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Sentencia AP-844-13 — Registro 6271

Resumen

Auto de formal procesamiento confirmado en contra del recurrente a quien se le impusieron medidas cautelares por suponerlo responsable del delito de almacenamiento de armas prohibidas en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al denegar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, y a su vez confirmar la resolución apelada y que fuera dictada por el a quo, no ha vulnerado en perjuicio del imputado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para sustentar la resolución recurrida, y por ello ha confirmado el auto de prisión en contra del imputado..."..."esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro esta que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado CARLOS RIVERA DIAZ, a favor del señor MELKIN RAMON MARTINEZ IZAGUIRRE, contra la resolución de fecha veinte de agosto del año dos mil trece, emitido por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de prisión dictado en fecha veintiuno de junio del año dos mil trece, por el Juzgado de Letras Penal Seccional de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, en relación a la causa instruida contra el señor MELKIN RAMON MARTINEZ IZAGUIRRE por suponerlo responsable de la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dieciséis de junio del año dos mil trece, la abogada MARION GARCIA SALGADO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal Seccional de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor MELKIN RAMON MARTINEZ IZAGUIRRE, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en fecha veintiuno de junio del año dos mil trece, en la celebración de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras Penal Seccional de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución por la cual resolvió: (Sic.) “1) Dictar auto de prisión al imputado MELKIN RAMON MARTINEZ IZAGUIRRE por el delito de ALMACENAMIENTO DE ARMAS PROHIBIDAS, en perjuicio de SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y se le impone las medidas cautelares siguientes: a) El imputado MELKIN RAMON MARTINEZ IZAGUIRRE debe presentarse todos los días de la semana a este Juzgado, b) El imputado tiene Prohibido concurrir lugares donde expendan vividas alcohólicas o cualquier otro tipo de drogas y consumirlas, c) Se le prohíbe al imputado portar armas de fuego; d) Tiene prohibido el imputado acercarse a la señora FLORIDA MADELI BENITEZ; Debe advertírsele al imputado antes referido que el cumplimiento de estas medidas son estrictamente obligatorias y su inobservancia les acarreará responsabilidad en su perjuicio.- 2) Declarar sin lugar el Sobreseimiento Definitivo solicitado por la defensa por improcedente, en vista que existen fundamentos suficientes para decretarle auto de prisión .- 3) Declarar improcedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. …”. (Folios del 48 al 51 y del 52 al 55 de la pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha veinte de agosto del año dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado CARLOS RIVERA DIAZ, en su condición de Defensor Privado del señor MELKIN RAMON MARTINEZ IZAGUIRRE, contra el auto de prisión decretado en contra de su representado en la fecha y por el juzgado relacionado en el acápite anterior, dictó resolución mediante la cual resolvió: (Sic.) “1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto.- 2) CONFIRMAR la resolución apelada.…” (Folios 80 al 82 de la pieza de los antecedentes).-4) Que en fecha treinta de septiembre del año dos mil trece, el recurrente abogado CARLOS RIVERA DIAZ, compareció ante este Alto Tribunal, interponiendo acción de amparo a favor del señor MELKIN RAMON MARTINEZ IZAGUIRRE, por considerar que la decisión del Tribunal Ad-quem que se deja relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 1, 82, 90 y 92 de la Constitución de la República. -5) Que en fecha quince de enero del año dos mil catorce, la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso impetrado, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho, ello de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”.- CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha veinte de agosto del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el proceso incoado en contra del señor MELKIN RAMON MARTINEZ IZAGUIRRE por suponerlo responsable de la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa del imputado y confirmó el auto de prisión apelado.-CONSIDERANDO (3): Que a juicio del recurrente el conflicto intersubjetivo de intereses objeto del proceso, se ha derivado de la resolución dictada por el ad-quem y que se recurre en esta vía constitucional, ya que el mismo dice vulnera el enunciado en cuanto a la forma de Estado en que se constituye Honduras, el derecho de defensa, debido proceso y la improcedencia del auto de formal procesamiento, sino existe evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado sea autor o cómplice; derechos que arguye le asisten a su defendido, y se encuentran consagrados respectivamente en los artículos 1, 82, 90 y 92 de la Constitución de la República; al respecto de forma sucinta argumenta que tales vulneraciones constitucionales se habrían suscitado en cuanto el Tribunal de Alzada al resolver desfavorablemente sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmar el auto apelado, lo ha hecho desconociendo que el recurso de apelación planteado por la defensa se interpuso con dos peticiones; la primera de ellas versaba sobre la procedencia que en el caso de autos se decretará a favor de su defendido un sobreseimiento definitivo; y el segundo planteamiento se centraba en que procedía la reforma del auto de prisión dictado calificándolo conforme lo señala el artículo 332-B del Código Penal.-CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expone que respecto de la primera de las razones que arguyó ante el Tribunal de Alzada, esto es la que tiene que ver, con que a favor del imputado se debe dictar un sobreseimiento definitivo, tal solicitud tiene su fundamento en el hecho de que la evidencia en el caso de autos no le fue decomisada a su defendido, ya que en ese momento el se encontraba detenido en la policía preventiva, por una denuncia de violencia doméstica interpuesta en su contra, y que fue a su compañera de hogar a la que le encontraron el objeto del delito; en ese sentido afirma el recurrente que el acta de decomiso no tiene validez al carecer la misma de los requisitos que señala el Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO (5): Que en relación a la segunda de las razones que expuso ante el Tribunal de Alzada, esto es la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, aduce el recurrente que la misma se centraba en la estimación por su parte, de que cabía en el caso de autos la reforma del auto de prisión decretado, ello conforme lo preceptuado por el articulo 332-B del Código Penal, ya que como precedentes en iguales circunstancias existen sentencias definitivas, y que para corroborar tal situación presentó en la audiencia inicial como medio de prueba documental una copia de la sentencia definitiva bajo el número TSFM-Nº6-2012, que corresponde también a una chimba, como se da en el presente caso, y que en ese sentido no comparte el criterio esgrimido por el juzgador de primera instancia que le resta importancia a tal medio de prueba; razón por la cual estima que el caso del imputado en vez de aplicarle incorrectamente lo dispuesto en el artículo 332-A del Código Penal, deberá hacérsele modificación, aplicándole lo que dispone el artículo 332-B del citado Código Penal, con lo cual dice se podría optar a cualquiera de las formas de desjudicialización ya establecidas, como es el procedimiento abreviado o la conciliación con la Procuraduría General de la República.-CONSIDERANDO (6): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por el abogado CARLOS RIVERA DIAZ, al considerar que el Tribunal ad-quem había violado las garantías constitucionales contenidas en los artículos 1, 82, 90 y 92 de la Constitución de la República; siendo la primera una declaración constitucional y no un derecho o garantía; por lo que en cuanto a ella se refiere, no puede entenderse abarcado el recurso de amparo; puesto que el artículo 183 numeral 1 de la Constitución, determina como objeto de la garantía de amparo, el que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece, excluyendo con ello a las declaraciones. -CONSIDERANDO(7): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, en primer lugar es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio del recurrente el derecho de defensa preceptuado en el articulo 82 de nuestra carta magna; tal y como lo estima el recurrente abogado CARLOS RIVERA DIAZ, y aunque este no señala específicamente en que consiste tal vulneración, es evidente que del mismo proceso se desprende que el encausado ha tenido la asistencia necesaria, desde el punto de vista legal para poder defenderse en juicio haciendo uso de todos los recursos que la ley le franquea en defensa de sus derechos, de lo que resulta que la garantía constitucional que se considera atropellada por el recurrente, no lo ha sido. Por otra parte este Alto Tribunal ha expresado de manera reiterada que las decisiones adversas no constituyen quebrantamiento a este derecho. -CONSIDERANDO (8): Que respecto de las demás vulneraciones constitucionales señaladas por el recurrente, esto es lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; y lo establecido por el artículo 92 constitucional “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice.”. En ese orden de ideas respectivamente, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. En el segundo de los casos la disposición constitucional antes relacionada, nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento solo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. -CONSIDERANDO(9): Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y su circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; y que los mismos serán valorados con arreglo a la sana crítica, en donde el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.-CONSIDERANDO(10): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de procesamiento contra el imputado; tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana crítica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye.-CONSIDERANDO(11): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice.-CONSIDERANDO (12): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al denegar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, y a su vez confirmar la resolución apelada y que fuera dictada por el a quo, no ha vulnerado en perjuicio del imputado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para sustentar la resolución recurrida, y por ello ha confirmado el auto de prisión en contra del imputado.-CONSIDERANDO (13): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa del imputado para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales del Instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la audiencia inicial en la que se ha dictado el auto de procesamiento recurrido, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquel ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro esta que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado CARLOS RIVERA DIAZ, a favor del señor MELKIN RAMON MARTINEZ IZAGUIRRE, contra la resolución de fecha veinte de agosto del año dos mil trece, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0844-2013.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL