Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-826-16 — Registro 10306

Resumen

Sentencia confirmó auto de formal procesamiento contra imputado por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; en apelación se consideró que se aportó el indicio necesario para estimar como cierta la realización del hecho por el que se acusa al imputado, su relevancia jurídica penal y la participación en los hechos y no determina que el arma de fabricación casera decomisada se enmarque en el artículo 332-A del Código Penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”el parecer de la Alzada es que mediante la mínima actividad probatoria se aportó el indicio necesario para estimar como cierta la realización del hecho por el que se acusa al imputado, su relevancia jurídica penal y la participación del encausado en los hechos, razón por lo que procedió a confirmar el auto de formal procesamiento, no determinando como lo indica la reclamante que el arma de fabricación casera decomisada al procesado, se enmarque en el artículo 332-A del Código Penal…”..” ésta Sala ha dejado establecido en la motivación del fallo recaído en el Recurso de Amparo número AP327-2017 de fecha 2 de noviembre del año 2016, que en la materia que nos ocupa hay, “…jurisprudencia y aún doctrina legal emanada de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en cuyas sentencias CP.148=2012 de fecha 2 de junio; S.P. No. 467-2012 de fecha 22 de septiembre del 2014, y SP No. 246-2013 de fecha 25 de noviembre del año 2015, en cuya ratio juris se ha tomado en consideración la existencia de jurisprudencia consolidada, pacífica y consistente en el sentido que las armas artesanales son consideradas prohibidas, si bien la tipificación penal de los artículos 332-A y 332-B tampoco es taxativa respecto a cúal de los dos tipos (2) asociados configura perfectamente el ilícito, emergiendo como un criterio diferenciador de orden objetivo y racional, el tipo de munición que empleé, en su caso, el arma artesanal objeto del delito. Por lo que, de la lectura de las referidas sentencias se desprende que, el uso de munición de calibre comercial, en una arma artesanal en condiciones funcionales, comporta un menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal a las armas automáticas de guerra o de combate, como lo es el fusil de asalto Marca Kalashnikov año 1947 (más conocido como AK-47) y otras armas prohibidas en el ordenamiento.”…”…” al contener el auto reclamado la motivación y fundamentación en derecho, estableciendo la Alzada que es en base al análisis de los elementos de prueba aportados en audiencia correspondiente que logró establecer los indicios para estimar como ciertos los hechos por el que se le inició proceso al ya referido imputado, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto impugnado, misma que éste Alto Tribunal encuentra que no es arbitraria y mucho menos fundada en un error patente que incida directamente en la decisión del asunto, razón por la que no se configura la vulneración al debido proceso, puesto como ya se indicó, el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte del imputado y el tipo penal en que ha tenido participación…”…”del análisis de las alegaciones en que basa la recurrente su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el asunto, apreciando que la Alzada ha expuesto con claridad los hechos y los fundamentos de Derecho en que basa su razonamiento, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos, principios y garantías que rigen el proceso…”esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República…”…”el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos…”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…”el parecer de la Alzada es que mediante la mínima actividad probatoria se aportó el indicio necesario para estimar como cierta la realización del hecho por el que se acusa al imputado, su relevancia jurídica penal y la participación del encausado en los hechos, razón por lo que procedió a confirmar el auto de formal procesamiento, no determinando como lo indica la reclamante que el arma de fabricación casera decomisada al procesado, se enmarque en el artículo 332-A del Código Penal…”..” ésta Sala ha dejado establecido en la motivación del fallo recaído en el Recurso de Amparo número AP327-2017 de fecha 2 de noviembre del año 2016, que en la materia que nos ocupa hay, “…jurisprudencia y aún doctrina legal emanada de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en cuyas sentencias CP.148=2012 de fecha 2 de junio; S.P. No. 467-2012 de fecha 22 de septiembre del 2014, y SP No. 246-2013 de fecha 25 de noviembre del año 2015, en cuya ratio juris se ha tomado en consideración la existencia de jurisprudencia consolidada, pacífica y consistente en el sentido que las armas artesanales son consideradas prohibidas, si bien la tipificación penal de los artículos 332-A y 332-B tampoco es taxativa respecto a cúal de los dos tipos (2) asociados configura perfectamente el ilícito, emergiendo como un criterio diferenciador de orden objetivo y racional, el tipo de munición que empleé, en su caso, el arma artesanal objeto del delito. Por lo que, de la lectura de las referidas sentencias se desprende que, el uso de munición de calibre comercial, en una arma artesanal en condiciones funcionales, comporta un menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal a las armas automáticas de guerra o de combate, como lo es el fusil de asalto Marca Kalashnikov año 1947 (más conocido como AK-47) y otras armas prohibidas en el ordenamiento.”…”…” al contener el auto reclamado la motivación y fundamentación en derecho, estableciendo la Alzada que es en base al análisis de los elementos de prueba aportados en audiencia correspondiente que logró establecer los indicios para estimar como ciertos los hechos por el que se le inició proceso al ya referido imputado, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto impugnado, misma que éste Alto Tribunal encuentra que no es arbitraria y mucho menos fundada en un error patente que incida directamente en la decisión del asunto, razón por la que no se configura la vulneración al debido proceso, puesto como ya se indicó, el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte del imputado y el tipo penal en que ha tenido participación…”…”del análisis de las alegaciones en que basa la recurrente su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el asunto, apreciando que la Alzada ha expuesto con claridad los hechos y los fundamentos de Derecho en que basa su razonamiento, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos, principios y garantías que rigen el proceso…”esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República…”…”el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil quince; que confirma el auto de formal procesamiento dictado en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil quince, por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; en relación a la causa instruida contra el señor MAURICIO ALEXANDER AMADOR MENDOZA, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que la recurrente señala que la autoridad recurrida para emitir su resolución realizó una interpretación errónea al aplicar una norma penal inadecuada al caso, estimando la repitente que la Corte de Apelaciones, que el arma de fabricación casera decomisada al acusado, constituye arma prohibida conforme al artículo 8 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, que a criterio de la reclamante le corresponde la aplicación del artículo 332-A del Código Penal correspondiente a las armas prohibidas. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de formalización se aprecia que la recurrente invoca como vulnerados los derechos contenidos en los artículos 90, 321 de la Constitución de la República, entre otros. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que mediante la mínima actividad probatoria se aportó el indicio necesario para estimar como cierta la realización del hecho por el que se acusa al imputado, su relevancia jurídica penal y la participación del encausado en los hechos, razón por lo que procedió a confirmar el auto de formal procesamiento, no determinando como lo indica la reclamante que el arma de fabricación casera decomisada al procesado, se enmarque en el artículo 332-A del Código Penal. CONSIDERANDO: Que ésta Sala ha dejado establecido en la motivación del fallo recaído en el Recurso de Amparo número AP327-2017 de fecha 2 de noviembre del año 2016, que en la materia que nos ocupa hay, “…jurisprudencia y aún doctrina legal emanada de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en cuyas sentencias CP.148=2012 de fecha 2 de junio; S.P. No. 467-2012 de fecha 22 de septiembre del 2014, y SP No. 246-2013 de fecha 25 de noviembre del año 2015, en cuya ratio juris se ha tomado en consideración la existencia de jurisprudencia consolidada, pacifica y consistente en el sentido que las armas artesanales son consideradas prohibidas, si bien la tipificación penal de los artículos 332-A y 332-B tampoco es taxativa respecto a cual de los dos tipos (2) asociados configura perfectamente el ilícito, emergiendo como un criterio diferenciador de orden objetivo y racional, el tipo de munición que empleé, en su caso, el arma artesanal objeto del delito. Por lo que, de la lectura de las referidas sentencias se desprende que, el uso de munición de calibre comercial, en una arma artesanal en condiciones funcionales, comporta un menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal a las armas automáticas de guerra o de combate, como lo es el fusil de asalto Marca Kalashnikov año 1947 (mas conocido como AK-47) y otras armas prohibidas en el ordenamiento.” CONSIDERANDO: Que al contener el auto reclamado la motivación y fundamentación en derecho, estableciendo la Alzada que es en base al análisis de los elementos de prueba aportados en audiencia correspondiente que logró establecer los indicios para estimar como ciertos los hechos por el que se le inició proceso al ya referido imputado, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto impugnado, misma que éste Alto Tribunal encuentra que no es arbitraria y mucho menos fundada en un error patente que incida directamente en la decisión del asunto, razón por la que no se configura la vulneración al debido proceso, puesto como ya se indicó, el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte del imputado y el tipo penal en que ha tenido participación. CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la recurrente su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el asunto, apreciando que la Alzada ha expuesto con claridad los hechos y los fundamentos de Derecho en que basa su razonamiento, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos, principios y garantías que rigen el proceso. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 440-H último párrafo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil quince; al apreciar esta Sala que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. Firmas sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de octubre de dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número 0826-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.