Sentencia AP-924-15 — Registro 6277
Resumen
Se revocó sobreseimiento definitivo y se ordenó auto de formal procesamiento en contra del recurrente indicando que se señalen las medidas correspondientes por suponerlo responsable del delito que se le imputa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA a favor del señor JULIO CESAR FONSECA CRUZ, contra la Sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de junio de dos mil quince, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, en fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor JULIO CESAR FONSECA CRUZ por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y COHECHO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio el Artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, la Abogada MELIDA SAGRARIO SALINAS PONCE, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JULIO CESAR FONSECA CRUZ por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y COHECHO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01-03 del expediente del A-Quo) 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, resolvió: “Decretar: 1) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO sobre los hechos que se le imputan al señor JULIO CESAR FONSECA CRUZ, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y COHECHO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA.-2)…” (Folios del 23-30 de la pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada MELIDA SAGRARIO SALINAS PONCE en su condición de Agente Fiscal del Ministerio, contra la resolución relacionada el inciso que antecede, la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de junio de dos mil quince, dictó sentencia en la que resolvió: “…1) DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MELIDA SAGRARIO SALINAS PONCE, Agente de Tribunales del Ministerio Público, contra el sobreseimiento definitivo de fecha (sic) “veintidós de mayo de dos mil quince”, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, El Paraíso.- 2) REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del imputado JULIO CESAR FONSECA CRUZ por suponerlo responsable por la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y COHECHO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- 3) ORDENAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del imputado JULIO CESAR FONSECA CRUZ por suponerlo responsable por la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y COHECHO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- 4) Que se señalen las medias correspondientes…”. (Folios del 84-92 de la pieza de los antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA compareció ante este Tribunal en fecha uno de octubre de dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor del señor JULIO CESAR FONSECA CRUZ, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA a favor del señor JULIO CESAR FONSECA CRUZ, se dirige contra la Sentencia dictada por la Corte de Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de junio de dos mil quince, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, en fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor JULIO CESAR FONSECA CRUZ por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y COHECHO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA considera que existe una vulneración al Artículo 90 de la Constitución de la República, puesto que la sentencia señalada, vulnera a su representado su derecho constitucional a que la sentencia se dicte con las formalidades derechos y garantías que la ley establece, puesto que de la lectura del párrafo “MOTIVACIÓN JURIDICA”, la corte de apelaciones omite aplicar lo dispuesto en el Artículo 14 del Código Procesal Penal. La redacción de la sentencia y específicamente de la motivación jurídica, se realiza obviando plasmar el valor probatorio atribuido a cada uno de ellas, puesto que de haberlo hecho el resultado sería diferente para su representado. Ya que la conclusión a que llegó la corte esta alejada de la verdad acreditada en la audiencia inicial, puesto que con la prueba documental (el recio), lo único que se acredita es que el señor Nelson Manuel Mendoza Gradiz, firmó un recibo de pago por la cantidad de treinta mil Lempiras, por la defensa de un caso judicial. La resolución del Ad-Quem ordena la revocación del sobreseimiento definitivo, consecuentemente el dictado de auto de formal procesamiento y la imposición de medidas cautelares entre las cuales ha anunciado el Ministerio Público la suspensión de su cargo como Fiscal asignado a la ciudad de Yuscarán, significa la suspensión de su trabajo y la falta de recursos y capacidad económica para cumplirle a sus menores hijos el derecho a la salud alimento y educación. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida resolución dictada por la Corte de Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de junio de dos mil quince; se aprecia en la misma, que el Ad-Quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, al concluir que en el presente caso existe plena prueba de la comisión de los tipos penales de Abuso de Autoridad y Cohecho, por la ocurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que los califican e indicios racionales para conceptualizar el imputado como autor de ellos, como fue plasmado en los numerales del 2.- al 5.- del titulo MOTIVACIÓN JURIDICA, de la sentencia impugnada. En consecuencia el encartado tiene el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte o de falta de motivación, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0924=2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL