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Sentencia AP-82-16 — Registro 10355

Resumen

Resolución que declaro sin lugar recurso de apelación y confirmó sobreseimiento definitivo en la causa instruida contra imputado por suponerlo responsable de los delitos de detención ilegal, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, vejámenes y torturas, en perjuicio de la administración pública y otros ciudadanos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."4): Que según la valoración de la prueba aportada en el proceso, tanto los medios probatorios documental y testifical mientras se desarrollaba una manifestación pública en la que entre otras personas participaban los señores JOSE NATIVIDAD PEREZ, ALBA LETICIA OCHOA Y OTROS, el señor ELDER MADRID GUERRA Oficial de la Policía y otros oficiales y agentes del orden público, detuvieron a aquellas personas a quienes se hicieron victimas de DETENCIÓN ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBRERES DE LOS FUNCIONARIOS, VEJAMENES y TORTURAS. En la celebrada audiencia inicial el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes, por lo que, en ese momento procesal, proveerá lo que estime razonable en derecho con el mérito de las pruebas aportadas y dictará, en su caso, las medidas cautelares que considere necesarias acorde a la naturaleza del injusto y demás circunstancias concurrentes en este momento procesal se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar el material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se impute, sobre su relevancia jurídica penal y la probabilidad de participación del imputado, por lo que el juez del A Quo profirió sobreseimiento definitivo de las diligencias a favor del imputado ELDER MADRID GUERRA , por estimar que a su juicio no se pudo por parte del ente acusador a quien corresponde la carga de la prueba ni la plena prueba de haber cometido las infracciones, ni el indicio racional suficiente por los delitos de DETENCIÓN ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBRERES DE LOS FUNCIONARIOS, VEJAMENES y TORTURAS.CONSIDERANDO CINCO (5): Se dictará sobreseimiento definitivo, cuando resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito; que el imputado no participó en su comisión; no existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no hayan motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y cuando se haya extinguido la acción penal. Es el caso de las presentes diligencias de mérito que no se aprecia la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales de DETENCIÓN ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBRERES DE LOS FUNCIONARIOS, VEJAMENES y TORTURAS tipificadas en el Código Penal, así como tampoco se observa el grado de participación que en la categoría de autor eventualmente correspondería atribuir al imputado ELDER MADRID GUERRA. En consideración a lo anterior y en ausencia de otros indicadores que eventualmente podrían haber conducido a esta Sala a formar otro juicio a valor, se puede determinar que la resolución recurrida por el Tribunal Ad Quem es conforme a derecho, sin que merezcan crédito alguno los alegatos o agravios expresados por el ente acusador al mejorar su recurso de apelación impetrado la revocatoria del Sobreseimiento Definitivo.CONSIDERANDO SEIS (6): Que la norma subjetiva penal exige que para que se decrete Auto de Prisión es necesaria la concurrencia de los presupuestos legales siguientes: 1) La existencia de la plena prueba de la comisión del delito, es decir los elementos subjetivos del tipo penal; y, 2) La existencia de indicios racionales de culpabilidad del imputado, en la causa de merito. Presupuestos legales que a este momento procesal no concurren, respecto al imputado ELDER MADRID GUERRA. De lo que se desprende que el Ad quem, observado la disposición contenida en el artículo 202 de la norma adjetiva penal que impone al Juez la obligación de valorar la prueba con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El método de la Sana Critica consiste en considerar un conjunto de normas de criterios de las jueces basadas en pautas de la lógica, la experiencia y la psicología, y aun del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento humano.CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los Tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros.CONSIDERANDO OCHO (8): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso y el principio de legalidad, consecuentemente así los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."4): Que según la valoración de la prueba aportada en el proceso, tanto los medios probatorios documental y testifical mientras se desarrollaba una manifestación pública en la que entre otras personas participaban los señores JOSE NATIVIDAD PEREZ, ALBA LETICIA OCHOA Y OTROS, el señor ELDER MADRID GUERRA Oficial de la Policía y otros oficiales y agentes del orden público, detuvieron a aquellas personas a quienes se hicieron victimas de DETENCIÓN ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBRERES DE LOS FUNCIONARIOS, VEJAMENES y TORTURAS. En la celebrada audiencia inicial el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes, por lo que, en ese momento procesal, proveerá lo que estime razonable en derecho con el mérito de las pruebas aportadas y dictará, en su caso, las medidas cautelares que considere necesarias acorde a la naturaleza del injusto y demás circunstancias concurrentes en este momento procesal se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar el material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se impute, sobre su relevancia jurídica penal y la probabilidad de participación del imputado, por lo que el juez del A Quo profirió sobreseimiento definitivo de las diligencias a favor del imputado ELDER MADRID GUERRA , por estimar que a su juicio no se pudo por parte del ente acusador a quien corresponde la carga de la prueba ni la plena prueba de haber cometido las infracciones, ni el indicio racional suficiente por los delitos de DETENCIÓN ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBRERES DE LOS FUNCIONARIOS, VEJAMENES y TORTURAS.CONSIDERANDO CINCO (5): Se dictará sobreseimiento definitivo, cuando resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito; que el imputado no participó en su comisión; no existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no hayan motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y cuando se haya extinguido la acción penal. Es el caso de las presentes diligencias de mérito que no se aprecia la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales de DETENCIÓN ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBRERES DE LOS FUNCIONARIOS, VEJAMENES y TORTURAS tipificadas en el Código Penal, así como tampoco se observa el grado de participación que en la categoría de autor eventualmente correspondería atribuir al imputado ELDER MADRID GUERRA. En consideración a lo anterior y en ausencia de otros indicadores que eventualmente podrían haber conducido a esta Sala a formar otro juicio a valor, se puede determinar que la resolución recurrida por el Tribunal Ad Quem es conforme a derecho, sin que merezcan crédito alguno los alegatos o agravios expresados por el ente acusador al mejorar su recurso de apelación impetrado la revocatoria del Sobreseimiento Definitivo.CONSIDERANDO SEIS (6): Que la norma subjetiva penal exige que para que se decrete Auto de Prisión es necesaria la concurrencia de los presupuestos legales siguientes: 1) La existencia de la plena prueba de la comisión del delito, es decir los elementos subjetivos del tipo penal; y, 2) La existencia de indicios racionales de culpabilidad del imputado, en la causa de merito. Presupuestos legales que a este momento procesal no concurren, respecto al imputado ELDER MADRID GUERRA. De lo que se desprende que el Ad quem, observado la disposición contenida en el artículo 202 de la norma adjetiva penal que impone al Juez la obligación de valorar la prueba con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El método de la Sana Critica consiste en considerar un conjunto de normas de criterios de las jueces basadas en pautas de la lógica, la experiencia y la psicología, y aun del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento humano.CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los Tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros.CONSIDERANDO OCHO (8): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso y el principio de legalidad, consecuentemente así los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días de Octubre del dos mil dieciséis.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015), que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en Audiencia Inicial, celebrada en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil catorce (2014) y que culminó en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra el señor ELDER MADRID GUERRA, por suponerlo responsable de los delitos de DETENCION ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y VEJAMENES, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, JOSE NATIVIDAD PEREZ, ALBA LETICIA OCHOA Y OTROS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.A N T E C E D E N T E S.1)Que en fecha veinte (20) de octubre del dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor ELDER MADRID GUERRA, JOSE VENTURA FLORES MARADIAGA, CARLOS ISAIAS POLANCO PADILLA, ESTELA ESPERANZA RAMOS, JUANA MARIA ALVARADO BARAHONA Y SUYAPA MARINA ELVIR ESCALANTE, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, DETENCIÓN ILEGAL en perjuicio de los señores GERARDO ARTURO FLORES VALERIANO, MABEL CAROLINA LOPEZ NELSON GUSTAVO RIVERA LOPEZ, JOSE NATIVIDAD PEREZ LORENZO, OSCAR MANUEL MURILLO,,SANTOS RICARDO PEÑA PAVON, DARWIN ISSAC AMAYA ALVARADO, ALBA LETICIA OCHOA CAMACHO, SERGIO RAUL GEREZANO, DARWIN SAID HERNANDEZ CARBAJAL, OSLIN DANIEL GEORGE CANTILLANO, ROSARIO VASQUEZ VASQUEZ, EMERSON ROSICLER BARAHONA DANIEL ANGEL CARCAMO SANCHEZ Y OTROS y LA ADMINISTRACION PUBLICA, por el delito de VEJAMENES en perjuicio de GERARDO ARTURO FLORES VALERIANO, MABEL CAROLINA LOPEZ NELSON GUSTAVO RIVERA LOPEZ, JOSE NATIVIDAD PEREZ LORENZO, OSCAR MANUEL MURILLO,,SANTOS RICARDO PEÑA PAVON, DARWIN ISSAC AMAYA ALVARADO, ALBA LETICIA OCHOA CAMACHO, SERGIO RAUL GEREZANO, DARWIN SAID HERNANDEZ CARBAJAL, OSLIN DANIEL GEORGE CANTILLANO, ROSARIO VASQUEZ VASQUEZ, EMERSON ROSICLER BARAHONA DANIEL ANGEL CARCAMO SANCHEZ y contra ELDER MADRID GUERRA, ESTELA ESPERANZA RAMOS, JUANA MARIA ALVARADO BARAHONA Y SUYAPA MARINA ELVIR ESCALANTE por el delito de TORTURAS en perjuicio de ALBA LETICIA OCHOA CAMACHO. (Folios 19 al 29 del Tomo I de los antecedentes).2) Que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de Audiencia Inicial que comenzó en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil catorce (2014), habiendo culminado en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil quince (2015) RESOLVIÓ (sic): “… Decretar un Sobreseimiento Definitivo a favor del ciudadano Elder Madrid Guerra, por los delitos de Detención Ilegal, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios, Vejámenes, Torturas, en perjuicio de José Natividad Perez y Otros, la Administración Pública y Alba Leticia Ochoa. Así mismo procede cesar de inmediato las medidas cautelares en audiencia de declaración de imputado, entregándole su Carta de Libertad Definitiva.- Sin perjuicio de que algunas de las partes procesales puedan interponer los recursos legales que la ley les señala.…” (Folios 1106 al 1119 del Tomo II de los antecedentes)

  1. Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por la Abogada KAROL JANETH CARDENAS, es su condición de Procuradora de Derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), y LEYLA CRISTINA ALEMAN MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015), mediante la cual: RESUELVE: “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; 2) CONFIRMA el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en Audiencia Inicial de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, finalizada el nueve de febrero de dos mil quince, a favor del señor ELDER MADRID GUERRA en la causa que se le instruyó por suponerlo responsable de los delitos de DETENCIÓN ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBRERES DE LOS FUNCIONARIOS, VEJAMENES y TORTURAS, en perjuicio de JOSE NATIVIDAD PEREZ, ALBA LETICIA OCHOA Y OTROS; …” (Folios 1160 al 1163 del Tomo II los antecedentes).4) Que la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós (22) de enero del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la resolución del Ad Quem, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015), que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en Audiencia Inicial, celebrada en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil catorce (2014) y que culminó en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil quince (2015); por considerar la recurrente que la misma es violatoria a lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que según la valoración de la prueba aportada en el proceso, tanto los medios probatorios documental y testifical mientras se desarrollaba una manifestación pública en la que entre otras personas participaban los señores JOSE NATIVIDAD PEREZ, ALBA LETICIA OCHOA Y OTROS, el señor ELDER MADRID GUERRA Oficial de la Policía y otros oficiales y agentes del orden público, detuvieron a aquellas personas a quienes se hicieron victimas de DETENCIÓN ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBRERES DE LOS FUNCIONARIOS, VEJAMENES y TORTURAS. En la celebrada audiencia inicial el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes, por lo que, en ese momento procesal, proveerá lo que estime razonable en derecho con el mérito de las pruebas aportadas y dictará, en su caso, las medidas cautelares que considere necesarias acorde a la naturaleza del injusto y demás circunstancias concurrentes en este momento procesal se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar el material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se impute, sobre su relevancia jurídica penal y la probabilidad de participación del imputado, por lo que el juez del A Quo profirió sobreseimiento definitivo de las diligencias a favor del imputado ELDER MADRID GUERRA , por estimar que a su juicio no se pudo por parte del ente acusador a quien corresponde la carga de la prueba ni la plena prueba de haber cometido las infracciones, ni el indicio racional suficiente por los delitos de DETENCIÓN ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBRERES DE LOS FUNCIONARIOS, VEJAMENES y TORTURAS.CONSIDERANDO CINCO (5): Se dictará sobreseimiento definitivo, cuando resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito; que el imputado no participó en su comisión; no existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no hayan motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y cuando se haya extinguido la acción penal. Es el caso de las presentes diligencias de mérito que no se aprecia la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales de DETENCIÓN ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBRERES DE LOS FUNCIONARIOS, VEJAMENES y TORTURAS tipificadas en el Código Penal, así como tampoco se observa el grado de participación que en la categoría de autor eventualmente correspondería atribuir al imputado ELDER MADRID GUERRA. En consideración a lo anterior y en ausencia de otros indicadores que eventualmente podrían haber conducido a esta Sala a formar otro juicio a valor, se puede determinar que la resolución recurrida por el Tribunal Ad Quem es conforme a derecho, sin que merezcan crédito alguno los alegatos o agravios expresados por el ente acusador al mejorar su recurso de apelación impetrado la revocatoria del Sobreseimiento Definitivo.CONSIDERANDO SEIS (6): Que la norma subjetiva penal exige que para que se decrete Auto de Prisión es necesaria la concurrencia de los presupuestos legales siguientes: 1) La existencia de la plena prueba de la comisión del delito, es decir los elementos subjetivos del tipo penal; y, 2) La existencia de indicios racionales de culpabilidad del imputado, en la causa de merito. Presupuestos legales que a este momento procesal no concurren, respecto al imputado ELDER MADRID GUERRA. De lo que se desprende que el Ad quem, observado la disposición contenida en el artículo 202 de la norma adjetiva penal que impone al Juez la obligación de valorar la prueba con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El método de la Sana Critica consiste en considerar un conjunto de normas de criterios de las jueces basadas en pautas de la lógica, la experiencia y la psicología, y aun del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento humano.CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los Tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros.CONSIDERANDO OCHO (8): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso y el principio de legalidad, consecuentemente así los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 90, 183, 321, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 52 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 331, 349 numerales 2) y 3) del Código Penal; 4, 141, 198, 199, 202, numerales 1) y 2), 294 y 296 del Código Procesal Penal; 1 de la Ley Orgánica de la Policía; 37 Ley del Ministerio Público; FALLA: DENEGANDO la Acción de AMPARO interpuesto por la Abogada SUSSY G COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015), que declaró No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en Audiencia Inicial, celebrada en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil catorce (2014) y que culminó en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil quince (2015).Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- REDACTO LA MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de de Amparo Penal bajo el número SCO-82-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL