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Sentencia AP-929-11-51-12 — Registro 17471

Resumen

Resolución que revocó auto de prisión en la causa instruida contra impetrantes por suponerlos responsables del delito de Falsificación De Documentos Públicos, en perjuicio de la Fe Publica y De otra ciudadana

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al  Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos,(el subrayado es nuestro)..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución dictada por el Ad quem esta debidamente razonada considerando que ciertamente se han cuestionado las Escrituras referidas, sin embargo en tanto no se decrete su nulidad de acuerdo a la justicia civil, el instrumento público seguirá surtiendo efectos conforme la ley, en consecuencia, se estará a lo fallado por el órgano jurisdiccional competente que conozca de la cuestión litigiosa en materia civil, conforme a derecho; Y realizar una actividad jurisdiccional de índole penal pondría en riesgo la fe pública, y solamente pueden ponerse en entre dicho mediante juicio contradictorio de donde resulte la certeza de la inexistencia del acto o contrato por haber mediando dolo u otro elemento que demuestre la inexistencia de la verdad, mientras tanto los instrumentos públicos cuestionados mantienen su vigencia en el tráfico jurídico. CONSIDERANDO: (8) Que el Auto Acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia en sesión celebrada el miércoles 20 de marzo de 1991, en su motivación dice:…. “3º.- Con el objeto de asegurar el respeto a la garantía contenida en el artículo 98 de la Constitución de la República…, norma infringida frecuentemente al ejercitarse la acción penal y obtener orden de arresto o detención contra personas partícipes en actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no configura un hecho delictuosos o falta; por lo que tales órdenes realmente disminuyen, restringen o tergiversan aquella garantía establecida en la Constitución…,” de lo anterior se derivan varias conclusiones y una de ellas es que existen actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no constituye un hecho delictivo o falta, situación que se comprende en el caso que nos ocupa, amén que el derecho Penal debe ser considerado como “Ultima ratio”. CONSIDERANDO:(9) Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos,(el subrayado es nuestro). CONSIDERANDO:(10) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. Por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso amparo interpuesto"

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio del año dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por: 1.- El Abogado VICTOR FRANCISCO MEJIA, a favor de la señora GLADYS ALICIA DE JESUS SOLANO ERAZO, (Reg. 929=11) y 2.- Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA a favor del ESTADO DE HONDURAS (Reg. 51=12) ambos contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre de dos mil once, que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto y revocó el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra los señores JOSE DOLORES CANTARERO BONILLA, JUAN FRANCISCO BARON LUPIAC Y ABELARDO MENDOZA, por suponerlos responsables del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de la FE PUBLICA Y DE LA SEÑORA GLADYS ALICIA DE JESUS SOLANO ERAZO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada el artículo 92 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince de abril del año dos mil once, el abogado FOAD ALEJANDRO CASTILLO FERRUFINO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores JUAN FRANCISCO BARÓN LUPIAC, ABELARDO MENDOZA ERAZO Y JOSÉ DOLORES CANTARERO BONILLA, por considerar al primero autor de dos delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, al segundo autor de cuatro delitos de USO DE DOCUMENTOS FALSOS y al tercero de tres delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN PERJUICIO DE LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil once, el Juzgado de Letras citado, en la continuación de la Audiencia Inicial decretó: “ 1) AUTO DE PRISION contra los señores JUAN FRANCISCO BARON LUPIAC, JOSE DOLORES CANTARERO BONILLA Y ABELARDO MENDOZA ERAZO de generales ya conocidas, por suponerla responsable del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA; 2) Imponerle a los imputados, JUAN FRANCISCO BARON LUPIAC, JOSE DOLORES CANTARERO BONILLA Y ABELARDO MENDOZA ERAZO, las medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva y contempladas en el artículo 173 numerales 5,6 y 7 del Código Procesal Penal como ser; 5) someterse al cuidado y vigilancia de sus respectivos Apoderados Legales, 6) Que los 2 primeros imputados se presentaran a firmar libro de asistencia que para tal efecto lleva este Juzgado 15 y 30 de cada mes y el ultimo imputado, los días martes de cada semana. 7) Se le prohíbe a los imputados a salir del país sin la previa autorización del Juzgado; mismas que los encausados debe de comprometerse que las cumplirá fielmente y que de lo contrario se le pueden revocar dichas medidas por otras más gravosas, estas tendrán una duración provisional y se mantendrá hasta la celebración del juicio oral y público, siempre y cuando se llegase hasta esa etapa procesal, sin perjuicio que la misma pueda ser sustituida por otra medida mas gravosa en el caso de incumplimiento a las ya impuestas…” FOLIOS ciento ochenta y seis (186) al ciento ochenta y ocho (188). 3) Que conociendo de los recursos de apelación promovidos por los Abogados ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA, DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ Y ROBERTO ANTONIO ORTIZ CALIX, actuando en su condición de apoderados legales de los señores JUAN FRANCISCO BARÓN LUPIAC, ABELARDO MENDOZA ERAZO, JOSE DOLORES CANTARERO BONILLA, respectivamente, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre del año dos mil once, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarando HA LUGAR el recurso interpuesto.- 2) REVOCANDO el Auto de Prisión dictado a los señores JUAN FRANCISCO BARÓN LUPIAC, JOSÉ DOLORES CANTARERO BONILLA Y ABELARDO MENDOZA ERAZO por el delito de Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio de la Fe Pública.- 3) Que el A-Quo, en acatamiento de esta resolución, dicte por el delito antes mencionado y a favor de dichos señores el correspondiente Sobreseimiento Definitivo…”. (Folios doscientos setenta y siete (277) al doscientos ochenta (280) de los antecedentes). 4) El recurrente abogado VICTOR FRANCISCO MEJIA, compareció ante este Tribunal, en fecha siete de diciembre del año dos mil once, interponiendo acción de amparo a favor de la señora GLADYS ALICIA DE JESUS SOLANO ERAZO, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha catorce de octubre de dos mil once, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución de la República. 5) Que el Abogado RENÉ MAURICIO ACEITUNO ULLOA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, compareció ante este Tribunal en fecha veinticuatro de enero de dos mil doce, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia dictada por la referida Corte de Apelaciones en fecha catorce de octubre de dos mil once, por estimar que la misma es violatoria el artículo 90 de la Constitución de la República. 6) Que esta Sala tuvo por formalizado los recursos interpuestos por los Abogados VICTOR FRANCISCO MEJIA y RENÉ MAURICIO ACEITUNO ULLOA los días dieciocho de abril de dos mil doce y veintinueve de mayo de dos mil doce, respectivamente, omitiéndose la vista al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 7) Que en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, esta Sala dispuso acumular los amparos antes descritos al apreciarse de los autos que ambas acciones constitucionales se dirigen contra el mismo acto, siendo lo procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y que las mismas produzcan una sola sentencia CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre del año dos once, que revoca el auto de Prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial, en relación a la causa instruida contra los señores JOSE DOLORES CANTARERO BONILLA, JUAN FRANCISCO BARON LUPIAC Y ABELARDO MENDOZA por suponerlos responsables del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y de la señora GLADYS ALICIA DE JESUS SOLANO ERAZO. CONSIDERANDO: (4) Que comparecen como recurrentes el abogado VICTOR FRANCISCO MEJIA a favor de la señora GLADYS ALICIA DE JESUS SOLANO ERAZO, y el abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA en representación del Ministerio Público a favor del ESTADO DE HONDURAS. El representante de la señora SOLANO ERAZO en la formalización del recurso, párrafo de la relación sucinta de los hechos, manifiesta que “habiéndose demostrado mediante los correspondientes dictámenes emitidos por parte de la Dirección General de Medicina Forense Laboratorios Criminalísticos, Departamento de Documentología, en los cuales concluye que las firmas puestas en los documentos (escrituras públicas), no corresponden a la madre de su representada, que a raíz de dicha falsificación se ha despojado a su representada de sus bienes, y se han traspasado convenientemente de manera DOLOSA a favor de su hermano ABELARDO MENDOZA, y éste a su vez efectúo actos y contratos a favor de terceras personas, a sabiendo que su acción provenía de un ilícito penal. Además señala en el numeral segundo en su parte conducente, que durante la audiencia inicial fueron evacuados los medios de prueba tanto documentales como testifícales y demostrada la comisión del tipo penal contra los encausados, se les decretó auto de prisión por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS. El recurrente manifiesta que se ha vulnerado el artículo 92 constitucional que dispone: “ No podrá proveerse auto de prisión sin que proceda PLENA PRUEBA de haberse cometido un crimen o simple delito, que merezca la pena de privación de libertad, y sin que resulte indicio racional de quien es su autor”. A folio 31 pieza de amparo señala que hay una clara violación a la disposición citada, porque existe plena prueba de la comisión del delito, debidamente acreditada ante el A quo, además el indicio racional de la comisión del delito razón por la que el A quo dictó auto de prisión; pero el Ad quem mediante mayoría de votos dicta resolución ordenando el sobreseimiento definitivo. CONSIDERANDO: (5) Que el abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de recurrente, representando al Ministerio Público, formalizó el recurso manifestando “Que considera que se ha vulnerado el artículo 90 constitucional, cuando la corte recurrida considera que la acción penal solo será posible una vez que la jurisdicción civil haya decidido o determinado la existencia del delito y la identificación del responsable, finalidad esta que no ha sido encomendada por la ley a esa jurisdicción, siendo la jurisdicción penal a la que le corresponde la determinación de la comisión de un delito, invocando el artículo 54 del código procesal Penal que se refiere a los órganos jurisdiccionales que tendrán con exclusividad la potestad publica de conocer los procesos penales, resolverlos y ejecutar sus sentencias, jurisdicción que es improrrogable. Además hace una relación de las compra ventas autorizadas en escrituras públicas por el Notario JOSE DOLORES CANTARERO BONILLA en la que ADA MARINA ERAZO TORCHEZ le transfiere al señor ABELARDO MENDOZA ERAZO un bien inmueble, así como el Instrumento público mediante el cual la señora ADA MARINA ERAZO TROCHEZ designa al señor ABELARDO MENDOZA ERAZO su heredero universal, fueron otorgadas en forma irregular escrituras en las que nunca compareció la señora ADA MARINA ERAZO TROCHEZ. Además señala la Escritura Pública No.809 del 10 de julio del 2007 autorizada por el Notario JUAN BARON LUPIAC mediante la cual GLADYS SOLANO ERAZO efectuó venta de un lote de terreno, documento en el cual dicha señora sostiene que no estampó su firma. Manifestando el recurrente que no existe duda y que hay plena prueba de la comisión de los delitos de Falsificación de documentos Públicos y Uso de Documento Falso e indicio racional de que sus autores son los procesados. Dice además el impetrante, que la “resolución recurrida al omitir los requisitos para decretar auto de prisión determinados en los preceptos de ley primaria y ordinaria ya mencionadas , así como desplazar la jurisdicción que la ley impone para el conocimiento de los hechos de naturaleza penal, inevitablemente conlleva la violación al Principio - Derecho Debido Proceso consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República…”. CONSIDERANDO: (6) Que el Ad quem considera que el ejercicio de una función esta regulada por leyes secundarias o estatutos que dan seguridad tanto a la actividad profesional como al servicio que recibe el ciudadano que lo requiere, permite en el caso del notariado cuando se trata de un acto o contrato sobre el cual se persigue su invalidación o anulación como efecto beneficiosos, no procede la competencia del Juez Penal el cual solo puede decidir si la jurisdicción civil ha determinado la existencia de un acto lícito cometido por el Ministerio de Fe debidamente comprobado en juicio contradictorio”.Señala además que “si bien es cierto se ha presentado en la vía civil, una demanda de nulidad de la escritura pública que ostenta el señor ABELARDO MENDOZA ERAZO esta no comprende al imputado, por lo que la autorización de la escritura no lo hace incurrir en delito, ni le resta validez ala misma, y aún en el caso de que estuviese incluido en la demanda de nulidad, la escritura seguiría siendo válida”. Por tales razones el Ad quem Revoca la resolución impugnada (auto de Prisión) y ordena el sobreseimiento Definitivo. CONSIDERANDO: (7) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución dictada por el Ad quem esta debidamente razonada considerando que ciertamente se han cuestionado las Escrituras referidas, sin embargo en tanto no se decrete su nulidad de acuerdo a la justicia civil, el instrumento público seguirá surtiendo efectos conforme la ley, en consecuencia, se estará a lo fallado por el órgano jurisdiccional competente que conozca de la cuestión litigiosa en materia civil, conforme a derecho; Y realizar una actividad jurisdiccional de índole penal pondría en riesgo la fe pública, y solamente pueden ponerse en entre dicho mediante juicio contradictorio de donde resulte la certeza de la inexistencia del acto o contrato por haber mediando dolo u otro elemento que demuestre la inexistencia de la verdad, mientras tanto los instrumentos públicos cuestionados mantienen su vigencia en el tráfico jurídico. CONSIDERANDO: (8) Que el Auto Acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia en sesión celebrada el miércoles 20 de marzo de 1991, en su motivación dice:…. “3º.- Con el objeto de asegurar el respeto a la garantía contenida en el artículo 98 de la Constitución de la República…, norma infringida frecuentemente al ejercitarse la acción penal y obtener orden de arresto o detención contra personas partícipes en actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no configura un hecho delictuosos o falta; por lo que tales órdenes realmente disminuyen, restringen o tergiversan aquella garantía establecida en la Constitución…,” de lo anterior se derivan varias conclusiones y una de ellas es que existen actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no constituye un hecho delictivo o falta, situación que se comprende en el caso que nos ocupa, amén que el derecho Penal debe ser considerado como “Ultima ratio”. CONSIDERANDO:(9) Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos,(el subrayado es nuestro). CONSIDERANDO:(10) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. Por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso amparo interpuesto POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: PRIMERO : DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesto por los Abogados VICTOR FRANCISCO MEJIA Y RENE MAURICIO ACEUTUNO ULLOA a favor de la señora GLADIS ALICIA DE JESUS SOLANO ERAZO Y A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente, contra la sentencia de fecha catorce de octubre del año dos mil once dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, SEGUNDO : Que se dirima el proceso instruido y sus antecedentes a los órganos jurisdiccionales en materia civil. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dos de junio del año dos mil dieciséis, recaída en los Recursos de Amparo Penal bajo los números SCO-929=-2011 y 51=2012.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL