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Sentencia AP-837-15 — Registro 6269

Resumen

acto reclamado ha vedado a impetrante el derecho de ser beneficiado con la aplicación de la conmuta de la pena por Suponerlo Responsable de los Delitos de Robo de Vehículo en su grado de Ejecución de Tentativa y Portación Ilegal de Armas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"O: Que del estudio de los antecedentes y en especifico de la resolución reclamada se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución del A-quo, en virtud de lo estipulado en el artículo 35 relacionado al artículo 61.2 del Código Penal, referente a que las penas de dos o mas delitos, no pueden cumplirse simultáneamente si de ello resulta ilusoria alguna de las penas, asimismo la Alzada hace uso de la jurisprudencia de éste alto Tribunal, consistente en la Sentencia recaída en fecha treinta (31) de julio de dos mil doce, Amparo Penal 470-11, mediante la cual se establece que las penas por la comisión de delitos en concurso real, no pueden ser susceptibles del beneficio de Conmuta, pues la intención del legislador y autentico espíritu del Artículo 35 antes citado, en cuanto a la condena a varias infracciones penales o concurso real, es que las mismas se cumplan acumuladas materialmente, variando en lo concerniente a su cumplimiento sucesivo de no poder hacerse efectivas en forma simultánea, de tal manera que si la suma total de las penas de reclusión supera los cinco años, como es en efecto el caso, el condenado no podrá solicitar el beneficio de la conmuta. Otra interpretación comportaría un fraude de ley, inadmisible en un Estado de Derecho que concede ciertos beneficios sustitutivos de las penas privativas de libertad hasta un determinado límite en atención a la gravedad de los hechos enjuiciados. En este caso se establece como un techo máximo el que la pena global aplicada, ya sea única o la que resulte de sumar las impuestas por varias infracciones, no supere los cinco (5) años de reclusión.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal aprecia que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.-"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de abril de dos mil dieciséis.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NELSON YOVANNY URBINA ULLOA a favor del señor ANDRES MATUTE ROMERO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diez de agosto de dos mil quince, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el veintisiete de mayo de dos mil quince, en relación a la causa instruida contra el señor ANDRES MATUTE ROMERO, por suponerlo responsable de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio del señor NATIVIDAD DE JESUS AGUILAR; y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente estima que con la emisión del acto reclamado se ha vedado al condenado el derecho de ser beneficiado con la aplicación de la conmuta de la pena de reclusión por dinero en efectivo, toda vez que se cumplen los requisitos exigidos por la ley para su otorgamiento, de tal manera que a criterio del impetrante, la conmuta procede en virtud de que el Juez sentenciador al momento de imponer las penas, lo hace de forma separada, es decir, condena a su representado a tres años de reclusión por el delito de portación ilegal de armas y seis años con ocho meses por el delito de robo de vehículo en su grado de ejecución de tentativa, de allí que al no haber hecho una sumatoria de dichas penas y ser que la pena de tres años es de naturaleza conmutable, debe concederse el beneficio de conmuta de la pena, asimismo considera que también debe reformarse el cómputo de la pena de seis años con ocho meses. -CONSIDERANDO: Que el impetrante considera que con el acto reclamado se han violentado entre otros los derechos establecidos en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes y en especifico de la resolución reclamada se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución del A-quo, en virtud de lo estipulado en el artículo 35 relacionado al artículo 61.2 del Código Penal, referente a que las penas de dos o mas delitos, no pueden cumplirse simultáneamente si de ello resulta ilusoria alguna de las penas, asimismo la Alzada hace uso de la jurisprudencia de éste alto Tribunal, consistente en la Sentencia recaída en fecha treinta (31) de julio de dos mil doce, Amparo Penal 470-11, mediante la cual se establece que las penas por la comisión de delitos en concurso real, no pueden ser susceptibles del beneficio de Conmuta, pues la intención del legislador y autentico espíritu del Artículo 35 antes citado, en cuanto a la condena a varias infracciones penales o concurso real, es que las mismas se cumplan acumuladas materialmente, variando en lo concerniente a su cumplimiento sucesivo de no poder hacerse efectivas en forma simultánea, de tal manera que si la suma total de las penas de reclusión supera los cinco años, como es en efecto el caso, el condenado no podrá solicitar el beneficio de la conmuta. Otra interpretación comportaría un fraude de ley, inadmisible en un Estado de Derecho que concede ciertos beneficios sustitutivos de las penas privativas de libertad hasta un determinado límite en atención a la gravedad de los hechos enjuiciados. En este caso se establece como un techo máximo el que la pena global aplicada, ya sea única o la que resulte de sumar las impuestas por varias infracciones, no supere los cinco (5) años de reclusión.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal aprecia que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NELSON YOVANNY URBINA ULLOA a favor del señor ANDRES MATUTE ROMERO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diez de agosto de dos mil quince, toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la resolución de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0837-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de abril de dos mil dieciséis.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NELSON YOVANNY URBINA ULLOA a favor del señor ANDRES MATUTE ROMERO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diez de agosto de dos mil quince, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el veintisiete de mayo de dos mil quince, en relación a la causa instruida contra el señor ANDRES MATUTE ROMERO, por suponerlo responsable de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio del señor NATIVIDAD DE JESUS AGUILAR; y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente estima que con la emisión del acto reclamado se ha vedado al condenado el derecho de ser beneficiado con la aplicación de la conmuta de la pena de reclusión por dinero en efectivo, toda vez que se cumplen los requisitos exigidos por la ley para su otorgamiento, de tal manera que a criterio del impetrante, la conmuta procede en virtud de que el Juez sentenciador al momento de imponer las penas, lo hace de forma separada, es decir, condena a su representado a tres años de reclusión por el delito de portación ilegal de armas y seis años con ocho meses por el delito de robo de vehículo en su grado de ejecución de tentativa, de allí que al no haber hecho una sumatoria de dichas penas y ser que la pena de tres años es de naturaleza conmutable, debe concederse el beneficio de conmuta de la pena, asimismo considera que también debe reformarse el cómputo de la pena de seis años con ocho meses. -CONSIDERANDO: Que el impetrante considera que con el acto reclamado se han violentado entre otros los derechos establecidos en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes y en especifico de la resolución reclamada se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución del A-quo, en virtud de lo estipulado en el artículo 35 relacionado al artículo 61.2 del Código Penal, referente a que las penas de dos o mas delitos, no pueden cumplirse simultáneamente si de ello resulta ilusoria alguna de las penas, asimismo la Alzada hace uso de la jurisprudencia de éste alto Tribunal, consistente en la Sentencia recaída en fecha treinta (31) de julio de dos mil doce, Amparo Penal 470-11, mediante la cual se establece que las penas por la comisión de delitos en concurso real, no pueden ser susceptibles del beneficio de Conmuta, pues la intención del legislador y autentico espíritu del Artículo 35 antes citado, en cuanto a la condena a varias infracciones penales o concurso real, es que las mismas se cumplan acumuladas materialmente, variando en lo concerniente a su cumplimiento sucesivo de no poder hacerse efectivas en forma simultánea, de tal manera que si la suma total de las penas de reclusión supera los cinco años, como es en efecto el caso, el condenado no podrá solicitar el beneficio de la conmuta. Otra interpretación comportaría un fraude de ley, inadmisible en un Estado de Derecho que concede ciertos beneficios sustitutivos de las penas privativas de libertad hasta un determinado límite en atención a la gravedad de los hechos enjuiciados. En este caso se establece como un techo máximo el que la pena global aplicada, ya sea única o la que resulte de sumar las impuestas por varias infracciones, no supere los cinco (5) años de reclusión.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal aprecia que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NELSON YOVANNY URBINA ULLOA a favor del señor ANDRES MATUTE ROMERO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diez de agosto de dos mil quince, toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la resolución de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0837-2015.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL