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Sentencia AP-903-15 — Registro 6311

Resumen

Sobreseimiento de Recurso de amparo en consulta, interpuesto contra orden de desalojo en relación a la causa instruida contra habitantes de la colonia Gustavo Erazo,por suponerlos responsables del delito de Usurpación en perjuicio de Lotificadora

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"6: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a sobreseer el Recurso de Amparo promovido al detectar que el mismo se esta promoviendo contra un acto consumado de modo irreparable, como lo ha dejado establecido en el considerando cinco de la sentencia emitida, al indicar que el acto reclamado contra el cual se interpone la acción, y de la vista de los antecedentes se concluye que cuando se interpuso la presente acción de amparo ya el acto del desalojo reclamado se había consumado de modo irreparable, es decir se había ejecutado el desalojo por la Juez Ejecutora, por ende no se puede volver la situación al estado anterior, entendiendo la Alzada, que el concepto de “acto consumado de modo irreparable”, consiste en sustanciarse dentro del mundo de lo físico que presuponga una consumación material, volviendo físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de agosto de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, a favor de las señoras MARLEN JUDITH ZELAYA SANCHEZ, GENY LILIANA HERNANDEZ ROMERO, MARIA OLIMPIA SOLER CHAVARRIA, MARIA ANTONIA PONCE FLORES, NANCY YOLIBETH ACOSTA, MARIA ANTONIA HERNANDEZ AMAYA, FRANCISCA MARICELA ARGEÑAL LICONA y BESSY CAROLINA REYES VILLANUEVA, todas mayores de edad, hondureñas y con domicilio en el Departamento de Comayagua, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua; con relación a la causa instruida contra la señora RINA XIOMARA MARADIAGA IZAGUIRRE, por suponerla responsable del delito de PROXENETISMO, en perjuicio de las señoras MARLEN JUDITH ZELAYA SANCHEZ, GENY LILIANA HERNANDEZ ROMERO, MARIA OLIMPIA SOLER CHAVARRIA, MARIA ANTONIA PONCE FLORES, NANCY YOLIBETH ACOSTA, MARIA ANTONIA HERNANDEZ AMAYA, FRANCISCA MARICELA ARGEÑAL LICONA y BESSY CAROLINA REYES VILLANUEVA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de las agraviadas el artículo de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once de septiembre del año dos mil diez, la Licenciada CLAUDIA GABRIELA SIERRA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, presentando Requerimiento Fiscal en contra de la señora RINA XIOMARA MARADIAGA IZAGUIRRE, por suponerla responsable del delito de PROXENETISMO, en perjuicio de las señoras MARLEN JUDITH ZELAYA SANCHEZ, GENY LILIANA HERNANDEZ ROMERO, MARIA OLIMPIA SOLER CHAVARRIA, MARIA ANTONIA PONCE FLORES, NANCY YOLIBETH ACOSTA, MARIA ANTONIA HERNANDEZ AMAYA, FRANCISCA MARICELA ARGEÑAL LICONA y BESSY CAROLINA REYES VILLANUEVA. 2) Que en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil nueve, en resolución tomada en Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras citado declaró: “1) Tener por ratificado el requerimiento fiscal, por parte del Ministerio Público, en la causa que se le sigue a la señora RINA XIOMARA MARADIAGA IZAGUIRRE, por el delito de PROXENETISMO, en perjuicio de MARLEN JUDITH ZELAYA Y OTRAS, 2) DECRETAR AUTO DE PRISION, por el delito de PROXENETISMO, a la señora RINA XIOMARA MARADIAGA IZAGUIRRE, en perjuicio de MARLEN JUDITH ZELAYA SANCHEZ Y OTRAS, 3) Sustituir la medida cautelar de DETENCION JUDICIAL, por la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de LA PAZ, LA PAZ”. (Folios 37 al 48 de la primera pieza de autos) 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado EDUARDO VINICIO MEJIA SALGUERO, en su condición de Defensor Privado de la Imputada, la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, dictó sentencia en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diez, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto y revocó la resolución de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil diez. (Folios 6 al 9v de la segunda pieza de autos). 4) La recurrente Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro de febrero del año dos mil once, reclamando amparo a favor de las señoras MARLEN JUDITH ZELAYA SANCHEZ, GENY LILIANA HERNANDEZ ROMERO, MARIA OLIMPIA SOLER CHAVARRIA, MARIA ANTONIA PONCE FLORES, NANCY YOLIBETH ACOSTA, MARIA ANTONIA HERNANDEZ AMAYA, FRANCISCA MARICELA ARGEÑAL LICONA y BESSY CAROLINA REYES VILLANUEVA, por considerar que la decisión de la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción Constitucional en fecha treinta de marzo de dos mil once. CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, se dirige contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua; con relación a la causa instruida contra la señora RINA XIOMARA MARADIAGA IZAGUIRRE, por suponerla responsable del delito de PROXENETISMO, en perjuicio de las señoras MARLEN JUDITH ZELAYA SANCHEZ, GENY LILIANA HERNANDEZ ROMERO, MARIA OLIMPIA SOLER CHAVARRIA, MARIA ANTONIA PONCE FLORES, NANCY YOLIBETH ACOSTA, MARIA ANTONIA HERNANDEZ AMAYA, FRANCISCA MARICELA ARGEÑAL LICONA y BESSY CAROLINA REYES VILLANUEVA. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ considera que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, en virtud de vislumbrar la realización de un juicio con abierto irrespeto al ordenamiento jurídico penal sustantivo y adjetivo, al no existir una correcta tutela judicial efectiva, que incluye la aplicación e interpretación efectiva de la norma jurídica al caso concreto, asímismo una adecuada valoración de los medios de prueba de que se han hecho valer las partes durante la audiencia inicial, momento procesal en que el Ministerio Público ofreció como medio de prueba una acta que contiene la declaración de testigos, la cual fue realizada con las formalidades de la prueba anticipada, documento que fue cuestionado por la parte defensora invocando un incidente de nulidad el cual fue declarado sin lugar por el Juez A-Quo, quien después de hacer una valoración de todo el conjunto de medios de prueba ofertados por las partes conforme a los principios del sistema acusatorio y valorados por el juez aplicando las reglas de la sana critica, decretó un auto de prisión en contra de la señora RINA XIOMARA MARADIAGA IZAGUIRRE, por el delito de PROXENETISMO, resolución que ha sido, a juicio del Ministerio Público, correcta y de manera acertada por parte del Juez A-Quo. La cual fue recurrida mediante recurso de apelación, el que al ser resuelto por el Ad-Quem revocó el auto de prisión decretado en contra de la imputada, en función de la aplicación de un incidente de nulidad inexistente planteado por la parte defensora. Resolución con la que muestra su desacuerdo por considerar que la misma no fue dictada de conformidad a derecho, en una flagrante violación al derecho de defensa y debido proceso que le asiste al Ministerio Público como representante de los intereses generales de la sociedad. CONSIDERANDO TRES (3): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez; se aprecia que la Corte recurrida luego del análisis de los puntos expuestos por las partes concluyó que el Juez A-Quo no resolvió motivadamente lo peticionado por la Defensa, a efecto de explicarle el porqué le declara sin lugar lo planteado, limitándose a resolver lo expuesto por el Ministerio Público, sin valorizar los elementos de la Defensa, argumentados a favor de la imputada; en cuanto a la forma del procedimiento de nulidades expuestas, la no existencia del elemento pasivo del delito (victima) y el soporte presentado en cuanto al arraigo de su representada con respecto a las medidas cautelares atinentes. Señalando que si bien es cierto, nuestro Código Procesal Penal, esta inspirado en el principio acusatorio, también es cierto, que debe respetarse el impulso procesal de las partes, ello no impide al Juez o Tribunal que conoce el caso, que haga uso del control de sus garantías para evitar arbitrariedades, debiendo encausar las actuaciones dentro del marco legal preestablecido. Por lo que resolvió declarar con lugar la apelación y revocar el auto recurrido. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el o las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el dictar medidas cautelares a los imputados, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República.- NOTIFIQUESE. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil doce, certificación de la sentencia de fecha siete de agosto del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número 63-P160-P174=11.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL