Sentencia AP-890-13 — Registro 6275
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto de formal procesamiento con medida cautelar de prisión preventiva contra recurrente por considerar el Juez de Instancia que existe peligro de fuga, falta de arraigo y por la gravedad de la pena que pueda imponerse; ya que se le supone responsable de los delitos de Asesinato en perjuicio de víctimas, y Asesinato en su grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Testigo Protegido "B"; La Autoridad recurrida concluyó que las diligencias realizadas en etapa de investigación resultan congruentes, claras y precisas en relación a los hechos logrando establecerse indicios racionales de participación de los imputados; consta que los allanamientos practicados fueron autorizados por el Juez y con la debida autorización de quienes habitan las viviendas, por lo que no hay menoscabo alguno a derechos fundamentales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala observa que el recurrente cuestiona la decisión adoptada por el A-quo y confirmada por el Ad-quem, al decretar Auto de Formal Procesamiento contra su representado el señor Jorge Luís Gómez Casco, por los delitos de Asesinato y Asesinato en su grado de ejecución de tentativa; arguye el impetrante que no se valoró la prueba testifical portada por la defensa, que no se aportó prueba científica, que existen contradicciones en los testigos ofrecidos por el Ministerio Público, que no se convalidaron los ingresos a la viviendas entre otras aseveraciones esgrimidas por el impetrante; observa también esta Sala que el recurrente realiza valoraciones subjetivas, al afirmar que el Ministerio Público fabrico Testigos Protegidos y que el señor Domingo Gómez fue intimidado a efecto de sacarle la firma en la que autoriza el ingreso a su vivienda, situaciones estas que no se encuentran acreditadas en los autos a efecto de estimar esta Sala que dichas diligencias han sido realizadas a través de medios que vulneren derechos fundamentales..."..."ya lo ha expresado esta Sala en reiteradas sentencias la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un Auto de Formal procesamiento, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República..."..."el artículo 253 del Código Procesal Penal, establece la forma en como se desarrollara el medio de prueba denominado Reconocimiento de personas en rueda; elementos que fueron observados al momento de realizarse la misma, tal y como consta en el acta de Audiencia Inicial celebrada por el A-quo, misma que se realizó ante la presencia de las partes procesales, garantizando con ello los principios rectores del proceso penal y el derecho constitucional de defensa que le asiste al imputado, desarrollados de forma mas específica en el artículo 101[7] del Código Procesal Penal; el impetrante cuestiona la diligencia de reconocimiento fotográfico realizado por los testigos protegidos en sede administrativa; vale señalar al respecto que el A-quo valoró al momento de decretar el Auto de Formal Procesamiento el reconocimiento en rueda que se realizó en la Audiencia Inicial ante Juez competente, en la que se han seguido los lineamientos establecidos en la ley procesal penal a efecto de valorar la misma..."..."en relación a la detención del imputado, de los autos que forman la pieza de instancia, se observa que al ciudadano Jorge Luís Gómez Casco, se le dio aprensión en fecha veintidós de octubre del año dos mil doce, a las seis y cincuenta minutos de la mañana, momento en que se le leyeron sus derechos, detención que se realizó a raíz de allanamientos e ingresos a varias viviendas localizadas en el Barrio Nueva Esperanza, en la ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho, a través de las investigaciones realizadas por el ente acusador, detención preventiva que fue decretada por el Fiscal del Ministerio Público Abogado Johonny Bladimir Dubon Burgos, en estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 176 del Código Procesal Penal[8] que dispone:...…”; exigencias éstas que fueron observadas por las autoridades encargadas de la investigación criminal, al colegirse de los antecedentes que el encartado fue puesto a la orden de Juez competente en fecha veintitrés de octubre del año dos mil doce, dando cumplimiento a lo establecido en dicha normativa procesal penal..."..."el derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra constitucionalmente consagrado en el artículo 99 de la Constitución de la República, el párrafo primero preceptúa:....)”; se observa a folios del 55 al 81 de las antecedentes de instancia varias autorizaciones de ingreso a vivienda, incluida la autorización para ingresar a la vivienda del señor Domingo Gómez Sierra, en tal sentido se ingresó a la misma previa aceptación de las personas que habitaban la vivienda, dando cumplimiento y respetando lo establecido en el artículo 99 constitucional; ello porque es clara la normativa constitucional al indicar que ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que la habita o resolución de autoridad competente, requisito o exigencia que ha sido observado por la autoridad de investigación, al solicitar la autorización para ingresar a las viviendas, no exigiendo la norma antes indicada la presentación de títulos de propiedad que acrediten quien es el propietario de la vivienda..."..."esta Sala observa que en el caso subjúdice, la resolución emitida por el Tribunal de Alzada y que se ha impugnado en esta vía constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, ello se advierte, pues de la revisión de los autos se observa que las diligencias realizadas por la autoridad de investigación se ha llevado a cabo con la observancia procedimental que manda la ley penal, lo que no reviste ninguna ilegalidad en las mismas, al observarse el respeto al principio de legalidad y demás principios rectores del proceso penal, a saber: contradicción, inmediación, concentración, así como el respeto a los derechos fundamentales del imputado como ser: el derecho de petición, derecho de defensa, igualdad procesal, entre otros..."..."a modo de conclusión podemos afirmar, que la decisión adoptada por el Ad-quem, no ha vulnerado en perjuicio del imputado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes y revestidos de legalidad para sustentar la resolución recurrida, y por ello ha confirmado el auto de prisión en contra del imputado..."..."se estima que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, no vulnera los derechos constitucionales de defensa, debido proceso y legalidad, por lo que el amparo interpuesto por el censor, debe ser denegado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 176 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 253 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala observa que el recurrente cuestiona la decisión adoptada por el A-quo y confirmada por el Ad-quem, al decretar Auto de Formal Procesamiento contra su representado el señor Jorge Luís Gómez Casco, por los delitos de Asesinato y Asesinato en su grado de ejecución de tentativa; arguye el impetrante que no se valoró la prueba testifical portada por la defensa, que no se aportó prueba científica, que existen contradicciones en los testigos ofrecidos por el Ministerio Público, que no se convalidaron los ingresos a la viviendas entre otras aseveraciones esgrimidas por el impetrante; observa también esta Sala que el recurrente realiza valoraciones subjetivas, al afirmar que el Ministerio Público fabrico Testigos Protegidos y que el señor Domingo Gómez fue intimidado a efecto de sacarle la firma en la que autoriza el ingreso a su vivienda, situaciones estas que no se encuentran acreditadas en los autos a efecto de estimar esta Sala que dichas diligencias han sido realizadas a través de medios que vulneren derechos fundamentales..."..."ya lo ha expresado esta Sala en reiteradas sentencias la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un Auto de Formal procesamiento, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República..."..."el artículo 253 del Código Procesal Penal, establece la forma en como se desarrollara el medio de prueba denominado Reconocimiento de personas en rueda; elementos que fueron observados al momento de realizarse la misma, tal y como consta en el acta de Audiencia Inicial celebrada por el A-quo, misma que se realizó ante la presencia de las partes procesales, garantizando con ello los principios rectores del proceso penal y el derecho constitucional de defensa que le asiste al imputado, desarrollados de forma mas específica en el artículo 101[7] del Código Procesal Penal; el impetrante cuestiona la diligencia de reconocimiento fotográfico realizado por los testigos protegidos en sede administrativa; vale señalar al respecto que el A-quo valoró al momento de decretar el Auto de Formal Procesamiento el reconocimiento en rueda que se realizó en la Audiencia Inicial ante Juez competente, en la que se han seguido los lineamientos establecidos en la ley procesal penal a efecto de valorar la misma..."..."en relación a la detención del imputado, de los autos que forman la pieza de instancia, se observa que al ciudadano Jorge Luís Gómez Casco, se le dio aprensión en fecha veintidós de octubre del año dos mil doce, a las seis y cincuenta minutos de la mañana, momento en que se le leyeron sus derechos, detención que se realizó a raíz de allanamientos e ingresos a varias viviendas localizadas en el Barrio Nueva Esperanza, en la ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho, a través de las investigaciones realizadas por el ente acusador, detención preventiva que fue decretada por el Fiscal del Ministerio Público Abogado Johonny Bladimir Dubon Burgos, en estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 176 del Código Procesal Penal[8] que dispone:...…”; exigencias éstas que fueron observadas por las autoridades encargadas de la investigación criminal, al colegirse de los antecedentes que el encartado fue puesto a la orden de Juez competente en fecha veintitrés de octubre del año dos mil doce, dando cumplimiento a lo establecido en dicha normativa procesal penal..."..."el derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra constitucionalmente consagrado en el artículo 99 de la Constitución de la República, el párrafo primero preceptúa:....)”; se observa a folios del 55 al 81 de las antecedentes de instancia varias autorizaciones de ingreso a vivienda, incluida la autorización para ingresar a la vivienda del señor Domingo Gómez Sierra, en tal sentido se ingresó a la misma previa aceptación de las personas que habitaban la vivienda, dando cumplimiento y respetando lo establecido en el artículo 99 constitucional; ello porque es clara la normativa constitucional al indicar que ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que la habita o resolución de autoridad competente, requisito o exigencia que ha sido observado por la autoridad de investigación, al solicitar la autorización para ingresar a las viviendas, no exigiendo la norma antes indicada la presentación de títulos de propiedad que acrediten quien es el propietario de la vivienda..."..."esta Sala observa que en el caso subjúdice, la resolución emitida por el Tribunal de Alzada y que se ha impugnado en esta vía constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, ello se advierte, pues de la revisión de los autos se observa que las diligencias realizadas por la autoridad de investigación se ha llevado a cabo con la observancia procedimental que manda la ley penal, lo que no reviste ninguna ilegalidad en las mismas, al observarse el respeto al principio de legalidad y demás principios rectores del proceso penal, a saber: contradicción, inmediación, concentración, así como el respeto a los derechos fundamentales del imputado como ser: el derecho de petición, derecho de defensa, igualdad procesal, entre otros..."..."a modo de conclusión podemos afirmar, que la decisión adoptada por el Ad-quem, no ha vulnerado en perjuicio del imputado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes y revestidos de legalidad para sustentar la resolución recurrida, y por ello ha confirmado el auto de prisión en contra del imputado..."..."se estima que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, no vulnera los derechos constitucionales de defensa, debido proceso y legalidad, por lo que el amparo interpuesto por el censor, debe ser denegado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 176 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 253 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ a favor del señor Jorge Luis Gomez Casco contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis de julio del año dos mil trece, que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmó el auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintiséis de octubre del año dos mil doce, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE LUIS GOMEZ CASCO por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO en perjuicio de los ciudadanos YEISON RELY CRUZ OSORIO, NAHUN ANTONIO OLIVA ORTIZ, MAURICIO ALBERTO FUNEZ LAINEZ, WILSON JAVIER CRUZ OSORIO, FRANKLIN OLIDEO ARGURTA PADILLA, JOSE EVELYN MUNGUIA GARCIA, HERVIN NAHUN OSORIO ROMERO y CARLOS EDGARDO LOBO MONTOYA, y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “B”. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado Las garantías contenidas en los artículos 69, 82, 90,92 y 99 de la Constitución de la República y la garantía judicial señalada en el artículo 8 numeral 1) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veintitrés de octubre del año dos mil doce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, el Abogado JOHONNY BLADIMIR DUBON en su condición de Agente de Tribunal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los ciudadanos OSMAN ALEXANDER CERNA PEREZ y JORGE LUIS GOMEZ CASCO por suponerlos responsables a título de autor de los delitos de ASESINATO, ASESINATO EN SU GARDO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de los señores YEISON RELY CRUZ OSOSRIO, NAHUN ANTONIO OLIVA ORTIZ, MAURICIO ALBERTO FUNEZ LAINEZ, WILSON JAVIER CRUZ OSORIO, FRANKILN OLIDEI ARGUETA PADILLA, JOSE EVELYN MUNGUIA GARCIA, HERVIN NAHUN OSOSRIO ROMERO, CARLOS EDGARDO LOBO MONTOYA y TESTIGO PROTEGIDO. (Folios 01 al 07 de la pieza de los antecedentes de instancia).-2) Que en fecha veintiséis de octubre del año dos mil doce, el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en audiencia inicial resolvió: (Sic) “1.- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra OSMAN ALEXANDER CERNA PEREZ y JORGE LUIS GOMEZ CASCO, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio de YEISON RELY CRUZ OSORIO, NAHUN ANTONIO OLIVA ORTIZ, MAURICIO ALBERTO FUNEZ LAINEZ, WILSON JAVIER CRUZ OSORIO, FRANKILN OLIDEO ARGUETA PADILLA, JOSE EVELYN MUNGUIA GARCIA, HERVIN NAHUN OSORIO ROMERO Y CARLOS EDGARDO LOBO MONTOYA.- 2.- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra OSMAN ALEXANDER CERNA PEREZ Y JORGE LUIS GOMEZ CASCO, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO B.- 3.- Se le impone a los imputados arriba mencionados la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, por considerar que existe peligro de fuga, por la falta de arraigo y gravedad de la pena que pueda imponerse como resultado del proceso, la posible obstrucción de la investigación, así como riesgo fundado de que los imputados atenten o ejecuten actos de represalia en contra del acusador o denunciante, debiendo cumplirla en la Penitenciaria Nacional de Támara Dr. Marco Aurelio Soto.- 4.- DICTA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de OSMAN ALEXANDER CERNA PEREZ Y JORGE LUIS GOMEZ CASCO, por el delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, debiéndosele extender su respectiva carta de libertad de forma definitiva únicamente por ese delito.-…” (Folios 33 al 51 de la pieza de los antecedentes de instancia).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado DENIE ESTUARDO LORENZANA en su condición de Abogado Defensor del señor JORGE LUIS GOMEZ CASCO contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, dictó resolución en fecha veintiséis de julio del año dos mil trece, mediante la cual resolvió: (Sic) “1) Declarando NO HA LUGAR el recurso interpuesto.-2) CONFIRMANDO la resolución apelada.” (Folios del 291 al 293 de la pieza de los antecedentes de instancia).- 4) Que el Abogado JORGE ALBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ en fecha dieciocho de octubre del año dos mil trece, compareció ante este Alto Tribunal, reclamando amparo a favor del señor JORGE LUIS GOMEZ CASCO afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha veintiséis de julio del año dos mil trece, es violatoria de las garantías contenidas en los artículos 69, 82, 90, 92 y 99 de la Constitución de la República y la garantía judicial señalada en el artículo 8 numeral 1) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Teniendo por formalizado esta Sala el recurso de merito, en providencia de fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, omitiéndose la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, por ser parte en el asunto traído a estudio a esta Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el asunto traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha veintitrés de octubre del año dos mil doce, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras Con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOHONNY BLADIMIR DUBON en su condición de Agente de Tribunal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los ciudadanos OSMAN ALEXANDER CERNA PEREZ y JORGE LUIS GOMEZ CASCO por suponerlos responsables a título de autor de los delitos de ASESINATO, ASESINATO EN SU GARDO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de los señores YEISON RELY CRUZ OSOSRIO, NAHUN ANTONIO OLIVA ORTIZ, MAURICIO ALBERTO FUNEZ LAINEZ, WILSON JAVIER CRUZ OSORIO, FRANKILN OLIDEI ARGUETA PADILLA, JOSE EVELYN MUNGUIA GARCIA, HERVIN NAHUN OSOSRIO ROMERO, CARLOS EDGARDO LOBO MONTOYA y TESTIGO PROTEGIDO.-CONSIDERANDO (3): Que en la exposición de sus argumentos, el recurrente expone que se ha violentado a su defendido el artículo 69[1] constitucional, sostiene que el atropello a la libertad personal se consuma, porque detienen a su defendido sin tener la orden del Fiscal, los policías de investigación, y que dicha orden del Fiscal fue emitida hasta tres horas después de consumada la violación constitucional, pero arguye el recurrente, que dicha orden no fue convalidada por el Juez competente, mediante auto motivado, que no existe en el proceso penal, por ende la prisión preventiva decretada por el Tribunal A-quo, degenero en una detención ilegal, al no haberse convalidado la detención preventiva decretada tardíamente por el Fiscal que participó en el operativo policial que origino la detención de Jorge Luís Gómez Casco.-CONSIDERANDO (4): Que asimismo se violentó el artículo 82[2] y 90[3] de la Constitución de la República con el acto reclamado, continúa señalando el impetrante en amparo, por los siguientes motivos: No estuvo presente ningún defensor público o privado, en sede policial, controlando el acto de reconocimiento fotográfico de parte de los supuestos testigos protegidos que fabrico el Ministerio Público; de igual forma arguye el quejoso, se llevo a cabo un reconocimiento en rueda, sin las formalidades legales, puesto que el tribunal A-quo colocó a otros tres sujetos sin describirlos físicamente, para dejar constancia de las similitudes físicas con mi defendido en mención, asimismo los testigos de cargo A y B, ya habían visto en sede policial y en las primeras planas de distintos periódicos y canales de televisión, con lujo de detalles fotos de mi defendido Jorge Luís Gómez Casco y no lo pudieron ver en el día del hecho criminoso puesto que era un lugar oscuro sin luz artificial, concluye el recurrente, en los argumentos que esgrime en relación a la vulneración de los derechos antes indicados.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente argumenta que con la decisión adoptada por el Ad-quem se violentó igualmente el artículo 92[4] constitucional, ello porque tanto el A-quo como el Ad-quem incurrieron en el mismo error, darle valor indiciario a las declaraciones de los testigos A y B, que con respecto a Jorge Luis Gómez Casco, no son contestes, puesto que su veracidad se pone en entredicho ya que se contradicen en el reconocimiento en rueda, al dar dos colores diferentes de vestimenta para su pantalón y camisa y dar dos lugares diferentes en donde se ubicaba supuestamente dentro del vehículo sospechoso en que llegaron los hechotes materiales del hecho criminoso. En relación a la violación del artículo 99[5] constitucional, expresa el amparista que la Policía de Investigación sin orden judicial allanó el domicilio de Jorge Luis Gómez Casco y trataron de subsanar dicho error policial y abuso de autoridad, sacándole la firma bajo intimidación al señor Domingo Gómez en un formato de autorización para registro de vivienda, padre de mi defendido, pero el propietario de la vivienda en referencia es Jorge Luís Gómez Casco, lo cual se acredita con Testimonio de Escritura Pública N. 189 de compra venta; continua señalando el recurrente en relación a la violación del artículo 99 constitucional que el auto emitido en sede fiscal ordenando el allanamiento de varias viviendas, no se incluyó el domicilio del señor Jorge Luís Gómez Casco, ni de su padre Domingo Gómez, de lo cual se deduce que fue algo injertado en esta investigación, para detener a una persona en vía o calle pública: Jorge Luís Gómez Casco (Sub Director de Diáconos de Iglesia Adventista del Séptimo Día), e involucrado falsamente en un hecho criminoso del cual no tiene participación alguna, concluye el pedidor. (Lo destacado es del amparista). Para finalizar arguye el recurrente en amparo que se violentó el artículo 8.1[6] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera múltiple, por todos los derechos constitucionales que considera han sido vulnerados a su representado el ciudadano Jorge Luís Gómez Casco.-CONSIDERANDO (6): Que del examen de la resolución cuestionada, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, fundamenta la decisión adoptada en la siguiente apreciación jurídica: “… Del examen de las diligencias y los agravios planteados que se contraen a cuestionar la realización de reconocimiento fotográfico, diligencia de constatación inmediata permitida en la etapa de investigación; considerando que al haberse efectuado contamina los elementos probatorios traídos a la audiencia inicial. Como el Reconocimiento en rueda, pues dice que los testigos ya habían visto las fotos de las personas reconocidas, agravio que no estima este Tribunal se haya producido en virtud que el medio de prueba se ha practicado en la audiencia inicial con la presencia de las partes, bajo la dirección del Juez y con todas las garantías del proceso acusatorio; y en cuanto a los cuestionamientos a las declaraciones de los testigos Protegidos A y B, este Tribunal estima que las mismas resultan congruentes, claras y precisas en relación a los hechos logrando establecer las mismas indicios racionales de participación de los imputados; se cuestiona además la detención por estimar que se practicaron allanamientos sin haber sido autorizados o convalidados por el Juez; en ese sentido vemos: a folios 55 al 81 se encuentran las autorizaciones respectivas de ingreso a las viviendas que también como diligencias investigación se practicó por los agentes con la debida autorización de quienes la habitan; no existiendo menoscabo alguno al derecho a la inviolabilidad del domicilio…”.-CONSIDERANDO (7): Que la garantía constitucional de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad recurrida, vulnera derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; en ese orden de ideas es necesario examinar si los artículos 69, 82, 90,92 y 99 de nuestra norma constitucional, han sido quebrantados por la decisión del Ad-quem; tal y como lo estima el recurrente Abogado JORGE ALBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ.-CONSIDERANDO (8): Que de la lectura de la acción constitucional impetrada, esta Sala observa que el recurrente cuestiona la decisión adoptada por el A-quo y confirmada por el Ad-quem, al decretar Auto de Formal Procesamiento contra su representado el señor Jorge Luís Gómez Casco, por los delitos de Asesinato y Asesinato en su grado de ejecución de tentativa; arguye el impetrante que no se valoró la prueba testifical portada por la defensa, que no se aportó prueba científica, que existen contradicciones en los testigos ofrecidos por el Ministerio Público, que no se convalidaron los ingresos a la viviendas entre otras aseveraciones esgrimidas por el impetrante; observa también esta Sala que el recurrente realiza valoraciones subjetivas, al afirmar que el Ministerio Público fabrico Testigos Protegidos y que el señor Domingo Gómez fue intimidado a efecto de sacarle la firma en la que autoriza el ingreso a su vivienda, situaciones estas que no se encuentran acreditadas en los autos a efecto de estimar esta Sala que dichas diligencias han sido realizadas a través de medios que vulneren derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (9): Que como ya lo ha expresado esta Sala en reiteradas sentencias la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un Auto de Formal procesamiento, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (10): Que el recurrente señala que se ha violentado el principio genérico al debido proceso, por la forma en que se practicó el reconocimiento en rueda a su patrocinado; al respecto el artículo 253 del Código Procesal Penal, establece la forma en como se desarrollara el medio de prueba denominado Reconocimiento de personas en rueda; elementos que fueron observados al momento de realizarse la misma, tal y como consta en el acta de Audiencia Inicial celebrada por el A-quo, misma que se realizó ante la presencia de las partes procesales, garantizando con ello los principios rectores del proceso penal y el derecho constitucional de defensa que le asiste al imputado, desarrollados de forma mas específica en el artículo 101[7] del Código Procesal Penal; el impetrante cuestiona la diligencia de reconocimiento fotográfico realizado por los testigos protegidos en sede administrativa; vale señalar al respecto que el A-quo valoró al momento de decretar el Auto de Formal Procesamiento el reconocimiento en rueda que se realizó en la Audiencia Inicial ante Juez competente, en la que se han seguido los lineamientos establecidos en la ley procesal penal a efecto de valorar la misma.-CONSIDERANDO (11): Que en relación a la detención del imputado, de los autos que forman la pieza de instancia, se observa que al ciudadano Jorge Luís Gómez Casco, se le dio aprensión en fecha veintidós de octubre del año dos mil doce, a las seis y cincuenta minutos de la mañana, momento en que se le leyeron sus derechos, detención que se realizó a raíz de allanamientos e ingresos a varias viviendas localizadas en el Barrio Nueva Esperanza, en la ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho, a través de las investigaciones realizadas por el ente acusador, detención preventiva que fue decretada por el Fiscal del Ministerio Público Abogado Johonny Bladimir Dubon Burgos, en estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 176 del Código Procesal Penal[8] que dispone: “Detención preventiva. El Ministerio Público podrá ordenar la detención preventiva de una persona cuando: 1) Existan razones para creer que participó en la comisión de un delito y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar;… Toda detención preventiva será puesta sin tardanza en conocimiento del Juez competente y en ningún caso podrá exceder de veinticuatro horas…”; exigencias éstas que fueron observadas por las autoridades encargadas de la investigación criminal, al colegirse de los antecedentes que el encartado fue puesto a la orden de Juez competente en fecha veintitrés de octubre del año dos mil doce, dando cumplimiento a lo establecido en dicha normativa procesal penal. (Ver folios del 1 al 7 y 31 al 32 de la pieza de los antecedentes de instancia).-CONSIDERANDO (12): Que el derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra constitucionalmente consagrado en el artículo 99 de la Constitución de la República, el párrafo primero preceptúa: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a las persona o a la propiedad…”; en tal sentido CABALLAS DE TORRES[9] define el allanamiento de la forma siguiente: “ALLANAMIENTO. Conformidad con las pretensiones deducidas por la parte contraria. Penetrar, con poder escrito de la autoridad judicial, en un domicilio o local privado, para realizar en él ciertas diligencias, como detenciones, registros, etc. A LA DEMANDA. Acción de prestar el demandado su asentimiento a lo solicitado y pedido por el actor. El allanamiento sólo puede comprender los derechos privados que sean renunciales. (v. Demanda, Desistimiento.) DE MORADA o DE DOMICILIO. Delito que consiste en penetrar con violencia manifiesta en casa o edificio ajeno, sin consentimiento de la persona que lo habita. Como b sico derecho individual, proclamado por las diversas constituciones, est el de la inviolabilidad del domicilio (v.)”; se observa a folios del 55 al 81 de las antecedentes de instancia varias autorizaciones de ingreso a vivienda, incluida la autorización para ingresar a la vivienda del señor Domingo Gómez Sierra, en tal sentido se ingresó a la misma previa aceptación de las personas que habitaban la vivienda, dando cumplimiento y respetando lo establecido en el artículo 99 constitucional; ello porque es clara la normativa constitucional al indicar que ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que la habita o resolución de autoridad competente, requisito o exigencia que ha sido observado por la autoridad de investigación, al solicitar la autorización para ingresar a las viviendas, no exigiendo la norma antes indicada la presentación de títulos de propiedad que acrediten quien es el propietario de la vivienda.-CONSIDERANDO (13): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala observa que en el caso subjúdice, la resolución emitida por el Tribunal de Alzada y que se ha impugnado en esta vía constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, ello se advierte, pues de la revisión de los autos se observa que las diligencias realizadas por la autoridad de investigación se ha llevado a cabo con la observancia procedimental que manda la ley penal, lo que no reviste ninguna ilegalidad en las mismas, al observarse el respeto al principio de legalidad y demás principios rectores del proceso penal, a saber: contradicción, inmediación, concentración, así como el respeto a los derechos fundamentales del imputado como ser: el derecho de petición, derecho de defensa, igualdad procesal, entre otros.- CONSIDERANDO (14): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que la decisión adoptada por el Ad-quem, no ha vulnerado en perjuicio del imputado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes y revestidos de legalidad para sustentar la resolución recurrida, y por ello ha confirmado el auto de prisión en contra del imputado.-CONSIDERANDO (15): Que por todas las razones anteriormente expuestas, se estima que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, no vulnera los derechos constitucionales de defensa, debido proceso y legalidad, por lo que el amparo interpuesto por el censor, debe ser denegado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 69, 80, 82, 90, 92, 99, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 Nº 5)de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 4, 8, 13, 176 y 253 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 8.1 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ a favor del señor JORGE LUIS GOMEZ CASCO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis de julio del año dos mil trece. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0890-2013.