Sentencia EP-240-16 — Registro 9815
Resumen
Sentencia en los Recursos de Exhibición Personal interpuestos por las y los peticionarios manifestando que el agraviado se encuentra presuntamente cohibido en el goce de su libertad, por las actuaciones del, relacionado a una orden de prohibición de salir del país por el término de treinta días impuesta al Testigo Protegido ABC-03-03-2016, actuaciones contenidas en las diligencias investigativas del asesinato de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores y tentativa de asesinato en perjuicio de Testigo Protegido ABC-03-03-2016.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... ´´CONSIDERANDO (28): Que se ha dejado claramente establecido que en el presente caso la restricción impuesta al Testigo Protegido fue dictada a petición del Ministerio Publico y por Juez competente (legalidad), que los propósitos buscados con la misma, fue evitar impunidad en un crimen de trascendencia nacional (Legitimidad de los propósitos buscados), que solamente el Testigo Protegido podía revelar algunos hechos sucedidos en dicho crimen por lo que se le restringió la salida del país por treinta días, a fin de evacuar algunas pruebas, las cuales una vez evacuadas, antes incluso de los treinta días ordenados se levanto la restricción antes ordenada (necesidad y proporcionalidad), que durante ese tiempo el Testigo Protegido gozo de plena libertad en el país, siendo el único elemento la restricción de salir del país mientras se evacuaba la prueba anticipada, para así evitar la impunidad en un crimen de tanto impacto nacional e internacional (respeto al contenido esencial del derecho) por lo que la Sala de lo Constitucional estima procedente declarar SIN LUGAR el presente Recurso de Exhibición Personal a favor del mencionado Testigo Protegido, teniendo constatado de igual forma que el propio A-Quo posteriormente procedió a suspender la medida hoy impugnada en sede Constitucional, situación por la cual, no procede decretar el cese de la restricción a la libertad del beneficiado de la presente garantía, dado que es una situación ya solventada, ya que se observa que la voluntad de la juzgadora fue establecer un plazo máximo en el cual se debía de realizarse todas las actuaciones preparatorias de las pruebas anticipadas, una vez realizadas tal como es el caso, se finalizó el requerimiento de parte de la autoridad para que estuviera presente el Testigo Protegido ABC-03-03-2016.-
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio de dos mil dieciséis.- VISTA: Para dictar Sentencia en los Recursos de Exhibición Personal interpuestos por las y los peticionarios Ivania E. Galeano B. y Edy Alexander Tabora (Reg. No. 240-2016), los señores Wilfredo Méndez (Reg. No. 245-2016), Bartolomé Chocoj Camey (Reg. No. 246-2016), Miguel Urban Crespo (Reg. No. 247-2016), Carlos Gustavo Lozano Guerrero (Reg. No. 248-2016), Pedro Arrojo Agudo (Reg. No. 249-2016), Nora Irma Morales De Cortiñas (Reg. No. 250-2016), Tom Kucharz (Reg. No. 251-2016), Brian Finnegan (Reg. No. 252-2016), Everardo Ulises Pérez Piche (Reg. No. 253-2016), Natalia AtzSunuc (Reg. No. 254-2016), Zulma Lariu (Reg. No. 255-2016), Beberly Ann Keene (Reg. No. 256-2016), Marlon David Ochoa Martínez (Reg. No. 257-2016), Erika González Briz (Reg. No. 258-2016), Colectivo Rets representado por Inés Marco Lafuente (Reg. No. 259-2016), José Ramón Rivas Esteban (Reg. No. 260-2016), M. Alicia Palau Linford (Reg. No. 261-2016), Guadalupe Rodríguez (Reg. No. 262-2016), Equipo de Reflexión, Investigación Y Comunicación De La Compañía de Jesús (ERIC.SJ) representando por el Padre Ismael Moreno (Reg. No. 263-2016), Gilda María Rivera Sierra (Reg. No. 264-2016), Juan Almendarez Bonilla (Reg. No. 265-2016) y Andrea Lammers (Reg. No. 266-2016), todas y todos a favor del Testigo Protegido ABC-03-03-2016, manifestando los peticionarios que el agraviado se encuentra presuntamente cohibido en el goce de su libertad, por las actuaciones del Director del Instituto de Migración y del Juzgado de Letras Primero Departamental de La Esperanza, Intibucá, relacionado a una orden de prohibición de salir del país por el término de treinta días impuesta al Testigo Protegido ABC-03-03-2016, actuaciones contenidas en las diligencias investigativas del asesinato de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores y tentativa de asesinato en perjuicio de Testigo Protegido ABC-03-03-2016.- CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República, “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º. Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”.- CONSIDERANDO (2): Que en fecha dieciséis y dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, las y los peticionarios Ivania E. Galeano B. y Edy Alexander Tabora (Reg. No. 240-2016), los señores Wilfredo Méndez (Reg. No. 245-2016), Bartolomé Chocoj Camey (Reg. No. 246-2016), Miguel Urban Crespo (Reg. No. 247-2016), Carlos Gustavo Lozano Guerrero (Reg. No. 248-2016), Pedro Arrojo Agudo (Reg. No. 249-2016), Nora Irma Morales De Cortiñas (Reg. No. 250-2016), Tom Kucharz (Reg. No. 251-2016), Brian Finnegan (Reg. No. 252-2016), Everardo Ulises Pérez Piche (Reg. No. 253-2016), Natalia AtzSunuc (Reg. No. 254-2016), Zulma Lariu (Reg. No. 255-2016), Beberly Ann Keene (Reg. No. 256-2016), Marlon David Ochoa Martínez (Reg. No. 257-2016), Erika González Briz (Reg. No. 258-2016), Colectivo Rets representado por Inés Marco Lafuente (Reg. No. 259-2016), José Ramón Rivas Esteban (Reg. No. 260-2016), M. Alicia Palau Linford (Reg. No. 261-2016), Guadalupe Rodríguez (Reg. No. 262-2016), Equipo de Reflexión, Investigación Y Comunicación De La Compañía de Jesús (ERIC.SJ) representando por el Padre Ismael Moreno (Reg. No. 263-2016), Gilda María Rivera Sierra (Reg. No. 264-2016), Juan Almendarez Bonilla (Reg. No. 265-2016) y Andrea Lammers (Reg. No. 266-2016), todas y todos interponiendo Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal favor de la presunta Victima el Testigo Protegido ABC-03-03-2016, contra las actuaciones del Director del Instituto de Migración y del Juzgado de Letras Primero Departamental de La Esperanza, Departamento de Intibucá; manifestando los peticionarios que el agraviado se encontraba “cohibido en el goce de su libertad,” en virtud de una solicitud que el Ministerio Público presentara ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de La Esperanza, Intibucá, para que se extendiera el término de prohibición de salir del país al ciudadano de extranjero, Victima-Testigo Protegido ABC-03-03-2016, aduciendo que su presencia era necesaria para evacuar un reconocimiento de personas en ruedo, que se llevaría a cabo en fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, esto relacionado con el proceso de investigación del asesinato de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores, los cuales fueron acumulados para mantener la unidad y continencia de la causa y que se produzca una sola sentencia.- CONSIDERANDO (3): Que este Alto Tribunal admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando dos Jueces Ejecutores: 1) Al abogado Florencio Arturo Sánchez Martínez, Defensor Público de la Ciudad de La Esperanza, Intibucá, a efecto de constatar los extremos denunciados por los recurrentes, examinara los antecedentes del caso en el Juzgado de Letras Primero Departamental de La Esperanza, departamento de Intibucá, respecto a las actuaciones relacionadas a la orden de prohibición de salir del país al Testigo Protegido ABC-03-03-2016, debiendo rendir un informe detallado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: y; 2) Al abogado José Omar Ávila, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a fin de entrevistar al agraviado sobre los hechos denunciados por los recurrentes, asimismo requerir al Director del Instituto de Migración, como autoridad recurrida, para que rindiera el informe correspondiente.- CONSIDERANDO (4): Que el abogado Florencio Arturo Sánchez, en su condición indicada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió un informe en fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, consignando entre otros extremos los siguientes: a) Que se personó en las instalaciones del Juzgado Primero de Letras de la Sección Judicial de La Esperanza, departamento de Intibucá, requiriendo a la Secretaria de dicho Juzgado, para que le pusiera a la vista el expediente No. 1001-2016-00008, el que una vez revisado pudo constatar, que en fecha cinco de marzo de dos mil dieciséis, existe una solicitud de la abogada Thania Acosta Moncada, Fiscal del Ministerio Público, solicitando que se ordenara la prohibición de salida del país del Testigo Protegido “BCD-03-03-2016”, de nacionalidad extrajera para la realización de una diligencia de Careo, con las formalidades de prueba anticipada, emitiéndose en esa misma fecha auto para que en esa misma fecha se realizara la audiencia, en la cual se le prohibió al Testigo Protegido salir del país por el término de treinta horas. Posteriormente en fecha seis de marzo de dos mil dieciséis, la Fiscalía solicitó la ampliación de prohibición de salir del país al Testigo Protegido, resolviendo el Juzgado en fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, imponiéndole al Testigo Protegido ABC-03-03-2016 LA PROHIBICION DE SALIR DEL PAÍS por el término de treinta días. b) Que en esa misma fecha se personó en el Despacho de la abogada Victorina Flores Orellana, en su condición de Juez de Letras, a quien le solicitó un informe sobre los hechos relacionados, desprendiéndose del Informe, entre otros, que la Fiscalía había solicitado una prohibición de salida del país al testigo protegido, por haber solicitado previamente un careo entre los testigos protegidos y solo para la comparecencia a ese careo se había ordenado la prohibición por el término de treinta horas, no obstante, el testigo protegido no compareció a dicha audiencia, y a raíz de esa negativa de no colaborar con las diligencias y de su anuncio de salir del país, la Fiscalía solicitó se extendiera la medida cautelar por el término treinta días, con el único propósito de aclarar los hechos sucedidos en relación con la muerte de la señora Berta Cáceres. (Folios No. 474, 475 y 483 del recurso).- CONSIDERANDO (5): Que en esa misma fecha el abogado José Omar Ávila, en su condición de Juez Ejecutor, rindió un informe consignando entre otros extremos lo siguiente: a) Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se constituyó en las oficinas del Instituto Nacional de Migración a efecto de requerir en legal y debida forma al Director del mismo, siendo atendido por la Secretaria Ejecutiva, quien le informó que en ese momento no se encontraba el Director de Migración, pero que estaban otras autoridades, siendo atendido por el Sub Director de Seguridad el Coronel Wilfredo Calderón Canales, a quien se le solicitó que en el término de veinticuatro horas proporcionara un informe sobre lo relacionado a la Prohibición de salir del País del Testigo Protegido ABC-03-03-2016. b) Que ese mismo día el Juez Ejecutor se dirigió a entrevistar al Testigo Protegido ABC-03-03-2016, quien le manifestó que él había cooperado con las autoridades policiales y Tribunales en todas las diligencias que se le habían solicitado, y que desconocía el motivo de la negativa para salir del país por parte de las autoridades correspondientes, ya que era un testigo protegido y no un imputado, agregó además que esto le trajo consecuencias en su estado físico y psicológico, además de gastos en que incurrió con su permanencia dentro del país. c) Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, le fue entregado el informe solicitado a las autoridades del Instituto de Migración, en el cual se señaló, que en fecha cinco de marzo de dos mil dieciséis, se recibió por parte del Juzgado de Letras Primero de La Esperanza, Intibucá, un oficio en el que se pone en conocimiento que el Testigo Protegido ABC-03-03-2016, tiene prohibida la salida del país por un término de treinta horas, en las diligencias investigativas por la muerte de la señora Berta Isabel Cáceres Flores, oficio que fue cumplimentado y el cual a la fecha, no tenía valor por haber transcurrido el término aludido en dicho oficio.- CONSIDERANDO (6): Que en fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, ésta Sala, ordenó librar nueva comunicación a los jueces ejecutores, a fin de que los mismos ampliaran sus informes, en virtud de que los ya presentados contenían varias omisiones, obviando además cumplir con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en cuanto a declarar si ha o no lugar el presente recurso.- CONSIDERANDO (7): Que en fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, el abogado Florencio Arturo Sánchez, en su condición indicada, presentó nuevo informe en el cual hace constar, que en fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de careo que había sido señalada entre los testigos protegidos. Asimismo el Juez Ejecutor resolvió Declarar No ha Lugar la acción de habeas corpus, en virtud de que el Testigo Protegido ABC-03-03-2016, no se encontraba ilegalmente detenido o preso por orden que haya emanado de autoridad competente, gozando de sus derechos de libre locomoción y derechos individuales, pudiéndose movilizar dentro del territorio nacional guardando las medidas de seguridad como testigo protegido”.- CONSIDERANDO (8): Que en fecha uno de abril de dos mil dieciséis, el abogado José Omar Ávila, presentó ante ésta Sala un nuevo Informe del cual se desprende: a) Que en fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, se constituyó en las Oficinas del Instituto de Migración, siendo atendido por el abogado Kelvin Aguirre en su condición de Gerente Legal, a quien solicitó un informe sobre la prohibición de salir del país por el término de treinta días al Testigo Protegido ABC-03-03-16. Se le informó por parte de dicha autoridad, que en fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Primero de La Esperanza, Intibucá, envió un oficio, en el cual se les informaba que al señor Testigo Protegido ABC-03-03-16, extranjero, se le prohibió la salida del país por el término de treinta días, en relación a las diligencias investigativas arriba indicadas, misma que fue cumplimentada por dichas autoridades; b) Que el treinta y uno de marzo del corriente año, se presentó ante la Corte de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Comayagua, con la finalidad de revisar el expediente que contiene las actuaciones relacionadas a la prohibición de salir del país del Testigo Protegido ABC-03-03-2016, constando en el mismo, que en la realización de reconocimiento de personas en ruedo, el abogado Edy A. Tabora, interpuso recurso de reposición contra el auto de fecha siete de marzo del año en curso, el cual fue declarado Sin Lugar por el Juzgado de Letras Primero Departamental de La Esperanza, Intibucá; constando además que los abogados Ivania E. Galeano B. y Edy Alexander Tabora, interpusieron un Recurso de Amparo a favor del referido Testigo Protegido, en cual se encontraba aún en trámite de ser resuelto por dicha Corte de Apelaciones; y c) Que el uno de abril de dos mil dieciséis, envió oficio vía fax a la Juez de Letras Primero Departamental de La Esperanza, Intibucá, a fin de que enviara copia de la resolución donde ordenaba la salida del país del Testigo Protegido en mención, en virtud de tener conocimiento por los medios de comunicación que el Testigo ya había salido del país, contestando el oficio la Juez de dicho Tribunal abogada Victorina Flores Orellana, que las diligencias se encontraban en secretividad en ese Tribunal.- CONSIDERANDO (9): Que a solicitud de la Sala, el abogado José Omar Ávila, rindió otro informe en fecha trece de abril de dos mil dieciséis, del cual se desprende, que se personó en las oficinas del Instituto de Migración con el fin de requerir a las autoridades de la misma, a efecto de que le informaran sobre la permanencia, salida o retorno del Testigo Protegido ABC-03-03-2016. Dicho informe fue rendido en esa misma fecha, estableciéndose que el beneficiario de este habeas corpus, ingresó al país el uno de marzo de dos mil dieciséis, permaneciendo un mes en el país y saliendo del mismo el primero de abril de dos mil dieciséis, esto en virtud de haber recibido oficio por parte del Juzgado de Letras Primero Departamental de La Esperanza, Intibucá, donde se ordenaba dejar sin valor y efecto la medida de prohibición de salir del país. Por lo tanto, el Juez Ejecutor en base a las diligencias realizadas DECLARO NO HA LUGAR la acción de Exhibición Personal interpuesta.- CONSIDERANDO (10): Que en fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, el abogado Florencio Arturo Sánchez, rindió otro informe en cual se estableció, que a solicitud de las Fiscales del Ministerio Público, el Juzgado de Letras Primero de La Esperanza, Intibucá, dictó auto el treinta de marzo de dos mil dieciséis, declarando CON LUGAR LA SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAIS impuesta al Testigo Protegido ABC-03-03-2016, ordenando librar el respectivo oficio a la Gerencia de Investigación y Análisis del Instituto Nacional de Migración, a fin de que dejara sin valor ni efecto dicha medida.- CONSIDERANDO (11): Que de los antecedentes se desprende, que el Ministerio Público, en fecha seis de marzo de dos mil dieciséis, se personó ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, solicitando se extendiera el término de la prohibición de salida del país del Testigo Protegido ABC-03-03-2016, para la celebración de una audiencia de careo con las formalidades de prueba anticipada, en virtud de existir serias contradicciones en la deposición de dicho Testigo y tener conocimiento que él se aprestaba a abandonar el país, en relación a la causa que se sigue para la investigación de los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores y del Testigo Protegido respectivamente, fundamentando su solicitud en los artículos 173 párrafo final, 226 y 234 del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO (12): Que en fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras citado, impuso al Testigo Protegido ABC-03-03-2016, la prohibición de salir del país por el término de treinta días, por considerar que la declaración del Testigo, era un medio de prueba de mucha utilidad para el esclarecimiento de la verdad en las investigaciones de mérito, no debiendo entenderse que una alerta migratoria de prohibición de salir del país, como un medio de sujeción, sino al contrario, un medio para lograr el aseguramiento de la prueba, y por la utilidad y pertinencia de la misma, deben de adoptarse medidas atinentes para que en un plazo razonable puedan evacuarse, asimismo, por aplicación de la competencia dispuesta en el artículo 58 numeral dos del Código Procesal Penal, que señala que los Jueces de Letras conocerán de la sustanciación y resolución de los asuntos propios de las etapas preparatoria e intermedia, fundamentando su decisión también en los artículos 198 y 226 del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO (13): Que consta del presente Recurso de Exhibición Personal, que el mismo fue presentado por los recurrentes a favor del Testigo Protegido ABC-03-03-2016, por encontrarse éste supuestamente cohibido en el goce de su libertad de locomoción, su libertad personal, afectando su integridad física y psíquica, violentándose el debido proceso al imponérsele una medida que no está prevista para su condición de testigo o víctima, sino que las mismas son fijadas para las personas imputadas, por parte del Juzgado de Letras Primero Departamental de La Esperanza, departamento Intibucá, y el Instituto Nacional de Migración. Alegan los recurrentes, que el Ministerio Público en fecha seis de marzo de dos mil dieciséis, solicitó al Juzgado arriba indicado, que se extendiera el término de la prohibición de salida del país al referido Testigo Protegido, aduciendo que su presencia era necesaria para evacuar un reconocimiento de personas en ruedo que se llevaría a cabo el día siete de marzo de dos mil dieciséis, en el proceso de investigación del asesinato de la señora Berta Cáceres Flores, decretando la Juez “por analogía” según los impetrantes, la medida cautelar de prohibición de salir del país al referido Testigo Protegido, aduciendo que era procedente como un medio de aseguramiento de pruebas y considerablemente de utilidad para ayudar a esclarecer la verdad. Continúan manifestando los impetrantes, que la Jueza se extralimitó en su resolución, ya que dicha solicitud se hizo para la realización de una diligencia en concreto que se llevaría a cabo al día siguiente de que se solicitó y ella decretó la restricción de salida del país por 30 días.- CONSIDERANDO (14): Que ésta Sala observa, que de los informes brindados por los Jueces Ejecutores, los abogados Florencio Arturo Sánchez M. y José Omar Ávila, se desprende un mismo parecer de que se declarare No Ha Lugar el Recurso de Hábeas Corpus de mérito, al no acreditarse los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al concluir dichos Jueces Ejecutores que los actos realizados por las autoridades recurridas no han restringido ni violentado los derechos y garantías constitucionales ni procesales de estricto cumplimiento.- CONSIDERANDO (15): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, al inobservar las normas legales y constitucionales, asimismo contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, psíquica y moral de los detenidos.- CONSIDERANDO (16): Que del análisis de las actuaciones llevadas a cabo en el presente recurso, ésta Sala aprecia, que el reclamo externado por los recurrentes se centra fundamentalmente en la prohibición de salir del país, estimada como excesiva e ilegal al provocar limitaciones indebidas al derecho de libertad del Testigo protegido ABC-03-03-2016. La Sala advierte que la prohibición se estimó necesaria para asegurar la presencia del testigo a una audiencia de careo, con las formalidades de prueba anticipada a llevarse a cabo el día siete de marzo de dos mil dieciséis. La medida se solicitó por el ente Fiscal, según sostuvo, para asegurar la presencia del testigo en las actuaciones a realizarse en las diligencias investigativas relacionadas a los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores y del propio Testigo Protegido. Ello quedó evidenciado de las actuaciones y de los informes rendidos por los Jueces Ejecutores, los abogados Florencio Arturo Sánchez M. y José Omar Ávila.- CONSIDERANDO (17): Que no obstante que el Ministerio Público fundó su petición en el Artículo 234 del Código Procesal Penal, norma que el órgano jurisdiccional a su vez acogió para ordenar la extensión de la prohibición para salir del país al agraviado, ésta Sala advierte que la referida norma se refiere al caso en el que se aprecien fundadas razones para temer que un testigo pudiera fugarse u ocultarse, autorizándose al órgano jurisdiccional para que ordene, a petición de parte, que éste sea conducido a su presencia por la fuerza pública, para que se le reciba declaración; la norma es taxativa al decretar que esta medida no podrá exceder de veinticuatro horas; si bien ésta Sala considera que el analisis del funcionamiento de las normas procesales debe de realizar entorno a los principios que se establezcan en dicha legislación, dentro de la cual encontramos que el Código Procesal Penal establece los principios básicos siendo ordenadores de todos los procedimientos y las etapas en esta materia.- CONSIDERANDO (18): Que se ha hecho constar que la prohibición para salir del país, decretada al testigo por parte de la autoridad jurisdiccional, se ha fundamentado en analogia al último párrafo del artículo 173 del Código Procesal Penal, disposición que regula lo referente a las medidas cautelares que pueden imponerse a toda persona a quien se le atribuye responsabilidad en la comisión de un delito, teniendo las mismas como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado en el mismo y la regular obtención de las fuentes de prueba, encontrándose la prohibición de salir del país contemplada en el numeral 7º del artículo 173 del referido cuerpo legal. El A-Quo ha justificado la necesidad de la imposición de esta actuación judicial, dado que como principio el derecho penal lo que tiene como finalidad en el proceso judicial es la realización de una pronta y efectiva justicia penal, la cual solo se logra reparando el derecho de las víctimas, siendo este caso tanto la señora Bertha Isabel Cáceres Flores, asi como el Testigo Protegido ya referido; a quienes se les ha afectado un bien protegido como la vida, el cual es asimismo ponderado por nuestra Constitución en el artículo 59, como el fin supremo de la sociedad y del Estado, por lo que la Sala observa que la utilización de la supuesta medida impuesta al beneficiario de este recurso se hizo unicamente con el animo de evitar la impunidad de la comisión de dicho acto en perjuicio no solo de él, sino de otra persona que perdió la vida y este al ser un testigo presencial era fundamental que estuviera presente en las pesquizas preparatoria del proceso penal que busca llegar a la verdad.- CONSIDERANDO (19): Que en vista de que se establece que la acción pública es para preservar las pruebas y prevenir la continuación de una actividad infractora, podrá investigarse o tomarse otras medidas de observancia, siendo que el artículo 92 del citado cuerpo legal indica que es al Ministerio Público a quien le corresponde la investigación de los hechos punible y promover la acción penal pública, este debe realizar todos los actos que sean necesarios para preparar la acusación, como fue en el sub judice, la participación del Testigo Protegido forma parte de los medios de prueba, en la que se determino realizar actos de pruebas anticipadas, las cuales surgen cuando peligra la perdida o inutilización de cualquier medio de prueba, el órgano jurisdiccional, a petición del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas necesarias para evitar la configuración de ese peligro, y en su caso, ordenar la recepción anticipada de pruebas, señalado en el artículo 277; también procede el establecimiento de medidas necesarias cuando por peligro de ausencia o cualquier otra causa, sea imposible o extraordinariamente difícil que comparezaca en el acto del juicio el testigo, por estar en expuesto a presiones, amenazas, ofertas o promesas de beneficios; por lo que se observa que el presente caso, la Jueza actuó en base a una proporcionalidad y racionabilidad, no para causarle un perjuicio al Testigo Protegido ABC-03-03-2016, sino en permitir que este pudiera estar presente en la etapa preparatoria del proceso y pidiera determinar por parte del ente acusador quienes realizaron el acto delictivo.- CONSIDERANDO (20): Que dentro de los tipos de medios de prueba que se reconocen en la norma procesal en materia penal, se encuentra el artículo 253 sobre el reconocimiento de personas en rueda, para el reconocimiento de los involucrados, siguiendo lo planteado en el considerando anterior, este reconocimiento se realiza como prueba anticipada, tal como acreditan el informe del Juez Ejecutor (ver folio No. 483), por lo que tal diligencia queda atenida al artículo 256 de mismo código, que pone como presupuesto procesal para que el reconocimiento tenga el carácter de Prueba Anticipada y puede ser util cuando se realice en la etapa preparatoria, tal como en el caso en examen, pudiendo ser incorporado en el debate, mediante la lectura del acta en que conste que debera de ser practicada en presencia de la señora Jueza, del Fiscal del Ministerio Público y del defensor del imputado; situación que no se realizó con la formalidades antes descritas, en vista de que hasta ese momento aun no se habían señalado imputados que presuntamente hayan participado en la comisión de ambos delitos, por lo que la Jueza tenia no solo la postestad sino la obligación de adoptar las medidas necesarias para la recepción de la prueba anticipada.- CONSIDERANDO (21): Que conforme lo ordena el Artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la misma ley, pero bajo la existencia de razones fundadas que tenia el A-Quo para considerar que el Testigo Protegido pretendía irse del país, se podría ordenar, por medio de auto motivado, que sea conducido por medio de la fuerza pública, para que se le reciba su declaración, no pudiendo excederse esta actuación de un termino de 24 horas y con una aprehensión de un máximo de seis horas, para la gestión de la orden judicial; el caso en respuesta difiere a lo establecido en el artículo 234 del Código Procesal Penal, puesto en el tutela del Derecho a la Vida en base a lo dispuesto en los artículos 59 y 65 constitucionales, así como lo establecido en el primer artículo de nuestra Constitución que sentencia que Honduras es un Estado de Derecho para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, ésta Sala de lo Constitucional considera correcta la ponderación sobre una limitación temporal del derecho de salir del país del Testigo Protegido durante una periodo de tiempo limitado en el cual se condujera la practica de la prueba anticipada de reconocimiento de personas en rueda, dejando claro que la limitación de este libertad debe de ser proporcional al bien jurídico protegido por el derecho penal y al estado constitucional de inocencia del cual goza el Testigo Protegido ABC-03-03-2016 que mantuvo todas las libertad dentro del país adicional a las medidas de protección que se estimaron convenientes.- CONSIDERANDO (22): Que los recurrentes señalan como autoridades recurridas el Instituto Nacional de Migración y el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, sin embargo, ésta Sala aprecia, que el Instituto Nacional de Migración únicamente cumplía con el mandato del órgano jurisdiccional con lo cual no puede estimarse responsabilidad alguna de dicho Instituto en el presente caso.- CONSIDERANDO (23): Que ésta Sala de lo Constitucional como órgano con el ejercicio del Control de Constitucional y de Convencionalidad de los derechos humanos, tutelando el imperio del estado constitucional, observa que a la luz de la obligación de investigar los acciones que lesionen derechos, deber que se contrae por el Estado de Honduras en vista de las exigencias de la garantías judiciales y de la protección judicial, derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25; teniendo como referencia la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se estableció la obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos como una medida positiva que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención Americana De Derechos Humanos[1]; de esto se observa la génesis la obligación del Estado de actuar de modo que una violación no quede impune y no tolerar que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en todo el corpus juris internacional, de hacerlo se puede considerar que se ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción[2].- CONSIDERANDO (24): Que la obligación de investigar consiste en que cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, están orientados hacia una finalidad específica, esto es, la determinación de la verdad y las correspondientes responsabilidades penales[3], siendo dicha investigación hecha con la debida diligencia, puesto que debe ser efectiva, realizando dentro de un plazo razonable, todas las actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de obtener el resultado que se persigue[4] que es el esclarecimiento de la verdad; con respecto a la supuesta limitación que se denuncia sufrió el Testigo Protegido, la Jueza denunciada actuó bajo la condicionante de la protección de los derechos afectados a la señora Bertha Isabel Cáceres Flores y del mismo Testigo Protegido, dado que la investigación adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados[5]; en el caso inter alia se le otorga las garantias de seguridad al victima-testigo con la finalidad de no entopecer el proceso, para el esclarecimiento de los hechos y que no pueda encubrir a los responsables del mismo.- CONSIDERANDO (25): Que ésta Sala considera hacer alusión al derecho a la verdad desarrollado por la Corte Interamericana en la antes citada Sentencia del Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras; dicho derecho guarda una relación con los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana, por lo que jurisprudencialmente se ha precisado que no es un derecho autónomo[6], pero se encuentra subsumido fundamentalmente en el derechos tanto de las victimas como de sus familiares a obtener de parte de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios a través de la investigación y posterior juzgamiento[7], en donde era necesaria la participación del hoy beneficiario del presente recurso, para la realización del derecho de acceso a la justicia.- CONSIDERANDO (26): Que se estima que la impunidad es la falta en su conjunto de investigaciones, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos[8] en el corpus juris convencionales y constitucional por lo que en este caso dejar por parte de la jueza de garantías que la victima abandonara el país sin la culminación de la etapa preparatoria a través de una prueba anticipada era una desvalorización de las posibilidad del cumplimiento de la investigación y del derecho a la verdad que es parte del fortalecimiento de una sociedad democrática; sobre los efectos de este precedente es hacer notar que el testigo-victima tuvo todas las libertades de desplazamiento y demás libertades reconocidas por nuestro Estado Constitucional.- CONSIDERANDO (27): Que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece en su articulo 22 numeral dos (2) indica sobre el “Derecho de Circulación y de Residencia. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.” También establece en el inciso tres (3) del citado articulo, las restricciones legitimas a dicho derecho. “El ejercicio de los derechos anteriores no pueden ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden publico, la moral o la salud publicas o los derechos y libertades de los demás.” Las restricciones señaladas deben satisfacer ciertos requisitos sustantivos, para que sea consideradas legitimas, y asila Corte IDH, en el caso Ricardo Canese contra Paraguay[9], que las condiciones para que las restricciones al derecho a la libertad y de circulación sea legitima, precisando que estas no solo deben perseguir los propósitos autorizados por la convención, (protección de seguridad nacional, el orden publico, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de terceros), si no además ser necesarias en una sociedad democrática para alcanzar tales propósitos, lo cual remite a un análisis de proporcionalidad, que ha tenido amplio desarrollo tanto en derecho constitucional como en la labor de las instancias de protección de derechos humanos. Este análisis de proporcionalidad supone el cumplimiento de tres requisitos; 1) La restricción debe ser adecuada para alcanzar tal propósito.- 2) Debe además ser necesaria o indispensable, en el sentido de que no debe existir una medida que logre el mismo propósito con una menor restricción del derecho de circulación.- 3) debe ser proporcionada en sentido estricto, esto es, que el beneficio obtenido en la satisfacción del propósito justifique la restricción del derecho de circulación. En el citado caso la Corte IDH, señala que las restricciones no deben afectar la esencia del derecho, esto es, deben respetar, siguiendo alguna terminología del derecho Constitucional, su contenido esencial. En síntesis, según lo desarrollado por la Corte IDH, en el caso Ricardo Canese contra Paraguay, es la legitimidad de la restricción a la libertad de circulación, depende del cumplimiento de cuatro condiciones básicas siendo estas: 1) La legalidad de la medida.- 2) La legitimidad de los propósitos buscados.- 3) La necesidad y proporcionalidad.- 4) El respeto al contenido esencial del derecho.- CONSIDERANDO (28): Que se ha dejado claramente establecido que en el presente caso la restricción impuesta al Testigo Protegido fue dictada a petición del Ministerio Publico y por Juez competente (legalidad), que los propósitos buscados con la misma, fue evitar impunidad en un crimen de trascendencia nacional (Legitimidad de los propósitos buscados), que solamente el Testigo Protegido podía revelar algunos hechos sucedidos en dicho crimen por lo que se le restringió la salida del país por treinta días, a fin de evacuar algunas pruebas, las cuales una vez evacuadas, antes incluso de los treinta días ordenados se levanto la restricción antes ordenada (necesidad y proporcionalidad), que durante ese tiempo el Testigo Protegido gozo de plena libertad en el país, siendo el único elemento la restricción de salir del país mientras se evacuaba la prueba anticipada, para así evitar la impunidad en un crimen de tanto impacto nacional e internacional (respeto al contenido esencial del derecho) por lo que la Sala de lo Constitucional estima procedente declarar SIN LUGAR el presente Recurso de Exhibición Personal a favor del mencionado Testigo Protegido, teniendo constatado de igual forma que el propio A-Quo posteriormente procedió a suspender la medida hoy impugnada en sede Constitucional, situación por la cual, no procede decretar el cese de la restricción a la libertad del beneficiado de la presente garantía, dado que es una situación ya solventada, ya que se observa que la voluntad de la juzgadora fue establecer un plazo máximo en el cual se debía de realizarse todas las actuaciones preparatorias de las pruebas anticipadas, una vez realizadas tal como es el caso, se finalizó el requerimiento de parte de la autoridad para que estuviera presente el Testigo Protegido ABC-03-03-2016.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 59, 65, 68, 69, 71, 80, 82, 84, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 5, 8, 22 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por las y los recurrentes ya citados a favor del Testigo Protegido ABC-03-03-2016, contra actuaciones del Director del Instituto de Migración y del Juzgado de Letras Primero Departamental de La Esperanza, Intibucá. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se le de el debido cumplimiento. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en los Recursos de Exhibición Personal, registrados en este Tribunal bajo los números 0240, 0245 al 0266-2016.
Y para ser entregada al Señor DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MIGRACION, de conformidad a lo ordenado en la presente Resolución, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en los Recursos de Exhibición Personal, registrados en este Tribunal bajo los números 0240, 0245 al 0266-2016. Y para ser entregada al JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, de conformidad a lo ordenado en la presente Resolución, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en los Recursos de Exhibición Personal, registrados en este Tribunal bajo los números 0240, 0245 al 0266-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver Sentencia Corte IDH caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrafo 130.
[2] Ibid, párrafo 176.
[3] Ver Sentencia Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párrafo 143.
[4] Ver Sentencia Caso Gonzáles Medina y familiares vs. República Dominicana. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencias de 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240, párrafo 220.
[5] Ver Sentencia Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencias de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párrafo 157.
[6] Ver Sentencia Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C. No. 138, párrafo 62.
[7] Ver Sentencia Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrafo 263.
[8] Ver Sentencia Caso Panel Blanco (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencias de ocho de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrafo 173.
[9] Ver Sentencia Caso Ricardo Canese vs Paraguay. Fondo reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004 serie C Nº 111, párrafo 125.