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Sentencia AP-910-14 — Registro 6037

Resumen

Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación; Revocó resolución apelada dictada por Tribunal de Sentencia, que sustituyó prisión preventiva de imputado por otras indicadas en ley por considerar que había superado su tiempo máximo legal, en causa contra el encartado por suponerlo responsable de delitos de asesinato en perjuicio de víctima y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigos protegidos A, B , C , D y E; La Autoridad recurrida no compartió la decisión de sustituir prisión preventiva ya que existía la posibilidad de fuga e impunidad del imputado al tener conocimiento de haber sido condenado, dado que sólo faltaba la individualización de la pena; Hizo llamado de atención al Tribunal por no haber redactado la sentencia condenatoria, instruyendo redactarla de inmediato; En Pleno Administrativo impuso a los jueces del Tribunal, sanción disciplinaria de censura por escrito por inobservar la resolución (31-5-2013) dictada por la Alzada en recurso de apelación que confirmó la prisión preventiva de imputado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"La Sala de lo Constitucional, hace suyos los alegatos de los recurrentes, basados en las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución de la República y la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de la Corte Suprema de Justicia, encontrando que efectivamente tal como estos indican, las actuaciones de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán son violatorias del debido proceso legal, en su vertiente de defensa, tomando en cuenta que los ahora petentes, no tuvieron oportunidad procesal de refutar los cargos dispuestos en su contra, al extremo que fueron sancionados sin haber sido oídos con todas las garantías o derechos; asimismo en virtud de que las resoluciones, especialmente la que desestima el recurso de reposición, carecen de motivación, al no tomar en consideración las alegaciones de descargo, resultando estas por tanto arbitrarias. La Sala de lo Constitucional, además de los motivos expuestos por los recurrentes de amparo, observa que la resolución que se impugna carece en su motivación de la cita al supuesto contenido en ley que amerita ser sancionado. Es decir, la corte de apelaciones no sancionó conforme a una conducta tipificada previamente en ley, lo cual es violatorio del artículo 9 de la Convención Americana, referente al principio de legalidad..."..."Cabe señalar en este sentido que la corte de apelaciones no siguió ningún procedimiento establecido en ley para sancionar a los jueces, sino que procedió a imponerles de plano la censura por escrito en una sesión de pleno administrativo que celebraron sin la presencia de los ahora demandantes de amparo. En el caso bajo examen eso significa que si bien es cierto las cortes de apelaciones del país, tienen facultad de mantener la disciplina judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, también es cierto que esta prerrogativa ha de cumplirse mediando el respeto a las garantías mínimas que se imponen por virtud de lo que dispone el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto significa que las cortes de apelaciones no pueden imponer las sanciones previstas en el párrafo segundo del mencionado artículo 58, sin antes facilitar a sus subordinados las garantías del debido proceso contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana, a la sazón: el derecho a ser sometido ante un juez natural[15], acceso a la justicia[16], defensa, igualdad procesal, ser oída con todas las garantías y en un plazo razonable, a que se presuma la inocencia, a recurrir el fallo, a no autoincriminarse, a no ser juzgado nuevamente por los mismos hechos, etcétera..."..."Al respecto en el asunto bajo examen, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán actúa como órgano disciplinario que determina y sanciona la conducta de los servidores judiciales que laboran dentro de su demarcación. Asimismo la sentencia citada, insta a los órganos de administración y gobierno del Poder Judicial, que intervienen en los procedimientos disciplinarios, a que observen las garantías mínimas dispuestas en el artículo 8.1 de la Convención. En el presente caso, no se siguió un procedimiento previamente previsto en ley, sino que de manera arbitraria y sin observancia al proceso debido legal se sancionó a los jueces censurados, contraviniendo la sentencia aludida, según lo que dispone mutatis mutandi ésta en el párrafo 208. Debe observarse que cuando la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1906, facultó a los órganos jurisdiccionales del país, a desempeñar el rol de autoridad disciplinaria de los órganos subalternos, no existían los órganos administrativos posteriormente creados por los regimenes de carrera judicial que existen ahora; tampoco existían procedimientos normados por leyes y reglamentos, como tampoco existía un orden o sistema jerarquizado que permitía la impugnación de la resolución sancionadora. De manera que hoy día, no se justifica la forma en que actuó la corte de apelaciones de mérito. En dicho asunto era obligación del ad quem poner a la orden de la autoridad administrativa correspondiente la conducta estimada administrativamente punible, a efecto de que de conformidad con el procedimiento disciplinario correspondiente y cumpliendo con el proceso debido legal se dedujera responsabilidad si el caso lo ameritase. No es el caso, pero la Sala a manera de obiter dicta, señala que de no haber procedimientos, autoridades responsables, dotación de recursos de impugnación, dispuestos o puestos a la orden para determinar la responsabilidad administrativa a los servidores judiciales, es un asunto atribuible al Estado de Honduras, que podría acarrearle responsabilidad internacional; que en todo caso no faculta a nadie para llenar esos vacíos, tomando justicia al margen de la legalidad. En este punto, el único camino posible es que el Estado establezca un sistema sancionador adecuado a los estándares fijados por la Corte IDH en su jurisprudencia, dotando de entidades, conductas típicas, sanciones, procesos y procedimientos, todo ello con cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución y a la Convención Americana en relación con el proceso debido legal..."..."Al respecto en el presente caso, la corte de apelaciones actuó, prescindiendo totalmente de la normativa relativa al régimen disciplinario del Poder Judicial, al no señalar en que conducta típica dispuesta por la ley, se subsume lo actuado por los jueces que sancionó, actuando al margen de la ley, del principio de legalidad, o sea con una discrecionalidad excesiva..."..."la Sala de lo Constitucional estima que los procesos disciplinarios tienen efectos importantes en la carrera profesional de los servidores públicos, inclusive la de los jueces. En ese sentido además de los derechos invocados como conculcados por los impetrantes, las sanciones administrativas tomadas sin tomar en consideración los derechos que integran el proceso debido legal, afectan el derecho al honor y a la propia imagen. En este sentido no es igual atribuirle a una persona una conducta legalmente reprochable, siguiendo y cumpliendo con todos los elementos del proceso debido legal; a hacerlo de manera arbitraria y sin observar las garantías mínimas dispuestas en el artículo 8 de la Convención Americana..."..."En conclusión la Sala de lo Constitucional estima que procede estimar la garantía de amparo a favor de los jueces José Dimas Agüero Echenique, Raúl Iván Chávez Baca y Sara Isabel Rodríguez, al estimar que le fueron violentados los derechos de debido proceso legal en su vertiente de defensa y acceso a la justicia, contenidos en los artículos 82 y 90, en relación con el 94 y 321, todos de la Constitución; además de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, de conformidad al principio iuris novit curiae, que deviene de la facultad que tiene el juzgador de aplicar el derecho de conformidad a los hechos que le provee quien acude a su jurisdicción, la Sala de lo Constitucional estima que también fueron violentados los derechos al honor y su propia imagen, contenidos en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea 76 constitucional; y al principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"La Sala de lo Constitucional, hace suyos los alegatos de los recurrentes, basados en las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución de la República y la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de la Corte Suprema de Justicia, encontrando que efectivamente tal como estos indican, las actuaciones de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán son violatorias del debido proceso legal, en su vertiente de defensa, tomando en cuenta que los ahora petentes, no tuvieron oportunidad procesal de refutar los cargos dispuestos en su contra, al extremo que fueron sancionados sin haber sido oídos con todas las garantías o derechos; asimismo en virtud de que las resoluciones, especialmente la que desestima el recurso de reposición, carecen de motivación, al no tomar en consideración las alegaciones de descargo, resultando estas por tanto arbitrarias. La Sala de lo Constitucional, además de los motivos expuestos por los recurrentes de amparo, observa que la resolución que se impugna carece en su motivación de la cita al supuesto contenido en ley que amerita ser sancionado. Es decir, la corte de apelaciones no sancionó conforme a una conducta tipificada previamente en ley, lo cual es violatorio del artículo 9 de la Convención Americana, referente al principio de legalidad..."..."Cabe señalar en este sentido que la corte de apelaciones no siguió ningún procedimiento establecido en ley para sancionar a los jueces, sino que procedió a imponerles de plano la censura por escrito en una sesión de pleno administrativo que celebraron sin la presencia de los ahora demandantes de amparo. En el caso bajo examen eso significa que si bien es cierto las cortes de apelaciones del país, tienen facultad de mantener la disciplina judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, también es cierto que esta prerrogativa ha de cumplirse mediando el respeto a las garantías mínimas que se imponen por virtud de lo que dispone el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto significa que las cortes de apelaciones no pueden imponer las sanciones previstas en el párrafo segundo del mencionado artículo 58, sin antes facilitar a sus subordinados las garantías del debido proceso contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana, a la sazón: el derecho a ser sometido ante un juez natural[15], acceso a la justicia[16], defensa, igualdad procesal, ser oída con todas las garantías y en un plazo razonable, a que se presuma la inocencia, a recurrir el fallo, a no autoincriminarse, a no ser juzgado nuevamente por los mismos hechos, etcétera..."..."Al respecto en el asunto bajo examen, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán actúa como órgano disciplinario que determina y sanciona la conducta de los servidores judiciales que laboran dentro de su demarcación. Asimismo la sentencia citada, insta a los órganos de administración y gobierno del Poder Judicial, que intervienen en los procedimientos disciplinarios, a que observen las garantías mínimas dispuestas en el artículo 8.1 de la Convención. En el presente caso, no se siguió un procedimiento previamente previsto en ley, sino que de manera arbitraria y sin observancia al proceso debido legal se sancionó a los jueces censurados, contraviniendo la sentencia aludida, según lo que dispone mutatis mutandi ésta en el párrafo 208. Debe observarse que cuando la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1906, facultó a los órganos jurisdiccionales del país, a desempeñar el rol de autoridad disciplinaria de los órganos subalternos, no existían los órganos administrativos posteriormente creados por los regimenes de carrera judicial que existen ahora; tampoco existían procedimientos normados por leyes y reglamentos, como tampoco existía un orden o sistema jerarquizado que permitía la impugnación de la resolución sancionadora. De manera que hoy día, no se justifica la forma en que actuó la corte de apelaciones de mérito. En dicho asunto era obligación del ad quem poner a la orden de la autoridad administrativa correspondiente la conducta estimada administrativamente punible, a efecto de que de conformidad con el procedimiento disciplinario correspondiente y cumpliendo con el proceso debido legal se dedujera responsabilidad si el caso lo ameritase. No es el caso, pero la Sala a manera de obiter dicta, señala que de no haber procedimientos, autoridades responsables, dotación de recursos de impugnación, dispuestos o puestos a la orden para determinar la responsabilidad administrativa a los servidores judiciales, es un asunto atribuible al Estado de Honduras, que podría acarrearle responsabilidad internacional; que en todo caso no faculta a nadie para llenar esos vacíos, tomando justicia al margen de la legalidad. En este punto, el único camino posible es que el Estado establezca un sistema sancionador adecuado a los estándares fijados por la Corte IDH en su jurisprudencia, dotando de entidades, conductas típicas, sanciones, procesos y procedimientos, todo ello con cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución y a la Convención Americana en relación con el proceso debido legal..."..."Al respecto en el presente caso, la corte de apelaciones actuó, prescindiendo totalmente de la normativa relativa al régimen disciplinario del Poder Judicial, al no señalar en que conducta típica dispuesta por la ley, se subsume lo actuado por los jueces que sancionó, actuando al margen de la ley, del principio de legalidad, o sea con una discrecionalidad excesiva..."..."la Sala de lo Constitucional estima que los procesos disciplinarios tienen efectos importantes en la carrera profesional de los servidores públicos, inclusive la de los jueces. En ese sentido además de los derechos invocados como conculcados por los impetrantes, las sanciones administrativas tomadas sin tomar en consideración los derechos que integran el proceso debido legal, afectan el derecho al honor y a la propia imagen. En este sentido no es igual atribuirle a una persona una conducta legalmente reprochable, siguiendo y cumpliendo con todos los elementos del proceso debido legal; a hacerlo de manera arbitraria y sin observar las garantías mínimas dispuestas en el artículo 8 de la Convención Americana..."..."En conclusión la Sala de lo Constitucional estima que procede estimar la garantía de amparo a favor de los jueces José Dimas Agüero Echenique, Raúl Iván Chávez Baca y Sara Isabel Rodríguez, al estimar que le fueron violentados los derechos de debido proceso legal en su vertiente de defensa y acceso a la justicia, contenidos en los artículos 82 y 90, en relación con el 94 y 321, todos de la Constitución; además de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, de conformidad al principio iuris novit curiae, que deviene de la facultad que tiene el juzgador de aplicar el derecho de conformidad a los hechos que le provee quien acude a su jurisdicción, la Sala de lo Constitucional estima que también fueron violentados los derechos al honor y su propia imagen, contenidos en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea 76 constitucional; y al principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos..."

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I Ó N

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de abril de dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia de recurso de amparo interpuesto por los abogados SARA ISABEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA Y JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE a favor de SÍ MISMOS, contra la resolución dictada en sesión de pleno administrativo por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de abril del año dos mil catorce, mediante la cual se ordenó hacer una censura por escrito a los abogados SARA ISABEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA Y JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE quienes se desempeñaban como jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por no haber observado la resolución de fecha trenita y uno de mayo del año dos mil trece, que confirmó la medida de prisión preventiva, con relación a la causa instruida contra el señor NIXON JARED ALVARADO LANZA por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO en perjuicio de la joven KATHERINE NICOLLE RODRÍGUEZ CABRERA y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS A,B,C,D, y E. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 1, 15, 80, 82, 90, 94, 303 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. –ANTECEDENTES : 1) Que en fecha diecisiete de diciembre del año dos mil nueve, el abogado JOSÉ TIBURCIO AMADOR ZÚNIGA en su condición de fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal en contra del señor NIXON JARED ALVARADO LANZA por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO en perjuicio de la joven (sic) “KATHLEEN NICOLE” RODRÍGUEZ CABRERA y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS A,B,C,D, y E.- 2) Que en fecha veintiocho de febrero de año dos mil catorce, la abogada NASSY GUADALUPE CASTRO VÁSQUEZ, en su condición de defensora pública del señor NIXON JARED ALVARADO LANZA, compareció ante el Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, solicitando audiencia de revisión y sustitución de medida cautelar a favor de su representado. -3) Que en fecha veintiocho de junio del año dos mil doce, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, llevó a cabo audiencia de revisión de medidas en la cual resolvió declarar con lugar la sustitución de la medida de prisión preventiva por la contemplada en los numerales 5 y 8 del artículo 173 del Código Procesal Penal, con fundamento en el artículo 181 del mismo código, que establece que el tiempo máximo de prisión preventiva es de dos años cuando la pena a imponer fuese superior a los seis años, explicando a las partes que no era aplicable el contenido del quinto párrafo del artículo 181 mencionado, ya que para su aplicación era necesario que existiese una sentencia ya notificada a las partes y que alguna de ellas haya interpuesto el recurso de casación contra la misma, lo que hubiese dado lugar a permitir la ampliación del tiempo de la prisión preventiva, hasta la mitad de la pena concreta señalada y motivada en la sentencia condenatoria. -4) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el agente de tribunales del Ministerio Público la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, dictó sentencia mediante la cual falló: “1) Declarando HA LUGAR el recurso interpuesto. 2) REVOCANDO la resolución apelada. 3) Hacer un llamado de atención a la Sala Primera del Tribunal de sentencia de Tegucigalpa, integrada esta vez por las juezas Eleonora Chang, Karla Lizet Romero Dávila y Yocelyn Marie Donaire en virtud de no haber redactado la sentencia condenatoria del imputado NIXON JARED ALVARADO LANZA instruyendo que proceda a al redacción inmediata de la misma” (Folio dieciséis (16) de la pieza de amparo).-5) Que en la misma fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en sesión de pleno administrativo que consta en la certificación emitida por el infrascrito secretario del despacho resolvió: “PRIMERO: Hacer una censura por escrito a los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, esta vez integrada por los abogados JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, RAÚL IVÁN CHÁVEZ Y SARA I. RODRÍGUEZ, por no haber observado la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece (31-5-13), dictada por esta corte, en el recurso de apelación No. 595-12 en el que se resolvió confirmar la prisión preventiva impuesta al imputado NIXON JARED ALVARADO LANZA, en la causa que se le sigue en el tribunal de sentencia por suponerlo responsable del delito de asesinato, en perjuicio de Catherine Nicolle Rodríguez Cabrera y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de testigos protegidos A, B, C, D, y E, medidas aplicadas por esta Sala en resolución del 28 de junio de 2012. SEGUNDO: Se ordena a la secretaria del despacho, certifique la presente acta a los jueces en mención y al Consejo de la Judicatura para los efectos legales correspondientes.” (Folio veinticinco (25) de la pieza del recurso de amparo).-6) Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, resolvió desestimar el recurso de reposición interpuesto por los abogados SARA ISABEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA Y JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, en contra de la resolución administrativa dictada en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, mediante la cual se les impuso la medida disciplinaria de censura por escrito, contenida en el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.-7) Que los abogados SARA ISABEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA Y JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, comparecieron ante este alto tribunal, en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, interponiendo acción de amparo a favor de sí mismos, por considerar que la decisión del ad quem de fecha veintitrés de abril del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 15, 80, 82, 90, 94, 303 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO UNO (1): Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO DOS (2): Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO TRES (3): Que los recurrentes al formalizar la garantía de amparo argumentaron en relación con el debido proceso que éste se encuentra dispuesto en los artículos 15, 63, 80, 82, 90, 94, de la Constitución de la República; además en el 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Refieren los garantistas que el artículo 8 de la Convención Americana contiene un carácter expansivo, por el cual, aunque no se mencione de manera expresa que se aplican las garantías contenidas en dicha norma a los casos de enjuiciamiento de carácter administrativo, ha de entenderse que éstas garantías también deben respetarse en dichos procesos.[4] Quedando incluido el proceso realizado por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, mediante el cual se impusieron sanciones de carácter administrativo. Los petentes citan igualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Baena Ricardo y otros; y Caso Vélez Loor. Del caso Baena Ricardo los garantistas hacen suya la idea de que los procedimientos administrativos culminan en sanciones que constituyen con las penales “una expresión del poder punitivo del Estado.”[5] Asimismo del caso Vélez Loor, cita lo siguiente: “las características de imparcialidad e independencia (…) deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas (…) Dichas características no sólo deben corresponder a los órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artículo 8.1 de la Convención se aplican también a las decisiones de órganos administrativos.”[6] Siempre en relación con el debido proceso, los petentes citan el artículo 80 constitucional en cuanto al derecho de obtener una pronta respuesta; el artículo 90 constitucional, como la norma que establece el derecho de toda persona a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; el 94 constitucional que contiene el derecho a no ser condenado sin ser antes oído y vencido en juicio. Este último se encuentra complementado con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando expresa: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” Los petentes citan sobre este último artículo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando expresa: “Todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. (…) El artículo 8.1 de la Convención, que alude al derecho toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente para la “determinación de sus derechos, es igualmente aplicable al supuesto en que alguna autoridad pública no judicial, dicte resoluciones que afecten determinación de estos derechos, como ocurrió en el presente caso.”[7] Por otro lado, los garantistas se refieren al deber de motivar las resoluciones por parte de la autoridad administrativa o judicial. Al respecto expresan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por la razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. (…)El tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos, que de lo contrario serían decisiones arbitrarias (…) En este sentido la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso.”[8] “[La motivación] es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. En términos generales, el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Lo mismo puede afirmarse en el presente caso respecto de la decisión administrativa sobre la responsabilidad funcional de la jueza. La corte ha señalado anteriormente que las disposiciones del artículo 8.1 se aplican a las decisiones de órganos administrativos, “debiendo estos cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria” por ello, tales decisiones deben estar debidamente fundamentadas.”[9] Expresan que para salvaguarda de los artículos 80, 82, 90 y 94 de la Constitución, no es suficiente tener como motivación lo siguiente: “… que es facultad de la Corte de Apelaciones de lo Penal, mantener la disciplina judicial en su despacho y en la demarcación sujeta a su autoridad…” La Corte Interamericana ha establecido que: “… la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso.”[10] Hasta aquí, los recurrentes en amparo expusieron las razones y fundamentos para que se les otorgue la garantía constitucional solicitada. -CONSIDERANDO CUATRO (4): Que pasando a otro asunto, los impetrantes abordan el tema de la duración de la prisión preventiva; la cual no es parte propiamente de la argumentación de la presente garantía de amparo. Son más bien los alegatos que sirvieron para fundamentar la decisión que constituyó el motivo por el cual fueron sancionados por la corte de apelaciones. A manera de demostrar que la decisión que los jueces censurados tomaron, tenía un sustento jurídico, de forma tal que no fue una decisión caprichosa o arbitraria. La Sala de lo Constitucional hace el resumen de los presentes alegatos, en virtud de ser parte de los argumentos de los garantistas; pero con la salvedad que estos se refieren a cuestiones que se encuentran fuera del objeto de la presente garantía de amparo. Con relación a la duración de la prisión preventiva y del plazo razonable, los garantistas citan a la Corte Interamericana, quien expresó que la razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del proceso desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva debidamente motivada y con todos los formalismos que permitan el ejercicio de la defensa mediante la crítica de la sentencia por medio de un recurso. Dentro de este plazo razonable, dicen, se han de incluir los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. Expresan también, que la Corte Interamericana se ha pronunciado en el sentido de que en materia penal, el plazo comienza en la fecha de la aprehensión del individuo. Que por su parte la Comisión Interamericana, también se ha pronunciado en que el plazo razonable referido en el artículo 8.1 de la Convención se aprecia en relación con la duración total de procedimiento penal que se desarrolla en contra de cierto imputado, hasta que se dicta sentencia definitiva. En cuanto a su alcance, la Corte Interamericana estableció en casos como: Bayarri versus Argentina y Diecinueve comerciantes versus Colombia, que en el cómputo del plazo razonable se debe comprender todo el procedimiento incluyendo los recursos de instancia que las partes pudieran eventualmente interponer, señalando que el proceso finaliza cuando se emite sentencia y queda firme la controversia (Corte IDH 30 de octubre de 2008), por lo que la razonabilidad del plazo al que se refiere el precepto 7.1 de la convención se debe apreciar en relación con la duración total del proceso a partir del primer acto procesal (Corte IDH, 7 de septiembre de 2004). Los petentes refieren que los hechos que dieron origen a la interposición de la garantía de mérito, iniciaron el veintiocho de febrero de dos mil catorce, fecha en que se realizó la audiencia de revisión de medida de prisión preventiva, en donde la defensa señaló que el imputado tenía tres años y ocho meses de guardar prisión preventiva en dicha causa, en la cual aún no había sentencia que notificar a las partes pese a que debió ser notificada desde el trece de noviembre de dos mil trece con base en los artículos 340 y 344 del Código Procesal Penal. Señalan que la audiencia de individualización de pena se realizó el cuatro de noviembre de noviembre de dos mil, y que al momento de evacuar la solicitud de revisión de la medida de prisión preventiva, apreciaron que había una violación al plazo razonable, establecido en los artículos 7.1 y 8.1 de la Convención y en la jurisprudencia de la Corte IDH. Expresan los censores, que antes de esta audiencia de revisión de medidas, se envió nota por parte de la secretaría del tribunal a la jueza ponente de esta sentencia, la abogada Eleonora Chang Burgos, informándole de las múltiples solicitudes de pronto despacho de la sentencia, realizadas por las partes procesales así como de la solicitud de revisión de medida por lo que se requería que inmediatamente presentase la respectiva sentencia para su respectiva notificación a las partes, notas que desafortunadamente no obtuvieron como respuesta el envío de la sentencia. Por esa razón, dicen los garantistas, resolvieron estimar la sustitución de medida de prisión preventiva, por la contenida en los numerales 5 y 6 del artículo 173 del Código Procesal Penal con fundamento en el artículo 181 del Código Procesal Penal en el cual se establece que el tiempo máximo de prisión preventiva será de dos años cuando la pena a imponer fuese superior a los seis años, explicando a las partes que no era aplicable el contenido del quinto párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal, ya que para que fuese aplicable era necesario que existiese una sentencia ya notificada a las partes y que alguna de ellas haya interpuesto el recurso de casación contra la misma, lo cual hubiese dado lugar a permitir la ampliación del tiempo de la prisión preventiva hasta la mitad de la pena concreta señalada o motivada en la sentencia condenatoria, que para ese momento debía estar ya redactada y notificada a las partes, ya que un simple anuncio verbal en el estrado de que se ha decidido emitir un fallo condenatorio como el que consta en el acta de juicio de la causa en mención, no puede ser considerado como una sentencia porque no reúne los requisitos que se establecen en los artículos 338 y 344 del Código Procesal Penal. Que la ausencia de estos formalismos, expresan los garantistas, constituye una violación al artículo 82 de la Constitución de la República, así como de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana antes citada, ya que al no estar motivado el fallo de condena mediante una sentencia redactada con todos los requisitos legales de contenido, ésta no puede ser sujeta a una crítica por parte de la defensa constituyendo una violación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en torno a la debida motivación de un fallo judicial que se ha citado en la formalización de este recurso, así como de la jurisprudencia establecida por esta honorable Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo número 981-2012 en cuanto a la motivación que debe contener una resolución. Otra circunstancia que tomaron en cuenta, expresan los garantistas, fue el hecho de que las condiciones que motivaron a la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán para tomar su decisión, mediante la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, habían cambiado nueve meses después. Al respecto, señalan que de una lectura atenta a la resolución de la corte de apelaciones en mención, emitida el treinta y uno de mayo del dos mil trece, se percibe que la decisión de denegar la sustitución de la prisión preventiva fue tomada bajo el entendido de que se realizaría tanto la audiencia de individualización como la de notificación de la sentencia en el término que estipulan tanto el tercer párrafo del artículo 342 y los artículos 338, 343 y 344 del Código Procesal Penal, lo cual no sucedió, ya que hasta el día de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dicha sentencia no existe en el expediente, pese a las numerosas notas y llamadas por teléfono a la abogada Eleonora Chang Burgos durante el transcurso del año. Más aún, la abogada Chang Burgos fue ascendida desde el mes de diciembre de dos mil trece, al cargo de secretaria adjunta del Consejo de la Judicatura; y la abogada Karla Lizeth Romero Dávila, que fue una de las juezas que integró el juicio oral realizado en la causa en mención, fue suspendida, lo cual volvía imposible de que firmase la sentencia. Se suma el hecho de que aun, si la abogada Eleonora Chang hubiese mandado la sentencia antes de la audiencia de revisión de medidas, en diciembre de dos mil trece el Consejo de la Judicatura mediante oficio señaló la prohibición de que los funcionarios judiciales firmasen resoluciones pendientes o participasen en audiencias en procesos pendientes. Asimismo, siguen explicando los imperantes, de acuerdo a los párrafos tercero y cuarto del artículo 174 y 188 del Código Procesal Penal la medida de prisión preventiva no puede causar un estado de cosa juzgada ya que está sujeta a ser revisada a lo largo de todo el proceso incluso de oficio por el órgano juzgador cada tres meses, por lo que independientemente de que existiesen resoluciones de recursos anteriores interpuestos entre órganos jerárquicos superiores, el tribunal no puede denegar una revisión de medidas aduciendo que se trata de una cosa juzgada por existir un fallo de un órgano superior jerárquico. En apoyo a esta argumentación los petentes citan a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido jurisprudencia reafirmando la prohibición para el Estado de Honduras para extender la duración de la medida cautelar por sobre el tiempo que el artículo 181 del Código Procesal Penal establece, cuando no se ha declarado su culpabilidad mediante sentencia condenatoria firme (SP-104-2012 y párrafo tercero de la resolución emitida el trece de marzo de de dos mil catorce en el expediente SP-436-2012), así como el reconocimiento de los principios pro libertatis y pro homine con los cuales el derecho debe interpretarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano (párrafos quinto y séptimo de la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil trece del expediente SP-235-2012), así como al hecho de que no es aplicable el párrafo quinto del artículo 181 del Código Procesal Penal para ampliar la prisión preventiva hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia condenatoria”…debido a que no se ha emitido la sentencia correspondiente en el presente caso.” (Resolución de fecha seis de marzo de dos mil catorce en el expediente SP-320-2014). Mencionan también los petentes que hicieron la consulta a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la duración de la prisión preventiva en el proceso penal y el fallo condenatorio; la Sala en mención les contestó en fecha miércoles 27 de agosto de 2014 y su respuesta fue concordante con el criterio expuesto por ellos en la resolución de fecha 28 de febrero del dos mil catorce, de que un anuncio verbal de condena no puede equipararse a una sentencia para efectos de aplicación del párrafo quinto del artículo 181 del Código Procesal Penal. En resumen, expresan que como jueces de sentencia dieron cumplimiento al denominado control de convencionalidad, pues sobre esta cuestión, la Corte Interamericana ha manifestado: “cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. El Poder Judicial, en tal sentido, -manifiestan los petentes- está internacionalmente obligado a ejercer un control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, agregan, el Poder Judicial debe tener en cuenta que no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.[11] Sin embargo, critican los impetrantes, que pese a toda esta jurisprudencia y del principio de convencionalidad, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, resolviendo la apelación interpuesta por el Ministerio Público contra la resolución que emitieron como tribunal de sentencia en fecha veintiocho de febrero de mil catorce, declaró con lugar el recurso, y además de no respetar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia anteriormente mencionada; y en contravención también al segundo principio contenido en los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura y de la jurisprudencia internacional antes citada, les impuso una sanción de censura por escrito por su interpretación garantísta de los alcances del quinto párrafo del artículo 181, avalada en su propia opinión, tanto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por la Sala de lo Penal mediante la jurisprudencia anteriormente señalada. En todo caso para los petentes lo que procedía previo a imponerles la sanción, era que se les citara para así ofrecer descargos en torno a su interpretación de los alcances del quinto párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal, así como de la interpretación del principio de provisionalidad de la medida de prisión preventiva reconocido en el artículo 174 y 188 del Código Procesal Penal, avalado por numerosos fallos de la Corte Interamericana en torno al carácter provisional de la medida de prisión preventiva. Que al no citarles, se les violó el derecho a la defensa contemplado en el artículo 82 de la Constitución de la República y en el artículo 8.2b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al respecto la Corte Interamericana ha señalado que: “(p)ara satisfacer el artículo 8.2b convencional el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos. Toda esta información debe ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos” y esta obligación convencional “rige incluso antes de que se formule una ¢acusación¢ en sentido estricto (pues para) que el mencionado artículo satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que la notificación ocurra previamente a que el inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública”[12] En cuanto a la independencia judicial, los petentes citan a la Corte IDH, que ha señalado lo siguiente: “…uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la “independencia de los jueces”. Por lo que este ejercicio autónomo y profesional de la judicatura debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional (en relación con el Poder Judicial) como en su vertiente individual (en relación con la persona del juez específicamente). El objetivo de la protección da la independencia judicial radica en “evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”[13] Por lo que con base al principio de convencionalidad anteriormente expuesto y de esta última jurisprudencia internacional, los petentes opinan, que no debieron ser objeto de censura, sólo por el hecho de mantener un criterio jurídico diferente a la de una corte de apelaciones. Luego expresan que la sanción les fue notificada en fecha catorce de mayo de dos mil catorce, contra la cual interpusieron el recurso de reposición el quince de mayo del año en curso. Que con dicho recurso, expusieron las razones por las cuales consideraban que la sanción administrativa no era apegada a derecho, sin embargo el recurso fue declarado sin lugar en fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, sin realizar una correcta motivación, ya que como fundamento jurídico, la corte sólo mencionó que es facultad de dicho tribunal mantener la disciplina judicial en su despacho y en la demarcación sujeta a su autoridad y que por tanto se declaraba sin lugar el recurso; pero sin refutar los argumentos señalados en el recurso de reposición, por lo que con base en el artículo 321 de la Constitución y la jurisprudencia establecida en el amparo 981-2012, estiman que se trata de una arbitrariedad. La resolución les fue notificada el 5 de junio del presente año. Tal como están redactadas las resoluciones impugnadas por el presente amparo, los petentes opinan que el Estado de Honduras se encuentra cometiendo la misma violación al debido proceso, por el cual el Estado de Venezuela fue condenado por la Corte Interamericana, en el caso Apitz Barbera y otros; y para ilustrar a la honorable Sala de lo Constitucional, sobre los alcances que debe tener la correcta motivación de una resolución administrativa mediante la cual se impone una sanción a un juez; y lo violatorio que resulta a la independencia judicial, sancionar a un juez mediante una censura por emitir una opinión jurídica diferente a un órgano judicial superior, transcriben los párrafos 86, 87, 89, 91 de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso contra el Estado de Venezuela: “86. En suma, para el derecho interno y para el derecho internacional por un lado se encuentran los recursos de apelación, casación, revisión, avocación o similares, cuyo fin es controlar la corrección de las decisiones del juez inferior; y por otro, el control disciplinario, que tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público. Por esta razón, aun cuando existiera una declaración de error judicial inexcusable por parte de un órgano de revisión, debe analizarse la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. Este tipo de revisión exige una motivación autónoma para determinar la existencia de una falta disciplinaria.” “87. En este punto la Corte constata que la acusación de la IGT y la resolución de destitución de la CFRSJ tomaron como única prueba y como único componente de motivación los argumentos desarrollados por la SPA en su fallo. Es decir, tan sólo reiteraron la calificación efectuada por esta última.” “88. La Corte considera que en este proceso disciplinario era necesario el análisis del error judicial inexcusable como ilícito disciplinario, lo cual exigía, en primer lugar, una motivación relacionada con la idoneidad de las presuntas víctimas para el ejercicio del cargo.” “89. En segundo lugar tanto la acusación de la IGT como la decisión de la CFRSJ tenían que dar razones sobre la gravedad de la falta supuestamente cometida por los miembros de la Corte Primera y sobre la proporcionalidad de la sanción propuesta y finalmente adoptada…la Corte estima que la CFRSJ debía responder autónomamente y no por remisión a la decisión de la SPA, al menos los principales alegatos de los magistrados Apitz, Rocha y Ruggeri, a saber: 1) la alegada falta de efectos constitutivos de la medida cautelar revisada por la SPA en el marco del proceso de avocamiento, y 2) que la decisión de la Corte Primera supuestamente desarrollaba una interpretación jurídica plausible sobre los alcances del amparo cautelar. Respecto a este último alegato, la Corte considera que la motivación debía operar como una garantía que permitiera distinguir entre una “diferencia razonable de interpretaciones jurídicas” y un “error judicial inexcusable” que compromete la idoneidad del juez para ejercer su función de tal forma que no se sancione a los jueces por adoptar posiciones jurídicas debidamente fundamentadas aunque divergentes frente a aquellas sustentadas por instancias de revisión.” “91. Al no haber ocurrido lo anterior, la situación real fue que el proceso disciplinario terminó siendo mero trámite. Por consiguiente, la Corte considera que el Estado incumplió con su deber de motivar la sanción de destitución, violando con ello las “debidas garantías” ordenadas en el artículo 8.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Apitz, Rocha y Ruggeri.” .- CONSIDERANDO CINCO (5): Que dado lo anterior, los petentes señalan que la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, dictaron una resolución incorrectamente motivada, que rechazó el recurso de reposición por mero trámite, cuando su deber era responder autónomamente los alegatos y argumentos que fueron expresados en el recurso de reposición. Expresan finalmente los recurrentes en amparo que, con base en los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana, así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en la cual se establece en forma muy precisa y clara como debe ser la motivación de una resolución judicial o administrativa, se consideran afectados en su derecho de defensa, con estas resoluciones arbitrarias tanto por no haber sido escuchados antes de la sanción, como por habérseles rechazado sin motivación y mediante una resolución de mero trámite la reposición solicitada; lo que además estiman, constituye una violación a la independencia de los jueces. - CONSIDERANDO SEIS (6): Que La honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán en la sesión de pleno administrativo decidió en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, hacer una censura por escrito a los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, integrada por los abogados José Dimas Agüero Echenique, Raúl Iván Chávez y Sara Isabel Rodríguez, por no haber observado la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece dictada por la misma corte de apelaciones en el recurso de apelación No.595-2012, en el que se resolvió confirmar al prisión preventiva impuesta al imputado NIXON JARED ALVARADO LANZA. La resolución anterior constituye el acto reclamado por vía de amparo, y fue dictada por el mencionado tribunal de alzada en virtud de la apelación interpuesta por el agente del Ministerio Público contra la decisión dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán mediante la cual se decidió de manera unánime acceder al cambio de medidas solicitada por la defensa del encartado Nixón Jared Hernández (Alvarado Lanza). -La Corte de Apelaciones además de revocar la decisión del a quo, tomó la decisión de sancionar a los miembros del tribunal de primera instancia, mediante un llamado de atención. La motivación que sustenta la decisión contenida en la sentencia que revoca la decisión del a quo se basa en los siguientes puntos que a continuación se resumen, así: 1.- El 31 de mayo de 2013 la corte de apelaciones desestimó la apelación interpuesta por la defensa del señor Nixón Jared Hernández (Alvarado Lanza) y confirmó la decisión del a quo, quien decidió denegar la sustitución de medida cautelar de prisión preventiva, solicitada en virtud de haber transcurrido más de dos años desde que ésta inició, excediendo el plazo máximo permitido por la ley. La denegatoria de la apelación obedeció a que ya existía sentencia condenatoria en contra del señor Nixón Pared Hernández (Alvarado Lanza), volviendo inaplicable la revocatoria sustitución de la medida de prisión, de conformidad con lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal. En dicha oportunidad, la corte además explicó que si se sustituía la prisión preventiva existía la posibilidad de fuga e impunidad del imputado al tener conocimiento de haber sido condenado y dada la naturaleza del delito. 2.- Que el a quo a sabiendas de la decisión de la corte de apelaciones sobre los mismos argumentos y circunstancias, decidió conceder la sustitución de la prisión preventiva, cuando ya se había superado la etapa de deliberación faltando la individualización de la pena, quebrantándose de esta manera el estado de inocencia. Para la corte de apelaciones el señor Nixón Pared Hernández (Alvarado Lanza) ya había sido vencido en juicio, aunque no existiera todavía sentencia formal, pues existía ya un fallo condenatorio lo que constituye una sentencia material. Para el ad quem la Sala del tribunal de sentencia tenía que tomar en cuenta el incremento del peligro de fuga al materializarse la condena del imputado. 3.- Que debido a la demora ocasionada por los integrantes del a quo para redactar la sentencia va en detrimento de los derechos del imputado, originando un desfase en plazos y términos y en contra del procedimiento, ya que no debe de exceder de treinta días continuos entre las dos fases del debate y juicio oral y público: a) deliberación (culpabilidad); y b) sentencia (pena concreta). 4.- Que en el presente caso no han desaparecido los presupuestos que se tuvieron en cuenta para denegar la sustitución o revocación de la medida de prisión preventiva, por lo que el a quo debió mantenerla. 5.- Por todo lo expresado procede estimar la apelación, revocar la decisión del a quo a quien se le hace un llamado de atención a fin de que observen los plazos procesales y la resoluciones de su superior jerárquico. Posteriormente en la misma fecha, la Corte de Apelaciones procedió a sancionar disciplinariamente a los jueces mencionados. Luego dicha corte de apelaciones resolvió una apelación interpuesta por los jueces sancionados, la cual fue desestimada, bajo el argumento de que dicha corte de apelaciones tiene la facultad de mantener la disciplina judicial en su despacho y en la demarcación sujeta a su autoridad, y según lo dispone el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, puede sancionar imponiendo la censura por escrito.-CONSIDERANDO SIETE (7): I. Que la Sala de lo Constitucional al analizar los antecedentes del presente asunto, constata lo siguiente: (A) Que los garantistas mediante los escritos de interposición y de formalización, indican como objeto de la presente garantía constitucional de amparo, las resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, que a continuación se detallan: 1.- La emitida en pleno administrativo de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce mediante la cual se impone como sanción disciplinaria una censura por escrito a los jueces José Dimas Agüero Echenique, Raúl Iván Chávez Baca y Sara Isabel Rodríguez Echeverría, miembros de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán. La sanción se impone por no haber observado la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil tres, dictada por la corte de apelaciones en mención, en el expediente de apelación número 595-2012, que confirmó la medida de prisión preventiva impuesta al señor Nixon Jared Alvarado Lanza. 2.- La resolución de fecha veintitrés de abril que corre agregada a folio 344 del expediente que contiene la causa criminal instruida en contra del imputado Nixon Jared Alvarado Lanza, en la cual se incluye en el numeral segundo de su motivación una censura por escrito que luego dio origen a la resolución administrativa de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce. 3.- La resolución dictada en el recurso de reposición interpuesto por los garantistas en contra de la dictada por la mencionada corte en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce. (B) La Sala de lo Constitucional constata que en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, al resolver la apelación interpuesta por el Ministerio Público contra la resolución de fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce proferida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, dictó una resolución en cuya parte dispositiva impone una sanción disciplinaria que consistió en un llamado de atención a las juezas Eleonora Chang, Karla Lizeth Romero Dávila y Yocelyn Marie Donaire, en virtud de no haber redactado la sentencia condenatoria del imputado Nixon Jared Alvarado Lanza, instruyendo que proceda a la redacción inmediata de la misma. (C) La Sala de lo Constitucional da cuenta de que tuvo a la vista: el oficio No.982-SCAP-2014 de fecha 18 de septiembre de 2014; la certificación del acta de censura No.001-2014; y la copia de la resolución mediante la cual se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución administrativa de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce. Con dichos documentos, este alto tribunal constata que en sesión de pleno administrativo de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, dispuso hacer una censura por escrito a los jueces del tribunal de sentencia José Dimas Agüero Echenique, Raúl Iván Chávez Baca y Sara Isabel Rodríguez Echeverría, miembros de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, por inobservancia a la resolución dictada por dicha corte en fecha 31 de mayo de 2013; asimismo que fue desestimado el recurso de reposición interpuesto por los jueces censurados. Con la certificación del acta de censura mencionada, se constata además que la corte de apelaciones dispuso que la secretaría del despacho procediera a certificar el acta para poner la sanción administrativa impuesta en conocimiento de los censurados y del Consejo de la Judicatura. II. Que habiendo constatado lo anterior, la Sala de lo Constitucional estima que básicamente el objeto del amparo es la sanción administrativa impuesta a los jueces José Dimas Agüero Echenique, Raúl Iván Chávez Baca y Sara Isabel Rodríguez Echeverría, miembros de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán. En cambio, no es parte del objeto de la garantía de amparo, la sanción impuesta a las juezas Eleonora Chang, Karla Lizeth Romero Dávila y Yocelyn Marie Donaire; en virtud de que la garantía de mérito no fue interpuesto a su favor. III. La Sala de lo Constitucional al examinar el contenido de la resolución administrativa de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, según el acta que se encuentra en el Libro de actas y acuerdos de la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, constata que la censura por escrito que dispuso imponer dicha corte a los jueces ahora impetrantes del amparo de mérito, tuvo como motivo el no haber observado la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece dictada por ese tribunal de alzada, en el recurso de apelación No.595-2012 mediante la cual se confirmó la prisión preventiva impuesta al imputado Nixon Jared Alvarado Lanza. Se constata además que dicha sanción administrativa fue impuesta sin oír previamente a los censurados, quienes no tuvieron oportunidad de encarar los cargos dispuestos en su contra. Es más, se constata que los censurados no tuvieron conocimiento anticipado de que en la sesión administrativa de dicha corte, se abordaría como parte de la agenda, la discusión, voto y fallo de una medida disciplinaria dispuesta en su contra, prestiéndose de un procedimiento y proceso debido. Con relación a la resolución que desestima el recurso de reposición, esta Sala constata que la corte de apelaciones se limitó a señalar la facultad que le otorga la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales para mantener la disciplina dentro de su demarcación territorial donde ejerce su competencia. IV. La Sala de lo Constitucional, hace suyos los alegatos de los recurrentes, basados en las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución de la República y la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de la Corte Suprema de Justicia, encontrando que efectivamente tal como estos indican, las actuaciones de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán son violatorias del debido proceso legal, en su vertiente de defensa, tomando en cuenta que los ahora petentes, no tuvieron oportunidad procesal de refutar los cargos dispuestos en su contra, al extremo que fueron sancionados sin haber sido oídos con todas las garantías o derechos; asimismo en virtud de que las resoluciones, especialmente la que desestima el recurso de reposición, carecen de motivación, al no tomar en consideración las alegaciones de descargo, resultando estas por tanto arbitrarias. La Sala de lo Constitucional, además de los motivos expuestos por los recurrentes de amparo, observa que la resolución que se impugna carece en su motivación de la cita al supuesto contenido en ley que amerita ser sancionado. Es decir, la corte de apelaciones no sancionó conforme a una conducta tipificada previamente en ley, lo cual es violatorio del artículo 9 de la Convención Americana, referente al principio de legalidad. Este punto será abordado con más detenimiento por la Sala de lo Constitucional, cuando aborde en esta sentencia lo señalado por la Corte Interamericana en la sentencia que dictó en el Caso López Lone y otros contra Honduras. Volviendo a los señalamientos de los petentes, se completa el listado de sentencias citadas por estos, en relación al derecho a ser oído con las debidas garantías que establece el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en asuntos de índole distinto al penal, o sea legislativo (juicio político) o administrativo, adicionando el Caso Aguirre Roca y otros contra Perú. Entre otros aspectos en relación con la obligación que tiene toda autoridad sancionadora, de encausar toda acción sancionatoria por el procedimiento previsto en la ley.[14] Cabe señalar en este sentido que la corte de apelaciones no siguió ningún procedimiento establecido en ley para sancionar a los jueces, sino que procedió a imponerles de plano la censura por escrito en una sesión de pleno administrativo que celebraron sin la presencia de los ahora demandantes de amparo. En el caso bajo examen eso significa que si bien es cierto las cortes de apelaciones del país, tienen facultad de mantener la disciplina judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, también es cierto que esta prerrogativa ha de cumplirse mediando el respeto a las garantías mínimas que se imponen por virtud de lo que dispone el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto significa que las cortes de apelaciones no pueden imponer las sanciones previstas en el párrafo segundo del mencionado artículo 58, sin antes facilitar a sus subordinados las garantías del debido proceso contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana, a la sazón: el derecho a ser sometido ante un juez natural[15], acceso a la justicia[16], defensa, igualdad procesal, ser oída con todas las garantías y en un plazo razonable, a que se presuma la inocencia, a recurrir el fallo, a no autoincriminarse, a no ser juzgado nuevamente por los mismos hechos, etcétera. Otra sentencia que sirve de precedente vinculante para el presente asunto es la dictada por la Corte Interamericana en el Caso López Lone y otros contra Honduras de fecha cinco de octubre de 2015. En dicha sentencia[17], la Corte IDH citando otras sentencias como la del Caso del Tribunal Constitucional contra Perú, párrafo 71, el Caso Claude Reyes y otros contra Chile, párrafo 119, señala que las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad no judicial adopte decisiones que afecten la determinación de los derechos de las personas. Al respecto en el asunto bajo examen, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán actúa como órgano disciplinario que determina y sanciona la conducta de los servidores judiciales que laboran dentro de su demarcación. Asimismo la sentencia citada, insta a los órganos de administración y gobierno del Poder Judicial, que intervienen en los procedimientos disciplinarios, a que observen las garantías mínimas dispuestas en el artículo 8.1 de la Convención. En el presente caso, no se siguió un procedimiento previamente previsto en ley, sino que de manera arbitraria y sin observancia al proceso debido legal se sancionó a los jueces censurados, contraviniendo la sentencia aludida, según lo que dispone mutatis mutandi ésta en el párrafo 208. Debe observarse que cuando la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1906, facultó a los órganos jurisdiccionales del país, a desempeñar el rol de autoridad disciplinaria de los órganos subalternos, no existían los órganos administrativos posteriormente creados por los regimenes de carrera judicial que existen ahora; tampoco existían procedimientos normados por leyes y reglamentos, como tampoco existía un orden o sistema jerarquizado que permitía la impugnación de la resolución sancionadora. De manera que hoy día, no se justifica la forma en que actuó la corte de apelaciones de mérito. En dicho asunto era obligación del ad quem poner a la orden de la autoridad administrativa correspondiente la conducta estimada administrativamente punible, a efecto de que de conformidad con el procedimiento disciplinario correspondiente y cumpliendo con el proceso debido legal se dedujera responsabilidad si el caso lo ameritase. No es el caso, pero la Sala a manera de obiter dicta, señala que de no haber procedimientos, autoridades responsables, dotación de recursos de impugnación, dispuestos o puestos a la orden para determinar la responsabilidad administrativa a los servidores judiciales, es un asunto atribuible al Estado de Honduras, que podría acarrearle responsabilidad internacional; que en todo caso no faculta a nadie para llenar esos vacíos, tomando justicia al margen de la legalidad. En este punto, el único camino posible es que el Estado establezca un sistema sancionador adecuado a los estándares fijados por la Corte IDH en su jurisprudencia, dotando de entidades, conductas típicas, sanciones, procesos y procedimientos, todo ello con cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución y a la Convención Americana en relación con el proceso debido legal. Esto último en desarrollo al artículo 2 de la Convención Americana, que obliga a los Estados a adoptar las medidas legislativos y de otro carácter, que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención.[18] En relación a la falta de motivación la sentencia Lopez Lone y otros contra Honduras, señala estándares importantes a tomar en cuenta en materia sancionatoria, especialmente en referencia a los jueces. Al respecto la Corte Interamericana[19] parte diciendo que en el Caso Baena Ricardo y otros contra Perú,[20] ya había establecido que el artículo 9 de la Convención Americana, que contiene el principio de legalidad, es aplicable a la materia sancionatoria administrativa. Explica la Corte Interamericana que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas, puesto que unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas. Por lo tanto, la Corte Interamericana demanda lo siguiente: “… en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita. Asimismo, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma sancionatoria exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar.” Para la Corte Interamericana el diseño normativo de un régimen disciplinario debe permitir la previsibilidad de la sanción y evitar la excesiva discrecionalidad del órgano encargado de aplicar la sanción.[21]Al respecto en el presente caso, la corte de apelaciones actuó, prescindiendo totalmente de la normativa relativa al régimen disciplinario del Poder Judicial, al no señalar en que conducta típica dispuesta por la ley, se subsume lo actuado por los jueces que sancionó, actuando al margen de la ley, del principio de legalidad, o sea con una discrecionalidad excesiva. Siempre con relación a la motivación, la Corte Interamericana al referirse al régimen disciplinario de jueces, eleva el estándar de los argumentos que conllevan a sancionar, con relación a otros servidores públicos, al expresar lo siguiente: “Tratándose de sanciones disciplinarias impuestas a jueces y juezas la exigencia de motivación es aún mayor que en otros procesos disciplinarios, ya que el control disciplinario tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público y, por ende, correspondería analizar la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. En el ámbito disciplinario es imprescindible la indicación precisa de aquello que constituye una falta y el desarrollo de argumentos que permitan concluir que las conductas reprochadas tienen la suficiente entidad para justificar que un juez no permanezca en el cargo.”[22] Por todo lo anterior así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó en el Caso López Lone contra Honduras, que el Estado había violado el artículo 9 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención, debido a la excesiva discrecionalidad en el establecimiento de la sanción de destitución; de igual manera la Sala de lo Constitucional arriba mutatis mutandis a la misma conclusión, en el caso de mérito, con relación a la sanción impuesta por la corte de apelaciones a los jueces censurados. V. Además de los alegatos y argumentos que forman parte de la formalización de la garantía de amparo, la Sala de lo Constitucional estima que los procesos disciplinarios tienen efectos importantes en la carrera profesional de los servidores públicos, inclusive la de los jueces. En ese sentido además de los derechos invocados como conculcados por los impetrantes, las sanciones administrativas tomadas sin tomar en consideración los derechos que integran el proceso debido legal, afectan el derecho al honor y a la propia imagen. En este sentido no es igual atribuirle a una persona una conducta legalmente reprochable, siguiendo y cumpliendo con todos los elementos del proceso debido legal; a hacerlo de manera arbitraria y sin observar las garantías mínimas dispuestas en el artículo 8 de la Convención Americana. El derecho a la imagen y al honor se encuentra garantizado por el Estado hondureño en el artículo 76 de la Constitución y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud del control de convencionalidad. VI. En conclusión la Sala de lo Constitucional estima que procede estimar la garantía de amparo a favor de los jueces José Dimas Agüero Echenique, Raúl Iván Chávez Baca y Sara Isabel Rodríguez, al estimar que le fueron violentados los derechos de debido proceso legal en su vertiente de defensa y acceso a la justicia, contenidos en los artículos 82 y 90, en relación con el 94 y 321, todos de la Constitución; además de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, de conformidad al principio iuris novit curiae, que deviene de la facultad que tiene el juzgador de aplicar el derecho de conformidad a los hechos que le provee quien acude a su jurisdicción, la Sala de lo Constitucional estima que también fueron violentados los derechos al honor y su propia imagen, contenidos en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea 76 constitucional; y al principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los los artículos 1, 2, 8, 8 9, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 59, 76, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía de amparo impetrada por los abogados JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA y SARA ISABEL RODRÍGUEZ, a favor de si mismos, como jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, en contra de la resolución administrativa proferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán en la sesión de pleno administrativo de fecha veintitrés de abril, mediante la cual fueron sancionados de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. En consecuencia que la aludida Corte de Apelaciones, dicte nueva resolución administrativa a efecto de que deje sin ningún valor y efecto la sanción impuesta en contra de los jueces mencionados, declarando que ésta no les es aplicable por haber contravenido los derechos de debido proceso legal en su vertiente de defensa; asimismo por haber afectado el derecho al honor, imagen y principio de legalidad; debiendo por tanto, ordenar a la Secretaria de dicho despacho certificar el acta de cumplimiento de esta sentencia a los jueces amparados, a efecto de restituirles en sus derechos. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (289 días del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0910-2014.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de abril de dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia de recurso de amparo interpuesto por los abogados SARA ISABEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA Y JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE a favor de SÍ MISMOS, contra la resolución dictada en sesión de pleno administrativo por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de abril del año dos mil catorce, mediante la cual se ordenó hacer una censura por escrito a los abogados SARA ISABEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA Y JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE quienes se desempeñaban como jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por no haber observado la resolución de fecha trenita y uno de mayo del año dos mil trece, que confirmó la medida de prisión preventiva, con relación a la causa instruida contra el señor NIXON JARED ALVARADO LANZA por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO en perjuicio de la joven KATHERINE NICOLLE RODRÍGUEZ CABRERA y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS A,B,C,D, y E. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 1, 15, 80, 82, 90, 94, 303 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. –ANTECEDENTES : 1) Que en fecha diecisiete de diciembre del año dos mil nueve, el abogado JOSÉ TIBURCIO AMADOR ZÚNIGA en su condición de fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal en contra del señor NIXON JARED ALVARADO LANZA por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO en perjuicio de la joven (sic) “KATHLEEN NICOLE” RODRÍGUEZ CABRERA y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS A,B,C,D, y E.- 2) Que en fecha veintiocho de febrero de año dos mil catorce, la abogada NASSY GUADALUPE CASTRO VÁSQUEZ, en su condición de defensora pública del señor NIXON JARED ALVARADO LANZA, compareció ante el Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, solicitando audiencia de revisión y sustitución de medida cautelar a favor de su representado. -3) Que en fecha veintiocho de junio del año dos mil doce, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, llevó a cabo audiencia de revisión de medidas en la cual resolvió declarar con lugar la sustitución de la medida de prisión preventiva por la contemplada en los numerales 5 y 8 del artículo 173 del Código Procesal Penal, con fundamento en el artículo 181 del mismo código, que establece que el tiempo máximo de prisión preventiva es de dos años cuando la pena a imponer fuese superior a los seis años, explicando a las partes que no era aplicable el contenido del quinto párrafo del artículo 181 mencionado, ya que para su aplicación era necesario que existiese una sentencia ya notificada a las partes y que alguna de ellas haya interpuesto el recurso de casación contra la misma, lo que hubiese dado lugar a permitir la ampliación del tiempo de la prisión preventiva, hasta la mitad de la pena concreta señalada y motivada en la sentencia condenatoria. -4) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el agente de tribunales del Ministerio Público la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, dictó sentencia mediante la cual falló: “1) Declarando HA LUGAR el recurso interpuesto. 2) REVOCANDO la resolución apelada. 3) Hacer un llamado de atención a la Sala Primera del Tribunal de sentencia de Tegucigalpa, integrada esta vez por las juezas Eleonora Chang, Karla Lizet Romero Dávila y Yocelyn Marie Donaire en virtud de no haber redactado la sentencia condenatoria del imputado NIXON JARED ALVARADO LANZA instruyendo que proceda a al redacción inmediata de la misma” (Folio dieciséis (16) de la pieza de amparo).-5) Que en la misma fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en sesión de pleno administrativo que consta en la certificación emitida por el infrascrito secretario del despacho resolvió: “PRIMERO: Hacer una censura por escrito a los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, esta vez integrada por los abogados JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, RAÚL IVÁN CHÁVEZ Y SARA I. RODRÍGUEZ, por no haber observado la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece (31-5-13), dictada por esta corte, en el recurso de apelación No. 595-12 en el que se resolvió confirmar la prisión preventiva impuesta al imputado NIXON JARED ALVARADO LANZA, en la causa que se le sigue en el tribunal de sentencia por suponerlo responsable del delito de asesinato, en perjuicio de Catherine Nicolle Rodríguez Cabrera y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de testigos protegidos A, B, C, D, y E, medidas aplicadas por esta Sala en resolución del 28 de junio de 2012. SEGUNDO: Se ordena a la secretaria del despacho, certifique la presente acta a los jueces en mención y al Consejo de la Judicatura para los efectos legales correspondientes.” (Folio veinticinco (25) de la pieza del recurso de amparo).-6) Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, resolvió desestimar el recurso de reposición interpuesto por los abogados SARA ISABEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA Y JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, en contra de la resolución administrativa dictada en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, mediante la cual se les impuso la medida disciplinaria de censura por escrito, contenida en el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.-7) Que los abogados SARA ISABEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA Y JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, comparecieron ante este alto tribunal, en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, interponiendo acción de amparo a favor de sí mismos, por considerar que la decisión del ad quem de fecha veintitrés de abril del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 15, 80, 82, 90, 94, 303 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO UNO (1): Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO DOS (2): Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[23], en relación con el artículo 25 de la misma convención[24] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[25].- CONSIDERANDO TRES (3): Que los recurrentes al formalizar la garantía de amparo argumentaron en relación con el debido proceso que éste se encuentra dispuesto en los artículos 15, 63, 80, 82, 90, 94, de la Constitución de la República; además en el 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Refieren los garantistas que el artículo 8 de la Convención Americana contiene un carácter expansivo, por el cual, aunque no se mencione de manera expresa que se aplican las garantías contenidas en dicha norma a los casos de enjuiciamiento de carácter administrativo, ha de entenderse que éstas garantías también deben respetarse en dichos procesos.[26] Quedando incluido el proceso realizado por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, mediante el cual se impusieron sanciones de carácter administrativo. Los petentes citan igualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Baena Ricardo y otros; y Caso Vélez Loor. Del caso Baena Ricardo los garantistas hacen suya la idea de que los procedimientos administrativos culminan en sanciones que constituyen con las penales “una expresión del poder punitivo del Estado.”[27] Asimismo del caso Vélez Loor, cita lo siguiente: “las características de imparcialidad e independencia (…) deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas (…) Dichas características no sólo deben corresponder a los órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artículo 8.1 de la Convención se aplican también a las decisiones de órganos administrativos.”[28] Siempre en relación con el debido proceso, los petentes citan el artículo 80 constitucional en cuanto al derecho de obtener una pronta respuesta; el artículo 90 constitucional, como la norma que establece el derecho de toda persona a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; el 94 constitucional que contiene el derecho a no ser condenado sin ser antes oído y vencido en juicio. Este último se encuentra complementado con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando expresa: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” Los petentes citan sobre este último artículo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando expresa: “Todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. (…) El artículo 8.1 de la Convención, que alude al derecho toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente para la “determinación de sus derechos, es igualmente aplicable al supuesto en que alguna autoridad pública no judicial, dicte resoluciones que afecten determinación de estos derechos, como ocurrió en el presente caso.”[29] Por otro lado, los garantistas se refieren al deber de motivar las resoluciones por parte de la autoridad administrativa o judicial. Al respecto expresan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por la razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. (…)El tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos, que de lo contrario serían decisiones arbitrarias (…) En este sentido la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso.”[30] “[La motivación] es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. En términos generales, el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Lo mismo puede afirmarse en el presente caso respecto de la decisión administrativa sobre la responsabilidad funcional de la jueza. La corte ha señalado anteriormente que las disposiciones del artículo 8.1 se aplican a las decisiones de órganos administrativos, “debiendo estos cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria” por ello, tales decisiones deben estar debidamente fundamentadas.”[31] Expresan que para salvaguarda de los artículos 80, 82, 90 y 94 de la Constitución, no es suficiente tener como motivación lo siguiente: “… que es facultad de la Corte de Apelaciones de lo Penal, mantener la disciplina judicial en su despacho y en la demarcación sujeta a su autoridad…” La Corte Interamericana ha establecido que: “… la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso.”[32] Hasta aquí, los recurrentes en amparo expusieron las razones y fundamentos para que se les otorgue la garantía constitucional solicitada. -CONSIDERANDO CUATRO (4): Que pasando a otro asunto, los impetrantes abordan el tema de la duración de la prisión preventiva; la cual no es parte propiamente de la argumentación de la presente garantía de amparo. Son más bien los alegatos que sirvieron para fundamentar la decisión que constituyó el motivo por el cual fueron sancionados por la corte de apelaciones. A manera de demostrar que la decisión que los jueces censurados tomaron, tenía un sustento jurídico, de forma tal que no fue una decisión caprichosa o arbitraria. La Sala de lo Constitucional hace el resumen de los presentes alegatos, en virtud de ser parte de los argumentos de los garantistas; pero con la salvedad que estos se refieren a cuestiones que se encuentran fuera del objeto de la presente garantía de amparo. Con relación a la duración de la prisión preventiva y del plazo razonable, los garantistas citan a la Corte Interamericana, quien expresó que la razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del proceso desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva debidamente motivada y con todos los formalismos que permitan el ejercicio de la defensa mediante la crítica de la sentencia por medio de un recurso. Dentro de este plazo razonable, dicen, se han de incluir los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. Expresan también, que la Corte Interamericana se ha pronunciado en el sentido de que en materia penal, el plazo comienza en la fecha de la aprehensión del individuo. Que por su parte la Comisión Interamericana, también se ha pronunciado en que el plazo razonable referido en el artículo 8.1 de la Convención se aprecia en relación con la duración total de procedimiento penal que se desarrolla en contra de cierto imputado, hasta que se dicta sentencia definitiva. En cuanto a su alcance, la Corte Interamericana estableció en casos como: Bayarri versus Argentina y Diecinueve comerciantes versus Colombia, que en el cómputo del plazo razonable se debe comprender todo el procedimiento incluyendo los recursos de instancia que las partes pudieran eventualmente interponer, señalando que el proceso finaliza cuando se emite sentencia y queda firme la controversia (Corte IDH 30 de octubre de 2008), por lo que la razonabilidad del plazo al que se refiere el precepto 7.1 de la convención se debe apreciar en relación con la duración total del proceso a partir del primer acto procesal (Corte IDH, 7 de septiembre de 2004). Los petentes refieren que los hechos que dieron origen a la interposición de la garantía de mérito, iniciaron el veintiocho de febrero de dos mil catorce, fecha en que se realizó la audiencia de revisión de medida de prisión preventiva, en donde la defensa señaló que el imputado tenía tres años y ocho meses de guardar prisión preventiva en dicha causa, en la cual aún no había sentencia que notificar a las partes pese a que debió ser notificada desde el trece de noviembre de dos mil trece con base en los artículos 340 y 344 del Código Procesal Penal. Señalan que la audiencia de individualización de pena se realizó el cuatro de noviembre de noviembre de dos mil, y que al momento de evacuar la solicitud de revisión de la medida de prisión preventiva, apreciaron que había una violación al plazo razonable, establecido en los artículos 7.1 y 8.1 de la Convención y en la jurisprudencia de la Corte IDH. Expresan los censores, que antes de esta audiencia de revisión de medidas, se envió nota por parte de la secretaría del tribunal a la jueza ponente de esta sentencia, la abogada Eleonora Chang Burgos, informándole de las múltiples solicitudes de pronto despacho de la sentencia, realizadas por las partes procesales así como de la solicitud de revisión de medida por lo que se requería que inmediatamente presentase la respectiva sentencia para su respectiva notificación a las partes, notas que desafortunadamente no obtuvieron como respuesta el envío de la sentencia. Por esa razón, dicen los garantistas, resolvieron estimar la sustitución de medida de prisión preventiva, por la contenida en los numerales 5 y 6 del artículo 173 del Código Procesal Penal con fundamento en el artículo 181 del Código Procesal Penal en el cual se establece que el tiempo máximo de prisión preventiva será de dos años cuando la pena a imponer fuese superior a los seis años, explicando a las partes que no era aplicable el contenido del quinto párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal, ya que para que fuese aplicable era necesario que existiese una sentencia ya notificada a las partes y que alguna de ellas haya interpuesto el recurso de casación contra la misma, lo cual hubiese dado lugar a permitir la ampliación del tiempo de la prisión preventiva hasta la mitad de la pena concreta señalada o motivada en la sentencia condenatoria, que para ese momento debía estar ya redactada y notificada a las partes, ya que un simple anuncio verbal en el estrado de que se ha decidido emitir un fallo condenatorio como el que consta en el acta de juicio de la causa en mención, no puede ser considerado como una sentencia porque no reúne los requisitos que se establecen en los artículos 338 y 344 del Código Procesal Penal. Que la ausencia de estos formalismos, expresan los garantistas, constituye una violación al artículo 82 de la Constitución de la República, así como de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana antes citada, ya que al no estar motivado el fallo de condena mediante una sentencia redactada con todos los requisitos legales de contenido, ésta no puede ser sujeta a una crítica por parte de la defensa constituyendo una violación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en torno a la debida motivación de un fallo judicial que se ha citado en la formalización de este recurso, así como de la jurisprudencia establecida por esta honorable Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo número 981-2012 en cuanto a la motivación que debe contener una resolución. Otra circunstancia que tomaron en cuenta, expresan los garantistas, fue el hecho de que las condiciones que motivaron a la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán para tomar su decisión, mediante la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, habían cambiado nueve meses después. Al respecto, señalan que de una lectura atenta a la resolución de la corte de apelaciones en mención, emitida el treinta y uno de mayo del dos mil trece, se percibe que la decisión de denegar la sustitución de la prisión preventiva fue tomada bajo el entendido de que se realizaría tanto la audiencia de individualización como la de notificación de la sentencia en el término que estipulan tanto el tercer párrafo del artículo 342 y los artículos 338, 343 y 344 del Código Procesal Penal, lo cual no sucedió, ya que hasta el día de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dicha sentencia no existe en el expediente, pese a las numerosas notas y llamadas por teléfono a la abogada Eleonora Chang Burgos durante el transcurso del año. Más aún, la abogada Chang Burgos fue ascendida desde el mes de diciembre de dos mil trece, al cargo de secretaria adjunta del Consejo de la Judicatura; y la abogada Karla Lizeth Romero Dávila, que fue una de las juezas que integró el juicio oral realizado en la causa en mención, fue suspendida, lo cual volvía imposible de que firmase la sentencia. Se suma el hecho de que aun, si la abogada Eleonora Chang hubiese mandado la sentencia antes de la audiencia de revisión de medidas, en diciembre de dos mil trece el Consejo de la Judicatura mediante oficio señaló la prohibición de que los funcionarios judiciales firmasen resoluciones pendientes o participasen en audiencias en procesos pendientes. Asimismo, siguen explicando los imperantes, de acuerdo a los párrafos tercero y cuarto del artículo 174 y 188 del Código Procesal Penal la medida de prisión preventiva no puede causar un estado de cosa juzgada ya que está sujeta a ser revisada a lo largo de todo el proceso incluso de oficio por el órgano juzgador cada tres meses, por lo que independientemente de que existiesen resoluciones de recursos anteriores interpuestos entre órganos jerárquicos superiores, el tribunal no puede denegar una revisión de medidas aduciendo que se trata de una cosa juzgada por existir un fallo de un órgano superior jerárquico. En apoyo a esta argumentación los petentes citan a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido jurisprudencia reafirmando la prohibición para el Estado de Honduras para extender la duración de la medida cautelar por sobre el tiempo que el artículo 181 del Código Procesal Penal establece, cuando no se ha declarado su culpabilidad mediante sentencia condenatoria firme (SP-104-2012 y párrafo tercero de la resolución emitida el trece de marzo de de dos mil catorce en el expediente SP-436-2012), así como el reconocimiento de los principios pro libertatis y pro homine con los cuales el derecho debe interpretarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano (párrafos quinto y séptimo de la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil trece del expediente SP-235-2012), así como al hecho de que no es aplicable el párrafo quinto del artículo 181 del Código Procesal Penal para ampliar la prisión preventiva hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia condenatoria”…debido a que no se ha emitido la sentencia correspondiente en el presente caso.” (Resolución de fecha seis de marzo de dos mil catorce en el expediente SP-320-2014). Mencionan también los petentes que hicieron la consulta a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la duración de la prisión preventiva en el proceso penal y el fallo condenatorio; la Sala en mención les contestó en fecha miércoles 27 de agosto de 2014 y su respuesta fue concordante con el criterio expuesto por ellos en la resolución de fecha 28 de febrero del dos mil catorce, de que un anuncio verbal de condena no puede equipararse a una sentencia para efectos de aplicación del párrafo quinto del artículo 181 del Código Procesal Penal. En resumen, expresan que como jueces de sentencia dieron cumplimiento al denominado control de convencionalidad, pues sobre esta cuestión, la Corte Interamericana ha manifestado: “cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. El Poder Judicial, en tal sentido, -manifiestan los petentes- está internacionalmente obligado a ejercer un control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, agregan, el Poder Judicial debe tener en cuenta que no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.[33] Sin embargo, critican los impetrantes, que pese a toda esta jurisprudencia y del principio de convencionalidad, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, resolviendo la apelación interpuesta por el Ministerio Público contra la resolución que emitieron como tribunal de sentencia en fecha veintiocho de febrero de mil catorce, declaró con lugar el recurso, y además de no respetar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia anteriormente mencionada; y en contravención también al segundo principio contenido en los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura y de la jurisprudencia internacional antes citada, les impuso una sanción de censura por escrito por su interpretación garantísta de los alcances del quinto párrafo del artículo 181, avalada en su propia opinión, tanto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por la Sala de lo Penal mediante la jurisprudencia anteriormente señalada. En todo caso para los petentes lo que procedía previo a imponerles la sanción, era que se les citara para así ofrecer descargos en torno a su interpretación de los alcances del quinto párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal, así como de la interpretación del principio de provisionalidad de la medida de prisión preventiva reconocido en el artículo 174 y 188 del Código Procesal Penal, avalado por numerosos fallos de la Corte Interamericana en torno al carácter provisional de la medida de prisión preventiva. Que al no citarles, se les violó el derecho a la defensa contemplado en el artículo 82 de la Constitución de la República y en el artículo 8.2b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al respecto la Corte Interamericana ha señalado que: “(p)ara satisfacer el artículo 8.2b convencional el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos. Toda esta información debe ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos” y esta obligación convencional “rige incluso antes de que se formule una ¢acusación¢ en sentido estricto (pues para) que el mencionado artículo satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que la notificación ocurra previamente a que el inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública”[34] En cuanto a la independencia judicial, los petentes citan a la Corte IDH, que ha señalado lo siguiente: “…uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la “independencia de los jueces”. Por lo que este ejercicio autónomo y profesional de la judicatura debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional (en relación con el Poder Judicial) como en su vertiente individual (en relación con la persona del juez específicamente). El objetivo de la protección da la independencia judicial radica en “evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”[35] Por lo que con base al principio de convencionalidad anteriormente expuesto y de esta última jurisprudencia internacional, los petentes opinan, que no debieron ser objeto de censura, sólo por el hecho de mantener un criterio jurídico diferente a la de una corte de apelaciones. Luego expresan que la sanción les fue notificada en fecha catorce de mayo de dos mil catorce, contra la cual interpusieron el recurso de reposición el quince de mayo del año en curso. Que con dicho recurso, expusieron las razones por las cuales consideraban que la sanción administrativa no era apegada a derecho, sin embargo el recurso fue declarado sin lugar en fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, sin realizar una correcta motivación, ya que como fundamento jurídico, la corte sólo mencionó que es facultad de dicho tribunal mantener la disciplina judicial en su despacho y en la demarcación sujeta a su autoridad y que por tanto se declaraba sin lugar el recurso; pero sin refutar los argumentos señalados en el recurso de reposición, por lo que con base en el artículo 321 de la Constitución y la jurisprudencia establecida en el amparo 981-2012, estiman que se trata de una arbitrariedad. La resolución les fue notificada el 5 de junio del presente año. Tal como están redactadas las resoluciones impugnadas por el presente amparo, los petentes opinan que el Estado de Honduras se encuentra cometiendo la misma violación al debido proceso, por el cual el Estado de Venezuela fue condenado por la Corte Interamericana, en el caso Apitz Barbera y otros; y para ilustrar a la honorable Sala de lo Constitucional, sobre los alcances que debe tener la correcta motivación de una resolución administrativa mediante la cual se impone una sanción a un juez; y lo violatorio que resulta a la independencia judicial, sancionar a un juez mediante una censura por emitir una opinión jurídica diferente a un órgano judicial superior, transcriben los párrafos 86, 87, 89, 91 de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso contra el Estado de Venezuela: “86. En suma, para el derecho interno y para el derecho internacional por un lado se encuentran los recursos de apelación, casación, revisión, avocación o similares, cuyo fin es controlar la corrección de las decisiones del juez inferior; y por otro, el control disciplinario, que tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público. Por esta razón, aun cuando existiera una declaración de error judicial inexcusable por parte de un órgano de revisión, debe analizarse la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. Este tipo de revisión exige una motivación autónoma para determinar la existencia de una falta disciplinaria.” “87. En este punto la Corte constata que la acusación de la IGT y la resolución de destitución de la CFRSJ tomaron como única prueba y como único componente de motivación los argumentos desarrollados por la SPA en su fallo. Es decir, tan sólo reiteraron la calificación efectuada por esta última.” “88. La Corte considera que en este proceso disciplinario era necesario el análisis del error judicial inexcusable como ilícito disciplinario, lo cual exigía, en primer lugar, una motivación relacionada con la idoneidad de las presuntas víctimas para el ejercicio del cargo.” “89. En segundo lugar tanto la acusación de la IGT como la decisión de la CFRSJ tenían que dar razones sobre la gravedad de la falta supuestamente cometida por los miembros de la Corte Primera y sobre la proporcionalidad de la sanción propuesta y finalmente adoptada…la Corte estima que la CFRSJ debía responder autónomamente y no por remisión a la decisión de la SPA, al menos los principales alegatos de los magistrados Apitz, Rocha y Ruggeri, a saber: 1) la alegada falta de efectos constitutivos de la medida cautelar revisada por la SPA en el marco del proceso de avocamiento, y 2) que la decisión de la Corte Primera supuestamente desarrollaba una interpretación jurídica plausible sobre los alcances del amparo cautelar. Respecto a este último alegato, la Corte considera que la motivación debía operar como una garantía que permitiera distinguir entre una “diferencia razonable de interpretaciones jurídicas” y un “error judicial inexcusable” que compromete la idoneidad del juez para ejercer su función de tal forma que no se sancione a los jueces por adoptar posiciones jurídicas debidamente fundamentadas aunque divergentes frente a aquellas sustentadas por instancias de revisión.” “91. Al no haber ocurrido lo anterior, la situación real fue que el proceso disciplinario terminó siendo mero trámite. Por consiguiente, la Corte considera que el Estado incumplió con su deber de motivar la sanción de destitución, violando con ello las “debidas garantías” ordenadas en el artículo 8.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Apitz, Rocha y Ruggeri.” .- CONSIDERANDO CINCO (5): Que dado lo anterior, los petentes señalan que la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, dictaron una resolución incorrectamente motivada, que rechazó el recurso de reposición por mero trámite, cuando su deber era responder autónomamente los alegatos y argumentos que fueron expresados en el recurso de reposición. Expresan finalmente los recurrentes en amparo que, con base en los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana, así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en la cual se establece en forma muy precisa y clara como debe ser la motivación de una resolución judicial o administrativa, se consideran afectados en su derecho de defensa, con estas resoluciones arbitrarias tanto por no haber sido escuchados antes de la sanción, como por habérseles rechazado sin motivación y mediante una resolución de mero trámite la reposición solicitada; lo que además estiman, constituye una violación a la independencia de los jueces. - CONSIDERANDO SEIS (6): Que La honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán en la sesión de pleno administrativo decidió en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, hacer una censura por escrito a los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, integrada por los abogados José Dimas Agüero Echenique, Raúl Iván Chávez y Sara Isabel Rodríguez, por no haber observado la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece dictada por la misma corte de apelaciones en el recurso de apelación No.595-2012, en el que se resolvió confirmar al prisión preventiva impuesta al imputado NIXON JARED ALVARADO LANZA. La resolución anterior constituye el acto reclamado por vía de amparo, y fue dictada por el mencionado tribunal de alzada en virtud de la apelación interpuesta por el agente del Ministerio Público contra la decisión dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán mediante la cual se decidió de manera unánime acceder al cambio de medidas solicitada por la defensa del encartado Nixón Jared Hernández (Alvarado Lanza). -La Corte de Apelaciones además de revocar la decisión del a quo, tomó la decisión de sancionar a los miembros del tribunal de primera instancia, mediante un llamado de atención. La motivación que sustenta la decisión contenida en la sentencia que revoca la decisión del a quo se basa en los siguientes puntos que a continuación se resumen, así: 1.- El 31 de mayo de 2013 la corte de apelaciones desestimó la apelación interpuesta por la defensa del señor Nixón Jared Hernández (Alvarado Lanza) y confirmó la decisión del a quo, quien decidió denegar la sustitución de medida cautelar de prisión preventiva, solicitada en virtud de haber transcurrido más de dos años desde que ésta inició, excediendo el plazo máximo permitido por la ley. La denegatoria de la apelación obedeció a que ya existía sentencia condenatoria en contra del señor Nixón Pared Hernández (Alvarado Lanza), volviendo inaplicable la revocatoria sustitución de la medida de prisión, de conformidad con lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal. En dicha oportunidad, la corte además explicó que si se sustituía la prisión preventiva existía la posibilidad de fuga e impunidad del imputado al tener conocimiento de haber sido condenado y dada la naturaleza del delito. 2.- Que el a quo a sabiendas de la decisión de la corte de apelaciones sobre los mismos argumentos y circunstancias, decidió conceder la sustitución de la prisión preventiva, cuando ya se había superado la etapa de deliberación faltando la individualización de la pena, quebrantándose de esta manera el estado de inocencia. Para la corte de apelaciones el señor Nixón Pared Hernández (Alvarado Lanza) ya había sido vencido en juicio, aunque no existiera todavía sentencia formal, pues existía ya un fallo condenatorio lo que constituye una sentencia material. Para el ad quem la Sala del tribunal de sentencia tenía que tomar en cuenta el incremento del peligro de fuga al materializarse la condena del imputado. 3.- Que debido a la demora ocasionada por los integrantes del a quo para redactar la sentencia va en detrimento de los derechos del imputado, originando un desfase en plazos y términos y en contra del procedimiento, ya que no debe de exceder de treinta días continuos entre las dos fases del debate y juicio oral y público: a) deliberación (culpabilidad); y b) sentencia (pena concreta). 4.- Que en el presente caso no han desaparecido los presupuestos que se tuvieron en cuenta para denegar la sustitución o revocación de la medida de prisión preventiva, por lo que el a quo debió mantenerla. 5.- Por todo lo expresado procede estimar la apelación, revocar la decisión del a quo a quien se le hace un llamado de atención a fin de que observen los plazos procesales y la resoluciones de su superior jerárquico. Posteriormente en la misma fecha, la Corte de Apelaciones procedió a sancionar disciplinariamente a los jueces mencionados. Luego dicha corte de apelaciones resolvió una apelación interpuesta por los jueces sancionados, la cual fue desestimada, bajo el argumento de que dicha corte de apelaciones tiene la facultad de mantener la disciplina judicial en su despacho y en la demarcación sujeta a su autoridad, y según lo dispone el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, puede sancionar imponiendo la censura por escrito.-CONSIDERANDO SIETE (7): I. Que la Sala de lo Constitucional al analizar los antecedentes del presente asunto, constata lo siguiente: (A) Que los garantistas mediante los escritos de interposición y de formalización, indican como objeto de la presente garantía constitucional de amparo, las resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, que a continuación se detallan: 1.- La emitida en pleno administrativo de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce mediante la cual se impone como sanción disciplinaria una censura por escrito a los jueces José Dimas Agüero Echenique, Raúl Iván Chávez Baca y Sara Isabel Rodríguez Echeverría, miembros de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán. La sanción se impone por no haber observado la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil tres, dictada por la corte de apelaciones en mención, en el expediente de apelación número 595-2012, que confirmó la medida de prisión preventiva impuesta al señor Nixon Jared Alvarado Lanza. 2.- La resolución de fecha veintitrés de abril que corre agregada a folio 344 del expediente que contiene la causa criminal instruida en contra del imputado Nixon Jared Alvarado Lanza, en la cual se incluye en el numeral segundo de su motivación una censura por escrito que luego dio origen a la resolución administrativa de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce. 3.- La resolución dictada en el recurso de reposición interpuesto por los garantistas en contra de la dictada por la mencionada corte en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce. (B) La Sala de lo Constitucional constata que en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, al resolver la apelación interpuesta por el Ministerio Público contra la resolución de fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce proferida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, dictó una resolución en cuya parte dispositiva impone una sanción disciplinaria que consistió en un llamado de atención a las juezas Eleonora Chang, Karla Lizeth Romero Dávila y Yocelyn Marie Donaire, en virtud de no haber redactado la sentencia condenatoria del imputado Nixon Jared Alvarado Lanza, instruyendo que proceda a la redacción inmediata de la misma. (C) La Sala de lo Constitucional da cuenta de que tuvo a la vista: el oficio No.982-SCAP-2014 de fecha 18 de septiembre de 2014; la certificación del acta de censura No.001-2014; y la copia de la resolución mediante la cual se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución administrativa de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce. Con dichos documentos, este alto tribunal constata que en sesión de pleno administrativo de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, dispuso hacer una censura por escrito a los jueces del tribunal de sentencia José Dimas Agüero Echenique, Raúl Iván Chávez Baca y Sara Isabel Rodríguez Echeverría, miembros de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, por inobservancia a la resolución dictada por dicha corte en fecha 31 de mayo de 2013; asimismo que fue desestimado el recurso de reposición interpuesto por los jueces censurados. Con la certificación del acta de censura mencionada, se constata además que la corte de apelaciones dispuso que la secretaría del despacho procediera a certificar el acta para poner la sanción administrativa impuesta en conocimiento de los censurados y del Consejo de la Judicatura. II. Que habiendo constatado lo anterior, la Sala de lo Constitucional estima que básicamente el objeto del amparo es la sanción administrativa impuesta a los jueces José Dimas Agüero Echenique, Raúl Iván Chávez Baca y Sara Isabel Rodríguez Echeverría, miembros de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán. En cambio, no es parte del objeto de la garantía de amparo, la sanción impuesta a las juezas Eleonora Chang, Karla Lizeth Romero Dávila y Yocelyn Marie Donaire; en virtud de que la garantía de mérito no fue interpuesto a su favor. III. La Sala de lo Constitucional al examinar el contenido de la resolución administrativa de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, según el acta que se encuentra en el Libro de actas y acuerdos de la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, constata que la censura por escrito que dispuso imponer dicha corte a los jueces ahora impetrantes del amparo de mérito, tuvo como motivo el no haber observado la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece dictada por ese tribunal de alzada, en el recurso de apelación No.595-2012 mediante la cual se confirmó la prisión preventiva impuesta al imputado Nixon Jared Alvarado Lanza. Se constata además que dicha sanción administrativa fue impuesta sin oír previamente a los censurados, quienes no tuvieron oportunidad de encarar los cargos dispuestos en su contra. Es más, se constata que los censurados no tuvieron conocimiento anticipado de que en la sesión administrativa de dicha corte, se abordaría como parte de la agenda, la discusión, voto y fallo de una medida disciplinaria dispuesta en su contra, prestiéndose de un procedimiento y proceso debido. Con relación a la resolución que desestima el recurso de reposición, esta Sala constata que la corte de apelaciones se limitó a señalar la facultad que le otorga la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales para mantener la disciplina dentro de su demarcación territorial donde ejerce su competencia. IV. La Sala de lo Constitucional, hace suyos los alegatos de los recurrentes, basados en las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución de la República y la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de la Corte Suprema de Justicia, encontrando que efectivamente tal como estos indican, las actuaciones de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán son violatorias del debido proceso legal, en su vertiente de defensa, tomando en cuenta que los ahora petentes, no tuvieron oportunidad procesal de refutar los cargos dispuestos en su contra, al extremo que fueron sancionados sin haber sido oídos con todas las garantías o derechos; asimismo en virtud de que las resoluciones, especialmente la que desestima el recurso de reposición, carecen de motivación, al no tomar en consideración las alegaciones de descargo, resultando estas por tanto arbitrarias. La Sala de lo Constitucional, además de los motivos expuestos por los recurrentes de amparo, observa que la resolución que se impugna carece en su motivación de la cita al supuesto contenido en ley que amerita ser sancionado. Es decir, la corte de apelaciones no sancionó conforme a una conducta tipificada previamente en ley, lo cual es violatorio del artículo 9 de la Convención Americana, referente al principio de legalidad. Este punto será abordado con más detenimiento por la Sala de lo Constitucional, cuando aborde en esta sentencia lo señalado por la Corte Interamericana en la sentencia que dictó en el Caso López Lone y otros contra Honduras. Volviendo a los señalamientos de los petentes, se completa el listado de sentencias citadas por estos, en relación al derecho a ser oído con las debidas garantías que establece el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en asuntos de índole distinto al penal, o sea legislativo (juicio político) o administrativo, adicionando el Caso Aguirre Roca y otros contra Perú. Entre otros aspectos en relación con la obligación que tiene toda autoridad sancionadora, de encausar toda acción sancionatoria por el procedimiento previsto en la ley.[36] Cabe señalar en este sentido que la corte de apelaciones no siguió ningún procedimiento establecido en ley para sancionar a los jueces, sino que procedió a imponerles de plano la censura por escrito en una sesión de pleno administrativo que celebraron sin la presencia de los ahora demandantes de amparo. En el caso bajo examen eso significa que si bien es cierto las cortes de apelaciones del país, tienen facultad de mantener la disciplina judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, también es cierto que esta prerrogativa ha de cumplirse mediando el respeto a las garantías mínimas que se imponen por virtud de lo que dispone el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto significa que las cortes de apelaciones no pueden imponer las sanciones previstas en el párrafo segundo del mencionado artículo 58, sin antes facilitar a sus subordinados las garantías del debido proceso contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana, a la sazón: el derecho a ser sometido ante un juez natural[37], acceso a la justicia[38], defensa, igualdad procesal, ser oída con todas las garantías y en un plazo razonable, a que se presuma la inocencia, a recurrir el fallo, a no autoincriminarse, a no ser juzgado nuevamente por los mismos hechos, etcétera. Otra sentencia que sirve de precedente vinculante para el presente asunto es la dictada por la Corte Interamericana en el Caso López Lone y otros contra Honduras de fecha cinco de octubre de 2015. En dicha sentencia[39], la Corte IDH citando otras sentencias como la del Caso del Tribunal Constitucional contra Perú, párrafo 71, el Caso Claude Reyes y otros contra Chile, párrafo 119, señala que las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad no judicial adopte decisiones que afecten la determinación de los derechos de las personas. Al respecto en el asunto bajo examen, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán actúa como órgano disciplinario que determina y sanciona la conducta de los servidores judiciales que laboran dentro de su demarcación. Asimismo la sentencia citada, insta a los órganos de administración y gobierno del Poder Judicial, que intervienen en los procedimientos disciplinarios, a que observen las garantías mínimas dispuestas en el artículo 8.1 de la Convención. En el presente caso, no se siguió un procedimiento previamente previsto en ley, sino que de manera arbitraria y sin observancia al proceso debido legal se sancionó a los jueces censurados, contraviniendo la sentencia aludida, según lo que dispone mutatis mutandi ésta en el párrafo 208. Debe observarse que cuando la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1906, facultó a los órganos jurisdiccionales del país, a desempeñar el rol de autoridad disciplinaria de los órganos subalternos, no existían los órganos administrativos posteriormente creados por los regimenes de carrera judicial que existen ahora; tampoco existían procedimientos normados por leyes y reglamentos, como tampoco existía un orden o sistema jerarquizado que permitía la impugnación de la resolución sancionadora. De manera que hoy día, no se justifica la forma en que actuó la corte de apelaciones de mérito. En dicho asunto era obligación del ad quem poner a la orden de la autoridad administrativa correspondiente la conducta estimada administrativamente punible, a efecto de que de conformidad con el procedimiento disciplinario correspondiente y cumpliendo con el proceso debido legal se dedujera responsabilidad si el caso lo ameritase. No es el caso, pero la Sala a manera de obiter dicta, señala que de no haber procedimientos, autoridades responsables, dotación de recursos de impugnación, dispuestos o puestos a la orden para determinar la responsabilidad administrativa a los servidores judiciales, es un asunto atribuible al Estado de Honduras, que podría acarrearle responsabilidad internacional; que en todo caso no faculta a nadie para llenar esos vacíos, tomando justicia al margen de la legalidad. En este punto, el único camino posible es que el Estado establezca un sistema sancionador adecuado a los estándares fijados por la Corte IDH en su jurisprudencia, dotando de entidades, conductas típicas, sanciones, procesos y procedimientos, todo ello con cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución y a la Convención Americana en relación con el proceso debido legal. Esto último en desarrollo al artículo 2 de la Convención Americana, que obliga a los Estados a adoptar las medidas legislativos y de otro carácter, que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención.[40] En relación a la falta de motivación la sentencia Lopez Lone y otros contra Honduras, señala estándares importantes a tomar en cuenta en materia sancionatoria, especialmente en referencia a los jueces. Al respecto la Corte Interamericana[41] parte diciendo que en el Caso Baena Ricardo y otros contra Perú,[42] ya había establecido que el artículo 9 de la Convención Americana, que contiene el principio de legalidad, es aplicable a la materia sancionatoria administrativa. Explica la Corte Interamericana que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas, puesto que unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas. Por lo tanto, la Corte Interamericana demanda lo siguiente: “… en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita. Asimismo, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma sancionatoria exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar.” Para la Corte Interamericana el diseño normativo de un régimen disciplinario debe permitir la previsibilidad de la sanción y evitar la excesiva discrecionalidad del órgano encargado de aplicar la sanción.[43]Al respecto en el presente caso, la corte de apelaciones actuó, prescindiendo totalmente de la normativa relativa al régimen disciplinario del Poder Judicial, al no señalar en que conducta típica dispuesta por la ley, se subsume lo actuado por los jueces que sancionó, actuando al margen de la ley, del principio de legalidad, o sea con una discrecionalidad excesiva. Siempre con relación a la motivación, la Corte Interamericana al referirse al régimen disciplinario de jueces, eleva el estándar de los argumentos que conllevan a sancionar, con relación a otros servidores públicos, al expresar lo siguiente: “Tratándose de sanciones disciplinarias impuestas a jueces y juezas la exigencia de motivación es aún mayor que en otros procesos disciplinarios, ya que el control disciplinario tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público y, por ende, correspondería analizar la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. En el ámbito disciplinario es imprescindible la indicación precisa de aquello que constituye una falta y el desarrollo de argumentos que permitan concluir que las conductas reprochadas tienen la suficiente entidad para justificar que un juez no permanezca en el cargo.”[44] Por todo lo anterior así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó en el Caso López Lone contra Honduras, que el Estado había violado el artículo 9 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención, debido a la excesiva discrecionalidad en el establecimiento de la sanción de destitución; de igual manera la Sala de lo Constitucional arriba mutatis mutandis a la misma conclusión, en el caso de mérito, con relación a la sanción impuesta por la corte de apelaciones a los jueces censurados. V. Además de los alegatos y argumentos que forman parte de la formalización de la garantía de amparo, la Sala de lo Constitucional estima que los procesos disciplinarios tienen efectos importantes en la carrera profesional de los servidores públicos, inclusive la de los jueces. En ese sentido además de los derechos invocados como conculcados por los impetrantes, las sanciones administrativas tomadas sin tomar en consideración los derechos que integran el proceso debido legal, afectan el derecho al honor y a la propia imagen. En este sentido no es igual atribuirle a una persona una conducta legalmente reprochable, siguiendo y cumpliendo con todos los elementos del proceso debido legal; a hacerlo de manera arbitraria y sin observar las garantías mínimas dispuestas en el artículo 8 de la Convención Americana. El derecho a la imagen y al honor se encuentra garantizado por el Estado hondureño en el artículo 76 de la Constitución y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud del control de convencionalidad. VI. En conclusión la Sala de lo Constitucional estima que procede estimar la garantía de amparo a favor de los jueces José Dimas Agüero Echenique, Raúl Iván Chávez Baca y Sara Isabel Rodríguez, al estimar que le fueron violentados los derechos de debido proceso legal en su vertiente de defensa y acceso a la justicia, contenidos en los artículos 82 y 90, en relación con el 94 y 321, todos de la Constitución; además de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, de conformidad al principio iuris novit curiae, que deviene de la facultad que tiene el juzgador de aplicar el derecho de conformidad a los hechos que le provee quien acude a su jurisdicción, la Sala de lo Constitucional estima que también fueron violentados los derechos al honor y su propia imagen, contenidos en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea 76 constitucional; y al principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los los artículos 1, 2, 8, 8 9, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 59, 76, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía de amparo impetrada por los abogados JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA y SARA ISABEL RODRÍGUEZ, a favor de si mismos, como jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, en contra de la resolución administrativa proferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán en la sesión de pleno administrativo de fecha veintitrés de abril, mediante la cual fueron sancionados de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. En consecuencia que la aludida Corte de Apelaciones, dicte nueva resolución administrativa a efecto de que deje sin ningún valor y efecto la sanción impuesta en contra de los jueces mencionados, declarando que ésta no les es aplicable por haber contravenido los derechos de debido proceso legal en su vertiente de defensa; asimismo por haber afectado el derecho al honor, imagen y principio de legalidad; debiendo por tanto, ordenar a la Secretaria de dicho despacho certificar el acta de cumplimiento de esta sentencia a los jueces amparados, a efecto de restituirles en sus derechos. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0910-2014.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

FICHA

JURISPRUDENCIAL

Sala Constitucional

Honduras, C. A.

EXPEDIENTE Nº:

0910-2014

TIPO DE ACCION:

AMPARO PENAL

DESCRPCIÓN:

Interpuesto por

PROBLEMA JURIDICO (Thema decidendi):

RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA JURIDICA (Ratio decidendi):

DECISIÓN AD-QUEM (decisum):

LINEA JURISPRUDENCIAL:

ARTICULOS COMENTADOS:

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RESUMEN

AA-0910-2014

Garantía constitucional de amparo interpuesta por los abogados SARA ISABEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA Y JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, a favor de si mismos, en contra de la resolución administrativa dictada en sesión de pleno de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual fueron sancionados (censura por escrito) de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.

La sanción fue impuesta con relación a la causa instruida contra el señor NIXON JARED ALVARADO LANZA por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO en perjuicio de la joven KATHERINE NICOLLE RODRÍGUEZ CABRERA y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS A,B,C,D, y E.

Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 1, 15, 80, 82, 90, 94, 303 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

OBJETO DE LA CONSULTA (Thema decidendi)

El objeto del amparo es la resolución administrativa dictada en sesión de pleno de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual fueron sancionados (censura por escrito) Los abogados SARA ISABEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA Y JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.

PARTE DISPOSITIVA O DECISUM DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.

“PRIMERO: Hacer una censura por escrito a los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, esta vez integrada por los abogados JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, RAÚL IVÁN CHÁVEZ Y SARA I. RODRÍGUEZ, por no haber observado la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece (31-5-13), dictada por esta corte, en el recurso de apelación No. 595-12 en el que se resolvió confirmar la prisión preventiva impuesta al imputado NIXON JARED ALVARADO LANZA, en la causa que se le sigue en el tribunal de sentencia por suponerlo responsable del delito de asesinato, en perjuicio de Catherine Nicolle Rodríguez Cabrera y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de testigos protegidos A, B, C, D, y E, medidas aplicadas por esta Sala en resolución del 28 de junio de 2012. SEGUNDO: Se ordena a la secretaria del despacho, certifique la presente acta a los jueces en mención y al Consejo de la Judicatura para los efectos legales correspondientes.”

RELACIÓN BREVE DE HECHOS:

PRIMERO: En fecha diecisiete de diciembre del año dos mil nueve, el abogado JOSÉ TIBURCIO AMADOR ZÚNIGA en su condición de fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal en contra del señor NIXON JARED ALVARADO LANZA por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO en perjuicio de la joven (sic) “KATHLEEN NICOLE” RODRÍGUEZ CABRERA y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS A,B,C,D, y E.

SEGUNDO: En fecha veintiocho de febrero de año dos mil catorce, la abogada NASSY GUADALUPE CASTRO VÁSQUEZ, en su condición de defensora pública del señor NIXON JARED ALVARADO LANZA, compareció ante el Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, solicitando audiencia de revisión y sustitución de medida cautelar a favor de su representado.

TERCERO: En fecha veintiocho de junio del año dos mil doce, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, llevó a cabo audiencia de revisión de medidas en la cual resolvió declarar con lugar la sustitución de la medida de prisión preventiva por la contemplada en los numerales 5 y 8 del artículo 173 del Código Procesal Penal, con fundamento en el artículo 181 del mismo código.

CUARTO: Que conociendo del recurso de apelación promovido por el agente de tribunales del Ministerio Público la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, dictó sentencia REVOCANDO la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva.

QUINTO: Que en la misma fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en sesión de pleno administrativo que consta en la certificación emitida por el infrascrito secretario del despacho resolvió hacer una censura por escrito a los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, esta vez integrada por los abogados JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, RAÚL IVÁN CHÁVEZ Y SARA I. RODRÍGUEZ, por no haber observado la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece (31-5-13), dictada por esa corte, en el recurso de apelación No. 595-12 en el que se resolvió confirmar la prisión preventiva impuesta al imputado. Asimismo ordena a la secretaria del despacho, certificar la presente acta a los jueces en mención y al Consejo de la Judicatura para los efectos legales correspondientes.”

SEXTO: En fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, desestimó el recurso de reposición interpuesto por los abogados SARA ISABEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA Y JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, en contra de la resolución administrativa dictada en fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, mediante la cual se les impuso la medida disciplinaria de censura por escrito, contenida en el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.

SÉPTIMO: Los abogados SARA ISABEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA Y JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, comparecieron ante este alto tribunal, en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, interponiendo acción de amparo a favor de sí mismos, por considerar que la decisión del ad quem de fecha veintitrés de abril del año dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 15, 80, 82, 90, 94, 303 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Opinión (ratio decidendi).

Resumen sobre los alegatos de los garantistas denunciando violación de los artículos 1, 15, 80, 82, 90, 94, 303 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los recurrentes al formalizar la garantía de amparo argumentaron en relación con el debido proceso que éste se encuentra dispuesto en los artículos 15, 63, 80, 82, 90, 94, de la Constitución de la República; además en el 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Siempre en relación con el debido proceso, los petentes citan el artículo 80 constitucional en cuanto al derecho de obtener una pronta respuesta; el artículo 90 constitucional, como la norma que establece el derecho de toda persona a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; el 94 constitucional que contiene el derecho a no ser condenado sin ser antes oído y vencido en juicio.

Este último se encuentra complementado con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando expresa: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

Por otro lado, los garantistas se refieren al deber de motivar las resoluciones por parte de la autoridad administrativa o judicial.

Expresan que para salvaguarda de los artículos 80, 82, 90 y 94 de la Constitución, no es suficiente tener como motivación lo siguiente: “… que es facultad de la Corte de Apelaciones de lo Penal, mantener la disciplina judicial en su despacho y en la demarcación sujeta a su autoridad…”

Luego expresan que la sanción les fue notificada en fecha catorce de mayo de dos mil catorce, contra la cual interpusieron el recurso de reposición el quince de mayo del año en curso.

Que con dicho recurso, expusieron las razones por las cuales consideraban que la sanción administrativa no era apegada a derecho, sin embargo el recurso fue declarado sin lugar en fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, sin realizar una correcta motivación, ya que como fundamento jurídico, la corte sólo mencionó que es facultad de dicho tribunal mantener la disciplina judicial en su despacho y en la demarcación sujeta a su autoridad y que por tanto se declaraba sin lugar el recurso; pero sin refutar los argumentos señalados en el recurso de reposición, por lo que con base en el artículo 321 de la Constitución y la jurisprudencia establecida en el amparo 981-2012, estiman que se trata de una arbitrariedad. La resolución les fue notificada el 5 de junio del presente año.

Dado lo anterior, los petentes señalan que la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, dictaron una resolución incorrectamente motivada, que rechazó el recurso de reposición por mero trámite, cuando su deber era responder autónomamente los alegatos y argumentos que fueron expresados en el recurso de reposición.

Expresan finalmente los recurrentes en amparo que, con base en los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana, así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en la cual se establece en forma muy precisa y clara como debe ser la motivación de una resolución judicial o administrativa, se consideran afectados en su derecho de defensa, con estas resoluciones arbitrarias tanto por no haber sido escuchados antes de la sanción, como por habérseles rechazado sin motivación y mediante una resolución de mero trámite la reposición solicitada; lo que además estiman, constituye una violación a la independencia de los jueces.

La Sala de lo Constitucional al examinar el contenido de la resolución administrativa de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, según el acta que se encuentra en el Libro de actas y acuerdos de la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, constata que la censura por escrito que dispuso imponer dicha corte a los jueces ahora impetrantes del amparo de mérito, tuvo como motivo el no haber observado la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece dictada por ese tribunal de alzada, en el recurso de apelación No.595-2012 mediante la cual se confirmó la prisión preventiva impuesta al imputado Nixon Jared Alvarado Lanza.

Se constata además que dicha sanción administrativa fue impuesta sin oír previamente a los censurados, quienes no tuvieron oportunidad de encarar los cargos dispuestos en su contra. Es más, se constata que los censurados no tuvieron conocimiento anticipado de que en la sesión administrativa de dicha corte, se abordaría como parte de la agenda, la discusión, voto y fallo de una medida disciplinaria dispuesta en su contra, prestiéndose de un procedimiento y proceso debido.

Con relación a la resolución que desestima el recurso de reposición, esta Sala constata que la corte de apelaciones se limitó a señalar la facultad que le otorga la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales para mantener la disciplina dentro de su demarcación territorial donde ejerce su competencia.

La Sala de lo Constitucional, hace suyos los alegatos de los recurrentes, basados en las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución de la República y la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de la Corte Suprema de Justicia, encontrando que efectivamente tal como estos indican, las actuaciones de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán son violatorias del debido proceso legal, en su vertiente de defensa, tomando en cuenta que los ahora petentes, no tuvieron oportunidad procesal de refutar los cargos dispuestos en su contra, al extremo que fueron sancionados sin haber sido oídos con todas las garantías o derechos; asimismo en virtud de que las resoluciones, especialmente la que desestima el recurso de reposición, carecen de motivación, al no tomar en consideración las alegaciones de descargo, resultando estas por tanto arbitrarias.

La Sala de lo Constitucional, además de los motivos expuestos por los recurrentes de amparo, observa que la resolución que se impugna carece en su motivación de la cita al supuesto contenido en ley que amerita ser sancionado. Es decir, la corte de apelaciones no sancionó conforme a una conducta tipificada previamente en ley, lo cual es violatorio del artículo 9 de la Convención Americana, referente al principio de legalidad.

Cabe señalar en este sentido que la corte de apelaciones no siguió ningún procedimiento establecido en ley para sancionar a los jueces, sino que procedió a imponerles de plano la censura por escrito en una sesión de pleno administrativo que celebraron sin la presencia de los ahora demandantes de amparo.

En el caso bajo examen eso significa que si bien es cierto las cortes de apelaciones del país, tienen facultad de mantener la disciplina judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, también es cierto que esta prerrogativa ha de cumplirse mediando el respeto a las garantías mínimas que se imponen por virtud de lo que dispone el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esto significa que las cortes de apelaciones no pueden imponer las sanciones previstas en el párrafo segundo del mencionado artículo 58, sin antes facilitar a sus subordinados las garantías del debido proceso contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana, a la sazón: el derecho a ser sometido ante un juez natural, acceso a la justicia, defensa, igualdad procesal, ser oída con todas las garantías y en un plazo razonable, a que se presuma la inocencia, a recurrir el fallo, a no auto incriminarse, a no ser juzgado nuevamente por los mismos hechos, etcétera.

Otra sentencia que sirve de precedente vinculante para el presente asunto es la dictada por la Corte Interamericana en el Caso López Lone y otros contra Honduras de fecha cinco de octubre de 2015.

Asimismo la sentencia citada, insta a los órganos de administración y gobierno del Poder Judicial, que intervienen en los procedimientos disciplinarios, a que observen las garantías mínimas dispuestas en el artículo 8.1 de la Convención.

En el presente caso, no se siguió un procedimiento previamente previsto en ley, sino que de manera arbitraria y sin observancia al proceso debido legal se sancionó a los jueces censurados, contraviniendo la sentencia aludida, según lo que dispone mutatis mutandi ésta en el párrafo 208.

Debe observarse que cuando la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1906, facultó a los órganos jurisdiccionales del país, a desempeñar el rol de autoridad disciplinaria de los órganos subalternos, no existían los órganos administrativos posteriormente creados por los regímenes de carrera judicial que existen ahora; tampoco existían procedimientos normados por leyes y reglamentos, como tampoco existía un orden o sistema jerarquizado que permitía la impugnación de la resolución sancionadora.

De manera que hoy día, no se justifica la forma en que actuó la corte de apelaciones de mérito. En dicho asunto era obligación del ad quem poner a la orden de la autoridad administrativa correspondiente la conducta estimada administrativamente punible, a efecto de que de conformidad con el procedimiento disciplinario correspondiente y cumpliendo con el proceso debido legal se dedujera responsabilidad si el caso lo ameritase.

En el presente caso, la corte de apelaciones actuó, prescindiendo totalmente de la normativa relativa al régimen disciplinario del Poder Judicial, al no señalar en que conducta típica dispuesta por la ley, se subsume lo actuado por los jueces que sancionó, actuando al margen de la ley, del principio de legalidad, o sea con una discrecionalidad excesiva.

En conclusión la Sala de lo Constitucional estima que procede estimar la garantía de amparo a favor de los jueces José Dimas Agüero Echenique, Raúl Iván Chávez Baca y Sara Isabel Rodríguez, al estimar que le fueron violentados los derechos de debido proceso legal en su vertiente de defensa y acceso a la justicia, contenidos en los artículos 82 y 90, en relación con el 94 y 321, todos de la Constitución; además de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, de conformidad al principio iuris novit curiae, que deviene de la facultad que tiene el juzgador de aplicar el derecho de conformidad a los hechos que le provee quien acude a su jurisdicción, la Sala de lo Constitucional estima que también fueron violentados los derechos al honor y su propia imagen, contenidos en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea 76 constitucional; y al principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

FALLO O DECISUM DE LA SALA

En aplicación de los artículos: 1, 2, 8, 8 9, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 59, 76, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, profiere la presente SENTENCIA y FALLA: OTORGANDO la garantía de amparo impetrada por los abogados JOSÉ DIMAS AGÜERO ECHENIQUE, RAÚL IVÁN CHÁVEZ BACA y SARA ISABEL RODRÍGUEZ, a favor de si mismos, como jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, en contra de la resolución administrativa proferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán en la sesión de pleno administrativo de fecha veintitrés de abril, mediante la cual fueron sancionados de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.

En consecuencia que la aludida corte de apelaciones, dicte nueva resolución administrativa a efecto de que deje sin ningún valor y efecto la sanción impuesta en contra de los jueces mencionados, declarando que ésta no les es aplicable por haber contravenido los derechos de debido proceso legal en su vertiente de defensa; asimismo por haber afectado el derecho al honor, imagen y principio de legalidad; debiendo por tanto, ordenar a la Secretaria de dicho despacho certificar el acta de cumplimiento de esta sentencia a los jueces amparados, a efecto de restituirles en sus derechos.

Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.

26.4.2016

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Los garantistas citan la sentencia proferida en el caso Ivcher Bronstein contra Perú de fecha seis de febrero de 2001, serie C, número 74, párrafo 103. “A pesar de que el citado artículo no específica garantías mínimas en materia que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del mismo precepto se aplican a esos órdenes.”

[5] Caso Baena Ricardo y otros, cit. Párrafo 106, sentencia de 23 de noviembre de 2003, serie C, número 218, párrafo 132.

[6] Caso Vélez Loor, sentencia de 23 de noviembre de 201º, serie C No.218, párrafo 108.)

[7] Caso Yatama contra Nicaragua, párrafos 142,143 y 149.

[8] Caso Tristán Donoo contra Panamá, 135, 152, 153.

[9] Caso Escher contra Brasil, párrafos 185, 186, 187.

[10] Caso Apitz Baberá y otros contra Venezuela, párrafo 78.

[11] Hacen cita de las siguientes sentencias: Caso Rosendo Cantú y otra. Sentencia del 31 de agosto de 2010 serie C, número 216, párrafo 219. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilla do Araguaia). Sentencia de 24 de noviembre de 2010, serie C, número 219, párrafo 176; Caso Cabrera García y Montiel Flores, sentencia de 26 de noviembre de 2010, serie C, número 220, párrafo 225. Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros (Chile). Sentencia de 26 de septiembre de 2008, serie C No.154, párr. 124. En este mismo sentido, Caso La Cantuta (Perú), sentencia de 30 de noviembre de 2007, serie C número 173, párrafo 173; Caso Radilla Pacheco (México). Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C, No.209, Párr. 339. Caso Gelman versus Uruguay. Fondo y reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C. número 221. Párr. 193.)

[12] (Cfr. Id., párr. 28. En el mismo sentido, Caso López Álvarez contra Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C. No. 141. Párr. 149, y Caso Palamara Iribarne, cit., párr. 225., Cfr. Caso Barreto Leiva, cit., párr. 30; Caso Palamara Iribarne, cit. párr. 225 y Caso Acosta Calderón, cit. Párr.118).

[13] (Cfr. Caso Reverón Trujillo contra Venezuela. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C. No. 19, Párr. 67; Caso del Tribunal Constitucional, cit., párr. 73, y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”), cit. Párr.55; Caso Reverón Trujillo, cit., párr.67)

[14] Caso Aguirre Roca y otros contra Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, serie C, Párr.77.

[15] O sea que la autoridad que esta investida de autoridad para determinar la responsabilidad y su correspondiente sanción, sea competente, independiente, imparcial y se encuentre predeterminada por la ley.

[16] O sea el derecho a obtener una resolución a sus pretensiones debidamente motivada y fundamentada en ley.

[17] Ver párrafo 207.

[18] Ver párrafo 213, 214 y 215 de la sentencia recaída en el Caso López Lone y otros contra Honduras, 5 de octubre, Serie C.

[19] Ver párrafo 257 de la sentencia Caso López Lone y otros contra Honduras.

[20] Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 106, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 183.

[21] Ver párrafo 259 de la sentencia Caso López Lone y otros contra Honduras.

[22] Ver párrafo 267 de la sentencia Caso López Lone y otros contra Honduras.

[23] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[24] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[25] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[26] Los garantistas citan la sentencia proferida en el caso Ivcher Bronstein contra Perú de fecha seis de febrero de 2001, serie C, número 74, párrafo 103. “A pesar de que el citado artículo no específica garantías mínimas en materia que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del mismo precepto se aplican a esos órdenes.”

[27] Caso Baena Ricardo y otros, cit. Párrafo 106, sentencia de 23 de noviembre de 2003, serie C, número 218, párrafo 132.

[28] Caso Vélez Loor, sentencia de 23 de noviembre de 201º, serie C No.218, párrafo 108.)

[29] Caso Yatama contra Nicaragua, párrafos 142,143 y 149.

[30] Caso Tristán Donoo contra Panamá, 135, 152, 153.

[31] Caso Escher contra Brasil, párrafos 185, 186, 187.

[32] Caso Apitz Baberá y otros contra Venezuela, párrafo 78.

[33] Hacen cita de las siguientes sentencias: Caso Rosendo Cantú y otra. Sentencia del 31 de agosto de 2010 serie C, número 216, párrafo 219. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilla do Araguaia). Sentencia de 24 de noviembre de 2010, serie C, número 219, párrafo 176; Caso Cabrera García y Montiel Flores, sentencia de 26 de noviembre de 2010, serie C, número 220, párrafo 225. Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros (Chile). Sentencia de 26 de septiembre de 2008, serie C No.154, párr. 124. En este mismo sentido, Caso La Cantuta (Perú), sentencia de 30 de noviembre de 2007, serie C número 173, párrafo 173; Caso Radilla Pacheco (México). Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C, No.209, Párr. 339. Caso Gelman versus Uruguay. Fondo y reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C. número 221. Párr. 193.)

[34] (Cfr. Id., párr. 28. En el mismo sentido, Caso López Álvarez contra Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C. No. 141. Párr. 149, y Caso Palamara Iribarne, cit., párr. 225., Cfr. Caso Barreto Leiva, cit., párr. 30; Caso Palamara Iribarne, cit. párr. 225 y Caso Acosta Calderón, cit. Párr.118).

[35] (Cfr. Caso Reverón Trujillo contra Venezuela. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C. No. 19, Párr. 67; Caso del Tribunal Constitucional, cit., párr. 73, y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”), cit. Párr.55; Caso Reverón Trujillo, cit., párr.67)

[36] Caso Aguirre Roca y otros contra Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, serie C, Párr.77.

[37] O sea que la autoridad que esta investida de autoridad para determinar la responsabilidad y su correspondiente sanción, sea competente, independiente, imparcial y se encuentre predeterminada por la ley.

[38] O sea el derecho a obtener una resolución a sus pretensiones debidamente motivada y fundamentada en ley.

[39] Ver párrafo 207.

[40] Ver párrafo 213, 214 y 215 de la sentencia recaída en el Caso López Lone y otros contra Honduras, 5 de octubre, Serie C.

[41] Ver párrafo 257 de la sentencia Caso López Lone y otros contra Honduras.

[42] Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 106, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 183.

[43] Ver párrafo 259 de la sentencia Caso López Lone y otros contra Honduras.

[44] Ver párrafo 267 de la sentencia Caso López Lone y otros contra Honduras.