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Sentencia AP-889-15 — Registro 6301

Resumen

Sentencia en consulta otorgó amparo en contra de resolución del juzgado de letras seccional de Comayagua, por haber declarado sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público en cuanto a que no accedió a la adecuación del procedimiento expedito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el Estado de Honduras en búsqueda del control de la criminalidad, como política criminal, para hacerle frente a este flagelo, adicionó el contenido del Decreto No. 74-2013 en el Código Procesal Penal, Artículos comprendidos del 440-A al 440-O, creando la figura de procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, a fin de lograr la celeridad en el proceso en aquellos casos que no resultan complejos y cuyos términos se vuelven más expeditos, logrando una sentencia en el menor tiempo posible, tratando de frenar la impunidad y darle respuesta rápida a la sociedad y especialmente a las víctimas..."..."Que la finalidad del proceso es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, así reza el artículo 8 del Código Procesal Penal, y así fue diseñado el Procedimiento Expedito para los delitos en flagrancia, evitando dilaciones innecesarias, volviendo más pronta la justicia en los casos en flagrancia; tal finalidad en el caso que nos ocupa obviamente no fue observada por el A-Quo, que encuentra difícil realización de la práctica de una pericia que el mismo ente acusador a ofrecido presentar al momento de la proposición de la prueba, ya que se trata solo de establecer si el arma se encuentra en buen funcionamiento, en ese orden de ideas tal pericia no representan un alto grado de dificultad, en consecuencia procede la aplicación del procedimiento expedito en casos de flagrancia como el que nos ocupa..."..."Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, ha observado los preceptos establecidos en la ley para la aplicación del procedimiento expedito en delitos de flagrancia, ajustándose a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, apreciando que la resolución dictada por el A-Quo ha vulnerado el debido Proceso invocado por el impetrante, debiendo restablecerse y mantenerse tales derechos, a fin de que las partes obtengan una tutela judicial efectiva..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio del dos mil dieciséis.-VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha ocho de septiembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, que resuelve otorgar el recurso de amparo interpuesto por la abogada NORMA YAMILETH FLORES RUIZ, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, a favor del señor WILFREDO GUZMAN GAMEZ, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Comayagua, en fecha cinco de agosto del año dos mil quince; con relación a las diligencias instruidas contra el señor WILFREDO GUZMAN GAMEZ, por suponerlo responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES:

  1. Que en fecha once de agosto del año dos mil quince, la Abogada NORMA YAMILETH FLORES RUIZ, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, interpuso ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, Recurso de Amparo a favor del señor WILFREDO GUZMAN GAMEZ; contra actuaciones dictadas en fecha cinco de agosto del año dos mil quince, por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Comayagua, mediante la cual resuelve “PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de REPOSICION planteado por la Agente Fiscal del Ministerio Público, en cuanto a que no se acceda a la adecuación del procedimiento expedito…” (Pagina 16 AL 18 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha ocho de septiembre del año dos mil quince, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua RESOLVIÒ: PRIMERO: OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada NORMA YANETH FLORES RUIZ, contra la resolución de fecha Cinco de Agosto del año dos mil quince, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, la causa que se le sigue al señor WILFREDO GUZMAN GAMEZ, a quien se le supone responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL en, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: Ordena a la referida judicatura que se continué el proceso contra el referido imputado por la vía de proceso expedito de flagrancia…” (Folios 17 al 20 de la pieza de Corte de apelaciones).-3) Que en fecha veintidós de septiembre del año dos mil quince, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. -CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha ocho de septiembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada NORMA YANETH FLORES RUIZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Mediante la cual se Denegó la acción de Amparo interpuesta, contra las actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Comayagua, de fecha cinco de agosto del año dos mil quince, en relación a la causa instruida contra el señor WILFREDO GUZMAN GAMEZ, por suponerlo responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (4): Que la recurrente fue notificada en fecha ocho de septiembre del año dos mil quince, del fallo emitido por el Ad-Quem mediante el cual se OTORGA el Recurso de amparo interpuesto (F. 20 de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO (5): Que la impetrante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, manifestando en la formalización del mismo (Folios 14 al 16 pieza de amparo),que la resolución recurrida declaró sin lugar lo peticionado por el Ministerio Público en el sentido de que la causa fuera sometida al procedimiento expedito de delitos en flagrancia, considerando el ente acusador que por el tipo de delito por el que se presentó el requerimiento fiscal reúne todos los requisitos para seguir este procedimiento especial. Por lo que considera que se ha vulnerado el debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional, ya que la resolución impugnada contrasta con lo dispuesto en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, en el que están previstas las excepciones por las que no puede aplicarse el procedimiento expedito en casos de flagrancia entre ellas.1.- que se trate de un delito de investigación compleja a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados y víctimas , 2) que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior, 3) Que se requiera la práctica de prueba de difícil realización…” Señalando que en el caso que nos ocupa no existe ninguna complejidad, ya que el imputado fue encontrado en posesión del arma y no portaba su carne de permiso extendido en legal y debida forma, extremos que se hacen constar mediante un acta de registro y un acta de decomiso del arma. Además la declaración de los policías que aseguran haberlo encontrado con alarma y que no portaba carne, extremos evacuados al momento de presentar el requerimiento, lo que implica que no existe complejidad en la investigación del caso lo que hace procedente la aplicación del juicio expedito. Dice la impetrante que no obstante ello la A-Quo fue del criterio que no procede el procedimiento expedito porque requiere de la practica repruebas de difícil realización, como ser dictámenes o más, para acusar o eximir de responsabilidad del encausado y como el juicio expedito no puede durar más de treinta días, esos medios de prueba no estarán listos para ilustrar ala señora Juez en el momento del juicio; resolución que el ente Investigador considera no es conforme a derecho ya que “si bien es cierto se debe hacer pericia al arma para asegurarse de que está en buen funcionamiento, el ente acusador desde el momento que tiene conocimiento de los hechos hace los arreglos necesarios para enviar esa evidencia a sus laboratorios y para el día de la proposición de prueba ya se tiene listo el dictamen que se va a utilizar para acreditar ese extremo, lo que indica que esa prueba no es de compleja realización porque tiene los medios idóneos para que la misma sea realizada dentro del término que manda la ley, por lo que el argumento utilizado por la Juez para denegar el procedimiento expedito esta fuera del contexto del debido proceso, y con esto no está dando una debida aplicación de los que ordena el artículo 440-A, pues su decisión no está enmarcada en ninguna de las excepciones establecidas en este artículo”. Además señala que la A-Quo dejó de cumplir lo que establece el artículo 8 y 9 del Código Procesal Penal de una pronta y eficaz aplicación de la justicia, dilatando indebidamente el proceso. -CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones de la Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua en su fallo deja una relación detallada de los hechos y motivos por los que la recurrente acude en búsqueda de justicia constitucional, en su penúltimo considerando, hace referencia a la finalidad del proceso penal como la aspiración de una realización pronta y efectiva de la justicia penal “y estima que con la asistencia del Ministerio Público y en tutela de la verdad real y el principio de objetividad, el ente acusador tal como lo afirmó en la citada audiencia procurará la práctica inmediata del dictamen balístico que invoca el defensor del imputado dentro de los treinta días que franquea la normativa de los artículos 440-A, 440-B y demás atinentes al procedimiento de los delitos en flagrancia”. Expone el Ad quem “que a la luz de los criterios esbozados es del criterio que no tiene soporte fáctico y jurídico la circunstancia del Artículo 440-A párrafo segundo del código Procesal Penal, pues resulta evidente que la práctica de balística solicitada no constituye una prueba de difícil realización”.Concluyendo que la resolución impetrada vía amparo vulnera el debido proceso invocado por el Ministerio Público enunciado en el artículo90 constitucional por lo consideró procedente otorgar el amparo. -CONSIDERANDO (7): Que el origen de la controversia surge de la resolución dictada por el A-Quo en un proceso en el que se solicitó la aplicación de un procedimiento expedito por tratarse de delitos en flagrancia. Analizado los hechos relatados en el requerimiento fiscal esta Sala observa que ciertamente se trata de delitos en flagrancia, en el que no concurre ninguna de las excepciones establecidas en el artículo 440-A.-CONSIDERANDO (8): Que el Estado de Honduras en búsqueda del control de la criminalidad, como política criminal, para hacerle frente a este flagelo, adicionó el contenido del Decreto No. 74-2013 en el Código Procesal Penal, Artículos comprendidos del 440-A al 440-O, creando la figura de procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, a fin de lograr la celeridad en el proceso en aquellos casos que no resultan complejos y cuyos términos se vuelven más expeditos, logrando una sentencia en el menor tiempo posible, tratando de frenar la impunidad y darle respuesta rápida a la sociedad y especialmente a las víctimas.-CONSIDERANDO (9): Que la finalidad del proceso es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, así reza el artículo 8 del Código Procesal Penal, y así fue diseñado el Procedimiento Expedito para los delitos en flagrancia, evitando dilaciones innecesarias, volviendo más pronta la justicia en los casos en flagrancia; tal finalidad en el caso que nos ocupa obviamente no fue observada por el A-Quo, que encuentra difícil realización de la práctica de una pericia que el mismo ente acusador a ofrecido presentar al momento de la proposición de la prueba, ya que se trata solo de establecer si el arma se encuentra en buen funcionamiento, en ese orden de ideas tal pericia no representan un alto grado de dificultad, en consecuencia procede la aplicación del procedimiento expedito en casos de flagrancia como el que nos ocupa. -CONSIDERANDO(10): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, ha observado los preceptos establecidos en la ley para la aplicación del procedimiento expedito en delitos de flagrancia, ajustándose a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, apreciando que la resolución dictada por el A-Quo ha vulnerado el debido Proceso invocado por el impetrante, debiendo restablecerse y mantenerse tales derechos, a fin de que las partes obtengan una tutela judicial efectiva.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 3 y 5, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha ocho de septiembre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada NORMA YANETH FLORES RUIZ ALVARADO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada. ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0889-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL