Sentencia AP-860-15 — Registro 16861
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones que resolvió el recurso de apelación que declaro con lugar la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa y decreto sobreseimiento definitivo a favor del imputado en causa que se le siguió por el por el delito de portación ilegal de arma en perjuicio de del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.... "CONSIDERANDO (7): Que el Amparista en la condición indicada viene a a reclamar un supuesto acto de infracción al debido proceso en cuanto a la responsabilidad del Estado y de sus servidores, al no observarse lo preceptuado en los artículos 321 relacionado con el 304 de de , en fallo proferido contra el señor GERMAN LOPEZ ESPAÑA, por suponerlo responsable del delito DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la seguridad interior del ESTADO DE HONDURAS, concerniente a que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo y lo relaciona con el artículo el 304, corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, también no es menos cierto, tal y como lo establece el artículo 17 del Título Preliminar del Código Civil, que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”.- CONSIDERANDO (8): de lo Constitucional entiende que no puede atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, así como la observancia en la temporalidad de los Decretos Legislativos emitidos por el Poder Legislativo y, que al momento de proferir fallos se encuentren vigentes, normativas que van encaminadas a garantizar la seguridad jurídica tanto de personas naturales como jurídicas, y en el caso del Decreto Legislativo No.184-2013, el espíritu del legislador va encaminado en dos sentidos, el primero a originar en el ciudadano una conducta de responsabilidad, que le permita hacer efectivo un derecho, como es el de tramitar y obtener el registro de su arma comercial ante la autoridad competente y el segundo, de carácter permisivo, es que, durante la vigencia de los Decretos Legislativos carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el articulo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de “veda” o de gracia, que fue efectivo del 05 de octubre del 2013 al 05 octubre del 2014, por lo tanto en dicho periodo, el Ministerio Publico debía abstenerse de entablar acción penal para su sanción penal, por no constituir delitos, sino hasta el vencimiento de los plazos ya previstos, por cuanto en aplicación de la ley se dictó un sobreseimiento definitivo, tal y como lo establece el Código Procesal Penal en su Artículo 296, Numeral 1. : “Se dictará sobreseimiento definitivo cuándo: 1) Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión”.- CONSIDERANDO (9): Igualmente de lo Constitucional entiende que el espíritu de en cuanto al Decreto no es el de despenalizar los artículos 332-B del Código Penal, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del Decreto, más bien refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares, por lo que el Estado de Honduras durante la vigencia del Decreto, no podía exigirle a persona que fuese encontrada con un arma de fuego documentación que acreditara su registro, igualmente quedaron en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en de Armas en las conductas de almacenaje, transporte, posesión y uso de las armas de fabricación industrial susceptibles de registro, quedando por tanto excluidas las conductas (punibles) de fabricación, importación, exportación y venta de armas de fuego comercial y las armas de guerra, reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras y las armas de fabricación casera o artesanal; es evidente asimismo, que el Estado a través de la promulgación de normativas acertadas, pretende regular el bien jurídico tutelado como lo es la seguridad pública en el delito de tenencia ilegal de armas, y es precisamente su origen, el que le lleva a crear normas como el Decreto en cuestión, que se reconozca al poseedor como su legitimo propietario; en ese sentido, las motivaciones y fundamentación jurídica expuestas como resultado del estudio y análisis de la sentencia recurrida ante de Apelaciones, quien a su vez confirmó el fallo del Juez A-Quo, esta Sala concluye que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso, se ajusta a las garantías y requisitos de un debido proceso, considerando que el imputado señor GERSON LÓPEZ ESPAÑA fue aprehendido el siete de mayo del 2014, fecha comprendida dentro del año de “Veda”, contenida en el precitado Decreto, razones suficientes para denegar de Amparo interpuesta."
Legislación citada
- Código Penal, art. 332-A y B (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de de de Justicia, CERTIFICA, que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de , departamento de Atlántida, en fecha diez de agosto de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, con relación a la causa instruida contra el señor GERSON LOPEZ ESPAÑA por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha (08) de Mayo del dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, la abogada DILMA CLARIBEL BARDALES OSEGUERA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor GERSON LOPEZ ESPAÑA acusándolo como responsable a titulo de autor Directo del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS, acompañando pruebas documentales y anunciando otros medios de prueba que se harían valer durante la sustanciación del juicio.- 2) El Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, siguiendo los tramites de ley procedió a celebrar audiencia de Declaración de Imputado el ocho (08) de mayo del año dos mil catorce (2014) y resolvió en primer lugar la imposición de medidas cautelares sustitutivas al imputado GERMAN LOPEZ ESPAÑA contempladas en el artículo 173 numerales 6 y 7 del Código Procesal Penal, contentivas de: 1) Presentarse al Juzgado de Letras Seccional Olanchito, Yoro, una vez al mes los días treinta (30) de cada mes a partir del treinta (30) de mayo del dos mil catorce (2014) donde hará constar su asistencia en el libro respectivo; 2) Prohibición de salir del país, para lo cual se librara el oficio correspondiente a de Migración, asegurando con esta medida la finalidad del proceso penal, como es la presencia del imputado en el juicio, considerando lo establecido en el Artículo 182 del mismo cuerpo legal prohíbe para esta clase de delitos, las medidas privativas de libertad, que la pena no es gravosa y además que este delito permite medidas alternas como es la suspensión condicional de la persecución penal Articulo 173 numeral 6 y 7 y 292 del Código Procesal Penal.- Se procedió a librar los oficios respectivos a de Investigación Criminal para que se dejara en libertad provisional al imputado GERMAN LOPEZ ESPAÑA por habérsele decretado medidas cautelares de igual forma oficio al Juez de Letras Seccional de Olanchito Yoro, haciéndole saber la medida cautelar impuesta y su cumplimiento ante ese Juzgado y que se informe mensualmente, impuestas al imputado señalado por el supuesto delito DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS. Asimismo se señaló para celebrarse el día cuatro (4) de junio del año dos mil catorce (2014).- 3) Celebrada la audiencia inicial el día cuatro (4) de junio del dos mil catorce (2014), del Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal presentado por el delito DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS contra el imputado señor GERMAN LOPEZ ESPAÑA, señalando los medios de prueba documental acompañados en el Requerimiento como ser el Acta de diligencia policial, acta de decomiso de arma de fuego, informe elaborado por el agente encargado del caso y presentó prueba testifical consistente en la declaración del policía MIGUEL ANTONIO CRUZ HERNANDEZ, solicitó su admisión por ser útiles, pertinentes y proporcionales en el juicio.- Cedida la palabra a la parte defensora esta manifestó que rechaza categóricamente el requerimiento fiscal planteado por no estar apegado a la realidad de los hechos y no tiene objeción alguna a la pruebas presentadas.- 4) El Juzgado de Letras Seccional de Tocoa una vez admitidas y evacuadas las pruebas presentadas, valoró las conclusiones presentadas tanto por del Ministerio Público como por la parte Defensora, resolvió de conformidad a los antecedentes procesales relativos al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS en contra del imputado GERSON LOPEZ ESPAÑA, concluyendo: Que la fiscal del Ministerio Público con las pruebas aportadas al juicio, documentales y testifical, a criterio del Juez, se generó indicio racional, cuando al imputado al momento de practicar un registro, se le encontró en posesión de un arma de fuego sin el respectivo permiso para portarla. Que del Ministerio Público en base a las pruebas presentadas y practicadas, solicitó auto de formal procesamiento y que se ratifiquen las medidas impuestas en la audiencia de declaración de imputado; igualmente en las conclusiones solicitó sobreseimiento provisional a favor de su representando, tomando en cuenta que el testigo en su declaración no era coherente en sus manifestaciones; el Juzgador, que no se trajo a juicio ningún elemento probatorio que indique que el imputado es peligroso a los intereses de la sociedad, así como documento alguno que indique que el imputado estaba autorizado para portar armas, que a juicio del Juzgador el delito se subsume en PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO.-SIN PREGUZGAR CULPABILIDAD. En el Juzgado dictó: 1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el imputado GERMAN LOPEZ ESPAÑA por el delito PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en perjuicio de ESTADO DE HONDURAS.- 2) RATIFICAR LAS MEDIDAS CAUTERALES IMPUESTAS EN IMPUTADO.- 5) En fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil catorce (2014) la parte Defensora no conforme con el fallo proferido presento ante el Juzgado de Letras Seccional un escrito titulado SE PRESENTA EXCEPCION POR FALTA DE ACCION.- SE SEÑALE AUDIENCIA.-SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.- Fundamentado su LIBELO petitorio en la omisión de la aplicación del Decreto Legislativo 184-2013 de fecha primero (1) de septiembre del dos mil catorce (2014), manifestando que el Requerimiento Fiscal nunca debió ni siquiera haberse presentado por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en perjuicio de ESTADO DE HONDURAS contra su representado GERSON LOPEZ ESPAÑA, en razón que el decreto legislativo claramente establece en su Artículo 2: “establecer que a partir de la vigencia del presente decreto y por el término de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de , proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de Registro ante de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante este término de un año, las personas que tengan armadas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de de dicha institución”.- 6) El Juzgado resolvió admitiendo y señalando para resolver sobre la excepción presentada, con conocimiento de del Ministerio Publico y la defensa pública del imputado, se señala audiencia para martes trece (13) enero dos mil quince (2015). En fecha 9 de diciembre solicito la práctica de prueba pericial balística al arma decomisada, consistente en análisis balístico señalando las especificaciones del arma y que sería realizada en Medicina Forense de Tegucigalpa, M.D.C., el día miércoles 12 de diciembre del 2014, nominando como perito balístico a JIMMY BENDECK ORDOÑEZ. El Juzgado resolvió en fecha dieciséis (16) de diciembre admitiendo y que se ponga en conocimiento de la defensa del imputado.- Asimismo se dejo constancia por parte del Juzgado que no se realizo en fecha 13 de enero del 2015 justificando que en el Juzgado fue defensora de la causa y juez titular estaba integrando el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón.- 7) En fecha diecisiete (17) febrero del dos mil quince (2015) el Ministerio Publico solicitó al Juzgado de Letras Seccional, fecha y hora para la celebración de la audiencia de Suspensión Condicional de , previa autorización de de Tocoa para la aplicación de la medida de simplificación procesal.- 8) En fecha 15 de de junio del 2014, la defensora publica solicitó al Juzgado de Letras Seccional la aplicación de la medida alterna de suspensión condicional de la persecución penal a favor de GERSON LOPEZ ESPAÑA, acreditando la constancia de antecedentes penales del imputado, así como manifestando el acuerdo de escrito con la representante de de , que la reparación del daño causado seria de CINCO MIL LEMPIRAS (L.5,000.00), cantidad que será acreditada en cuenta de Banco de Occidente 11-401-015180- favor de de Juzgado admitió el escrito declarando con lugar ha tramite la aplicación de la medida alterna y que previo a señalar audiencia que se acredite el pago de resarcimiento del daño.- 9) En fecha tres (3) de marzo del 2015, solicita señalamiento de audiencia AD-HOC, y Juzgado resolvió el cinco (5) del mismo mes y año señalando audiencia para el lunes veintitrés (23) de marzo del dos mil quince (2015). Celebrada la audiencia AD-HOC en el día y hora señalado, las partes expusieron de acuerdo al orden de trámite, manifestándose la defensora en primer lugar, que ratifica lo solicitado sobre la excepción de falta de acción interpuesta, fundada en los artículos 46 numeral 2 y 47 del Código Procesal Penal, en la que el Ministerio Público no debió proseguir la acción por el delito ya señalado, razonando que tenía vedada la acción penal, de conformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo 184-2013, el cual entró en vigencia del 5 de octubre del 2013 al 5 de octubre del 2014, solicita que se declare con lugar la excepción por falta de acción y se decrete un sobreseimiento definitivo con fundamento en artículo 296 del Código Procesal Penal.- La fiscalía por su parte se opone a la excepción manifestando que al analizar el Decreto no se establece que el Ministerio Publico no pueda presentar acción penal, por lo tanto el Decreto no veta al Ministerio Público para incoar la acción, y solicitó que se declare Sin Lugar la excepción planteada y que se esté a lo resuelto en la audiencia inicial donde se decretó el auto de formal procesamiento.- El Juzgado considerando los antecedentes del proceso, la fundamentación y motivación jurídica de cada una de las partes sobre el delito DE PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS resolvió: 1) Declarar CON LUGAR la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa y decreto sobreseimiento definitivo a favor del imputado en causa que se le siguió por el delito enunciado, y 2) Revocó las medidas cautelares impuestas en la audiencia de declaración de imputado, ratificadas en la audiencia inicial.- 10) En fecha veintiséis (26) de marzo del dos mil catorce (2014), la fiscal del Ministerio Público inconforme con la resolución dictada recurrió la misma, presentando Recurso de Apelación expresando en los agravios que el Juez A-QUO no dictó una resolución apegada a derecho, al no darle valor probatorio a las pruebas presentadas por la sede fiscal, haciendo caso omiso al principio de legalidad consagrado en el artículo 1 del Código Penal, sobre la sanción de las conductas que se encuentran tipificadas en el Código Penal en relación al artículo 92 del Código Procesal, en cuanto a del Ministerio Público, sin considerar que en el artículo 332-B del Código Penal está establecido que: “quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingreso o saque del país…” por lo que se acreditó el indicio racional de participación del imputado en el delito. El Juzgado resolvió admitiendo el recurso en fecha seis (6) de abril del dos mil quince (2015) con conocimiento de la parte para que se contesten los agravios.- En fecha dos (2) de junio, la defensora pública contesta rechazando totalmente los agravios y manifiesta que el Juez A-Quo actuó dentro del marco legal, dictando el sobreseimiento definitivo, amparándose en el Decreto Legislativo 184-13, el que entró en vigencia un año, del cinco (5) de octubre del dos mil trece (2013) al cinco (5) de octubre del Dos mil catorce (2014), durante este periodo estaba prohibido proseguir delitos de tenencia y portación de armas comercial o arma de uso ilegal, por lo tanto al plantearse por Falta de Acción, el Ministerio Público no podrá en virtud de ejercer acción penal de aquellos delitos establecidos en los artículos 331-A y 332-B del Código Penal vigente y solicito la confirmación del sobreseimiento definitivo dictado por el Juez de Letras. El Juzgado resolvió el cuatro (4) de junio del dos mil quince (2015) dando por contestados los agravios y remitiendo los antecedentes a de Apelaciones de la ciudad de , Atlántida con las inserciones de ley.- 11) En fecha veintidós de junio del año dos mil quince (2015), Corte de Apelaciones de la ciudad de Atlántida, recibió la pieza contentiva del Recurso de Apelación interpuesto dándole el trámite de ley correspondiente y dictó auto resolutivo el diez (10) de agosto del año dos mil quince (2015), valorando los antecedentes procesales, el resumen de la expresión y contestación de agravios de las partes en el proceso, hizo una relación de la motivación probatoria y jurídica, la normativa legal aplicable y en su parte dispositiva resolvió POR UNANIMIDAD DE VOTOS dictó la resolución primero: Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la impetrante, y segundo: CONFIRMAR la resolución emitida el veintitrés (23) de marzo del año dos mil quince (2015) dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, contentiva del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor del señor GERSON LOPEZ ESPAÑA, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Ver folios 4 al 8 de la primera pieza). No conforme del Ministerio Público con la resolución emitida por de Apelaciones, en el acto de la notificación de fecha doce (12) de agosto del mismo año, interpuso el Recurso de REPOSICIÓN por considerar que no se dictó apegada a derecho y porque viola garantías constitucionales.- de Apelaciones con fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil quince (2015) declaró Sin Lugar el recurso de reposición contra la resolución de fecha diez (10) de agosto del dos mil quince (2015) por estar dictada conforme a derecho.- 12) en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil quince (2015), la recurrente YULIBETH GARAY HERNANDEZ en su condición de fiscal del Ministerio Público, comparece ante este Alto Tribunal a interponer Acción de Amparo a favor del Estado de Honduras, por considerar que dictada por de Apelaciones de , Atlántida, en fecha diez (10) de agosto del año dos mil quince (2015), es violatoria de derechos constitucionales según lo dispuesto en los artículos 321 relacionado con el artículo 304 de de , teniéndose por formalizada su acción constitucional en tiempo y forma, omitiéndose el traslado para dictamen fiscal por ser el mismo ente parte efectiva de la controversia en la instancia.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de de Justicia, a través de de lo Constitucional, conocer de de Amparo de conformidad a lo establecido en el articulo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de de ; así como artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de Justicia Constitucional contenida en Decreto Legislativo No.244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que otorga. Igualmente el artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no se obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida por de Apelaciones de , Departamento de Atlántida, en fecha diez (10) de agosto del año dos mil quince (2015, mediante la cual resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, acción promovida por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en la causa instruida contra el señor GERSON LÓPEZ ESPAÑA por suponerle responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente formaliza su recurso en fecha 19 de noviembre del 2015, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del Estado de Honduras, motivando que la parte defensora planteo ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, FALTA DE ACCION con fundamento en el Decreto 184-2013, la cual fue declarada con lugar, procediendo a decretar sobreseimiento definitivo a favor del imputado, y no estando conforme con los resuelto procedió en tiempo y forma a interponer el Recurso de Apelación, tramitado el mismo conforme a ley y en fecha 10 de agosto del 2015, de Apelaciones de , Atlántida, resolvió NO HA LUGAR EL RECURSO y CONFIRMO la resolución dictada por el Juzgado en fecha 23 de marzo del 2015, donde decretó el sobreseimiento definitivo a favor del encausado; la impetrante interpone de Amparo, manifestando que se ha violado el derecho constitucional en cuanto al quebrantamiento del principio de legalidad, consagrado en el articulo 321 relacionado con el artículo 304 de de , asimismo que de Apelaciones fundamentó su resolución en el término concedido de un año de “veda” o de gracia, que establece el artículo 2 del Decreto Legislativo 184-2013, quedando en suspenso la positividad de las normas establecidas sobre sanciones administrativas contenidas en de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, en cuanto a las conductas de almacenar, transportar, poseer y usar….”. Igualmente fundó su fallo en el Decreto 063-2014 donde se establece la prórroga del Decreto 184-2013, por un periodo de seis meses, quedando el Ministerio Público sin entablar acción para la sanción penal respectiva. Por lo que, considera el ente fiscal que se allegaron al proceso elementos de prueba con lo que se acreditó el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial previsto en el Articulo 332-B del Código Penal Vigente y además que al analizar el contenido del Decreto 184-2013, y el Artículo 1 del Decreto 063-2014, donde se establece la prorroga al Decreto en mención, la disposición no constituye una cláusula o norma que despenalice los delitos señalados en los artículos 332-A y B del Código Penal vigente, entendiéndose que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar un arma prohibida; lo cual no ocurrió en el presente caso, en virtud que al imputado le fue encontrada una arma de fuego tipo revolver, calibre 38, serie 06086B con proyectiles, ni mucho menos indicios que el imputado haya tenido intención dirigida de registro o entrega del armada decomisada. En tal sentido considera que de Apelaciones vulneró mediante la resolución emitida el principio de legalidad, ya que en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, que impone al juez emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho que debe aplicar en estricto apego a la ley y en el caso especifico de los Decretos 184-2013 y 063-2014, la intención del legislador no es despenalizar el delito por el cual se acusó al imputado como lo establece el Ad-Quem, buscando su inaplicabilidad en el sentido estricto como ser de no responsabilizar la tenencia de las armas al momento de proceder al registro de la misma, razón por la cual debió revocar la resolución dictada por el Ad-Quo al concurrir todos los elementos del delito de portación Ilegal de Arma Comercial y concurre a este Alto Tribunal para que se le conceda resolución en la cual se otorgue el Amparo.- CONSIDERANDO (5): Que de Apelaciones de , Atlántida motiva su resolución en el sentido que al hacer un análisis de las diligencias, en que, para definir los alcances que en un proceso penal tiene la vigencia del Decreto legislativo numero 184-13, es procedente tener en cuenta el principio de legalidad conocido como NULLUM CRIMEN, NULA POENA SINE LEGE (no hay crimen sin pena, ni pena sin ley). En consecuencia no hay mas delitos que los que consagra la ley, cuyo tipo penal debe especificar en qué consiste la conducta delictiva o lo que tengan a bien considerar como tal; y por ello el legislador no delega en los jueces la facultad de declarar delito a lo que tengan a bien considerar como tal. Asimismo, la defensa planteo una excepción, por lo que en el desarrollo de un proceso penal puede advertir la existencia de una causal que puede constituir un impedimento al ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción, responden a acciones de previo y especial pronunciamiento que los códigos procesales penales denominan EXCEPCIONES, pudiendo la parte interesada oponer en los momentos previstos en la legislación. De otro lado, las excepciones gravitan en torno a la legalidad del ejercicio de la acción penal y a la del ejercicio de la jurisdicción, tal como lo señala el artículo 46 del Código Procesal Penal. La excepción por falta de acción puede oponerse en cualquier etapa del proceso penal, cuya resolución deberá adoptar la forma de una sentencia interlocutoria, la que se resolverá conforme a derecho, de conformidad al artículo 139 del Código Procesal Penal. La excepción planteada trata de un aspecto meramente jurídico y no probatorio, por ello el rechazo de actividad probatoria al Ministerio Púbico en de Excepción es procedente, porque se pretende determinar si la conducta objeto del requerimiento fiscal es típica o no en el momento de su acaecimiento, ello independientemente al hecho si se ha acreditado fundamento razonable sobre su existencia o sobre la persona que haya participado en él, al presentarse la excepción por falta de acción, no es más que cuestionar la legitimidad del Ministerio Publico para presentar acción penal.- CONSIDERANDO (6): Motiva suficientemente de Alzada, considerando el Decreto Legislativo 184-2013, cuando en su artículo 2, establece por un año un término de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de , la cual no será necesaria presentar en dicho tiempo. La redacción del Artículo 2 no es la más afortunada, en especial al tratar un tema de tanta importancia a la seguridad nacional; así pues el término “Veda” no es el correcto, puesto que este refiere a una disposición que prohíbe por un determinado tiempo la realización de un acto que normalmente está permitido generalmente relacionado con la caza y pesca, mas el sentido que quiere darle el legislador es la permisión por cierto tiempo de un acto que normalmente está prohibido, que es en sí todo lo contrario al significado de la palabra, por lo que el termino correcto que debió utilizar es “Gracia”. El termino de veda o de gracia que establece el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre del 2013 y venció el 05 octubre del 2014, quedando en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-B y 332-B del Código Penal, en cuanto a las conductas de almacenar, transportar, poseer y usar en cuanto a lo referente a las armas de fuego de fabricación industrial, siendo positivas las normas respecto a las materias de guerra o de combate, municiones, explosivos y accesorios prohibidos, y referente a las armas de fabricación casera o artesanal (Chimbas) y en cuanto a las conductas de fabricar, importar, exportar y vender armas de fuego comercial de fabricación industrial. En tal sentido de apelaciones no comparte los agravios expresados por la recurrente para sustentar su desacuerdo de lo resuelto por el Juzgador, sustentando que el Decreto Legislativo 184-2013, no constituye permiso para cometer delitos con armas de fuego, lo cual es correcto, sin embargo, los instrumentos para la ejecución de un delito (un vehículo, un chuchillo, una piedra, etc.) cuando su tenencia es licita, no se traduce en una acusación criminal por el simple hecho de su portación, sino que se reprocha su instrumentalización para le ejecución de otro delito (robo, homicidio, lesiones, etc.) ello, ocurre con la armas de fuego de carácter comercial, cuyo tipo penal objeto de la acusación (332-B CP, señala como reproche su tenencia sin autorización de autoridad competente, lo cual en el periodo de “Veda” no es necesario contar con uno, ergo no es posible presentar acusación por dichos hechos, siendo que la imputación del hecho es el día siete de mayo del año 2014.- CONSIDERANDO (7): Que el amparista en la condición indicada viene a a reclamar un supuesto acto de infracción al debido proceso en cuanto a la responsabilidad del Estado y de sus servidores, al no observarse lo preceptuado en los artículos 321 relacionado con el 304 de de , en fallo proferido contra el señor GERMAN LOPEZ ESPAÑA, por suponerlo responsable del delito DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la seguridad interior del ESTADO DE HONDURAS, concerniente a que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo y lo relaciona con el artículo el 304, corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, también no es menos cierto, tal y como lo establece el artículo 17 del Título Preliminar del Código Civil, que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”.- CONSIDERANDO (8): de lo Constitucional entiende que no puede atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, así como la observancia en la temporalidad de los Decretos Legislativos emitidos por el Poder Legislativo y, que al momento de proferir fallos se encuentren vigentes, normativas que van encaminadas a garantizar la seguridad jurídica tanto de personas naturales como jurídicas, y en el caso del Decreto Legislativo No.184-2013, el espíritu del legislador va encaminado en dos sentidos, el primero a originar en el ciudadano una conducta de responsabilidad, que le permita hacer efectivo un derecho, como es el de tramitar y obtener el registro de su arma comercial ante la autoridad competente y el segundo, de carácter permisivo, es que, durante la vigencia de los Decretos Legislativos carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el articulo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de “veda” o de gracia, que fue efectivo del 05 de octubre del 2013 al 05 octubre del 2014, por lo tanto en dicho periodo, el Ministerio Publico debía abstenerse de entablar acción penal para su sanción penal, por no constituir delitos, sino hasta el vencimiento de los plazos ya previstos, por cuanto en aplicación de la ley se dictó un sobreseimiento definitivo, tal y como lo establece el Código Procesal Penal en su Artículo 296, Numeral 1. : “Se dictará sobreseimiento definitivo cuándo: 1) Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión”.- CONSIDERANDO (9): Igualmente de lo Constitucional entiende que el espíritu de en cuanto al Decreto no es el de despenalizar los artículos 332-B del Código Penal, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del Decreto, más bien refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares, por lo que el Estado de Honduras durante la vigencia del Decreto, no podía exigirle a persona que fuese encontrada con un arma de fuego documentación que acreditara su registro, igualmente quedaron en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en de Armas en las conductas de almacenaje, transporte, posesión y uso de las armas de fabricación industrial susceptibles de registro, quedando por tanto excluidas las conductas (punibles) de fabricación, importación, exportación y venta de armas de fuego comercial y las armas de guerra, reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras y las armas de fabricación casera o artesanal; es evidente asimismo, que el Estado a través de la promulgación de normativas acertadas, pretende regular el bien jurídico tutelado como lo es la seguridad pública en el delito de tenencia ilegal de armas, y es precisamente su origen, el que le lleva a crear normas como el Decreto en cuestión, que se reconozca al poseedor como su legitimo propietario; en ese sentido, las motivaciones y fundamentación jurídica expuestas como resultado del estudio y análisis de la sentencia recurrida ante de Apelaciones, quien a su vez confirmó el fallo del Juez A-Quo, esta Sala concluye que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso, se ajusta a las garantías y requisitos de un debido proceso, considerando que el imputado señor GERSON LÓPEZ ESPAÑA fue aprehendido el siete de mayo del 2014, fecha comprendida dentro del año de “Veda”, contenida en el precitado Decreto, razones suficientes para denegar de Amparo interpuesta.- POR TANTO: de lo Constitucional de de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2, 8, 9, 24 y 25 de de Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de de los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo IV de de los Derechos y Deberes del Hombre; 59, 61, 69, 82, 89, 90, 92, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de de ; 1, 3 No.2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54 y 63 de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por de Apelaciones de , Atlántida, en fecha diez (10) de agosto del año dos mil quince (2015). Y MANDA: Que se certifique el presente fallo y se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.” Extendida en de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017), certificación de de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 860-2015._________________________________CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE “CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de de de Justicia, CERTIFICA, que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por de Apelaciones de , departamento de Atlántida, en fecha diez de agosto de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, con relación a la causa instruida contra el señor GERSON LOPEZ ESPAÑA por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha (08) de Mayo del dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, la abogada DILMA CLARIBEL BARDALES OSEGUERA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor GERSON LOPEZ ESPAÑA acusándolo como responsable a titulo de autor Directo del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS, acompañando pruebas documentales y anunciando otros medios de prueba que se harían valer durante la sustanciación del juicio.- 2) El Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, siguiendo los tramites de ley procedió a celebrar audiencia de Declaración de Imputado el ocho (08) de mayo del año dos mil catorce (2014) y resolvió en primer lugar la imposición de medidas cautelares sustitutivas al imputado GERMAN LOPEZ ESPAÑA contempladas en el artículo 173 numerales 6 y 7 del Código Procesal Penal, contentivas de: 1) Presentarse al Juzgado de Letras Seccional Olanchito, Yoro, una vez al mes los días treinta (30) de cada mes a partir del treinta (30) de mayo del dos mil catorce (2014) donde hará constar su asistencia en el libro respectivo; 2) Prohibición de salir del país, para lo cual se librara el oficio correspondiente a de Migración, asegurando con esta medida la finalidad del proceso penal, como es la presencia del imputado en el juicio, considerando lo establecido en el Artículo 182 del mismo cuerpo legal prohíbe para esta clase de delitos, las medidas privativas de libertad, que la pena no es gravosa y además que este delito permite medidas alternas como es la suspensión condicional de la persecución penal Articulo 173 numeral 6 y 7 y 292 del Código Procesal Penal.- Se procedió a librar los oficios respectivos a de Investigación Criminal para que se dejara en libertad provisional al imputado GERMAN LOPEZ ESPAÑA por habérsele decretado medidas cautelares de igual forma oficio al Juez de Letras Seccional de Olanchito Yoro, haciéndole saber la medida cautelar impuesta y su cumplimiento ante ese Juzgado y que se informe mensualmente, impuestas al imputado señalado por el supuesto delito DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS. Asimismo se señaló para celebrarse el día cuatro (4) de junio del año dos mil catorce (2014).- 3) Celebrada la audiencia inicial el día cuatro (4) de junio del dos mil catorce (2014), del Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal presentado por el delito DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS contra el imputado señor GERMAN LOPEZ ESPAÑA, señalando los medios de prueba documental acompañados en el Requerimiento como ser el Acta de diligencia policial, acta de decomiso de arma de fuego, informe elaborado por el agente encargado del caso y presentó prueba testifical consistente en la declaración del policía MIGUEL ANTONIO CRUZ HERNANDEZ, solicitó su admisión por ser útiles, pertinentes y proporcionales en el juicio.- Cedida la palabra a la parte defensora esta manifestó que rechaza categóricamente el requerimiento fiscal planteado por no estar apegado a la realidad de los hechos y no tiene objeción alguna a la pruebas presentadas.- 4) El Juzgado de Letras Seccional de Tocoa una vez admitidas y evacuadas las pruebas presentadas, valoró las conclusiones presentadas tanto por del Ministerio Público como por la parte Defensora, resolvió de conformidad a los antecedentes procesales relativos al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS en contra del imputado GERSON LOPEZ ESPAÑA, concluyendo: Que la fiscal del Ministerio Público con las pruebas aportadas al juicio, documentales y testifical, a criterio del Juez, se generó indicio racional, cuando al imputado al momento de practicar un registro, se le encontró en posesión de un arma de fuego sin el respectivo permiso para portarla. Que del Ministerio Público en base a las pruebas presentadas y practicadas, solicitó auto de formal procesamiento y que se ratifiquen las medidas impuestas en la audiencia de declaración de imputado; igualmente en las conclusiones solicitó sobreseimiento provisional a favor de su representando, tomando en cuenta que el testigo en su declaración no era coherente en sus manifestaciones; el Juzgador, que no se trajo a juicio ningún elemento probatorio que indique que el imputado es peligroso a los intereses de la sociedad, así como documento alguno que indique que el imputado estaba autorizado para portar armas, que a juicio del Juzgador el delito se subsume en PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO.-SIN PREGUZGAR CULPABILIDAD. En el Juzgado dictó: 1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el imputado GERMAN LOPEZ ESPAÑA por el delito PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en perjuicio de ESTADO DE HONDURAS.- 2) RATIFICAR LAS MEDIDAS CAUTERALES IMPUESTAS EN IMPUTADO.- 5) En fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil catorce (2014) la parte Defensora no conforme con el fallo proferido presento ante el Juzgado de Letras Seccional un escrito titulado SE PRESENTA EXCEPCION POR FALTA DE ACCION.- SE SEÑALE AUDIENCIA.-SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.- Fundamentado su LIBELO petitorio en la omisión de la aplicación del Decreto Legislativo 184-2013 de fecha primero (1) de septiembre del dos mil catorce (2014), manifestando que el Requerimiento Fiscal nunca debió ni siquiera haberse presentado por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en perjuicio de ESTADO DE HONDURAS contra su representado GERSON LOPEZ ESPAÑA, en razón que el decreto legislativo claramente establece en su Artículo 2: “establecer que a partir de la vigencia del presente decreto y por el término de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de , proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de Registro ante de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante este término de un año, las personas que tengan armadas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de de dicha institución”.- 6) El Juzgado resolvió admitiendo y señalando para resolver sobre la excepción presentada, con conocimiento de del Ministerio Publico y la defensa pública del imputado, se señala audiencia para martes trece (13) enero dos mil quince (2015). En fecha 9 de diciembre solicito la práctica de prueba pericial balística al arma decomisada, consistente en análisis balístico señalando las especificaciones del arma y que sería realizada en Medicina Forense de Tegucigalpa, M.D.C., el día miércoles 12 de diciembre del 2014, nominando como perito balístico a JIMMY BENDECK ORDOÑEZ. El Juzgado resolvió en fecha dieciséis (16) de diciembre admitiendo y que se ponga en conocimiento de la defensa del imputado.- Asimismo se dejo constancia por parte del Juzgado que no se realizo en fecha 13 de enero del 2015 justificando que en el Juzgado fue defensora de la causa y juez titular estaba integrando el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón.- 7) En fecha diecisiete (17) febrero del dos mil quince (2015) el Ministerio Publico solicitó al Juzgado de Letras Seccional, fecha y hora para la celebración de la audiencia de Suspensión Condicional de , previa autorización de de Tocoa para la aplicación de la medida de simplificación procesal.- 8) En fecha 15 de de junio del 2014, la defensora publica solicitó al Juzgado de Letras Seccional la aplicación de la medida alterna de suspensión condicional de la persecución penal a favor de GERSON LOPEZ ESPAÑA, acreditando la constancia de antecedentes penales del imputado, así como manifestando el acuerdo de escrito con la representante de de , que la reparación del daño causado seria de CINCO MIL LEMPIRAS (L.5,000.00), cantidad que será acreditada en cuenta de Banco de Occidente 11-401-015180- favor de de Juzgado admitió el escrito declarando con lugar ha tramite la aplicación de la medida alterna y que previo a señalar audiencia que se acredite el pago de resarcimiento del daño.- 9) En fecha tres (3) de marzo del 2015, solicita señalamiento de audiencia AD-HOC, y Juzgado resolvió el cinco (5) del mismo mes y año señalando audiencia para el lunes veintitrés (23) de marzo del dos mil quince (2015). Celebrada la audiencia AD-HOC en el día y hora señalado, las partes expusieron de acuerdo al orden de trámite, manifestándose la defensora en primer lugar, que ratifica lo solicitado sobre la excepción de falta de acción interpuesta, fundada en los artículos 46 numeral 2 y 47 del Código Procesal Penal, en la que el Ministerio Público no debió proseguir la acción por el delito ya señalado, razonando que tenía vedada la acción penal, de conformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo 184-2013, el cual entró en vigencia del 5 de octubre del 2013 al 5 de octubre del 2014, solicita que se declare con lugar la excepción por falta de acción y se decrete un sobreseimiento definitivo con fundamento en artículo 296 del Código Procesal Penal.- La fiscalía por su parte se opone a la excepción manifestando que al analizar el Decreto no se establece que el Ministerio Publico no pueda presentar acción penal, por lo tanto el Decreto no veta al Ministerio Público para incoar la acción, y solicitó que se declare Sin Lugar la excepción planteada y que se esté a lo resuelto en la audiencia inicial donde se decretó el auto de formal procesamiento.- El Juzgado considerando los antecedentes del proceso, la fundamentación y motivación jurídica de cada una de las partes sobre el delito DE PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS resolvió: 1) Declarar CON LUGAR la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa y decreto sobreseimiento definitivo a favor del imputado en causa que se le siguió por el delito enunciado, y 2) Revocó las medidas cautelares impuestas en la audiencia de declaración de imputado, ratificadas en la audiencia inicial.- 10) En fecha veintiséis (26) de marzo del dos mil catorce (2014), la fiscal del Ministerio Público inconforme con la resolución dictada recurrió la misma, presentando Recurso de Apelación expresando en los agravios que el Juez A-QUO no dictó una resolución apegada a derecho, al no darle valor probatorio a las pruebas presentadas por la sede fiscal, haciendo caso omiso al principio de legalidad consagrado en el artículo 1 del Código Penal, sobre la sanción de las conductas que se encuentran tipificadas en el Código Penal en relación al artículo 92 del Código Procesal, en cuanto a del Ministerio Público, sin considerar que en el artículo 332-B del Código Penal está establecido que: “quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingreso o saque del país…” por lo que se acreditó el indicio racional de participación del imputado en el delito. El Juzgado resolvió admitiendo el recurso en fecha seis (6) de abril del dos mil quince (2015) con conocimiento de la parte para que se contesten los agravios.- En fecha dos (2) de junio, la defensora pública contesta rechazando totalmente los agravios y manifiesta que el Juez A-Quo actuó dentro del marco legal, dictando el sobreseimiento definitivo, amparándose en el Decreto Legislativo 184-13, el que entró en vigencia un año, del cinco (5) de octubre del dos mil trece (2013) al cinco (5) de octubre del Dos mil catorce (2014), durante este periodo estaba prohibido proseguir delitos de tenencia y portación de armas comercial o arma de uso ilegal, por lo tanto al plantearse por Falta de Acción, el Ministerio Público no podrá en virtud de ejercer acción penal de aquellos delitos establecidos en los artículos 331-A y 332-B del Código Penal vigente y solicito la confirmación del sobreseimiento definitivo dictado por el Juez de Letras. El Juzgado resolvió el cuatro (4) de junio del dos mil quince (2015) dando por contestados los agravios y remitiendo los antecedentes a de Apelaciones de la ciudad de , Atlántida con las inserciones de ley.- 11) En fecha veintidós de junio del año dos mil quince (2015), de Apelaciones de la ciudad de , Atlántida, recibió la pieza contentiva del Recurso de Apelación interpuesto dándole el trámite de ley correspondiente y dictó auto resolutivo el diez (10) de agosto del año dos mil quince (2015), valorando los antecedentes procesales, el resumen de la expresión y contestación de agravios de las partes en el proceso, hizo una relación de la motivación probatoria y jurídica, la normativa legal aplicable y en su parte dispositiva resolvió POR UNANIMIDAD DE VOTOS dictó la resolución primero: Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la impetrante, y segundo: CONFIRMAR la resolución emitida el veintitrés (23) de marzo del año dos mil quince (2015) dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, contentiva del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor del señor GERSON LOPEZ ESPAÑA, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Ver folios 4 al 8 de la primera pieza). No conforme del Ministerio Público con la resolución emitida por de Apelaciones, en el acto de la notificación de fecha doce (12) de agosto del mismo año, interpuso el Recurso de REPOSICIÓN por considerar que no se dictó apegada a derecho y porque viola garantías constitucionales.- de Apelaciones con fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil quince (2015) declaró Sin Lugar el recurso de reposición contra la resolución de fecha diez (10) de agosto del dos mil quince (2015) por estar dictada conforme a derecho.- 12) en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil quince (2015), la recurrente YULIBETH GARAY HERNANDEZ en su condición de fiscal del Ministerio Público, comparece ante este Alto Tribunal a interponer Acción de Amparo a favor del Estado de Honduras, por considerar que dictada por de Apelaciones de , Atlántida, en fecha diez (10) de agosto del año dos mil quince (2015), es violatoria de derechos constitucionales según lo dispuesto en los artículos 321 relacionado con el artículo 304 de de , teniéndose por formalizada su acción constitucional en tiempo y forma, omitiéndose el traslado para dictamen fiscal por ser el mismo ente parte efectiva de la controversia en la instancia.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de de Justicia, a través de de lo Constitucional, conocer de de Amparo de conformidad a lo establecido en el articulo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de de ; así como artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de Justicia Constitucional contenida en Decreto Legislativo No.244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que otorga. Igualmente el artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no se obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida por de Apelaciones de , Departamento de Atlántida, en fecha diez (10) de agosto del año dos mil quince (2015, mediante la cual resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, acción promovida por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en la causa instruida contra el señor GERSON LÓPEZ ESPAÑA por suponerle responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente formaliza su recurso en fecha 19 de noviembre del 2015, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del Estado de Honduras, motivando que la parte defensora planteo ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, FALTA DE ACCION con fundamento en el Decreto 184-2013, la cual fue declarada con lugar, procediendo a decretar sobreseimiento definitivo a favor del imputado, y no estando conforme con los resuelto procedió en tiempo y forma a interponer el Recurso de Apelación, tramitado el mismo conforme a ley y en fecha 10 de agosto del 2015, de Apelaciones de , Atlántida, resolvió NO HA LUGAR EL RECURSO y CONFIRMO la resolución dictada por el Juzgado en fecha 23 de marzo del 2015, donde decretó el sobreseimiento definitivo a favor del encausado; la impetrante interpone de Amparo, manifestando que se ha violado el derecho constitucional en cuanto al quebrantamiento del principio de legalidad, consagrado en el articulo 321 relacionado con el artículo 304 de de , asimismo que de Apelaciones fundamentó su resolución en el término concedido de un año de “veda” o de gracia, que establece el artículo 2 del Decreto Legislativo 184-2013, quedando en suspenso la positividad de las normas establecidas sobre sanciones administrativas contenidas en de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, en cuanto a las conductas de almacenar, transportar, poseer y usar….”. Igualmente fundó su fallo en el Decreto 063-2014 donde se establece la prórroga del Decreto 184-2013, por un periodo de seis meses, quedando el Ministerio Público sin entablar acción para la sanción penal respectiva. Por lo que, considera el ente fiscal que se allegaron al proceso elementos de prueba con lo que se acreditó el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial previsto en el Articulo 332-B del Código Penal Vigente y además que al analizar el contenido del Decreto 184-2013, y el Artículo 1 del Decreto 063-2014, donde se establece la prorroga al Decreto en mención, la disposición no constituye una cláusula o norma que despenalice los delitos señalados en los artículos 332-A y B del Código Penal vigente, entendiéndose que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar un arma prohibida; lo cual no ocurrió en el presente caso, en virtud que al imputado le fue encontrada una arma de fuego tipo revolver, calibre 38, serie 06086B con proyectiles, ni mucho menos indicios que el imputado haya tenido intención dirigida de registro o entrega del armada decomisada. En tal sentido considera que de Apelaciones vulneró mediante la resolución emitida el principio de legalidad, ya que en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, que impone al juez emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho que debe aplicar en estricto apego a la ley y en el caso especifico de los Decretos 184-2013 y 063-2014, la intención del legislador no es despenalizar el delito por el cual se acusó al imputado como lo establece el Ad-Quem, buscando su inaplicabilidad en el sentido estricto como ser de no responsabilizar la tenencia de las armas al momento de proceder al registro de la misma, razón por la cual debió revocar la resolución dictada por el Ad-Quo al concurrir todos los elementos del delito de portación Ilegal de Arma Comercial y concurre a este Alto Tribunal para que se le conceda resolución en la cual se otorgue el Amparo.- CONSIDERANDO (5): Que de Apelaciones de , Atlántida motiva su resolución en el sentido que al hacer un análisis de las diligencias, en que, para definir los alcances que en un proceso penal tiene la vigencia del Decreto legislativo numero 184-13, es procedente tener en cuenta el principio de legalidad conocido como NULLUM CRIMEN, NULA POENA SINE LEGE (no hay crimen sin pena, ni pena sin ley). En consecuencia no hay mas delitos que los que consagra la ley, cuyo tipo penal debe especificar en qué consiste la conducta delictiva o lo que tengan a bien considerar como tal; y por ello el legislador no delega en los jueces la facultad de declarar delito a lo que tengan a bien considerar como tal. Asimismo, la defensa planteo una excepción, por lo que en el desarrollo de un proceso penal puede advertir la existencia de una causal que puede constituir un impedimento al ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción, responden a acciones de previo y especial pronunciamiento que los códigos procesales penales denominan EXCEPCIONES, pudiendo la parte interesada oponer en los momentos previstos en la legislación. De otro lado, las excepciones gravitan en torno a la legalidad del ejercicio de la acción penal y a la del ejercicio de la jurisdicción, tal como lo señala el artículo 46 del Código Procesal Penal. La excepción por falta de acción puede oponerse en cualquier etapa del proceso penal, cuya resolución deberá adoptar la forma de una sentencia interlocutoria, la que se resolverá conforme a derecho, de conformidad al artículo 139 del Código Procesal Penal. La excepción planteada trata de un aspecto meramente jurídico y no probatorio, por ello el rechazo de actividad probatoria al Ministerio Púbico en de Excepción es procedente, porque se pretende determinar si la conducta objeto del requerimiento fiscal es típica o no en el momento de su acaecimiento, ello independientemente al hecho si se ha acreditado fundamento razonable sobre su existencia o sobre la persona que haya participado en él, al presentarse la excepción por falta de acción, no es más que cuestionar la legitimidad del Ministerio Publico para presentar acción penal.- CONSIDERANDO (6): Motiva suficientemente de Alzada, considerando el Decreto Legislativo 184-2013, cuando en su artículo 2, establece por un año un término de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de , la cual no será necesaria presentar en dicho tiempo. La redacción del Artículo 2 no es la más afortunada, en especial al tratar un tema de tanta importancia a la seguridad nacional; así pues el término “Veda” no es el correcto, puesto que este refiere a una disposición que prohíbe por un determinado tiempo la realización de un acto que normalmente está permitido generalmente relacionado con la caza y pesca, mas el sentido que quiere darle el legislador es la permisión por cierto tiempo de un acto que normalmente está prohibido, que es en sí todo lo contrario al significado de la palabra, por lo que el termino correcto que debió utilizar es “Gracia”. El termino de veda o de gracia que establece el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre del 2013 y venció el 05 octubre del 2014, quedando en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-B y 332-B del Código Penal, en cuanto a las conductas de almacenar, transportar, poseer y usar en cuanto a lo referente a las armas de fuego de fabricación industrial, siendo positivas las normas respecto a las materias de guerra o de combate, municiones, explosivos y accesorios prohibidos, y referente a las armas de fabricación casera o artesanal (Chimbas) y en cuanto a las conductas de fabricar, importar, exportar y vender armas de fuego comercial de fabricación industrial. En tal sentido de apelaciones no comparte los agravios expresados por la recurrente para sustentar su desacuerdo de lo resuelto por el Juzgador, sustentando que el Decreto Legislativo 184-2013, no constituye permiso para cometer delitos con armas de fuego, lo cual es correcto, sin embargo, los instrumentos para la ejecución de un delito (un vehículo, un chuchillo, una piedra, etc.) cuando su tenencia es licita, no se traduce en una acusación criminal por el simple hecho de su portación, sino que se reprocha su instrumentalización para le ejecución de otro delito (robo, homicidio, lesiones, etc.) ello, ocurre con la armas de fuego de carácter comercial, cuyo tipo penal objeto de la acusación (332-B CP, señala como reproche su tenencia sin autorización de autoridad competente, lo cual en el periodo de “Veda” no es necesario contar con uno, ergo no es posible presentar acusación por dichos hechos, siendo que la imputación del hecho es el día siete de mayo del año 2014.- CONSIDERANDO (7): Que el amparista en la condición indicada viene a a reclamar un supuesto acto de infracción al debido proceso en cuanto a la responsabilidad del Estado y de sus servidores, al no observarse lo preceptuado en los artículos 321 relacionado con el 304 de de , en fallo proferido contra el señor GERMAN LOPEZ ESPAÑA, por suponerlo responsable del delito DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la seguridad interior del ESTADO DE HONDURAS, concerniente a que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo y lo relaciona con el artículo el 304, corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, también no es menos cierto, tal y como lo establece el artículo 17 del Título Preliminar del Código Civil, que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”.- CONSIDERANDO (8): de lo Constitucional entiende que no puede atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, así como la observancia en la temporalidad de los Decretos Legislativos emitidos por el Poder Legislativo y, que al momento de proferir fallos se encuentren vigentes, normativas que van encaminadas a garantizar la seguridad jurídica tanto de personas naturales como jurídicas, y en el caso del Decreto Legislativo No.184-2013, el espíritu del legislador va encaminado en dos sentidos, el primero a originar en el ciudadano una conducta de responsabilidad, que le permita hacer efectivo un derecho, como es el de tramitar y obtener el registro de su arma comercial ante la autoridad competente y el segundo, de carácter permisivo, es que, durante la vigencia de los Decretos Legislativos carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el articulo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de “veda” o de gracia, que fue efectivo del 05 de octubre del 2013 al 05 octubre del 2014, por lo tanto en dicho periodo, el Ministerio Publico debía abstenerse de entablar acción penal para su sanción penal, por no constituir delitos, sino hasta el vencimiento de los plazos ya previstos, por cuanto en aplicación de la ley se dictó un sobreseimiento definitivo, tal y como lo establece el Código Procesal Penal en su Artículo 296, Numeral 1. : “Se dictará sobreseimiento definitivo cuándo: 1) Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión”.- CONSIDERANDO (9): Igualmente de lo Constitucional entiende que el espíritu de en cuanto al Decreto no es el de despenalizar los artículos 332-B del Código Penal, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del Decreto, más bien refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares, por lo que el Estado de Honduras durante la vigencia del Decreto, no podía exigirle a persona que fuese encontrada con un arma de fuego documentación que acreditara su registro, igualmente quedaron en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en de Armas en las conductas de almacenaje, transporte, posesión y uso de las armas de fabricación industrial susceptibles de registro, quedando por tanto excluidas las conductas (punibles) de fabricación, importación, exportación y venta de armas de fuego comercial y las armas de guerra, reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras y las armas de fabricación casera o artesanal; es evidente asimismo, que el Estado a través de la promulgación de normativas acertadas, pretende regular el bien jurídico tutelado como lo es la seguridad pública en el delito de tenencia ilegal de armas, y es precisamente su origen, el que le lleva a crear normas como el Decreto en cuestión, que se reconozca al poseedor como su legitimo propietario; en ese sentido, las motivaciones y fundamentación jurídica expuestas como resultado del estudio y análisis de la sentencia recurrida ante de Apelaciones, quien a su vez confirmó el fallo del Juez A-Quo, esta Sala concluye que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso, se ajusta a las garantías y requisitos de un debido proceso, considerando que el imputado señor GERSON LÓPEZ ESPAÑA fue aprehendido el siete de mayo del 2014, fecha comprendida dentro del año de “Veda”, contenida en el precitado Decreto, razones suficientes para denegar de Amparo interpuesta.- POR TANTO: de lo Constitucional de de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2, 8, 9, 24 y 25 de de Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de de los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo IV de de los Derechos y Deberes del Hombre; 59, 61, 69, 82, 89, 90, 92, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de de ; 1, 3 No.2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54 y 63 de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por de Apelaciones de , Atlántida, en fecha diez (10) de agosto del año dos mil quince (2015). Y MANDA: Que se certifique el presente fallo y se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017), certificación de de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 860-2015.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.