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Sentencia AP-826-15 — Registro 6267

Resumen

Sentencia confirmó auto de formal procesamiento contra imputada por suponerla responsable del delito de posesión de droga en perjuicio de la salud pública de la población del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala aprecia que la recurrente alega cuestiones de mera legalidad, mismas que corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley..."..."conforme lo establecen los artículos 46 # 1 y último párrafo y 50 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede en esta etapa del proceso, sobreseer las presentes diligencias, en virtud de haber presentado la recurrente su escrito de enmienda de manera extemporánea y por alegar cuestiones de mera legalidad como quedó establecido en la presente resolución..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis.- Visto el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NORMA LIZETH NUÑEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecinueve de junio de dos mil quince, que confirmó el auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, el veintiséis de marzo de dos mil quince; con relación a la causa instruida contra la señora ANA PATRICIA CABALLERO ALVARADO por suponerla responsable del delito de POSESION DE DROGA en perjuicio de la SALUD PUBLICA DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que mediante providencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, la Sala, dispuso que previo a resolver la vista a la recurrente para formalizar, que la impetrante enmendara su recurso dentro del término de tres días, indicando con claridad el acto reclamado en amparo, pues de la revisión de los antecedentes se aprecia que no consta ninguna sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de junio de dos mil quince, que confirmara el auto de formal procesamiento de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince.-CONSIDERANDO: Que la citada providencia, le fue notificada a la recurrente en legal y debida forma el día miércoles once de noviembre de dos mil quince, siendo las once de la mañana con cinco minutos, mediante cédula de notificación fijada en la Tabla de Avisos del Despacho; habiendo comenzado a correr el plazo concedido el día jueves doce de noviembre de dos mil quince y venciendo el plazo concedido a la media noche del día martes diecisiete de noviembre del año en curso.-CONSIDERANDO: Que al presentarse el escrito de enmienda el día viernes veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, como consta en el expediente de mérito, claramente se hizo de manera extemporánea, sin embargo, la recurrente enmendó lo solicitado por esta Sala, indicando que el acto reclamado era la resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince.-CONSIDERANDO: Que cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche del último día del plazo.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el artículo 50 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará inadmisible la demanda de amparo que no hubiere sido corregida por el recurrente en el plazo señalado al efecto.-CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la Corte de Apelaciones, por estimar que ésta decide confirmar la decisión del A-quo, sin apreciar que se logró establecer la existencia del delito por el que se le acusa a la imputada, por lo que es del parecer que la Alzada desconoció la prueba aportada, vulnerando con dicha resolución el debido proceso y el principio de legalidad contemplados en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se logra establecer que la Alzada confirmó la resolución apelada, al apreciar que no se acreditó de manera plena la comisión del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Consumo o Tráfico de Drogas, ni tampoco indicio racional alguno de que la imputada haya participado en la comisión de ese delito, lo que si se acreditó fue la plena existencia del delito de Posesión de Drogas y el indicio racional de su participación en el mismo.-CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el caso, esta Sala observa, que para emitir el fallo respectivo, la autoridad recurrida resolvió el mismo, respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana critica y valorando las pruebas allegadas a la audiencia inicial, siendo además, según estima esta Sala, que la resolución adoptada por el Tribunal denunciado contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a la Garantía del Debido Proceso ni al principio de legalidad establecidos en el texto Constitucional.-CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anterior, esta Sala aprecia que la recurrente alega cuestiones de mera legalidad, mismas que corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere inadmisible y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su inadmisibilidad, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen los artículos 46 # 1 y último párrafo y 50 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede en esta etapa del proceso, sobreseer las presentes diligencias, en virtud de haber presentado la recurrente su escrito de enmienda de manera extemporánea y por alegar cuestiones de mera legalidad como quedó establecido en la presente resolución.- POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 38, 39 y 40 del Código Civil; 4, 41, 44, 45, 46 # 1 y párrafo final, 50 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NORMA LIZETH NUÑEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecinueve de junio de dos mil quince, por no haber corregido en tiempo su acción de amparo y por alegar cuestiones de mera legalidad; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda a devolver los antecedentes al Tribunal de su procedencia y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la resolución fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0826-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis.- Visto el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NORMA LIZETH NUÑEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecinueve de junio de dos mil quince, que confirmó el auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, el veintiséis de marzo de dos mil quince; con relación a la causa instruida contra la señora ANA PATRICIA CABALLERO ALVARADO por suponerla responsable del delito de POSESION DE DROGA en perjuicio de la SALUD PUBLICA DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que mediante providencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, la Sala, dispuso que previo a resolver la vista a la recurrente para formalizar, que la impetrante enmendara su recurso dentro del término de tres días, indicando con claridad el acto reclamado en amparo, pues de la revisión de los antecedentes se aprecia que no consta ninguna sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de junio de dos mil quince, que confirmara el auto de formal procesamiento de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince.-CONSIDERANDO: Que la citada providencia, le fue notificada a la recurrente en legal y debida forma el día miércoles once de noviembre de dos mil quince, siendo las once de la mañana con cinco minutos, mediante cédula de notificación fijada en la Tabla de Avisos del Despacho; habiendo comenzado a correr el plazo concedido el día jueves doce de noviembre de dos mil quince y venciendo el plazo concedido a la media noche del día martes diecisiete de noviembre del año en curso.-CONSIDERANDO: Que al presentarse el escrito de enmienda el día viernes veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, como consta en el expediente de mérito, claramente se hizo de manera extemporánea, sin embargo, la recurrente enmendó lo solicitado por esta Sala, indicando que el acto reclamado era la resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince.-CONSIDERANDO: Que cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche del último día del plazo.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el artículo 50 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará inadmisible la demanda de amparo que no hubiere sido corregida por el recurrente en el plazo señalado al efecto.-CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la Corte de Apelaciones, por estimar que ésta decide confirmar la decisión del A-quo, sin apreciar que se logró establecer la existencia del delito por el que se le acusa a la imputada, por lo que es del parecer que la Alzada desconoció la prueba aportada, vulnerando con dicha resolución el debido proceso y el principio de legalidad contemplados en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se logra establecer que la Alzada confirmó la resolución apelada, al apreciar que no se acreditó de manera plena la comisión del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Consumo o Tráfico de Drogas, ni tampoco indicio racional alguno de que la imputada haya participado en la comisión de ese delito, lo que si se acreditó fue la plena existencia del delito de Posesión de Drogas y el indicio racional de su participación en el mismo.-CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el caso, esta Sala observa, que para emitir el fallo respectivo, la autoridad recurrida resolvió el mismo, respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana critica y valorando las pruebas allegadas a la audiencia inicial, siendo además, según estima esta Sala, que la resolución adoptada por el Tribunal denunciado contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a la Garantía del Debido Proceso ni al principio de legalidad establecidos en el texto Constitucional.-CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anterior, esta Sala aprecia que la recurrente alega cuestiones de mera legalidad, mismas que corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere inadmisible y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su inadmisibilidad, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen los artículos 46 # 1 y último párrafo y 50 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede en esta etapa del proceso, sobreseer las presentes diligencias, en virtud de haber presentado la recurrente su escrito de enmienda de manera extemporánea y por alegar cuestiones de mera legalidad como quedó establecido en la presente resolución.- POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 38, 39 y 40 del Código Civil; 4, 41, 44, 45, 46 # 1 y párrafo final, 50 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NORMA LIZETH NUÑEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecinueve de junio de dos mil quince, por no haber corregido en tiempo su acción de amparo y por alegar cuestiones de mera legalidad; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda a devolver los antecedentes al Tribunal de su procedencia y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la resolución fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0826-2015.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL