Sentencia EP-1103-16 — Registro 10514
Resumen
Recurso de Exhibición Personal en revisión interpuesto a favor de imputados por suponerlos responsables del delito de asesinato, considerando impetrante que omisión de solicitud extemporánea de señalamiento de audiencia preliminar a favor de supuestos agraviados vuelve ilegal detención de estos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(8): Que con respecto al saneamiento de este tipo de irregularidades la Sala ha destacado “….Que dentro de los poderes que tiene el Juez para garantizar el desarrollo normal del proceso está lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal Penal que señala: “SANEAMIENTO DE IRREGULARIDADES PROCESALES.- Los Jueces y Magistrados adoptarán las providencias que sean necesarias para corregir las irregularidades que advierten en el proceso, a fin de impedir la nulidad de las actuaciones o la realización de cualquier acto que tenga como propósito dilatar indebidamente los procedimientos. En el cumplimiento de esta función, actuarán con estricto respeto de los derechos que corresponden a los sujetos procesales….” Así, la Sala ha sido enfática en afirmar que: “…el hecho que el Fiscal o Acusador Privado, no pidan que se señale la fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, es una evidente irregularidad procesal, que debe ser subsanada por el Juez a fin de impedir la nulidad de las actuaciones o dilación de los procedimientos, en ejercicio de las facultades de SANEAMIENTO DE IRREGULARIDADES PROCESALES que le confiere el artículo 9 del Código Procesal Penal….”- CONSIDERANDO (9): Que en virtud de los anteriores razonamientos, ha quedado establecido por esta Sala que el retraso o la omisión por parte del Ministerio Público o el Acusador Privado en solicitar el señalamiento de la audiencia preliminar, no implica un abandono de la acción penal bajo ningún concepto y tampoco podría estimarse ilegal por este motivo la detención impuesta a un imputado, cuando ésta ha sido determinada por juez competente, con ocasión de la imputación de un delito y siguiendo los presupuestos y lineamientos exigidos por la ley para la privación cautelar de su libertad. Consecuentemente, en el caso que nos ocupa, la dilación consumada en el proceso como consecuencia de la solicitud prorrogada para el señalamiento de la audiencia preliminar no comporta en si misma la ilegalidad de la detención pues ésta se vincula al proceso, sin embargo esta clara inobservancia sí se configura como una irregularidad procesal que no podría ser desconocida y como tal, debió ser corregida en tiempo por la juez de instancia, ante la imprevisión del ente fiscal y de la defensa, toda vez que como juez garante, le corresponde asegurar la eficacia del proceso, la estricta observancia de los principios que rigen el mismo y los derechos de las partes intervinientes, haciendo acopio de las facultades legales que aquí se han establecido, no debiendo acogerse a una oficiosidad que erróneamente ha asumido no tener, provocando con ello un retraso indebido de la causa en perjuicio de los encartados, razón por la cual amerita hacerle un llamado de atención a la juez LESLY MELANIA CRUZ ZEPEDA para que el futuro guarde con mayor diligencia los deberes que su alta investidura demanda, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa a que pudiera haber lugar como consecuencia de esta omisión.- CONSIDERANDO (10): Que de acuerdo con la motivación de la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA, se determinó por parte de la referida Alzada que el propósito fundamental del recurso de habeas corpus es tutelar el derecho constitucional de la libertad personal en su más amplio sentido; así como de ejercer una función reparadora, correctiva o preventiva encaminada a tomar las medidas necesarias e inmediatas con el propósito de hacer cesar las violaciones a la libertad personal o los malos tratos, tormentos, torturas o vejámenes que se apliquen al detenido en su prisión legal, buscando con ello la reintegración al orden constitucional cuando éste ha sido desconocido o violado por la autoridad pública; concluyendo que de las diligencias investigativas realizadas por el juez ejecutor no se estableció ninguna de esas circunstancias, estimando que el derecho fundamental a la libertad y la integridad física de los peticionarios JOSÉ CARLOS FONSECA MATAMOROS y ALEX DANILO ZÚNIGA MARADIAGA no habían sido conculcados, consecuentemente declaró no ha lugar el recurso de exhibición personal interpuesto.- CONSIDERANDO (11): Que de conformidad con el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.- CONSIDERANDO (12): Que el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que procede el recurso de habeas corpus o exhibición personal cuando el agraviado : a) Se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Por su parte el artículo 24 de la misma ley establece que es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.- CONSIDERANDO (13): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia al no haberse demostrado de los informes respectivos ni de las actuaciones ordenadas al efecto por el Juez Ejecutor, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procedía, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar no ha lugar el recurso de exhibición personal de mérito, como así se hizo y en tal virtud, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la sentencia venida en revisión"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciséis.- VISTAS: En revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró no a lugar el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus interpuesto por el Abogado DANY MAURICIO MEJIA RIVERA, a favor de los señores JOSE CARLOS FONSECA MATAMOROS y ALEX DANILO ZÚNIGA MARADIAGA, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra señores JOSE CARLOS FONSECA MATAMOROS y ALEX DANILO ZUNIGA MARADIAGA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor JAVIER IZACAR GONZÁLES CRUZ.- Manifestando el recurrente que con las actuaciones denunciadas se han violentado en perjuicio de los agraviados lo establecido en los artículos 90, 91 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado DANY MAURICIO MEJIA RIVERA, interponiendo acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal a favor de los señores JOSÉ CARLOS FONSECA MATAMOROS y ALEX DANILO ZÚNIGA MARADIAGA, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los mencionados señores JOSÉ CARLOS FONSECA MATAMOROS y ALEX DANILO ZÚNIGA MARADIAGA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor JAVIER IZACAR GONZÁLES CRUZ.- 2) Que en fecha cuatro de noviembre (04) del año dos mil dieciséis (2016), el referido JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, Departamento de Francisco Morazán, admitió el Recurso de Exhibición Personal, relacionado en el inciso anterior, nombrando como Juez Ejecutor al abogado KAROVIN MARTÍNEZ, Defensor Público, a fin de rendir un informe detallado de los hechos alegados por el recurrente.- 3) Que el abogado KAROVIN MARTÍNEZ, en su condición indicada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), consignando entre otros extremos (sic): “…PRIMERO: En fecha cuatro de noviembre del presente año me constituí en la penitenciaría nacional de Tamara a efecto de entrevistar a los señores JOSÉ CARLOS FONSECA MATAMOROS y ALEX DANILO ZÚNIGA MARADIAGA, quienes manifestaron estar en el módulo de casa blanca desde el veinte de enero del año dos mil dieciséis. Que no han sufrido de ningún maltrato en dicho módulo, que gozan de buena salud y que solamente están esperando los resultados de su proceso penal por el delito de asesinato en perjuicio del señor JAVIER ISACAR GONZÁLES CRUZ. SEGUNDO: Que el escrito de representación del Recurso de Exhibición Personal, el Abogado Mejía Rivera hace alegaciones meramente procesales y las cuales tuvo en su momento recurso expedito, establecidos en el Código Procesal Penal, para alegar su disconformidad ante el Juez que estaba dictando las resoluciones correspondientes, tanto es así que manifiesta ciertos abusos de parte del agente fiscal al solicitar una ampliación para la presentación del requerimiento fiscal de veinticuatro horas a cuarenta y ocho horas, como lo establece el Art.285 párrafo primero del Código Procesal Penal; En audiencia de declaración de imputado, celebrada en fecha diecinueve de enero del dos mil dieciséis, no presentó ninguna oposición o recurso alguno contra la resolución donde se concedía dicha ampliación de termino. POR TANTO: Este Juez Ejecutor con fundamento en los artículos 69, 85 182 de la Constitución de la República; 13, 28,31,34,37 de La Ley de Justicia Constitucional, por todo lo anteriormente expuesto RESUELVE: NO HA LUGAR el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus presentado por el Abogado DANY MAURICIO MEJIA RIVERA, debido a que las alegaciones establecidas por el apoderado legal de los imputados son de mero trámite procesal habiendo tenido el mismo los recursos procesales establecidos en el Código Procesal Penal para alegar su disconformidad con dichas resoluciones...” (Folios 45 al 46 de los antecedentes).- 4) Que en fecha once (11) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, FALLA: “Declarando NO HA LUGAR la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, de la cual se ha hecho mérito.- MANDA: Que se notifique esta resolución al peticionario posteriormente se remita en revisión a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.- NOTIFIQUESE.-” (Folios 64 al 66 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 5) Que en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), esta Sala, recibió para su revisión, el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado DANY MAURICIO MEJIA RIVERA, a favor de los señores JOSÉ CARLOS FONSECA MATAMOROS y ALEX DANILO ZÚNIGA MARADIAGA, en estricto cumplimiento al artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”.- CONSIDERANDO (2): Que se revisa la ya mencionada sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA, de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, que declaró NO HA LUGAR el recurso de exhibición personal de que se ha hecho mérito, interpuesto a favor de los señores JOSÉ CARLOS FONSECA MATAMOROS y ALEX DANILO ZÚNIGA MARADIAGA, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los mismos, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor JAVIER IZACAR GONZÁLES CRUZ.- CONSIDERANDO (3): Que analizando las alegaciones del recurrente, se advierte que efectivamente, como lo ha señalado el Juez Ejecutor, parte de las mismas están orientadas a censurar actuaciones de índole procesal que no son impugnables por vía del presente recurso de habeas corpus. Es menester recordar al recurrente que la acción constitucional de habeas corpus tiene claramente señalados, tanto su origen como su finalidad, por ende sabemos que la ley no la ha previsto para que se constituya como un recurso de instancia que pueda dirigirse contra una resolución emanada de un órgano jurisdiccional con el objeto de obtener su enmienda. Su objeto es hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales, incluyendo obviamente si la detención o prisión sufrida por los reclamantes es ilegal o arbitraria y/o si en esta privación de la libertad, han sufrido tormentos, vejaciones, torturas y las demás acciones ilegítimas violatorias a sus derechos individuales que ya hemos señalado.- CONSIDERANDO (4): Que dicho lo anterior, se advierte que el quejoso sostiene entre sus alegatos, que la ilegalidad de la detención de sus representados surge ante la violación del plazo establecido por el artículo 300 del Código Procesal Penal, que establece que a petición del fiscal o del acusador privado, el juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la cual deberá tener lugar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que quede firme el auto de formal procesamiento o la declaratoria de reo. A criterio del recurrente, el hecho que la solicitud del Ministerio Público se presentara fuera del plazo estipulado por la norma citada, convierte en ilegal la detención de los encartados, siendo procedente según afirma en su escrito de interposición que el juez de instancia sobreseyera la causa a favor de éstos.- CONSIDERANDO (5): Que esta Sala de lo Constitucional, ya se ha pronunciado en varias decisiones sobre las implicaciones del vencimiento del plazo establecido en el artículo 300 del Código Procesal Penal[1] y ha establecido inter alia que la referida norma procesal: “…contempla que sea el Fiscal o el Acusador Privado, quienes soliciten que el Juez señale día y hora para la celebración de la audiencia preliminar. También establece que el Juez debe señalarla, para que la misma tenga lugar, dentro de los sesenta días siguientes a que quede firme el auto de prisión o la declaratoria de reo. Tenemos pues, que esta norma procesal, establece dos obligaciones una para el Fiscal o Acusador Privado de solicitar que se señale la audiencia preliminar, y otra, para el Juez, de señalar la misma para que tenga lugar dentro de un tiempo determinado….”. Asimismo la Sala ha sido clara en enunciar en su jurisprudencia que la normativa procesal penal no establece qué plazos son de naturaleza preclusiva; por ello en atención a la realización pronta y efectiva de la justicia penal, garantizada por el principio estructural de la dualidad de partes, la Sala de lo Constitucional, ha establecido que los plazos de naturaleza preclusiva, denominados “fatales” son aquellos cuya utilización se establece en el interés particular de cada una de las partes, como para el caso: los plazos destinados a recurrir las decisiones judiciales, los cuales una vez vencidos inhabilitan de manera absoluta a las partes para impugnarlas.- CONSIDERANDO (6): Que en los referidos precedentes, la Sala ha determinado que el plazo estipulado en el artículo 300 del Código Procesal es de interés general y no particular, por ende no es de naturaleza preclusiva, esto se afirma en virtud de la importancia que tiene para cada una de las partes intervinientes en el proceso, la celebración y resultado de la Audiencia Preliminar. La Sala ha enfatizado que en ningún momento deberá pensarse que este plazo responde únicamente al interés del Ministerio Público o al acusador privado en atención a lo dispuesto por el artículo 300 del Código Procesal Penal, el cual dispone que será únicamente el fiscal o el acusador quienes podrán solicitar la realización de dicha audiencia. La Sala ha explicado que la razón para esto radica en que dicho plazo se ajusta a las necesidades de la investigación de manera que conforme a la complejidad del asunto, el Fiscal solicita el señalamiento de la audiencia en el momento que sea oportuno acortando o extendiendo dicho plazo de acuerdo a la necesidad; sin que esto signifique que este plazo obedece a un interés exclusivo de la parte que acusa.- CONSIDERANDO (7): Que siempre en ese mismo respecto, dentro de sus consideraciones la Sala estableció “…que al no existir dentro del Código Procesal Penal una disposición expresa relativa a lo que debe hacerse ante la irregularidad omisiva del Fiscal y en su caso, del Acusador Privado; el Juez, como conductor y responsable de la normal conducción del proceso penal, debe recurrir a los principios que informan el mismo, todo dentro de lo que constituye el contexto jurídico nacional. Y a falta de una disposición expresa que indique la decisión que debe tomar en este caso, existen en el Código Procesal Penal normas que dan pie o fundamento para resolver esta irregularidad….la Ley Procesal Penal es precisa cuando señala, de manera taxativa, los casos en que procede dictar el sobreseimiento provisional o definitivo (Arts. 295 y 296), no contemplando dentro de los mismos el caso de que el Fiscal o el Acusador Privado, no soliciten el señalamiento de la Audiencia Preliminar…”. Con relación a la omisión del Fiscal en solicitar en el proceso el señalamiento de la audiencia preliminar, lo cual aplica también a aquellos casos como el presente en el que la solicitud de señalamiento de la audiencia preliminar se hizo fuera del plazo legal establecido la Sala ha dicho: “…que la conducta omisiva del Fiscal al no pedir el señalamiento de la celebración de la Audiencia Preliminar, no puede tomarse como un abandono de la acción penal por parte del Ministerio Público, dado que las normas procesales son de orden público y por lo tanto en ese sentido no caben las apreciaciones tácitas de la ley, en otras palabras, la ley debió decirlo expresamente para considerar esa conducta omisiva del Fiscal como abandono de la acción penal.- CONSIDERANDO (8): Que con respecto al saneamiento de este tipo de irregularidades la Sala ha destacado “….Que dentro de los poderes que tiene el Juez para garantizar el desarrollo normal del proceso está lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal Penal que señala: “SANEAMIENTO DE IRREGULARIDADES PROCESALES.- Los Jueces y Magistrados adoptarán las providencias que sean necesarias para corregir las irregularidades que advierten en el proceso, a fin de impedir la nulidad de las actuaciones o la realización de cualquier acto que tenga como propósito dilatar indebidamente los procedimientos. En el cumplimiento de esta función, actuarán con estricto respeto de los derechos que corresponden a los sujetos procesales….” Así, la Sala ha sido enfática en afirmar que: “…el hecho que el Fiscal o Acusador Privado, no pidan que se señale la fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, es una evidente irregularidad procesal, que debe ser subsanada por el Juez a fin de impedir la nulidad de las actuaciones o dilación de los procedimientos, en ejercicio de las facultades de SANEAMIENTO DE IRREGULARIDADES PROCESALES que le confiere el artículo 9 del Código Procesal Penal….”- CONSIDERANDO (9): Que en virtud de los anteriores razonamientos, ha quedado establecido por esta Sala que el retraso o la omisión por parte del Ministerio Público o el Acusador Privado en solicitar el señalamiento de la audiencia preliminar, no implica un abandono de la acción penal bajo ningún concepto y tampoco podría estimarse ilegal por este motivo la detención impuesta a un imputado, cuando ésta ha sido determinada por juez competente, con ocasión de la imputación de un delito y siguiendo los presupuestos y lineamientos exigidos por la ley para la privación cautelar de su libertad. Consecuentemente, en el caso que nos ocupa, la dilación consumada en el proceso como consecuencia de la solicitud prorrogada para el señalamiento de la audiencia preliminar no comporta en si misma la ilegalidad de la detención pues ésta se vincula al proceso, sin embargo esta clara inobservancia sí se configura como una irregularidad procesal que no podría ser desconocida y como tal, debió ser corregida en tiempo por la juez de instancia, ante la imprevisión del ente fiscal y de la defensa, toda vez que como juez garante, le corresponde asegurar la eficacia del proceso, la estricta observancia de los principios que rigen el mismo y los derechos de las partes intervinientes, haciendo acopio de las facultades legales que aquí se han establecido, no debiendo acogerse a una oficiosidad que erróneamente ha asumido no tener, provocando con ello un retraso indebido de la causa en perjuicio de los encartados, razón por la cual amerita hacerle un llamado de atención a la juez LESLY MELANIA CRUZ ZEPEDA para que el futuro guarde con mayor diligencia los deberes que su alta investidura demanda, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa a que pudiera haber lugar como consecuencia de esta omisión.- CONSIDERANDO (10): Que de acuerdo con la motivación de la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA, se determinó por parte de la referida Alzada que el propósito fundamental del recurso de habeas corpus es tutelar el derecho constitucional de la libertad personal en su más amplio sentido; así como de ejercer una función reparadora, correctiva o preventiva encaminada a tomar las medidas necesarias e inmediatas con el propósito de hacer cesar las violaciones a la libertad personal o los malos tratos, tormentos, torturas o vejámenes que se apliquen al detenido en su prisión legal, buscando con ello la reintegración al orden constitucional cuando éste ha sido desconocido o violado por la autoridad pública; concluyendo que de las diligencias investigativas realizadas por el juez ejecutor no se estableció ninguna de esas circunstancias, estimando que el derecho fundamental a la libertad y la integridad física de los peticionarios JOSÉ CARLOS FONSECA MATAMOROS y ALEX DANILO ZÚNIGA MARADIAGA no habían sido conculcados, consecuentemente declaró no ha lugar el recurso de exhibición personal interpuesto.- CONSIDERANDO (11): Que de conformidad con el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.- CONSIDERANDO (12): Que el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que procede el recurso de habeas corpus o exhibición personal cuando el agraviado : a) Se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Por su parte el artículo 24 de la misma ley establece que es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.- CONSIDERANDO (13): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia al no haberse demostrado de los informes respectivos ni de las actuaciones ordenadas al efecto por el Juez Ejecutor, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procedía, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar no ha lugar el recurso de exhibición personal de mérito, como así se hizo y en tal virtud, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la sentencia venida en revisión.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 31, 37 y 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) CONFIRMANDO la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró NO HA LUGAR el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus interpuesto por el Abogado DANY MAURICIO MEJIA RIVERA, a favor de los señores JOSE CARLOS FONSECA MATAMOROS y ALEX DANILO ZÚNIGA MARADIAGA, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, departamento de Francisco Morazán; 2) Se le hace un llamado de atención a la juez LESLY MELANIA CRUZ ZEPEDA, para que el futuro guarde con mayor diligencia los deberes que su alta investidura demanda, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa a que pudiera haber lugar como consecuencia de esta omisión; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (2) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Exhibición Personal venido en consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1103-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Recursos de Amparo Penales Nos. 969-1220=03; No.1131-1606-1615=04 y No. 2540-2816=04