diligencias en la Secretaría de la Sala. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Y a solicitud de la Abogada KAREN MELISSA UCLES ESTRADA, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal bajo el numero 0275-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Código Procesal Comentado, año 2000.Litocom. Tegucigalpa.
[2] Rigoberto Cuellar Cruz, Jesús Fernández Entralgo. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Tegucigalpa, Honduras,. Litocom, S.de R.L. de C.V. Sep. 2004. Pág. 371
[3] Idem.