Sentencia AP-785-14 — Registro 10334
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó resolución dictada por juzgado de letras de primera instancia en audiencia inicial que declaró sin lugar auto de prisión contra imputado (juez ejecutor del recurso de exhibición personal) y decretó sobreseimiento definitivo a su favor por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras; en apelación se constató que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, nombró al imputado como juez ejecutor en recurso de habeas corpus a favor de procesado, quien en uso de sus atribuciones legales concluyó que hay situación de vencimiento de la prisión preventiva y detención ilegal, por lo tanto decretó orden de libertad bajo medidas sustitutivas de la prisión preventiva a favor de procesado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”En el numeral Tercero expone el Ad-Quem “…”La alzada observa que el razonamiento que hizo el encausado al establecer que había detención ilegal no estuvo alejado de la lógica y de la racionalidad, ya que a su parecer, al haber sido requerido el Tribunal de Sentencia por el Juzgado de Ejecución para que procediera a revisar la medida de prisión preventiva vencida del procesado, sin que lo hubiere hecho a su criterio, ante esa falencia el procesado se encontró ilegalmente detenido y por tal razón decretó la orden de libertad bajo medidas sustitutivas de la prisión preventiva (la orden de libertad es atribución del Juez ejecutor, art. 39 de la Ley sobre Justicia constitucional por tanto no fue una resolución contraria a ley” Señala además que la instancia ordinaria que es la llamada a revisar las medidas cautelares y pese a que le fue solicitado por la Juez de ejecución no lo hizo; dejando establecido (Sic) y es exactamente de este punto que la alzada desprende que en esta causa no existió por parte del encausado una intención o voluntad de emitir una resolución contraria a las leyes o la Constitución de la República, sino una decisión lógica basada en este extremo y en los hallazgos que advirtió en el expediente ,los cuales naturalmente formaron su convicción o criterio que había una detención ilegal, por lo tanto tal como refiere la defensa, al no configurarse el elemento subjetivo (dolo)del tipo penal de abuso de autoridad, no corresponde dictar el auto de prisión que pretende el M. P., ya que dichos razonamientos alejan la posibilidad que la motivación que tuvo el encausado era la de afectar la administración Pública, dictando una resolución contraria a la ley, por otras razones que no fueron acreditadas por el ente fiscal. En consecuencia confirma el sobreseimiento dictado por el A-Quo…”…”los presupuestos que conforman el delito de abuso de autoridad de acuerdo al artículo 349 del Código Penal vigente deben analizarse a fin de establecer si la conducta del recurrente al momento de dictar la resolución por la que se le pretende llevar a juicio, se enmarca en los mismos, si existe o no vulneración de esta norma sustantiva que provoque la vulneración de los derechos constitucionales, siendo dichos presupuestos: 1) “Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”. 2) “Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. 3) “Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo…. el No.1 no es aplicable al caso de mérito en virtud de que los hechos no se originan por el incumplimiento de órdenes, sentencias o providencias entre otras. En cuanto al presupuesto número dos (2), no se observa quebrantamiento de la ley por parte de el hoy acusado. El presupuesto número tres (No. 3) del estudiado artículo dice: “Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo…”. Analizados los presupuestos anteriores esta sala encuentra que ciertamente el recurrente no se encuentra en ninguno de los mismos….” …”del estudio de la foliada esta Sala encuentra que ciertamente a lo largo del proceso seguido al imputado, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ha ignorado totalmente el procedimiento, los términos que señala la ley, su responsabilidad en cuanto a la revisión de medidas cautelares, siendo evidente que pese a que la Juez de Ejecución se dirigió a esa Sala y al Coordinador del Tribunal, fue inútil obtener respuesta conforme la ley, constando por otra parte la deslealtad para con la justicia cuando fue apreciado por el Juez Ejecutor que no existían actas y menos sentencias en el expediente de mérito, sin embargo pese a ese conocimiento introdujeron una sentencia con fecha retrasada, todo lo cual son serias irregularidades en un órgano jurisdiccional que está llamado a ceñirse a la Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, Mostrando el órgano jurisdiccional total indiferencia al proceso penal, como si tal los togados están sobre la ley; por otra parte los demás administradores de Justicia devienen en la obligación de velar unos por los intereses de la sociedad y otros por los derechos de la persona humana, y no pretender solventar una situación creada por el propio órgano jurisdiccional con indiferencia de los demás operadores de justicia, que pretende desvanecer su falta de cumplimiento, observancia precisión y prudencia en la administración de justicia, trasladándola al juez ejecutor del habeas corpus, que obviamente toma una decisión apegada a la lógica acorde al caso concreto, sin dejar de hacer ver que, no dejó en libertad al procesado sino con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Por todo ello no encuentra esta Sala que el recurrente haya actuado a título de dolo con ánimo de causar un daño a la administración pública, sino que actuó de acuerdo a los hallazgos e irregularidades en el expediente de mérito. En consecuencia procede se Deniegue el amparo en virtud de no haberse quebrantado el artículo 321 de la Constitución de la República…”…”procede conforme a Derecho Denegar el Recurso amparo interpuesto…”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 349 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de agosto del dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, a favor DEL ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha ocho (8) de abril del año dos mil catorce (2014), que declaró Sin Lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y confirmo el sobreseimiento definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil doce (2012), con relación a la causa instruida contra el señor OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada el artículo 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil doce (2012), la Abogada CINTHIA ALVARENGA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 01 al 04 de la primera pieza de antecedentes)- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, celebró Audiencia Inicial en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil doce (2012), en la cual resolvió: “Primero: Declarar SIN LUGAR el auto de prisión, solicitado por el Ministerio Público en contra de OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la Administración Pública y en su defecto decretarse un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.” (Folios 38 al 45 de la primera pieza).-3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha ocho (8) de abril del año dos mil catorce (2014), dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarar SIN LUGAR el recurso de Apelación planteado por el Ministerio Publico contra la resolución de fecha veintiséis de Septiembre del año dos mil doce (26/09/12), dictado por el Juzgado de Letras Penal Unificado de esta ciudad. 2) CONFIRMAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, dictado a favor del encausado OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS”. (Folios 14 al 25 de la segunda pieza). En ese mismo acto el Agente Fiscal REYNALDO CANALES MONCADA interpuso Recurso de Reposición, resolviendo la Corte de Apelaciones por unanimidad de votos lo siguiente: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el agente fiscal del Ministerio Público contra la resolución recaída en la presente audiencia. SEGUNDO: CONFIRMAR LA Resolución de sobreseimiento definitivo recaída en la presente causa”.-4) Que la recurrente la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinte (20) de junio del año dos mil catorce (2014), interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha ocho (8) de abril del año dos mil catorce (2014), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 321 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha nueve (9) de octubre del año dos mil catorce (2014), y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha ocho de abril del año dos mil catorce, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y confirmó el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación a la causa instruida contra el señor OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la Acción de amparo, en el parágrafo de La relación de hechos expone: “En fecha 19 de octubre del 2011 en la sala Primera del Tribunal de Sentencia de San pedro sula, se llevó a cabo la celebración del debate, en el cual se CONDENÓ al señor Leónidas Osorio Ramirez por el delito de VIOLACION EN CONCURSO REAL en perjuicio de la menor NACY FABIOLA ERAZO RODAS. En fecha 6 de febrero del 2012, se llevó a cabo la audiencia de individualización de la pena, en la cual habiendo ya sido condenado se le impuso la pena de 30 años de reclusión. Es así que hasta el 4 de mayo del 2012, el tribunal de Sentencia, no había emitido la sentencia por escrito, aún y cuando ya existía la condena en contra del imputado”. Señala que la señora Mariana Ramirez, madre del condenado, presento ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, un recurso de Habeas Corpus o de Exhibición Personal a favor del condenado, mediante el cual se pretendía la libertad del condenado por supuesto exceso en el plazo de la prisión preventiva. Sigue manifestando que para tramitar la exhibición de Habeas corpus se (sic) “nombró como Juez ejecutor al abogado OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL quien en fecha 25 de mayo ordenó la libertad del condenado LEONIDAS OSORIO RAMIREZ, sustituyendo la medida de prisión preventiva por las señaladas en el artículo 173 numerales 6, 8 y 9 del código procesal Penal utilizando para tal decisión: “Que al imputado no se le había quebrantado el estado de inocencia al no existir un fallo condenatorio firme, que ordene el cumplimiento de una pena de prisión en un centro penitenciario…”.-CONSIDERANDO (5): Que el impetrante manifiesta que las decisión del Juez de Ejecución antes relacionada, esta fuera del marco legal por lo que el 25 de junio del año 2012 se presentó ante Requerimiento Fiscal en su contra por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública. En fecha 26 de septiembre del año 2012 se celebró la audiencia inicial, según criterio del recurrente con base a la prueba evacuada logró acreditar el indicio racional de participación del imputado, pero al finalizar dicha audiencia se decretó un sobreseimiento definitivo a favor del imputado. Interpuesto el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Penal, mismo que fue declarado sin lugar, quebrantando el artículo 321 de la constitución de la República que establece “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que se ejecute fuera de la ley en nulo…”.-CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones de lo Penal, conociendo del Recurso de Apelación interpuesto, expone de manera detallada los motivos y expresión de agravios de las partes. En el párrafo en el apartado de la fundamentación fáctica y jurídica específicamente en el numeral segundo (f. 46 pieza de amparo) dice: (SIC) SEGUNDO: en lo referente de los antecedentes de esta causa, la alzada extrae que a folio 87, el coordinador Nacional del Juzgado de ejecución envió una nota a los jueces y juezas del Juzgado de Ejecución de San Pedro sula en fecha 18 de marzo del año 2012, mediante la cual hace referencia a una nota enviada por el Director de la Penitencieria Nacional de San Pedro Sula Cortés, que obra a folio 88 y 89 en la que acompaña un listado de detenidos que han superado el término máximo de 2 años de la medida cautelar de prisión preventiva entre ellos el procesado LEONIDAS OSORIO RAMIREZ, por lo cual pueden optar al cambio de medidas cautelares en las causas que no se le ha dictado condena, por lo que el abogado Malcon Eduardo Guzmán en su condición de Coordinador de Jueces de Ejecución, les pide a los Jueces y juezas de ejecución de San Pedro sula, que verifique la información brindada y una vez que se compruebe que una persona privada de libertad ha superado el término máximo de la prisión preventiva procedan a comunicar al Juzgado de Letras o Tribunal de Sentencia que conozca la causa, con el propósito de que celebre la correspondiente audiencia de revisión de medida cautelar en el plazo establecido en el artículo 189 del Código procesal Penal (48 horas); RAZÓN POR LA CUAL LA Jueza de ejecución de San Pedro Sula, Ana Wendy Cruz Castro en fecha 11 de abril del 2012 (f 90 primera pieza) envió una nota a los JUECES DE SENTENCIA DE LA SALA PRIMERA de esta ciudad, en la cual “hace de su conocimiento la necesidad de proceder a revisar la medida cautelar de prisión preventiva respecto al imputado LEONIDAS OSORIO RAMIREZ…”. Señala además que aunque fue ampliada esta ya venció… Posteriormente la misma Juez de Ejecución envía nueva nota al Jefe o coordinador del Tribunal de Sentencia, haciéndole de su conocimiento que en fecha 11 de abril la Jueza libro oficio a la Sala primera del Tribunal de sentencia poniéndole en conocimiento la necesidad de revisar la medida cautelar del referido imputado, todo ello porque se verifico que la medida cautelar no se revisó. En su parte conducente (F 47 pieza de amparo) señala “…Llama la atención que la sentencia se dictó al año siguiente del juicio oral y público pues de acuerdo al acta de debate que corre a folio 176 de esta causa (f115 del proceso), éste se realizó el 19 de octubre del 2011, observándose irregularidades que explican la razón por la que en fecha 14 de junio del 2012 el ahora encausado OSMAN FAJARDO, constató en el Tribunal de Sentencia, que en el expediente no se encontraba el acta que contenía el fallo recaído, ni la audiencia de individualización de pena, mucho menos la sentencia, lo cual fue constatado por el encausado en su condición de Juez ejecutor junto con la secretaria del Tribunal de sentencia individualización de pena, ambos verificaron que no estaba incluida aun la sentencia en el expediente a ese momento (14 de junio 2012) sin embargo posteriormente aparece la sentencia fechada en 4 de mayo del 2012,lo cual hace desprender que fue incluida posteriormente a la verificación de su ausencia por el juez ejecutor, por otro lado se establece que la Secretaria de la Sala en ese momento que llegó el encausado como Juez ejecutor, imprimió el acta de debate contentiva del fallo recaído contra el procesado LEONIDAS OSORIO RAMIREZ, no obstante ni la falta de dicha acta ni de la sentencia, excluye o elimina que el encausado llegó a ser condenado sin habérsele modificado por otra medida sustitutiva, la prisión preventiva que ya tenía vencida, las cuales (medidas sustitutivas) proceden a petición de parte aún y cuando haya obtenido un fallo condenatorio de acuerdo a lo que prescribe el artículo 342 párrafo primero del Código Procesal Penal no digamos si llegado el fallo ya se encuentra vencido el referido plazo, en ese sentido siendo que el procesado estaba en situación de vencimiento de la prisión preventiva, con mayor razón pudo haber solicitado y obtenido la sustitución de la prisión preventiva y no únicamente obtenerla porque el Juez ejecutor la ordenó en virtud de dicho vencimiento”. En el numeral Tercero expone el Ad-Quem “… La alzada observa que el razonamiento que hizo el encausado al establecer que había detención ilegal no estuvo alejado de la lógica y de la racionalidad, ya que a su parecer, al haber sido requerido el Tribunal de Sentencia por el Juzgado de Ejecución para que procediera a revisar la medida de prisión preventiva vencida del procesado, sin que lo hubiere hecho a su criterio, ante esa falencia el procesado se encontró ilegalmente detenido y por tal razón decretó la orden de libertad bajo medidas sustitutivas de la prisión preventiva (la orden de libertad es atribución del Juez ejecutor, art. 39 de la Ley sobre Justicia constitucional por tanto no fue una resolución contraria a ley” Señala además que la instancia ordinaria que es la llamada a revisar las medidas cautelares y pese a que le fue solicitado por la Juez de ejecución no lo hizo; dejando establecido (Sic) y es exactamente de este punto que la alzada desprende que en esta causa no existió por parte del encausado una intención o voluntad de emitir una resolución contraria a las leyes o la Constitución de la República, sino una decisión lógica basada en este extremo y en los hallazgos que advirtió en el expediente ,los cuales naturalmente formaron su convicción o criterio que había una detención ilegal, por lo tanto tal como refiere la defensa, al no configurarse el elemento subjetivo (dolo)del tipo penal de abuso de autoridad, no corresponde dictar el auto de prisión que pretende el M. P., ya que dichos razonamientos alejan la posibilidad que la motivación que tuvo el encausado era la de afectar la administración Pública, dictando una resolución contraria a la ley, por otras razones que no fueron acreditadas por el ente fiscal. En consecuencia confirma el sobreseimiento dictado por el A-Quo.-CONSIDERANDO (7): Que los presupuestos que conforman el delito de abuso de autoridad de acuerdo al artículo 349 del Código Penal vigente deben analizarse a fin de establecer si la conducta del recurrente al momento de dictar la resolución por la que se le pretende llevar a juicio, se enmarca en los mismos, si existe o no vulneración de esta norma sustantiva que provoque la vulneración de los derechos constitucionales, siendo dichos presupuestos: 1) “Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los limites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”. 2) “Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. 3) “Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo…. el No.1 no es aplicable al caso de mérito en virtud de que los hechos no se originan por el incumplimiento de de ordenes, sentencias o providencias entre otras. En cuanto al presupuesto número dos (2), no se observa quebrantamiento de la ley por parte de el hoy acusado. El presupuesto número tres (No. 3) del estudiado artículo dice: “Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo…”. Analizados los presupuestos anteriores esta sala encuentra que ciertamente el recurrente no se encuentra en ninguno de los mismos. -CONSIDERANDO (8): Que la independencia es uno de los principios en los que se sustenta la administración de justicia, los Jueces son independientes cuando toman sus decisiones en el seno de cualquier procedimiento. Nadie puede inmiscuirse en esta tarea, nadie puede perturbarlos, condicionarlos, influirlos o presionarles, se debe respetar su trabajo, sin perjuicio de interponer los recursos que correspondan, esa independencia se predica respecto de la propia “jerarquía judicial”, es decir, ningún Juez de superior rango o categoría le puede imponer al Juez competente, aunque sea de menor categoría, qué es lo que tiene que hacer o en qué sentido ha de tomar una decisión. Sólo a través de la resolución de los recursos judiciales correspondientes puede el órgano superior corregir al inferior. Intentar influir o dirigir a un Juez fuera de los cauces procesales oportunos, constituye una infracción grave[1]. Así, la independencia judicial tiene influencia directa en el proceso porque garantiza la imparcialidad, la verdad y la justicia en el fallo, estos principios son garantías para las partes procesales, al vulnerar estos principios, se afecta el derecho a un Juez independiente e imparcial y en consecuencia la tutela judicial efectiva[2]. Se espera que la justicia se administre sin vinculaciones de ninguna naturaleza sean internas dentro de la estructura del poder judicial o externas, por razones políticas, sociales, o de simple amistad o enemistad que pudiera vulnerar tanto la administración de justicia como los derechos inherentes a las partes, que pervierten el debido proceso. En todo caso el Juez está supeditado a la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales, normativa convencional que debe observarse en todo momento. En todo caso el Legislador ha previsto los remedios procesales para aquellas resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de primera instancia, aquellos que resuelven por primera vez y cuya resolución sea susceptible de un recurso, es decir susceptibles de ser impugnados, por lo que corresponde al Tribunal Superior enmendar tales resoluciones, así, la parte que se considera agraviada deberá interponer todos los recursos que considere oportunos.-CONSIDERANDO (9): Que del estudio de la foliada esta Sala encuentra que ciertamente a lo largo del proceso seguido al imputado, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ha ignorado totalmente el procedimiento, los términos que señala la ley, su responsabilidad en cuanto a la revisión de medidas cautelares, siendo evidente que pese a que la Juez de Ejecución se dirigió a esa Sala y al Coordinador del Tribunal, fue inútil obtener respuesta conforme la ley, constando por otra parte la deslealtad para con la justicia cuando fue apreciado por el Juez Ejecutor que no existían actas y menos sentencias en el expediente de mérito, sin embargo pese a ese conocimiento introdujeron una sentencia con fecha retrasada, todo lo cual son serias irregularidades en un órgano jurisdiccional que esta llamado a ceñirse a la Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, Mostrando el órgano jurisdiccional total indeferencia al proceso penal, como si tal los togados están sobre la ley; por otra parte los demás administradores de Justicia devienen en la obligación de velar unos por los intereses de la sociedad y otros por los derechos de la persona humana, y no pretender solventar una situación creada por el propio órgano jurisdiccional con indeferencia de los demás operadores de justicia, que pretende desvanecer su falta de cumplimiento, observancia precisión y prudencia en la administración de justicia, trasladándola al juez ejecutor del habeas corpus, que obviamente toma una decisión apegada a la lógica acorde al caso concreto, sin dejar de hacer ver que, no dejó en libertad al procesado sino con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Por todo ello no encuentra esta Sala que el recurrente haya actuado a titulo de dolo con ánimo de causar un daño a la administración pública, sino que actuó de acuerdo a los hallazgos e irregularidades en el expediente de mérito. En consecuencia procede se Deniegue el amparo en virtud de no haberse quebrantado el artículo 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho Denegar el Recurso amparo interpuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada YULIBETH GARAY a favor de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, contra las resolución de fecha ocho de abril del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó MagistradA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los Catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0785-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de agosto del dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, a favor DEL ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha ocho (8) de abril del año dos mil catorce (2014), que declaró Sin Lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y confirmo el sobreseimiento definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil doce (2012), con relación a la causa instruida contra el señor OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada el artículo 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil doce (2012), la Abogada CINTHIA ALVARENGA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 01 al 04 de la primera pieza de antecedentes)- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, celebró Audiencia Inicial en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil doce (2012), en la cual resolvió: “Primero: Declarar SIN LUGAR el auto de prisión, solicitado por el Ministerio Público en contra de OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la Administración Pública y en su defecto decretarse un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.” (Folios 38 al 45 de la primera pieza).-3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha ocho (8) de abril del año dos mil catorce (2014), dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarar SIN LUGAR el recurso de Apelación planteado por el Ministerio Publico contra la resolución de fecha veintiséis de Septiembre del año dos mil doce (26/09/12), dictado por el Juzgado de Letras Penal Unificado de esta ciudad. 2) CONFIRMAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, dictado a favor del encausado OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS”. (Folios 14 al 25 de la segunda pieza). En ese mismo acto el Agente Fiscal REYNALDO CANALES MONCADA interpuso Recurso de Reposición, resolviendo la Corte de Apelaciones por unanimidad de votos lo siguiente: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el agente fiscal del Ministerio Público contra la resolución recaída en la presente audiencia. SEGUNDO: CONFIRMAR LA Resolución de sobreseimiento definitivo recaída en la presente causa”.-4) Que la recurrente la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinte (20) de junio del año dos mil catorce (2014), interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha ocho (8) de abril del año dos mil catorce (2014), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 321 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha nueve (9) de octubre del año dos mil catorce (2014), y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha ocho de abril del año dos mil catorce, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y confirmó el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación a la causa instruida contra el señor OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la Acción de amparo, en el parágrafo de La relación de hechos expone: “En fecha 19 de octubre del 2011 en la sala Primera del Tribunal de Sentencia de San pedro sula, se llevó a cabo la celebración del debate, en el cual se CONDENÓ al señor Leónidas Osorio Ramirez por el delito de VIOLACION EN CONCURSO REAL en perjuicio de la menor NACY FABIOLA ERAZO RODAS. En fecha 6 de febrero del 2012, se llevó a cabo la audiencia de individualización de la pena, en la cual habiendo ya sido condenado se le impuso la pena de 30 años de reclusión. Es así que hasta el 4 de mayo del 2012, el tribunal de Sentencia, no había emitido la sentencia por escrito, aún y cuando ya existía la condena en contra del imputado”. Señala que la señora Mariana Ramirez, madre del condenado, presento ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, un recurso de Habeas Corpus o de Exhibición Personal a favor del condenado, mediante el cual se pretendía la libertad del condenado por supuesto exceso en el plazo de la prisión preventiva. Sigue manifestando que para tramitar la exhibición de Habeas corpus se (sic) “nombró como Juez ejecutor al abogado OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL quien en fecha 25 de mayo ordenó la libertad del condenado LEONIDAS OSORIO RAMIREZ, sustituyendo la medida de prisión preventiva por las señaladas en el artículo 173 numerales 6, 8 y 9 del código procesal Penal utilizando para tal decisión: “Que al imputado no se le había quebrantado el estado de inocencia al no existir un fallo condenatorio firme, que ordene el cumplimiento de una pena de prisión en un centro penitenciario…”.-CONSIDERANDO (5): Que el impetrante manifiesta que las decisión del Juez de Ejecución antes relacionada, esta fuera del marco legal por lo que el 25 de junio del año 2012 se presentó ante Requerimiento Fiscal en su contra por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública. En fecha 26 de septiembre del año 2012 se celebró la audiencia inicial, según criterio del recurrente con base a la prueba evacuada logró acreditar el indicio racional de participación del imputado, pero al finalizar dicha audiencia se decretó un sobreseimiento definitivo a favor del imputado. Interpuesto el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Penal, mismo que fue declarado sin lugar, quebrantando el artículo 321 de la constitución de la República que establece “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que se ejecute fuera de la ley en nulo…”.-CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones de lo Penal, conociendo del Recurso de Apelación interpuesto, expone de manera detallada los motivos y expresión de agravios de las partes. En el párrafo en el apartado de la fundamentación fáctica y jurídica específicamente en el numeral segundo (f. 46 pieza de amparo) dice: (SIC) SEGUNDO: en lo referente de los antecedentes de esta causa, la alzada extrae que a folio 87, el coordinador Nacional del Juzgado de ejecución envió una nota a los jueces y juezas del Juzgado de Ejecución de San Pedro sula en fecha 18 de marzo del año 2012, mediante la cual hace referencia a una nota enviada por el Director de la Penitencieria Nacional de San Pedro Sula Cortés, que obra a folio 88 y 89 en la que acompaña un listado de detenidos que han superado el término máximo de 2 años de la medida cautelar de prisión preventiva entre ellos el procesado LEONIDAS OSORIO RAMIREZ, por lo cual pueden optar al cambio de medidas cautelares en las causas que no se le ha dictado condena, por lo que el abogado Malcon Eduardo Guzmán en su condición de Coordinador de Jueces de Ejecución, les pide a los Jueces y juezas de ejecución de San Pedro sula, que verifique la información brindada y una vez que se compruebe que una persona privada de libertad ha superado el término máximo de la prisión preventiva procedan a comunicar al Juzgado de Letras o Tribunal de Sentencia que conozca la causa, con el propósito de que celebre la correspondiente audiencia de revisión de medida cautelar en el plazo establecido en el artículo 189 del Código procesal Penal (48 horas); RAZÓN POR LA CUAL LA Jueza de ejecución de San Pedro Sula, Ana Wendy Cruz Castro en fecha 11 de abril del 2012 (f 90 primera pieza) envió una nota a los JUECES DE SENTENCIA DE LA SALA PRIMERA de esta ciudad, en la cual “hace de su conocimiento la necesidad de proceder a revisar la medida cautelar de prisión preventiva respecto al imputado LEONIDAS OSORIO RAMIREZ…”. Señala además que aunque fue ampliada esta ya venció… Posteriormente la misma Juez de Ejecución envía nueva nota al Jefe o coordinador del Tribunal de Sentencia, haciéndole de su conocimiento que en fecha 11 de abril la Jueza libro oficio a la Sala primera del Tribunal de sentencia poniéndole en conocimiento la necesidad de revisar la medida cautelar del referido imputado, todo ello porque se verifico que la medida cautelar no se revisó. En su parte conducente (F 47 pieza de amparo) señala “…Llama la atención que la sentencia se dictó al año siguiente del juicio oral y público pues de acuerdo al acta de debate que corre a folio 176 de esta causa (f115 del proceso), éste se realizó el 19 de octubre del 2011, observándose irregularidades que explican la razón por la que en fecha 14 de junio del 2012 el ahora encausado OSMAN FAJARDO, constató en el Tribunal de Sentencia, que en el expediente no se encontraba el acta que contenía el fallo recaído, ni la audiencia de individualización de pena, mucho menos la sentencia, lo cual fue constatado por el encausado en su condición de Juez ejecutor junto con la secretaria del Tribunal de sentencia individualización de pena, ambos verificaron que no estaba incluida aun la sentencia en el expediente a ese momento (14 de junio 2012) sin embargo posteriormente aparece la sentencia fechada en 4 de mayo del 2012,lo cual hace desprender que fue incluida posteriormente a la verificación de su ausencia por el juez ejecutor, por otro lado se establece que la Secretaria de la Sala en ese momento que llegó el encausado como Juez ejecutor, imprimió el acta de debate contentiva del fallo recaído contra el procesado LEONIDAS OSORIO RAMIREZ, no obstante ni la falta de dicha acta ni de la sentencia, excluye o elimina que el encausado llegó a ser condenado sin habérsele modificado por otra medida sustitutiva, la prisión preventiva que ya tenía vencida, las cuales (medidas sustitutivas) proceden a petición de parte aún y cuando haya obtenido un fallo condenatorio de acuerdo a lo que prescribe el artículo 342 párrafo primero del Código Procesal Penal no digamos si llegado el fallo ya se encuentra vencido el referido plazo, en ese sentido siendo que el procesado estaba en situación de vencimiento de la prisión preventiva, con mayor razón pudo haber solicitado y obtenido la sustitución de la prisión preventiva y no únicamente obtenerla porque el Juez ejecutor la ordenó en virtud de dicho vencimiento”. En el numeral Tercero expone el Ad-Quem “… La alzada observa que el razonamiento que hizo el encausado al establecer que había detención ilegal no estuvo alejado de la lógica y de la racionalidad, ya que a su parecer, al haber sido requerido el Tribunal de Sentencia por el Juzgado de Ejecución para que procediera a revisar la medida de prisión preventiva vencida del procesado, sin que lo hubiere hecho a su criterio, ante esa falencia el procesado se encontró ilegalmente detenido y por tal razón decretó la orden de libertad bajo medidas sustitutivas de la prisión preventiva (la orden de libertad es atribución del Juez ejecutor, art. 39 de la Ley sobre Justicia constitucional por tanto no fue una resolución contraria a ley” Señala además que la instancia ordinaria que es la llamada a revisar las medidas cautelares y pese a que le fue solicitado por la Juez de ejecución no lo hizo; dejando establecido (Sic) y es exactamente de este punto que la alzada desprende que en esta causa no existió por parte del encausado una intención o voluntad de emitir una resolución contraria a las leyes o la Constitución de la República, sino una decisión lógica basada en este extremo y en los hallazgos que advirtió en el expediente ,los cuales naturalmente formaron su convicción o criterio que había una detención ilegal, por lo tanto tal como refiere la defensa, al no configurarse el elemento subjetivo (dolo)del tipo penal de abuso de autoridad, no corresponde dictar el auto de prisión que pretende el M. P., ya que dichos razonamientos alejan la posibilidad que la motivación que tuvo el encausado era la de afectar la administración Pública, dictando una resolución contraria a la ley, por otras razones que no fueron acreditadas por el ente fiscal. En consecuencia confirma el sobreseimiento dictado por el A-Quo.-CONSIDERANDO (7): Que los presupuestos que conforman el delito de abuso de autoridad de acuerdo al artículo 349 del Código Penal vigente deben analizarse a fin de establecer si la conducta del recurrente al momento de dictar la resolución por la que se le pretende llevar a juicio, se enmarca en los mismos, si existe o no vulneración de esta norma sustantiva que provoque la vulneración de los derechos constitucionales, siendo dichos presupuestos: 1) “Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los limites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”. 2) “Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. 3) “Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo…. el No.1 no es aplicable al caso de mérito en virtud de que los hechos no se originan por el incumplimiento de de ordenes, sentencias o providencias entre otras. En cuanto al presupuesto número dos (2), no se observa quebrantamiento de la ley por parte de el hoy acusado. El presupuesto número tres (No. 3) del estudiado artículo dice: “Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo…”. Analizados los presupuestos anteriores esta sala encuentra que ciertamente el recurrente no se encuentra en ninguno de los mismos. -CONSIDERANDO (8): Que la independencia es uno de los principios en los que se sustenta la administración de justicia, los Jueces son independientes cuando toman sus decisiones en el seno de cualquier procedimiento. Nadie puede inmiscuirse en esta tarea, nadie puede perturbarlos, condicionarlos, influirlos o presionarles, se debe respetar su trabajo, sin perjuicio de interponer los recursos que correspondan, esa independencia se predica respecto de la propia “jerarquía judicial”, es decir, ningún Juez de superior rango o categoría le puede imponer al Juez competente, aunque sea de menor categoría, qué es lo que tiene que hacer o en qué sentido ha de tomar una decisión. Sólo a través de la resolución de los recursos judiciales correspondientes puede el órgano superior corregir al inferior. Intentar influir o dirigir a un Juez fuera de los cauces procesales oportunos, constituye una infracción grave[3]. Así, la independencia judicial tiene influencia directa en el proceso porque garantiza la imparcialidad, la verdad y la justicia en el fallo, estos principios son garantías para las partes procesales, al vulnerar estos principios, se afecta el derecho a un Juez independiente e imparcial y en consecuencia la tutela judicial efectiva[4]. Se espera que la justicia se administre sin vinculaciones de ninguna naturaleza sean internas dentro de la estructura del poder judicial o externas, por razones políticas, sociales, o de simple amistad o enemistad que pudiera vulnerar tanto la administración de justicia como los derechos inherentes a las partes, que pervierten el debido proceso. En todo caso el Juez está supeditado a la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales, normativa convencional que debe observarse en todo momento. En todo caso el Legislador ha previsto los remedios procesales para aquellas resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de primera instancia, aquellos que resuelven por primera vez y cuya resolución sea susceptible de un recurso, es decir susceptibles de ser impugnados, por lo que corresponde al Tribunal Superior enmendar tales resoluciones, así, la parte que se considera agraviada deberá interponer todos los recursos que considere oportunos.-CONSIDERANDO (9): Que del estudio de la foliada esta Sala encuentra que ciertamente a lo largo del proceso seguido al imputado, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ha ignorado totalmente el procedimiento, los términos que señala la ley, su responsabilidad en cuanto a la revisión de medidas cautelares, siendo evidente que pese a que la Juez de Ejecución se dirigió a esa Sala y al Coordinador del Tribunal, fue inútil obtener respuesta conforme la ley, constando por otra parte la deslealtad para con la justicia cuando fue apreciado por el Juez Ejecutor que no existían actas y menos sentencias en el expediente de mérito, sin embargo pese a ese conocimiento introdujeron una sentencia con fecha retrasada, todo lo cual son serias irregularidades en un órgano jurisdiccional que esta llamado a ceñirse a la Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, Mostrando el órgano jurisdiccional total indeferencia al proceso penal, como si tal los togados están sobre la ley; por otra parte los demás administradores de Justicia devienen en la obligación de velar unos por los intereses de la sociedad y otros por los derechos de la persona humana, y no pretender solventar una situación creada por el propio órgano jurisdiccional con indeferencia de los demás operadores de justicia, que pretende desvanecer su falta de cumplimiento, observancia precisión y prudencia en la administración de justicia, trasladándola al juez ejecutor del habeas corpus, que obviamente toma una decisión apegada a la lógica acorde al caso concreto, sin dejar de hacer ver que, no dejó en libertad al procesado sino con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Por todo ello no encuentra esta Sala que el recurrente haya actuado a titulo de dolo con ánimo de causar un daño a la administración pública, sino que actuó de acuerdo a los hallazgos e irregularidades en el expediente de mérito. En consecuencia procede se Deniegue el amparo en virtud de no haberse quebrantado el artículo 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho Denegar el Recurso amparo interpuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada YULIBETH GARAY a favor de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, contra las resolución de fecha ocho de abril del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó MagistradA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los Catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0785-2014.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vives de la Cortada Joaquín. Foro Jurídico Iberoamericano. Revista de Derecho Práctico
[2]Ramirez Custodio Carlos Antonio, Principios y Derechos de la Función Jurisdiccional consagrados en la Constitución Política de Perú. http://img28.xooimage.com/files/4/d/3/principios-y-dere...del-per--108a369.pdf
[3] Vives de la Cortada Joaquín. Foro Jurídico Iberoamericano. Revista de Derecho Práctico
[4]Ramirez Custodio Carlos Antonio, Principios y Derechos de la Función Jurisdiccional consagrados en la Constitución Política de Perú. http://img28.xooimage.com/files/4/d/3/principios-y-dere...del-per--108a369.pdf