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Sentencia AP-950-13 — Registro 6231

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y revocó resolución dictada por Juzgado de primera instancia que decretó auto de formal procesamiento con medida cautelar de prisión preventiva contra imputada por suponerla responsable del delito de Trata de Personas Agravada en su modalidad de Servidumbre en perjuicio de María Angela López Vásquez (víctima) y contra otro imputado por suponerlo responsable del delito de Actos de Lujuria en perjuicio de dicha víctima; La Autoridad recurrida ordenó al A-quo dictar sobreseimiento definitivo a favor de la imputada por el delito de Trata de Personas por considerar que no se estableció la existencia plena del delito y el Ministerio Público no logro probar que la imputada utilizó practicas ilícitas de forma habitual y sistemáticas con el propósito único de explotación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Esta Sala de lo Constitucional constata que no se desprende claramente que la Señora MARIA LIDIA GUTIERREZ, como lo ha dejado apuntado el Ad-quem haya realizado acciones, que puedan considerarse constitutivas del delito de trata de personas, de tal manera que como lo hace entender el Tribunal Ad-quem, no se ha establecido la existencia plena del delito por el cual se le fue incoada la acción correspondiente, aunado a que el Ministerio Público no logro probar mediante la prueba incorporada que la imputada, utilice estas practicas ilícitas de forma habitual y sistemática, encaminadas a realizarlas como propósito único de explotación..."..."el recurso de amparo no tiene por objeto conocer cuestiones de instancia, pues esta dirigido a proteger los derechos y garantías, consignados en la Constitución de la República; en consecuencia no esta al alcance de este recurso pronunciarse sobre decisiones propias de un Tribunal de Instancia, encargado de acuerdo a lo que establece la ley de calificar el delito y pronunciarse sobre si existen méritos o no para dictar auto de prisión, por lo que la determinación judicial de decretar un sobreseimiento definitivo, provisional o un auto de prisión, es una cuestión de mera legalidad, resolución judicial que resulta del análisis realizado sobre el fondo del asunto, recordando que la misión de la Sala Constitucional se limita al análisis del razonamiento lógico que realizó el órgano jurisdiccional para llegar a cierta conclusión, en el caso de mérito, a revocar el auto de formal procesamiento dictado en primera instancia en contra de la Señora MARIA LIDIA GUTIERREZ ROSALES..."..."del estudio de los autos y particularmente del Auto impugnado, se aprecia que los Órganos Jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia que han intervenido en el tratamiento investigativo, son los competentes por razón de la materia y el territorio, sus titulares son las personas que han sido nombradas para el desempeño de la función jurisdiccional, consecuentemente son las autoridades competentes las que hacen el juzgamiento, y esa labor la están realizando con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."esta Sala, concluye, que el fallo del Ad-Quem al declara con Lugar la apelación interpuesta y revocar la resolución del A-quo, no hace más que aplicar lo que hasta ese momento reflejan los autos; en consecuencia, al no lesionarse el Derecho al Debido Proceso, consagrado en el artículo 90 tal como queda expresado en los considerandos anteriores, procede denegar el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada GINA MARIA SIERRA ZELAYA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público a favor de la señora MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha trece de agosto de dos mil trece, que declara Con Lugar el recurso de apelación y revoca el auto de formal procesamiento decretado en la audiencia inicial celebrada en fecha trece de junio de dos mil trece, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra la señora MARIA LIDIA GUTIERREZ ROSALES por suponerla responsable del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADA EN SU MODALIDAD DE SERVIDUMBRE en perjuicio de MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ y contra LUIS ENRIQUE GOMEZ por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ. Estima la recurrente que el derecho constitucional que se estima quebrantado es el Principio-derecho del Debido Proceso, contemplado en el primer párrafo del artículo 90 de la Constitución de la República, lesionando el artículo 95 constitucional y el principio de Legalidad regulado en el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha once de abril de dos mil trece, el abogado RONNY R. MATUTE GARCIA, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora MARIA LIDIA GUTIERREZ ROSALES por suponerla responsable del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADA EN SU MODALIDAD DE SERVIDUMBRE en perjuicio de MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ y contra LUIS ENRIQUE GOMEZ por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ.-2) Que adelantado que fue el proceso, el Juzgado referido en fecha trece de junio del año dos mil trece, celebró audiencia inicial en la cual (Sic) “DECRETA1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de MARIA LIDIA GUTIERREZ ROSALES, por suponerla responsable del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADA EN SU MODALIDAD DE SERVIDUMBRE en perjuicio de MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ.- 2) Se decreta la PRISIÓN PREVENTIVA que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social……” (Folios 40 al 43 de los antecedentes).-3) Que en fecha trece de agosto de dos mil trece, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada DEBORA OCHOA MONTOYA, en su condición de Defensora Pública de la señora MARIA LIDIA GUTIERREZ ROSALES, contra la resolución dictada en la audiencia inicial de fecha trece de junio del año dos mil trece, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán resolvió (Sic) “1) Declarando CON LUGAR el recurso interpuesto.- 2)Revoca el auto de formal procesamiento dictado en contra de la señora MARIA LIDIA GUTIERREZ ROSALES por el delito de TRATA DE PERSONAS en perjuicio de MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ que en su lugar el A-quo proceda a dictarle el correspondiente sobreseimiento definitivo por dicho delito…...NOTIFIQUESE.” (Folios 76 al 79 de los antecedentes).-4) La recurrente abogada GINA MARIA SIERRA ZELAYA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Tribunal, en fecha once de noviembre de dos mil trece, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha trece de agosto del año dos mil trece, quebranta el Principio-derecho del Debido Proceso, contemplado en el primer párrafo del artículo 90 de la Constitución de la República, lesionando el artículo 95 constitucional y el principio de Legalidad regulado en el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha siete de febrero del año dos mil catorce, y omitiendo la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. -CONSIDERANDO: Que el artículo 3ª) del Protocolo para prevenir y, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención contra la delincuencia organizada transnacional de Palermo (2000), aporta una definición de trata de personas: Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras, con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. En opinión del penalista español DE DIEGO DIEZ y por vía de ilustración explica que en la trata de personas, con independencia del tipo de explotación que se persiga (sexual, laboral, esclavitud o prácticas análogas, extracción de órganos) concurren tres elementos definitorios: a) Traslado.- La víctima se traslada o es trasladada desde su entorno (ciudad, departamento, país) a otro entorno diferente, no importando sí es llevada fuera del país o de una ciudad a otra. Lo que importa es su desarraigo de la comunidad de origen, b) Limitación o privación de la libertad. La víctima no es libre de hacer lo que quiere y está limitada en su libertad de movimientos por diversas medidas de presión o violencia. En ocasiones las víctimas son encerradas o maltratadas, otras veces se vierten amenazas dirigidas a ellas, o se les quitan sus pasaportes y documentos de identidad, c) Finalidad de Explotación: la trata de personas tiene por objetivo la explotación de personas en múltiples actividades, no sólo en la explotación sexual sino también en el servicio doméstico, en la mendicidad, en matrimonios serviles, en la pornografía, en la de niños y niñas vinculados a grupos armados al margen de la ley, entre otros[1]. -CONSIDERANDO: Esta Sala de lo Constitucional constata que no se desprende claramente que la Señora MARIA LIDIA GUTIERREZ, como lo ha dejado apuntado el Ad-quem haya realizado acciones, que puedan considerarse constitutivas del delito de trata de personas, de tal manera que como lo hace entender el Tribunal Ad-quem, no se ha establecido la existencia plena del delito por el cual se le fue incoada la acción correspondiente, aunado a que el Ministerio Público no logro probar mediante la prueba incorporada que la imputada, utilice estas practicas ilícitas de forma habitual y sistemática, encaminadas a realizarlas como propósito único de explotación.-CONSIDERANDO: Que el recurso de amparo no tiene por objeto conocer cuestiones de instancia, pues esta dirigido a proteger los derechos y garantías, consignados en la Constitución de la República; en consecuencia no esta al alcance de este recurso pronunciarse sobre decisiones propias de un Tribunal de Instancia, encargado de acuerdo a lo que establece la ley de calificar el delito y pronunciarse sobre si existen méritos o no para dictar auto de prisión, por lo que la determinación judicial de decretar un sobreseimiento definitivo, provisional o un auto de prisión, es una cuestión de mera legalidad, resolución judicial que resulta del análisis realizado sobre el fondo del asunto, recordando que la misión de la Sala Constitucional se limita al análisis del razonamiento lógico que realizó el órgano jurisdiccional para llegar a cierta conclusión, en el caso de mérito, a revocar el auto de formal procesamiento dictado en primera instancia en contra de la Señora MARIA LIDIA GUTIERREZ ROSALES.-CONSIDERANDO: Que del estudio de los autos y particularmente del Auto impugnado, se aprecia que los Órganos Jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia que han intervenido en el tratamiento investigativo, son los competentes por razón de la materia y el territorio, sus titulares son las personas que han sido nombradas para el desempeño de la función jurisdiccional, consecuentemente son las autoridades competentes las que hacen el juzgamiento, y esa labor la están realizando con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO: Que del examen de los antecedentes, esta Sala, concluye, que el fallo del Ad-Quem al declara con Lugar la apelación interpuesta y revocar la resolución del A-quo, no hace más que aplicar lo que hasta ese momento reflejan los autos; en consecuencia, al no lesionarse el Derecho al Debido Proceso, consagrado en el artículo 90 tal como queda expresado en los considerandos anteriores, procede denegar el presente recurso de amparo.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 9, 41,42,43,45,47,48,49,51 y 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0950-2013.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada GINA MARIA SIERRA ZELAYA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público a favor de la señora MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha trece de agosto de dos mil trece, que declara Con Lugar el recurso de apelación y revoca el auto de formal procesamiento decretado en la audiencia inicial celebrada en fecha trece de junio de dos mil trece, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra la señora MARIA LIDIA GUTIERREZ ROSALES por suponerla responsable del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADA EN SU MODALIDAD DE SERVIDUMBRE en perjuicio de MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ y contra LUIS ENRIQUE GOMEZ por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ. Estima la recurrente que el derecho constitucional que se estima quebrantado es el Principio-derecho del Debido Proceso, contemplado en el primer párrafo del artículo 90 de la Constitución de la República, lesionando el artículo 95 constitucional y el principio de Legalidad regulado en el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha once de abril de dos mil trece, el abogado RONNY R. MATUTE GARCIA, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora MARIA LIDIA GUTIERREZ ROSALES por suponerla responsable del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADA EN SU MODALIDAD DE SERVIDUMBRE en perjuicio de MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ y contra LUIS ENRIQUE GOMEZ por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ.-2) Que adelantado que fue el proceso, el Juzgado referido en fecha trece de junio del año dos mil trece, celebró audiencia inicial en la cual (Sic) “DECRETA1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de MARIA LIDIA GUTIERREZ ROSALES, por suponerla responsable del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADA EN SU MODALIDAD DE SERVIDUMBRE en perjuicio de MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ.- 2) Se decreta la PRISIÓN PREVENTIVA que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social……” (Folios 40 al 43 de los antecedentes).-3) Que en fecha trece de agosto de dos mil trece, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada DEBORA OCHOA MONTOYA, en su condición de Defensora Pública de la señora MARIA LIDIA GUTIERREZ ROSALES, contra la resolución dictada en la audiencia inicial de fecha trece de junio del año dos mil trece, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán resolvió (Sic) “1) Declarando CON LUGAR el recurso interpuesto.- 2)Revoca el auto de formal procesamiento dictado en contra de la señora MARIA LIDIA GUTIERREZ ROSALES por el delito de TRATA DE PERSONAS en perjuicio de MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ que en su lugar el A-quo proceda a dictarle el correspondiente sobreseimiento definitivo por dicho delito…...NOTIFIQUESE.” (Folios 76 al 79 de los antecedentes).-4) La recurrente abogada GINA MARIA SIERRA ZELAYA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Tribunal, en fecha once de noviembre de dos mil trece, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora MARIA ANGELA LOPEZ VASQUEZ, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha trece de agosto del año dos mil trece, quebranta el Principio-derecho del Debido Proceso, contemplado en el primer párrafo del artículo 90 de la Constitución de la República, lesionando el artículo 95 constitucional y el principio de Legalidad regulado en el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha siete de febrero del año dos mil catorce, y omitiendo la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. -CONSIDERANDO: Que el artículo 3ª) del Protocolo para prevenir y, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención contra la delincuencia organizada transnacional de Palermo (2000), aporta una definición de trata de personas: Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras, con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. En opinión del penalista español DE DIEGO DIEZ y por vía de ilustración explica que en la trata de personas, con independencia del tipo de explotación que se persiga (sexual, laboral, esclavitud o prácticas análogas, extracción de órganos) concurren tres elementos definitorios: a) Traslado.- La víctima se traslada o es trasladada desde su entorno (ciudad, departamento, país) a otro entorno diferente, no importando sí es llevada fuera del país o de una ciudad a otra. Lo que importa es su desarraigo de la comunidad de origen, b) Limitación o privación de la libertad. La víctima no es libre de hacer lo que quiere y está limitada en su libertad de movimientos por diversas medidas de presión o violencia. En ocasiones las víctimas son encerradas o maltratadas, otras veces se vierten amenazas dirigidas a ellas, o se les quitan sus pasaportes y documentos de identidad, c) Finalidad de Explotación: la trata de personas tiene por objetivo la explotación de personas en múltiples actividades, no sólo en la explotación sexual sino también en el servicio doméstico, en la mendicidad, en matrimonios serviles, en la pornografía, en la de niños y niñas vinculados a grupos armados al margen de la ley, entre otros[2]. -CONSIDERANDO: Esta Sala de lo Constitucional constata que no se desprende claramente que la Señora MARIA LIDIA GUTIERREZ, como lo ha dejado apuntado el Ad-quem haya realizado acciones, que puedan considerarse constitutivas del delito de trata de personas, de tal manera que como lo hace entender el Tribunal Ad-quem, no se ha establecido la existencia plena del delito por el cual se le fue incoada la acción correspondiente, aunado a que el Ministerio Público no logro probar mediante la prueba incorporada que la imputada, utilice estas practicas ilícitas de forma habitual y sistemática, encaminadas a realizarlas como propósito único de explotación.-CONSIDERANDO: Que el recurso de amparo no tiene por objeto conocer cuestiones de instancia, pues esta dirigido a proteger los derechos y garantías, consignados en la Constitución de la República; en consecuencia no esta al alcance de este recurso pronunciarse sobre decisiones propias de un Tribunal de Instancia, encargado de acuerdo a lo que establece la ley de calificar el delito y pronunciarse sobre si existen méritos o no para dictar auto de prisión, por lo que la determinación judicial de decretar un sobreseimiento definitivo, provisional o un auto de prisión, es una cuestión de mera legalidad, resolución judicial que resulta del análisis realizado sobre el fondo del asunto, recordando que la misión de la Sala Constitucional se limita al análisis del razonamiento lógico que realizó el órgano jurisdiccional para llegar a cierta conclusión, en el caso de mérito, a revocar el auto de formal procesamiento dictado en primera instancia en contra de la Señora MARIA LIDIA GUTIERREZ ROSALES.-CONSIDERANDO: Que del estudio de los autos y particularmente del Auto impugnado, se aprecia que los Órganos Jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia que han intervenido en el tratamiento investigativo, son los competentes por razón de la materia y el territorio, sus titulares son las personas que han sido nombradas para el desempeño de la función jurisdiccional, consecuentemente son las autoridades competentes las que hacen el juzgamiento, y esa labor la están realizando con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO: Que del examen de los antecedentes, esta Sala, concluye, que el fallo del Ad-Quem al declara con Lugar la apelación interpuesta y revocar la resolución del A-quo, no hace más que aplicar lo que hasta ese momento reflejan los autos; en consecuencia, al no lesionarse el Derecho al Debido Proceso, consagrado en el artículo 90 tal como queda expresado en los considerandos anteriores, procede denegar el presente recurso de amparo.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 9, 41,42,43,45,47,48,49,51 y 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0950-2013.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Vid. en este sentido, DE DIEGO DIEZ, ALFREDO, Delitos..op. cit., págs. 80-81.

[2]Vid. en este sentido, DE DIEGO DIEZ, ALFREDO, Delitos..op. cit., págs. 80-81.