Sentencia RI-261-13 — Registro 9429
Resumen
Se interpuso recurso de inconstitucionalidad por vía acción por contra el Decreto Legislativo No.55-2012, contentivo de la Ley De Municipalidades. Manifestando el recurrente que el referido decreto violenta disposiciones constitucionales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… CONSIDERANDO NUEVE (9): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha cuatro de agosto de dos mil quince, del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción de inconstitucionalidad con registro No. 250-2013, al ser estimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al Decreto Legislativo No.55-2012 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha doce de marzo de dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el veintidós de mayo de dos mil doce, que contiene la reforma por adición del Artículo 75 del Decreto No. 134,90 de fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa, contentivo de la LEY DE MUNICIPALIDADES; torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por ser el mismo implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de mérito al ser cosa juzgada y por tanto, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento de la Sala mediante el cual ya se ha salvaguardado la preeminencia de la norma Constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma Juris et de iure, siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76, No. 4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 79 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 89 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 92 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 93 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 94 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por el Abogado RICARDO MONTES BELOT quien actúa en su condición de apoderado legal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP) contra el Decreto Legislativo No.55-2012 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha doce de marzo de dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el veintidós de mayo de dos mil doce, que contiene la reforma por adición del Artículo 75 del Decreto No. 134,90 de fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa, contentivo de la LEY DE MUNICIPALIDADES. Manifestando el recurrente que el referido decreto violenta disposiciones constitucionales. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho de abril de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el Abogado RICARDO MONTES BELOT quien actúa en su condición de apoderado legal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP) contra el Decreto Legislativo No.55-2012 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha doce de marzo de dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el veintidós de mayo de dos mil doce, que contiene la reforma por adición del Artículo 75 del Decreto No.134,90 de fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa, contentivo de la LEY DE MUNICIPALES. Manifestando el recurrente que el referido decreto violenta disposiciones constitucionales. 2) Que en fecha dos de mayo de dos mil trece, este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el recurso de Inconstitucionalidad relacionado, omitiendo el libramiento de comunicación al Congreso Nacional de la República y en consecuencia dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiera su correspondiente dictamen. 3) Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, emitió dictamen, siendo del parecer porque SE OTORGUE, el recurso de inconstitucionalidad planteado. 4) Que con anterioridad al planteamiento de la presente acción de inconstitucionalidad por parte del Abogado RICARDO MONTES BELOT quien actúa en su condición de apoderado legal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP); se interpuso en esta misma sede constitucional un recurso de inconstitucionalidad con el mismo objeto de control constitucional (RI 0250-13), contra el Decreto Legislativo No.55-2012 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha doce de marzo de dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el veintidós de mayo de dos mil doce, que contiene la reforma por adición del Artículo 75 del Decreto No. 134,90 de fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa, contentivo de la LEY DE MUNICIPALIDADES, el cual fue interpuesto en aquella oportunidad por la Abogada SORAYA ASUNCIÓN SOLABARRIETA BODDEN, en su condición de representante procesal de la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADA DE TELECOMUNICACIONES (ASETEL). 5) Que en fecha cuatro de agosto de dos mil quince, los Magistrados y Magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del Recurso de Inconstitucionalidad antes referido, dictaron por unanimidad de votos sentencia, misma que en su parte resolutiva establece lo siguiente: (Sic.) “FALLA: DECLARANDO NO HA LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la Abogada SORAYA ASUNCIÓN SOLABARRIETA BODDEN en su condición de apoderada de la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICACIONES (ASETEL), en contra del referido decreto; Y MANDA: 1) Que en su oportunidad se archiven las presentes diligencias en la Secretaria del Tribunal. NOTIFIQUESE.” CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma. CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Artículo 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional otorga a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, el carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, con facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de Inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el Artículo 216 de la Constitución de la República. Lo anterior, señala la función de la Sala de lo Constitucional, que no es sino la concreción de la Constitución mediante su interpretación; sin limitarse a una intervención restrictiva y reguladora, sino más bien a vincular los derechos fundamentales al proceso permanente de la transformación social. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en la sentencia dictada por esta Sala en fecha cuatro de agosto de dos mil quince; concluyó que el principio de legalidad, como requisito configurativo procesal constitucional, ha de entenderse como el fiel cumplimiento de los estamentos que desarrollan la acción de inconstitucionalidad, en ese sentido, la Constitución de la República en los Artículos 184, 185, y la Ley Sobre Justicia Constitucional en los Artículos 75, 77, y 98, disponen que el recurso de Inconstitucionalidad es procedente cuando una ley secundaria se contrapone a la Constitución; y, siendo que se ha acreditado que la reforma por adición contenida en el Decreto 55-2012 supramencionado, norma secundaria señalada de inconstitucionalidad, ha dejado de existir en virtud de reforma legislativa, se estima procedente declarar NO HA LUGAR el recurso de inconstitucionalidad que se conoció. CONSIDERANDO SEIS (6): Que a este respecto y discurriendo sobre los efectos erga omnes del fallo, es necesario igualmente recordar que en esencia, las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional o en su caso la Corte Suprema de Justicia, se diferencian del resto de las sentencias emitidas por cualquier tribunal ordinario, esencialmente en que las primeras tienen una finalidad adicional al interés subjetivo de las partes, pues las sentencias de inconstitucionalidad abordan por su naturaleza intrínseca, la propia dimensión objetiva de la garantía específica tutelada por un proceso constitucional, y su efecto, como ha quedado ya expuesto, es la resolución de un conflicto originado por la infracción de la Ley secundaria, al contenido esencial de la ley primaria, resultando en la expulsión de la primera, en caso de demostrarse que no se ajusta al contenido esencial de la segunda, mediante una interpretación terminante, en la cual se declara por el Tribunal Supremo la compatibilidad o incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento. Así, las acciones de inconstitucionalidad, y por ende los fallos de la Sala o en su caso la Corte Suprema de Justicia, están sustentados por su propia naturaleza de un provecho que trasciende al de cualquier proceso ordinario, pues con el mismo se garantiza la depuración del ordenamiento secundario y se afianza a su vez la supremacía de la Constitución. CONSIDERANDO SIETE (7): Que en un sentido formal o estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad, en un sentido negativo encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su Artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. De igual forma, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis,[1] el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. CONSIDERANDO OCHO (8): Que así las cosas, resulta establecido que en los procesos de inconstitucionalidad los efectos erga omnes están unidos a la esencia misma del objeto de la declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia, en este tipo de acción no cabe predicar efectos restringidos, toda vez que la anulación de la ley ha sido declarada con efectos generales, tornando impertinente un nuevo pronunciamiento sobre un problema constitucional ya resuelto. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha cuatro de agosto de dos mil quince, del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción de inconstitucionalidad con registro No. 250-2013, al ser estimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al Decreto Legislativo No.55-2012 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha doce de marzo de dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el veintidós de mayo de dos mil doce, que contiene la reforma por adición del Artículo 75 del Decreto No. 134,90 de fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa, contentivo de la LEY DE MUNICIPALIDADES; torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por ser el mismo implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de mérito al ser cosa juzgada y por tanto, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento de la Sala mediante el cual ya se ha salvaguardado la preeminencia de la norma Constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma Juris et de iure, siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, POR UNAMIMIDAD DE VOTOS, con fundamento en los Artículos 1, 18, 80, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- FALLA: 1° Declarar que al ser firme el fallo de inconstitucionalidad dictado por la Sala de lo Constitucional, en fallo dictado en fecha cuatro de agosto de dos mil quince, del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción con registro No. 250=2013, mismo que es estimatorio de la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No.55-2012 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha doce de marzo de dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el veintidós de mayo de dos mil doce, que contiene la reforma por adición del Artículo 75 del Decreto No. 134,90 de fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa, contentivo de la LEY DE MUNICIPALIDADES. Se torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los decretos impugnados, por ser éste implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. Y 2° En tal virtud SE SOBRESEE la acción de mérito, contentiva del recurso Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por el Abogado RICARDO MONTES BELOT quien actúa en su condición de apoderado legal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP) contra el Decreto Legislativo No.55-2012 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha doce de marzo de dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el veintidós de mayo de dos mil doce, que contiene la reforma por adición del Artículo 75 del Decreto No. 134,90 de fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa, contentivo de la LEY DE MUNICIPALIDADES, al ser cosa juzgada y por tanto haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada en la acción con registro No. 250-2013, y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento terminante de la Sala, siendo por tal razón impertinente una nueva interpretación, mediante la cual se reitere la declaración definitiva de este Tribunal Supremo, en la cual se establezca nuevamente Juris et de iure la incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente acción, se certifique la misma al Recurrente para los efectos legales que le sean pertinentes y se proceda al archivo de los antecedentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el número 0261-2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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[1] Ver en igual sentido al caso que se resuelve sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98; y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306=13.