Sentencia AP-758-15 — Registro 6266
Resumen
Resolución recurrida que revocó sobreseimiento definitivo y ordenó el auto de formal procesamiento contra impetrantes imputados por el delito de Estafa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"4): Que, si bien es cierto, el derecho a la tutela judicial efectiva no garantiza el acierto en las resoluciones judiciales, ni en la valoración de las pruebas, ni en la selección, aplicación e interpretación de las normas al caso, no es menos cierto que si garantiza la obtención de una respuesta judicial motivada y fundada en derecho, como ocurre en el caso que se analiza. La Corte de Apelaciones ha concluido de la prueba aportada a la audiencia inicial los hechos siguientes: Los acusados SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO Y LILIANA PATRICIA GONZALES LARA tenían una relación laboral, según consta en el contrato de trabajo que consta como prueba documental a folio 138 de la pp. La imputada LILIANA PATRICIA GONZALES LARA, se hacía llamar Karina Gonzales, nombre con el cual se comunicaba con el ofendido señor JEFFREY RICHARD BORER. Que, en el año 2012, el señor JEFFREY RICHARD BORER, contrato los servicios profesionales del Abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, a efecto de entablar una segunda acción legal contra terceros, el abogado se comprometió a interponer una demanda y la tramitación de la misma ante los tribunales, informando que en dicha acción judicial también colaboraría “KARINA” mediante correos electrónicos es decir LILIANA PATRICIA GONZALES LARA. Que desde 2012 a 2014, el señor JEFFREY RICHARD BORER, creyó que la demanda había sido interpuesta, los imputados le informaban vía correos electrónicos que la demanda no avanzaba por aplazamientos de las audiencias imputables a los órganos jurisdiccionales, por ejemplo la jubilación de un Juez, el conocimiento de todos los casos por el nuevo Juez, la mudanza de otro Juez, vacaciones judiciales, elecciones presidenciales en el país, excusas presentadas por la señora LILIANA PATRICIA GONZALES LARA, alias Karina. Asume el ofendido que le hicieron caer en error, por lo entregó cantidades de dinero, unas veces en efectivo y otras veces a través del sistema bancario hondureño, así como todos los documentos necesarios para entablar la supramencionada demanda, causándole, a su juicio, un perjuicio económico de alrededor de SETENTA MIL DOLARES AMERICANOS. Lo anterior, señala la Corte de Apelaciones, quedó acreditado en juicio mediante los medios de prueba inspección al libro de entradas de casos civiles en el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, constatándose que solamente se interpuso una demanda en fecha 22 de enero del año 2010, el cual consta registrado en la Secretaría de dicho Juzgado bajo el número Exp. No. 10.2010, interpuesta por el abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, en su condición de apoderado judicial del señor JEFFREY RICHARD BORER, contra la Sociedad Mercantil Granite Holding S. A., por medio de su administrador señor EDUARD MOULDER. Asimismo, se constató que en efecto se presentó una segunda demanda interpuesta por el abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, en su condición de apoderado judicial del señor JEFFREY RICHARD BORER, contra el señor y señora EDUARD y LAURA MOULDER, hasta en junio de 2014, registrada bajo el No, 065-2014, en la secretaria del tribunal de mérito. Concluye el tribunal que se dio el engaño, al hacerle creer que la demanda fue interpuesta y que se estuvo diligencias durante dos años, engañándolo al manifestarle que necesitaba dinero para pago a funcionarios judiciales a efecto de que el proceso avanzara. El error: El imputado se aprovechó de la confianza que había entre cliente y abogado, por lo que el ofendido JEFFREY RICHARD BORER, creyó en sus palabras. Estima que el acto de disposición requerido por el tipo penal de estafa consiste en la entrega a consecuencia del error, por parte del engañado, del bien, es decir el monto total de la estafa; acreditado mediante informe emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, quien emitió información bancaria de transferencias internacionales mediante depósitos realizados por el ofendido a la cuenta 721466731 perteneciente a LILIANA PATRICIA GONZALES LARA, quien a petición del abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, se le depositó en su cuenta la cantidad de VEINTISIETE MIL DOLARES AMERICANOS ($27,000.00). Asimismo, informó la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que a la cuenta No. 721897281 del abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, se depositó la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS ($49,650.00). Se acredito el Perjuicio en el patrimonio del ofendido, así como el ánimo de lucro de los imputados, al cobrar cantidades de dinero por actuaciones que nunca sucedieron en la realidad.-CONSIDERANDO (5): Que la motivación es un razonamiento lógico y apegado a derecho plasmado en una respuesta tanto jurisdiccional como administrativa, y, en el caso de autos los argumentos planteados en la sentencia presentan claridad y precisión, en la valoración de los medios de prueba allegados en segunda instancia, por haber sido indebidamente rechazados por el Juez A-quo, quien al realizar un análisis de los medios de prueba concluye en la participación de los imputados en el caso de mérito.-CONSIDERANDO (6): Que es imperativo recordar que la tutela judicial efectiva garantiza entre otros, el derecho a la obtención de una respuesta judicial m+otivada y fundada en derecho congruente, por lo que esta Sala de lo Constitucional considera que la respuesta judicial dada por el Tribunal recurrido contiene como ya se dijo una motivación adecuada, concluyendo al mismo tiempo en la presencia de objetividad en las consideraciones planteadas, y se dice lo anterior en virtud que con la sola lectura de la sentencia recurrida, se observa la existencia de un análisis de fondo sobre los elementos de prueba aportados que constituyen los indicios necesarios para considerar que es procedente dictar auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO (7): Que el caso de mérito la sentencia que se conoce en amparo es garante de la legalidad, por lo que no vulnera el derecho de defensa ni el debido proceso, en consecuencia, no procede reconocer la garantía de amparo, en virtud de lo cual debe denegarse el mismo"
Legislación citada
- Código Penal, art. 240 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Asume el ofendido que le hicieron caer en error, por lo entregó cantidades de dinero, unas veces en efectivo y otras veces a través del sistema bancario hondureño, así como todos los documentos necesarios para entablar la supramencionada demanda, causándole, a su juicio, un perjuicio económico de alrededor de SETENTA MIL DOLARES AMERICANOS. Lo anterior, señala la Corte de Apelaciones, quedó acreditado en juicio mediante los medios de prueba inspección al libro de entradas de casos civiles en el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, constatándose que solamente se interpuso una demanda en fecha 22 de enero del año 2010, el cual consta registrado en la Secretaría de dicho Juzgado bajo el número Exp. No. 10.2010, interpuesta por el abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, en su condición de apoderado judicial del señor JEFFREY RICHARD BORER, contra la Sociedad Mercantil Granite Holding S. A., por medio de su administrador señor EDUARD MOULDER. Asimismo, se constató que en efecto se presentó una segunda demanda interpuesta por el abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, en su condición de apoderado judicial del señor JEFFREY RICHARD BORER, contra el señor y señora EDUARD y LAURA MOULDER, hasta en junio de 2014, registrada bajo el No, 065-2014, en la secretaria del tribunal de mérito. Concluye el tribunal que se dio el engaño, al hacerle creer que la demanda fue interpuesta y que se estuvo diligencias durante dos años, engañándolo al manifestarle que necesitaba dinero para pago a funcionarios judiciales a efecto de que el proceso avanzara. El error: El imputado se aprovechó de la confianza que había entre cliente y abogado, por lo que el ofendido JEFFREY RICHARD BORER, creyó en sus palabras. Estima que el acto de disposición requerido por el tipo penal de estafa consiste en la entrega a consecuencia del error, por parte del engañado, del bien, es decir el monto total de la estafa; acreditado mediante informe emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, quien emitió información bancaria de transferencias internacionales mediante depósitos realizados por el ofendido a la cuenta 721466731 perteneciente a LILIANA PATRICIA GONZALES LARA, quien a petición del abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, se le depositó en su cuenta la cantidad de VEINTISIETE MIL DOLARES AMERICANOS ($27,000.00). Asimismo, informó la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que a la cuenta No. 721897281 del abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, se depositó la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS ($49,650.00). Se acredito el Perjuicio en el patrimonio del ofendido, así como el ánimo de lucro de los imputados, al cobrar cantidades de dinero por actuaciones que nunca sucedieron en la realidad.-CONSIDERANDO (5): Que la motivación es un razonamiento lógico y apegado a derecho plasmado en una respuesta tanto jurisdiccional como administrativa, y, en el caso de autos los argumentos planteados en la sentencia presentan claridad y precisión, en la valoración de los medios de prueba allegados en segunda instancia, por haber sido indebidamente rechazados por el Juez A-quo, quien al realizar un análisis de los medios de prueba concluye en la participación de los imputados en el caso de mérito.-CONSIDERANDO (6): Que es imperativo recordar que la tutela judicial efectiva garantiza entre otros, el derecho a la obtención de una respuesta judicial m+otivada y fundada en derecho congruente, por lo que esta Sala de lo Constitucional considera que la respuesta judicial dada por el Tribunal recurrido contiene como ya se dijo una motivación adecuada, concluyendo al mismo tiempo en la presencia de objetividad en las consideraciones planteadas, y se dice lo anterior en virtud que con la sola lectura de la sentencia recurrida, se observa la existencia de un análisis de fondo sobre los elementos de prueba aportados que constituyen los indicios necesarios para considerar que es procedente dictar auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO (7): Que el caso de mérito la sentencia que se conoce en amparo es garante de la legalidad, por lo que no vulnera el derecho de defensa ni el debido proceso, en consecuencia, no procede reconocer la garantía de amparo, en virtud de lo cual debe denegarse el mismo
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de agosto de dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, a favor de los señores Samuel Antonio Ortega Vallecillo Y Liliana Patricia Gonzales Lara, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha treinta de junio de dos mil quince, que declaró con lugar un recurso de apelación y revocó un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, con relación a la causa instruida contra los señores SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO Y LILIANA PATRICIA GONZALES LARA, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio del señor JEFFREY RICHARD BORER.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha uno de octubre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, la Abogada SENIA CACHO, actuando en su condición de procurador judicial en representación del Estado de Honduras, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO Y LILIANA PATRICIA GONZALES LARA, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio del señor JEFFREY RICHARD BORER.-2) Que en fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, en Audiencia Inicial el Juzgado de Letras, 1.-DECRETA: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO.2.- DECRETA: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora LILIANA PATRICIA GONZALES LARA por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de JEFFRY RICHARD BORER. (Folios 139 al 143 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que en fecha treinta de junio del año dos mil quince, la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, “RESUELVE: Declarar CON LUGAR el Recurso De Apelación interpuesto por el Ministerio Publico y PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Jesús Arony Hernández Meza, en su condición de apoderado Legal Acusador Privado en consecuencia. PRIMERO:POR MAYORIA DE VOTOS, SIENDO DISIDENTE LA MAGISTRADA GUILLEN SANCHEZ: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo dictado de fecha veintiocho (28) de Noviembre de dos mil catorce (2014) dictado a favor de los acusados Samuel Antonio Ortega Vallecillo y Liliana Patricia Gonzales….” SEGUNDO: POR UNANIMIDAD:CONFIRMA el sobreseimiento contra el acusado Samuel Antonio Ortega Vallecillo…”.- 4) El recurrente Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, compareció ante este Tribunal, en fecha seis de agosto del año dos mil quince, reclamando amparo a favor de los señores SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO Y LILIANA PATRICIA GONZALES LARA, afirmando que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha doce de noviembre del año dos mil quince, esta Sala recibió escrito de formalización de acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico.-CONSIDERANDO 1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional que puede ser interpuesta por cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO(2):Que se conoce la acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, a favor de los señores SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO Y LILIANA PATRICIA GONZALES LARA, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha treinta de junio de dos mil quince, que declaró con lugar un recurso de apelación y revocó un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, con relación a la causa instruida contra los señores SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO Y LILIANA PATRICIA GONZALES LARA,por suponerlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio del señor JEFFREY RICHARD BORER.-CONSIDERANDO (3): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta a una serie de derechos establecidos a favor de las partes, en ese sentido que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de instar la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. Siendo así el debido proceso debe incluir una serie de derechos, entre ellos el acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, a que su pretensión sea conocida y resuelta la misma por un juez imparcial, a la defensa, a la igualdad entre las partes procesales, a utilizar los medios de prueba que le sean útiles para el fin que persiguen en la defensa de sus pretensiones, a un proceso sin dilaciones indebidas, a hacer uso de los plazos y términos que la ley establece y que estos sean respetados, a obtener una respuesta motivada a sus pretensiones, entre otros.-CONSIDERANDO (4): Que, si bien es cierto, el derecho a la tutela judicial efectiva no garantiza el acierto en las resoluciones judiciales, ni en la valoración de las pruebas, ni en la selección, aplicación e interpretación de las normas al caso, no es menos cierto que si garantiza la obtención de una respuesta judicial motivada y fundada en derecho, como ocurre en el caso que se analiza. La Corte de Apelaciones ha concluido de la prueba aportada a la audiencia inicial los hechos siguientes: Los acusados SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO Y LILIANA PATRICIA GONZALES LARA tenían una relación laboral, según consta en el contrato de trabajo que consta como prueba documental a folio 138 de la pp. La imputada LILIANA PATRICIA GONZALES LARA, se hacía llamar Karina Gonzales, nombre con el cual se comunicaba con el ofendido señor JEFFREY RICHARD BORER. Que, en el año 2012, el señor JEFFREY RICHARD BORER, contrato los servicios profesionales del Abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, a efecto de entablar una segunda acción legal contra terceros, el abogado se comprometió a interponer una demanda y la tramitación de la misma ante los tribunales, informando que en dicha acción judicial también colaboraría “KARINA” mediante correos electrónicos es decir LILIANA PATRICIA GONZALES LARA. Que desde 2012 a 2014, el señor JEFFREY RICHARD BORER, creyó que la demanda había sido interpuesta, los imputados le informaban vía correos electrónicos que la demanda no avanzaba por aplazamientos de las audiencias imputables a los órganos jurisdiccionales, por ejemplo la jubilación de un Juez, el conocimiento de todos los casos por el nuevo Juez, la mudanza de otro Juez, vacaciones judiciales, elecciones presidenciales en el país, excusas presentadas por la señora LILIANA PATRICIA GONZALES LARA, alias Karina. Asume el ofendido que le hicieron caer en error, por lo entregó cantidades de dinero, unas veces en efectivo y otras veces a través del sistema bancario hondureño, así como todos los documentos necesarios para entablar la supramencionada demanda, causándole, a su juicio, un perjuicio económico de alrededor de SETENTA MIL DOLARES AMERICANOS. Lo anterior, señala la Corte de Apelaciones, quedó acreditado en juicio mediante los medios de prueba inspección al libro de entradas de casos civiles en el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, constatándose que solamente se interpuso una demanda en fecha 22 de enero del año 2010, el cual consta registrado en la Secretaría de dicho Juzgado bajo el número Exp. No. 10.2010, interpuesta por el abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, en su condición de apoderado judicial del señor JEFFREY RICHARD BORER, contra la Sociedad Mercantil Granite Holding S. A., por medio de su administrador señor EDUARD MOULDER. Asimismo, se constató que en efecto se presentó una segunda demanda interpuesta por el abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, en su condición de apoderado judicial del señor JEFFREY RICHARD BORER, contra el señor y señora EDUARD y LAURA MOULDER, hasta en junio de 2014, registrada bajo el No, 065-2014, en la secretaria del tribunal de mérito. Concluye el tribunal que se dio el engaño, al hacerle creer que la demanda fue interpuesta y que se estuvo diligencias durante dos años, engañándolo al manifestarle que necesitaba dinero para pago a funcionarios judiciales a efecto de que el proceso avanzara. El error: El imputado se aprovechó de la confianza que había entre cliente y abogado, por lo que el ofendido JEFFREY RICHARD BORER, creyó en sus palabras. Estima que el acto de disposición requerido por el tipo penal de estafa consiste en la entrega a consecuencia del error, por parte del engañado, del bien, es decir el monto total de la estafa; acreditado mediante informe emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, quien emitió información bancaria de transferencias internacionales mediante depósitos realizados por el ofendido a la cuenta 721466731 perteneciente a LILIANA PATRICIA GONZALES LARA, quien a petición del abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, se le depositó en su cuenta la cantidad de VEINTISIETE MIL DOLARES AMERICANOS ($27,000.00). Asimismo, informó la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que a la cuenta No. 721897281 del abogado SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO, se depositó la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS ($49,650.00). Se acredito el Perjuicio en el patrimonio del ofendido, así como el ánimo de lucro de los imputados, al cobrar cantidades de dinero por actuaciones que nunca sucedieron en la realidad.-CONSIDERANDO (5): Que la motivación es un razonamiento lógico y apegado a derecho plasmado en una respuesta tanto jurisdiccional como administrativa, y, en el caso de autos los argumentos planteados en la sentencia presentan claridad y precisión, en la valoración de los medios de prueba allegados en segunda instancia, por haber sido indebidamente rechazados por el Juez A-quo, quien al realizar un análisis de los medios de prueba concluye en la participación de los imputados en el caso de mérito.-CONSIDERANDO (6): Que es imperativo recordar que la tutela judicial efectiva garantiza entre otros, el derecho a la obtención de una respuesta judicial m+otivada y fundada en derecho congruente, por lo que esta Sala de lo Constitucional considera que la respuesta judicial dada por el Tribunal recurrido contiene como ya se dijo una motivación adecuada, concluyendo al mismo tiempo en la presencia de objetividad en las consideraciones planteadas, y se dice lo anterior en virtud que con la sola lectura de la sentencia recurrida, se observa la existencia de un análisis de fondo sobre los elementos de prueba aportados que constituyen los indicios necesarios para considerar que es procedente dictar auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO (7): Que el caso de mérito la sentencia que se conoce en amparo es garante de la legalidad, por lo que no vulnera el derecho de defensa ni el debido proceso, en consecuencia, no procede reconocer la garantía de amparo, en virtud de lo cual debe denegarse el mismo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 52, 54 y 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO por el Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, a favor de los señores SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO Y LILIANA PATRICIA GONZALES LARA, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha treinta de junio de dos mil quince, que declaró con lugar un recurso de apelación y revocó un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, con relación a la causa instruida contra los señores SAMUEL ANTONIO ORTEGA VALLECILLO Y LILIANA PATRICIA GONZALES LARA, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio del señor JEFFREY RICHARD BORER;Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de Septiembre del año dos mil (2016), certificación de la sentencia de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0758-2015 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL