Sentencia AP-916-15 — Registro 6276
Resumen
Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó resolución apelada dictada por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar incidente de nulidad planteado por la Defensa Privada y señaló audiencia de prosecución de la Acción penal contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida consideró de los autos que la audiencia de prosecución no se celebró, de la cual ambas partes fueron citadas no siendo aplicable la figura del defensor emergente al no existir abandono de la causa por parte de la defensa y por ello se declaró la rebeldía siendo la orden de captura el efecto de la no atención a la cita de dicha audiencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la foliada esta Sala ha podido constatar los siguientes puntos de relevancia para la decisión de la petición planteada por el recurrente: 1.- Que habiéndose iniciado un proceso penal contra el señor ERICK ARISSON CONNOR JOHNSON, en fecha 13 de febrero del 2014, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán le decretó un sobreseimiento provisional, por un delito de Tráfico Ilícito de Drogas. 2.- El Ministerio Público a través de sus representantes solicitó al Juzgado de Letras con Competencia Territorial en Materia Penal se señalara fecha para la prosecución del juicio; solicitud que fue admitida por el órgano jurisdiccional, señalando fecha para celebrar dicha audiencia de prosecución de la Acción Penal para el día viernes cinco (05) de diciembre del año 2014, a las nueve de la mañana. Y ordena citar en legal y debida forma al imputado a fin de que se haga presente a dicha audiencia (F. 644 frente y vuelto de la primera pieza). 3.- Que el Abogado Defensor SAMUEL ORTEGA fue notificado vía teléfono en fecha tres (3) de diciembre del año dos mil catorce, haciéndole saber mediante correo de voz, de la fecha en que se celebraría la audiencia de Prosecución de la Acción Penal, señalándole que debía comparecer con su representado (F. 646 primera pieza). 4.- Que la Secretaria del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal emite, firma y sella una constancia con la que DA FE que el día cuatro (4) de diciembre del año dos mil catorce (2014), recibió la llamada telefónica del Abogado SAMUEL ORTEGA, quien hizo de su conocimiento “que no podría ir a la audiencia de la cual se le había notificado puesto que estaría en otra audiencia en Roatán en esa misma fecha y que haría llegar a ese juzgado la constancia que justifica su no asistencia ( F.647 Primera pieza de autos). 4.- No obstante ello y habiendo verificado la Jueza que la presencia de las partes no estaba completa por faltar el Abogado Defensor y el imputado, aunque debe entenderse que este no estaba obligado a comparecer pues bastaba la presencia de defensor a esta audiencia que tiene el carácter de audiencia inicial y la ley procesal, así lo dispone que no es necesaria su presencia; se inició, ante la ausencia del abogado defensor el Ministerio Público solicitó se decretara la rebeldía, se librara orden de captura y alerta, migratoria, petición que fue concedida por la Juez A-Quo, resolución origen de la impugnación ahora conocida..."..."la Jueza A-Quo, como queda dicho resolvió concediendo lo peticionado por la representante del Ministerio Público y habiendo concluido la audiencia (SIC) la “Juez RESUELVE: Después de haber escuchado lo manifestado por el Ministerio Público, y siendo que analizada la misma y revisadas las diligencias de mérito, y que estando notificado el apoderado defensor y el imputado y que ninguno de los dos se hicieron presentes a esta audiencia sin haber justificado su no asistencia, según lo previsto en el artículo 108 del Código Procesal Penal el cual establece la Rebeldía del imputado, cuando sin grave impedimento no atiende una citación… será declarado en rebeldía, se ordena su captura y se instruirá a las autoridades de Migración y Extranjería para que impidan su salida del Territorio Nacional…” ordenando librar orden de captura y alerta migratoria contra el imputado por suponerlo responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud del Estado de Honduras..."..."esta Sala de lo Constitucional ha estudiando desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo, encuentra que ciertamente la resolución del A-Quo es completamente contra derecho, han sido quebrantados los derechos constitucionales del representado del recurrente por los siguientes razones: 1.- En la resolución dictada por la A-Quo en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil catorce (2014), en el numeral tres (3) de la parte dispositiva ordena: “Cítese en legal y debida forma al imputado a fin de que se haga presente a dicha audiencia”. Del estudio de la foliada no se encuentra que se haya citado en legal y debida forma al imputado, que se le haya notificado al defensor de éste, no implica haberlo citado, el Código Procesal Penal en sus artículos del 154 establece que las partes en un proceso, así como, los testigos y peritos, serán citados y emplazados personalmente (el subrayado es nuestro), además en su párrafo final establece que cuando haya de hacerse por medio de comunicación se acompañará la cédula correspondiente. Estudiados los antecedentes que obran en la primera pieza de autos, queda acreditado que en ningún momento se dio cumplimiento al numeral tres de la resolución en que se ordena citar en legal y debida forma al imputado. (El sub rayado es nuestro..."..."el A-Quo en la resolución origen de la impugnación ha dejado establecido que “… y revisadas las diligencias de mérito, y que estando notificado el apoderado defensor y el imputado y que ninguno de los dos se hicieron presentes a esta audiencia sin haber justificado su no asistencia…”. Expresión que no es de recibo, puesto que esta Sala ha podido apreciar que la A-Quo en ningún momento ha revisado el expediente de mérito, de haberlo hecho o por lo menos haber pedido informe a la Secretaria del Despacho acerca del conocimiento que pudo haber tenido de el porqué no se presentó la Defensa del Acusado, (recordando que no es necesaria la presencia del imputado para la celebración de la audiencia, artículo 294 Código Procesal Penal), se hubiese enterado de que existe una constancia firmada y sellada por la Secretaria del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual DA FE que el día cuatro (4) de diciembre del año dos mil catorce (2014), recibió la llamada telefónica del Abogado SAMUEL ORTEGA, quien hizo de su conocimiento “que no podría ir a la audiencia de la cual se le había notificado puesto que estaría en otra audiencia en Roatán en esa misma fecha y que haría llegar a ese juzgado la constancia que justifica su no asistencia (F.647 Primera pieza de autos). Con este conocimiento la Juez de acuerdo a la lógica elemental hubiera entendido que ciertamente para el Abogado Defensor era imposible estar en dos lugares el mismo día y hora..."..."las constancias firmadas y selladas por el Ministro de Fe Judicial, representan una evidencia física, desde el momento mismo en que el Secretario las ha emitido, firmado y sellado y es la firma del Secretario (a) que da fe de dichas actuaciones; fe judicial, entendida como la potestad del Estado que tiene por finalidad dotar de seguridad jurídica a los actos e incidencias que se dan durante el proceso, derivados del órgano judicial o producidos por las partes del proceso o quienes tengan interés legítimo, en cuya virtud se establece la presunción de veracidad de aquellas actuaciones autorizadas por el Secretario Judicial, que solo puede ser destruida mediante prueba en contrario. El principio o valor de seguridad jurídica es el fundamento del principio de legalidad y de la responsabilidad y proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos, en ese orden de ideas, en el caso sub judice la constancia firmada por la Secretaria del Juzgado de Letras con Competencia Territorial a Nivel Nacional, deja acreditado que el Abogado Defensor del imputado presentó su excusa con anticipación exponiendo la circunstancias que justifican su ausencia, porque como se dijo antes, “era imposible que pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo”. De igual manera con la constancia firmada por la dadora de Fe Judicial del Juzgado de Paz de Roatán Islas de la Bahía, se ha constatado que efectivamente el impetrante estuvo el día y hora señalada en aquel Juzgado de Paz, lo cual ha ratificado mediante constancia la Juzgadora de ese mismo Despacho Judicial. Razón suficiente para justificar la ausencia del apoderado defensor en la audiencia de prosecución de la acción penal, (audiencia inicial) y suficiente para que conforme a la razón y al derecho se señalara nueva fecha para celebrar dicha audiencia, a la que, de acuerdo a la Ley, nunca deberá faltar el representante de la defensa del imputado, sin embargo se provocó la indefensión del imputado en una audiencia donde las partes tienen derecho al contradictorio, puesto que son los derechos fundamentales del imputado los que pueden verse vulnerados tal y como aconteció en el presente caso, que tanto las representantes del Ministerio Público, ignorando el principio de objetividad, derechos y garantías del debido proceso y derecho a la defensa, acorde con la Juez inobservaron las exigencias, requisitos y solemnidades señaladas en la ley..."..."esta Sala de lo Constitucional de acuerdo al estudio de los antecedentes y la resolución recurrida encuentra que efectivamente la resolución dictada por el Ad-Quem es errónea confrontando la normativa constitucional y los derechos que esta reconoce, respeta y garantiza su ejercicio, alejándose de su función correctora con respecto al órgano jurisdiccional inferior, no ha hecho sino que inobservar los principios constitucionales, la ley y la normativa internacional Sobre Derechos Humanos, que el Estado ha ratificado y por ende deviene obligado a cumplir como parte de su derecho interno; especialmente quebrantando el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso..."..."esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGAR el Recurso amparo interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el Derecho a la Defensa contenido en el artículo 82 constitucional, presenta las características de inviolable, irrenunciable, postulado de un Estado de Derecho. El Derecho de Defensa es inherente a la persona humana, existe independientemente de las situaciones concretas, por ello la persona sospechosa como autora o participe de un hecho delictivo, desde el primer acto de persecución penal dirigido en su contra y hasta la finalización del proceso penal (incluida la etapa de ejecución) tiene los mismos derechos que el orden jurídico le atribuye al imputado o acusado. Derecho constitucional que se encuentra en armonía con lo establecido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que en su artículo 8 dispone las garantías judiciales “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO a favor del señor ERICK ARISSON CONNOR JOHNSON contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis de abril de dos mil quince, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, en fecha cuatro de febrero de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor ERICK ARISSON CONNOR JOHNSON por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 64 y 82 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, la Abogada VERA ELOISA GALVEZ PONCE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSE ALBERTO ORTIZ MARTINEZ, MELVIN ANTUNEZ LOPEZ, JUAN COA JULIO Y JANETH AGUALIMPIA LOPEZ, por suponerlos responsables del delito del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, y contra el señor ERICK ARISSON CONNOR JOHNSON (PROFUGO) por considerarlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS y POSESION ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS Y COMERCIALES en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INETRIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 al 07 de la primera pieza los antecedentes).- 2)Que en fecha cuatro de febrero de dos mil quince, el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, en continuación audiencia de sustitución de incidente de nulidad resolvió: “…1. Declarar SIN LUGAR el incidente de nulidad planteado por el Abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, en su condición de defensor privado del señor ERICK ARISSON CONNOR, en la causa que se sigue en su contra por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2.Se señala Audiencia de Prosecución de la Acción Penal para el día MARTES DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, A LAS NUEVE CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA (10-02-2015, a las 930)…” (Folios 670 al 673 de la primera pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO en su condición de Defensor Privado como apelante, y la Abogada ROXANA LUCILA CASTRO, como Fiscal del Ministerio Público, como parte apelada, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, en fecha dieciséis de abril de dos mil quince, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ:”…1.- Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada, Abogada Claudia Lorena Rodríguez.- 2.- CONFIRMAR la resolución Apelada…” (Folios 705 al 708 de la segunda pieza de los antecedentes).
- Que el recurrente Abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor del señor ERICK ARISSON CONNOR JOHNSON afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64 y 82 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala el cinco de enero de dos mil dieciséis, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Declara NO Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial en Materia Penal, en fecha cuatro de febrero del año dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor ERICK ARISSON CONNOR JOHNSON por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso establece los antecedentes procesales de la controversia, en los que consta que al señor ERICK ARISSON CONNOR JOHNSON, se le decretó auto de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas y almacenamiento de armas prohibidas y comerciales, resolución que fue impugnada, y resuelta por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, mediante la cual se declara parcialmente a lugar el recurso interpuesto, reformando el auto de formal procesamiento en cuanto al delito de Tráfico Ilícito de Drogas dictó un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, manteniendo en sus demás partes la resolución del A-Quo. Sigue manifestando el impetrante que el día 5 de diciembre del año 2014 se realizó audiencia de prosecución de la acción penal en el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, día señalado para la realización de la audiencia inicial, en la que se verificó la presencia de las partes, a la que solamente concurrió las representantes del Ministerio Público, sin la presencia del defensor y el imputado. Dice el recurrente que el Ministerio Público señaló que habiendo sido citado en legal y debida forma el imputado a través de su apoderado en base al artículo 108, 109, del Código Procesal Penal solicita se le decrete rebeldía al imputado, se libre la respectiva orden de captura y alerta migratoria a efecto de que sea habido para que pueda continuar con el proceso, por haber presunción del peligro de fuga, habiendo resuelto la Juez: “Después de haber escuchado lo manifestado por la fiscal del Ministerio Público y siendo analizada la misma, revisadas las diligencias de mérito y estando notificado el apoderado defensor y el imputado y que ninguno de los dos se hicieron presente a la audiencia, sin haber justificado su no asistencia, según lo previsto en el artículo 108 del Código Procesal Penal el cual establece la Rebeldía del imputado cuando sin grave impedimento no atiende una citación… será declarado en rebeldía, se ordenará su captura y se instruirá a las autoridades de Migración y Extranjería para que impidan su salida del territorio nacional”, señalando además que el último párrafo del artículo 109 de la norma procesal establece que la declaratoria de rebeldía implica indicio de peligro de fuga. Declarando el A-Quo con lugar la petición del ente acusador y en consecuencia ordena librar orden de captura y alerta migratoria contra el imputado, a fin de que sea puesto a la orden del tribunal notificando en el acto a la parte que se hizo presente.-CONSIDERANDO (5): Que el impetrante en su formalización en el numeral ocho (8) expresa: “La ausencia en la audiencia de prosecución de la acción penal, realizado en el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, de fecha 5 de diciembre del 2014, se debió a otra audiencia señalada el mismo día a las nueve de la mañana en el Juzgado de Paz de lo Criminal en el Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, siendo imposible su comparecencia a ambas audiencias, acreditando y justificando la incomparecencia ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, con la respectiva constancia extendida por la Secretaria del Juzgado de Paz de lo Criminal del Municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía de fecha 5 de diciembre del año 2014, siendo dicha constancia ignorada por ese Juzgado, violentando así el derecho de defensa del señor ERICK ARISSON CONNOR JOHNSON, por lo que interpuso un incidente de nulidad de actuaciones contra dicha resolución mismo que fue desestimado. En el numeral diez (10) de la formalización del recuso, señala que interpuso Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán misma que fue declarada sin lugar, interpuesto el recurso de reposición fue declarado parcialmente a lugar, solamente con respecto al nombre del abogado defensor privado y en lo demás mantuvo la resolución (F. 32 pieza de amparo).- CONSIDERANDO (6): Que el recurrente considera que la resolución impugnada violenta los artículos 82 y 90 constitucionales. Desarrollando el concepto de la violación del artículo 82 del derecho de Defensa de la siguiente manera: (SIC), “Consta en autos que el Secretario del Juzgado de Letras con competencia Territorial Nacional en Materia Penal (Folio 647 de la primera pieza), el día jueves 04 de diciembre del año 2014, siendo las 8:22 minutos de la mañana, recibió llamada telefónica del abogado SAMUEL ORTEGA del número 9647-9415 atendiendo el correo de voz y mensaje de texto que le fue dejado y enviado por mi persona, manifestando que no podría asistir a la audiencia de la cual se le había notificado, pues estaría en otra audiencia en Roatán en esa misma fecha y que haría llegar a este Juzgado la constancia que justifique su no asistencia; así mismo la Secretaria de Paz de lo Criminal de Roatán, Islas de la Bahía, mediante constancia extendida(F. 666 del expediente de mérito), da fe que el Abogado Samuel Ortega Vallecillo tienen audiencia el día 5 de diciembre del año en curso en este Juzgado de Paz a las nueve de la mañana, por otra parte la Juez de Paz de lo Criminal de Roatán, Islas de la Bahía, da fe que el día de hoy a las nueve de la mañana se presentó para celebrar audiencia el abogado Samuel Antonio Ortega en representación del señor KAVEH LAHIJANI, no presentándose la parte denunciada, firmando la presente en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía los 5 días del mes de diciembre del 2014 (folio 674)”. “Como puede apreciarse la representación del imputado justificó y acreditó las razones por las cuales no se compareció a la audiencia de Prosecución de la Acción Penal en contra del señor ERICK ARISSON CONNOR JOHNSON”. Sigue diciendo: ….”el Juzgado desconociendo las excusas planteadas, se prejuzgo al creer razonablemente que el imputado es participe de los hechos, por cuanto libera orden de captura atribuyéndole el delito de tráfico de Drogas en perjuicio de la población del Estado de Honduras y al revisar el expediente nos encontramos que no existe ninguna prueba que modifique lo que la Corte de Apelaciones Penal en auto motivado de fecha 13 de febrero del 2014 resolvió decretar a favor del imputado SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL; concluyendo el impetrante que no se le dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 151 del C.P.P., que dice: “Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales se notificarán, de oficio personalmente a todos los intervinientes a más tardar al día siguiente de su fecha…” señalando que se libró orden de captura a su representado, justificando que su representante tenía conocimiento que se llevaría a cabo la audiencia de prosecución de la acción penal, “desconociendo que yo había justificado la no comparecencia a ese tribunal por las razones que se dejan señaladas”. Violentando el derecho de defensa. Considerando el quejoso que decretar la rebeldía en contra de los intereses del imputado es violatorio al derecho de defensa, por cuanto el confió que en el requerimiento instruido está bien representado, representación que considera ajustada a derecho, por cuanto se notificó con anticipación el inconveniente que tenía de comparecer a la audiencia señalada, inconveniente que no debe parar en perjuicio del imputado…. Manifiesta que su ausencia estaba debidamente justificada por lo que debió reprogramarse la audiencia a efecto de darle continuidad al proceso, reprogramaciones que todos los Tribunales de la República, sin excepción alguna realizan….-CONSIDERANDO (7): Que el impetrante desarrolla el motivo del quebrantamiento del derecho – garantía del debido Proceso consagrado en el artículo 90 constitucional, exponiendo: que dicha (SIC). “norma constitucional (art.90) garantiza las formalidades y derechos que tienen los imputados, en el caso especifico el señor ERICK ARISON CONNOR JOHNSON se le instruye proceso por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, en dichas diligencias el día 13 de febrero del 2014, la Honorable Corte de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán dictó Sobreseimiento Provisional a favor del referido imputado; el 27 de octubre del año 2014 la Fiscal de Ministerio Público solicitó al Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Prosecución del proceso…”. El Juzgado antes señalado admitió el escrito, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de prosecución de la Acción Penal párale día viernes cinco (05) de diciembre del año dos mil catorce (2014) a las nueve de la mañana (9:00 A.M.), a la cual debían comparecer las partes intervinientes. 3) Ordena cítese en legal y debida forma al imputado a fin de que se haga presente a dicha audiencia.-CONSIDERANDO (8): Sigue manifestando el recurrente que consta en los autos que “el juzgado notificó a la fiscal del Ministerio Público mediante Cédula de Notificación el día 28 de noviembre del 2014 a las 10:12 A.M. Mediante constancia extendida por la Secretaria del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal da fe que el día miércoles 03 de diciembre del año 2014, procedió a notificar vía teléfono al Abogado Samuel Ortega al número 9647-9415, mismo que no respondió (F. 646 de la primera pieza) y Constancia emitida por la misma funcionaria donde da fe que el día 04 de diciembre del 2014, siendo las 8.22 minutos de la mañana, recibió llamada telefónica del abogado Samuel Ortega, del número 9647-9415 atendiendo el correo de voz y mensaje de texto que le fue dejado y enviado por mi persona; manifestando que no podía asistir a la audiencia de la cual se le había notificado puesto que estaría en otra audiencia en Roatán en esa misma fecha y que haría llegar a este juzgado la constancia que justifique su no asistencia. El día 05 de diciembre del año 2014 en audiencia de PROSECUCIÓN DE LA ACCION PENAL, el Juzgado RESOLVIÓ que después de haber escuchado lo manifestado por la Fiscal del Ministerio Público y siendo que analizada la misma y revisadas las diligencias de mérito y que estando notificado el abogado defensor y el imputado y que ninguno de los dos se hicieron presentes a esta audiencia sin haber justificado su no asistencia, según lo previsto en el artículo 108 del Código Procesal Penal el cual establece la rebeldía del imputado cuando sin grave impedimento no atiende una citación…. Será declarado en Rebeldía, se ordena su captura y se instruirá a las autoridades de Migración y Extranjería para que impida su salida del territorio nacional”. El recurrente manifiesta que contra esta resolución que implica orden de captura y alerta migratoria, interpuso un incidente de nulidad, por violación al Debido Proceso y al derecho a la Defensa, argumentos que no fueron considerados por el A-Quo.-CONSIDERANDO (9): Que la Corte recurrida en fecha 16 de abril del 2015, en relación a la nulidad invocada por el recurrente manifestó que “Revisadas las diligencias es evidente que la audiencia de prosecución y de la cual fueron citadas ambas partes no se celebró de tal manera que la figura del defensor emergente no es de aplicación porque no existía un abandono de la causa por parte de la defensa por tanto la nulidad legada es provocada es por eso que se declara la rebeldía según el artículo 108 del código procesal penal ya que no atiende la citación de la cual tenía conocimiento su apoderado legal por lo tanto es la orden de captura el efecto de la no atención a dicha cita”. Señala que la Corte sin lugar a dudas violenta el debido proceso al desconocer que como apoderado del imputado el día 04 de diciembre del 2014, siendo las 8.22 minutos de la mañana, la Secretaria del Despacho da fe que recibió una llamada de mi persona atendiendo el correo de vos y las llamadas telefónicas, en la cual le manifesté que no podía asistir a la audiencia de la cual me había notificado por tener señalada una audiencia en Roatán esa misma fecha y hora, extremo que se acredita con la constancia extendida por JESSICA MONTOYA en su carácter de Juez de Paz Criminal de Roatán, Islas de la Bahía en la cual da fe que me presenté a dicho juzgado a las nueve de la mañana en mi condición de representante del señor KEVET LAHUJANI.- CONSIDERANDO.-(10): Que el impetrante manifiesta además de lo antes descrito que también se ha violentado el debido proceso cuando se le declara en rebeldía al señor ERICK ARISON CONNOR JOHNSON por no asistir a la audiencia de Prosecución Penal, al imputado nunca se le citó para que compareciera a esa audiencia violentando lo que establece el artículo 151 del CPP cuando dice: “Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales se notificarán, de oficio personalmente, a todos los intervinientes a mas tardar el día siguiente se su fecha…”. Otra violación al debido proceso lo constituye a criterio del quejoso, el hecho de solicitar la prosecución de la acción penal sin acompañar ninguna prueba indiciaria para responsabilizar al imputado del delito cuya resolución de sobreseimiento Provisional es firme. Dice además que tampoco el Ministerio Público ha citado al imputado para informarle sobre nuevas pruebas de investigaciones realizadas. Por otra parte se violenta el debido proceso cuando se libra orden de captura aduciendo la comisión de un delito de Trafico de Drogas, por la no comparecencia a la audiencia de Prosecución de la Acción Penal, cuando lo correcto de pleno derecho sería que se librara orden de captura por desobediencia puesto que no existen nuevas pruebas aportadas por la fiscalía que modifiquen los hechos objeto de la investigación.-CONSIDERANDO (11): Que Honduras es un Estado de Derecho, sujeto a la Constitución de la República, como norma suprema, “norma básica del ordenamiento jurídico que obliga a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos. Asegura de un lado la primacía de la ley como expresión de voluntad popular y, de otro somete al Estado al Ordenamiento Jurídico en garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos que forman parte de él[1]. Las Leyes como actos unilaterales del poder público interno y los Tratados Internacionales como un acto emanado de un acuerdo de voluntades entre los Estados que una vez ratificados son normas directamente aplicables en el derecho Interno. “…. Al aprobar los Tratados Sobre Derechos Humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”[2]. Citando la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado de Honduras, entre los deberes generales asumidos por los Estados Partes de la Convención, para cada uno de los Derechos Consagrados en la misma son, por una parte el de “…respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y… garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna (Artículo 1.1 de la Convención), y por la otra adoptar, con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (art. De la Convención). Para tal efecto tales derechos tendrán el amparo jurisdiccional y gubernativo necesario para exigir su cumplimiento frente a las autoridades públicas.-CONSIDERANDO (12): Que el artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos se refiere a las “Garantías” es decir medidas destinadas a la protección o aseguramiento de la titularidad o ejercicio de los derechos, otorgando los medios idóneos para que los derechos y libertades reconocidos sean efectivos en toda situación incluso la creada por el proceso penal, creando los elementos necesarios para la regularidad del proceso y factores necesarios para el legítimo ejercicio de la jurisdicción (las negritas son nuestras). El ejercicio de estas garantías se otorga en condiciones de “plena igualdad concretizando de esta manera el derecho a la igualdad ante la ley”, contenido en el artículo 60 Y 61 constitucional, en consecuencia no puede haber duda en cuanto a su operatividad inmediata en el denominado proceso penal, plenario debate o juicio oral y público.-CONSIDERANDO (13): Que el Derecho a la Defensa contenido en el artículo 82 constitucional, presenta las características de inviolable, irrenunciable, postulado de un Estado de Derecho. El Derecho de Defensa es inherente a la persona humana, existe independientemente de las situaciones concretas, por ello la persona sospechosa como autora o participe de un hecho delictivo, desde el primer acto de persecución penal dirigido en su contra y hasta la finalización del proceso penal (incluida la etapa de ejecución) tiene los mismos derechos que el orden jurídico le atribuye al imputado o acusado. Derecho constitucional que se encuentra en armonía con lo establecido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que en su artículo 8 dispone las garantías judiciales “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.-CONSIDERANDO (14): Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder Legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal. En ese orden de ideas, se crea el instrumento jurídico del Código Procesal Penal, cuya normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, entre ellos el derecho a la defensa del acusado consignado en el artículo 14 de dicho cuerpo legal que deja claramente establecido: “El imputado y su defensor tienen derecho a estar presentes en los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas…”. Por su parte el artículo 15 del Código Procesal Penal establece de manera imperativa la asistencia y defensa técnica con que deberá contar el imputado y esto será desde el momento de su detención hasta la plena ejecución de la sentencia (en el caso de haberla). De esta manera se armoniza el Código Procesal Penal con las normas internacionales sobre derechos humanos, específicamente con el artículo 8 de las garantías judiciales de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-CONSIDERANDO (15): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO (16): Que del estudio de la foliada esta Sala ha podido constatar los siguientes puntos de relevancia para la decisión de la petición planteada por el recurrente: 1.- Que habiéndose iniciado un proceso penal contra el señor ERICK ARISSON CONNOR JOHNSON, en fecha 13 de febrero del 2014, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán le decretó un sobreseimiento provisional, por un delito de Tráfico Ilícito de Drogas. 2.- El Ministerio Público a través de sus representantes solicitó al Juzgado de Letras con Competencia Territorial en Materia Penal se señalara fecha para la prosecución del juicio; solicitud que fue admitida por el órgano jurisdiccional, señalando fecha para celebrar dicha audiencia de prosecución de la Acción Penal para el día viernes cinco (05) de diciembre del año 2014, a las nueve de la mañana. Y ordena citar en legal y debida forma al imputado a fin de que se haga presente a dicha audiencia (F. 644 frente y vuelto de la primera pieza). 3.- Que el Abogado Defensor SAMUEL ORTEGA fue notificado vía teléfono en fecha tres (3) de diciembre del año dos mil catorce, haciéndole saber mediante correo de voz, de la fecha en que se celebraría la audiencia de Prosecución de la Acción Penal, señalándole que debía comparecer con su representado (F. 646 primera pieza). 4.- Que la Secretaria del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal emite, firma y sella una constancia con la que DA FE que el día cuatro (4) de diciembre del año dos mil catorce (2014), recibió la llamada telefónica del Abogado SAMUEL ORTEGA, quien hizo de su conocimiento “que no podría ir a la audiencia de la cual se le había notificado puesto que estaría en otra audiencia en Roatán en esa misma fecha y que haría llegar a ese juzgado la constancia que justifica su no asistencia ( F.647 Primera pieza de autos). 4.- No obstante ello y habiendo verificado la Jueza que la presencia de las partes no estaba completa por faltar el Abogado Defensor y el imputado, aunque debe entenderse que este no estaba obligado a comparecer pues bastaba la presencia de defensor a esta audiencia que tiene el carácter de audiencia inicial y la ley procesal, así lo dispone que no es necesaria su presencia; se inició, ante la ausencia del abogado defensor el Ministerio Público solicitó se decretara la rebeldía, se librara orden de captura y alerta, migratoria, petición que fue concedida por la Juez A-Quo, resolución origen de la impugnación ahora conocida.-CONSIDERANDO (17): Que la Jueza A-Quo, como queda dicho resolvió concediendo lo peticionado por la representante del Ministerio Público y habiendo concluido la audiencia (SIC) la “Juez RESUELVE: Después de haber escuchado lo manifestado por el Ministerio Público, y siendo que analizada la misma y revisadas las diligencias de mérito, y que estando notificado el apoderado defensor y el imputado y que ninguno de los dos se hicieron presentes a esta audiencia sin haber justificado su no asistencia, según lo previsto en el artículo 108 del Código Procesal Penal el cual establece la Rebeldía del imputado, cuando sin grave impedimento no atiende una citación… será declarado en rebeldía, se ordena su captura y se instruirá a las autoridades de Migración y Extranjería para que impidan su salida del Territorio Nacional…” ordenando librar orden de captura y alerta migratoria contra el imputado por suponerlo responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud del Estado de Honduras.-CONSIDERANDO (18): Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiando desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo, encuentra que ciertamente la resolución del A-Quo es completamente contra derecho, han sido quebrantados los derechos constitucionales del representado del recurrente por los siguientes razones: 1.- En la resolución dictada por la A-Quo en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil catorce (2014), en el numeral tres (3) de la parte dispositiva ordena: “Cítese en legal y debida forma al imputado a fin de que se haga presente a dicha audiencia”. Del estudio de la foliada no se encuentra que se haya citado en legal y debida forma al imputado, que se le haya notificado al defensor de éste, no implica haberlo citado, el Código Procesal Penal en sus artículos del 154 establece que las partes en un proceso, así como, los testigos y peritos, serán citados y emplazados personalmente (el subrayado es nuestro), además en su párrafo final establece que cuando haya de hacerse por medio de comunicación se acompañará la cédula correspondiente. Estudiados los antecedentes que obran en la primera pieza de autos, queda acreditado que en ningún momento se dio cumplimiento al numeral tres de la resolución en que se ordena citar en legal y debida forma al imputado. (El sub rayado es nuestro.-CONSIDERANDO (19): Que el A-Quo en la resolución origen de la impugnación ha dejado establecido que “… y revisadas las diligencias de mérito, y que estando notificado el apoderado defensor y el imputado y que ninguno de los dos se hicieron presentes a esta audiencia sin haber justificado su no asistencia…”. Expresión que no es de recibo, puesto que esta Sala ha podido apreciar que la A-Quo en ningún momento ha revisado el expediente de mérito, de haberlo hecho o por lo menos haber pedido informe a la Secretaria del Despacho acerca del conocimiento que pudo haber tenido de el porqué no se presentó la Defensa del Acusado, (recordando que no es necesaria la presencia del imputado para la celebración de la audiencia, artículo 294 Código Procesal Penal), se hubiese enterado de que existe una constancia firmada y sellada por la Secretaria del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual DA FE que el día cuatro (4) de diciembre del año dos mil catorce (2014), recibió la llamada telefónica del Abogado SAMUEL ORTEGA, quien hizo de su conocimiento “que no podría ir a la audiencia de la cual se le había notificado puesto que estaría en otra audiencia en Roatán en esa misma fecha y que haría llegar a ese juzgado la constancia que justifica su no asistencia (F.647 Primera pieza de autos). Con este conocimiento la Juez de acuerdo a la lógica elemental hubiera entendido que ciertamente para el Abogado Defensor era imposible estar en dos lugares el mismo día y hora.-CONSIDERANDO (20): Que a folios 646 de la primera pieza se encuentra la notificación vía teléfono realizada al abogado Defensor haciéndole saber de la fecha y hora de la celebración de la audiencia de prosecución penal, donde se le hace saber que debe ir con su representado. A folio 647 la constancia mediante la cual la Secretaria del órgano jurisdiccional Da Fe de la llamada telefónica del Defensor del imputado haciéndole saber el motivo de su incomparecencia ya antes relacionada. A Folio 666 de la primera pieza se encuentra la Constancia del Juzgado de Paz de lo Criminal de Roatán Islas de la Bahía de fecha cuatro de diciembre del año 2014, firmada y Sellada por la Secretaria del Juzgado referido Con la que se acredita que el abogado Samuel A. Ortega Vallecillo tiene audiencia el día viernes cinco de diciembre del año en curso en aquel Juzgado de Paz. A Folio 674 de la misma pieza de autos se encuentra la constancia de fecha cinco de diciembre del año dos mil catorce, mediante la cual la Juez de Paz de lo Criminal de Roatán deja establecido que el abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA se presentó a ese Juzgado para celebrar audiencia en representación del señor KAVEH LAHIJANI.-CONSIDERANDO (21): Que las constancias firmadas y selladas por el Ministro de Fe Judicial, representan una evidencia física, desde el momento mismo en que el Secretario las ha emitido, firmado y sellado y es la firma del Secretario (a) que da fe de dichas actuaciones; fe judicial, entendida como la potestad del Estado que tiene por finalidad dotar de seguridad jurídica a los actos e incidencias que se dan durante el proceso, derivados del órgano judicial o producidos por las partes del proceso o quienes tengan interés legítimo, en cuya virtud se establece la presunción de veracidad de aquellas actuaciones autorizadas por el Secretario Judicial, que solo puede ser destruida mediante prueba en contrario. El principio o valor de seguridad jurídica es el fundamento del principio de legalidad y de la responsabilidad y proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos, en ese orden de ideas, en el caso sub judice la constancia firmada por la Secretaria del Juzgado de Letras con Competencia Territorial a Nivel Nacional, deja acreditado que el Abogado Defensor del imputado presentó su excusa con anticipación exponiendo la circunstancias que justifican su ausencia, porque como se dijo antes, “era imposible que pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo”. De igual manera con la constancia firmada por la dadora de Fe Judicial del Juzgado de Paz de Roatán Islas de la Bahía, se ha constatado que efectivamente el impetrante estuvo el día y hora señalada en aquel Juzgado de Paz, lo cual ha ratificado mediante constancia la Juzgadora de ese mismo Despacho Judicial. Razón suficiente para justificar la ausencia del apoderado defensor en la audiencia de prosecución de la acción penal, (audiencia inicial) y suficiente para que conforme a la razón y al derecho se señalara nueva fecha para celebrar dicha audiencia, a la que, de acuerdo a la Ley, nunca deberá faltar el representante de la defensa del imputado, sin embargo se provocó la indefensión del imputado en una audiencia donde las partes tienen derecho al contradictorio, puesto que son los derechos fundamentales del imputado los que pueden verse vulnerados tal y como aconteció en el presente caso, que tanto las representantes del Ministerio Público, ignorando el principio de objetividad, derechos y garantías del debido proceso y derecho a la defensa, acorde con la Juez inobservaron las exigencias, requisitos y solemnidades señaladas en la ley.-CONSIDERANDO (22): Que esta Sala de lo Constitucional de acuerdo al estudio de los antecedentes y la resolución recurrida encuentra que efectivamente la resolución dictada por el Ad-Quem es errónea confrontando la normativa constitucional y los derechos que esta reconoce, respeta y garantiza su ejercicio, alejándose de su función correctora con respecto al órgano jurisdiccional inferior, no ha hecho sino que inobservar los principios constitucionales, la ley y la normativa internacional Sobre Derechos Humanos, que el Estado ha ratificado y por ende deviene obligado a cumplir como parte de su derecho interno; especialmente quebrantando el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso.-CONSIDERANDO (23): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGAR el Recurso amparo interpuesto.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículo 7 inciso 2, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8 y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO a favor del señor ERICK ARISSON CONNOR JOHNSON contra la sentencia de fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones De Lo Penal del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Y a solicitud del Abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0916-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico – Práctico. Proyecto del Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Cooperación Española.
[2] Opinión Consultiva OC-2/82 de24.9.982
[3] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[4] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.