Sentencia AP-833-15 — Registro 6268
Resumen
Se revocó auto de prisión y en su lugar se dictó sobreseimiento provisional por existir sospecha que el imputado tuvo participación en el delito por el cual se le investiga
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que este alto Tribunal halla que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona la impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable..."..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de marzo del dos mil dieciséis.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil quince, que revoca la resolución emitida en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil quince, por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS; en relación a la causa instruida contra el señor ESDRAS MONCADA MENDOZA, por suponerlo responsable del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS COMERCIAL Y DE ARMAS DE GUERRA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la Corte de Apelaciones, por estimar que decide revocar la decisión del A-quo, sin estimar que se logró acreditar la existencia del delito así como la participación del encausado por lo que es del parecer que la Alzada desconoció la prueba de cargo aportada.-CONSIDERANDO: Que el reclamante considera que con la resolución emitida se han vulnerado el debido proceso contemplado en el artículo 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se logra establecer que la Alzada estimó revocar el auto de formal procesamiento y dictó un sobreseimiento provisional en virtud de que de la prueba aportada si bien se logra acreditar el delito por el que se acusa, también estableció que no discurren los indicios racionales de que el imputado haya tenido participación en el mismo, sin embargo indicó que de las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo, dando la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó el órgano jurisdiccional denunciado.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal halla que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona la impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil quince; toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, certificación de la resolución de fecha uno de marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal , registrado en este Tribunal bajo el número 0833-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL