Sentencia AP-758-14 — Registro 6300
Resumen
Sentencia en consulta otorgó acción de amparo a favor de recurrente contra actuaciones del juzgado de primera instancia que mediante Auto consideró que está acreditada la propiedad del inmueble usurpado ordenando el desalojo del terreno ubicado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida nombrando el Juez Ejecutor para tal efecto, en relación a causa contra imputados por suponerlos responsables del delito de usurpación en perjuicio del Municipio de La Ceiba y el Ferrocarril Nacional; La Autoridad recurrida consideró que a recurrente se les violentó el derecho a la defensa pues no pudieron defenderse en el proceso pues no se individualizó con precisión el lote, propiedad o terreno a desalojar; además se resolvió la suspensión del acto reclamado (desolojo) y bajo responsabilidad de los recurrentes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del análisis de la sentencia venida en consulta, esta Sala de lo Constitucional estima que el fallo proferido por el Juzgado de Letras, declaró “con lugar” lo solicitado por la Fiscal del Ministerio Público, consecuentemente ordena el desalojo de las personas que se encuentran usurpando un derecho real ubicado en el sector Este de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida..."..."conociendo de la acción de amparo interpuesta sobre la misma resolución, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, falló mediante resolución de fecha veintiuno de mayo del año dos mil catorce y en consideración a que los recurrentes al ordenarse en la causa criminal No.0101-2012-00088, el desalojo de los predios ocupados por ellos, se les violentó el derecho a la defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República pues no pudieron defenderse en aquel proceso, y en mención agregada a lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8 sobre las Garantías Judiciales dispone:...como consecuencia de la supuesta comisión del delito de Usurpación por las personas mencionadas en el Requerimiento Fiscal y por estimar la Señora Jueza de Letras que se acreditó la propiedad del inmueble usurpado procedió mediante la insulsa resolución de fecha tres de marzo del dos mi catorce, ordenando el desalojo de un terreno ubicado en el sector oeste de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, pudiendo ser cualquier inmueble que se encuentre en ese sector, pues no se individualiza de manera precisa el lote, propiedad o terreno a desalojar, pese a ello, y por los antecedentes que obran en los autos de la causa criminal los recurrentes asumen que se refiere al terreno que ellos actualmente ocupan y sobre los cuales han iniciado trámites administrativos para su debida adjudicación, según se hace constar en documentos que se acompañan a la acción de amparo..."..."además de las razones que motivaron la admisibilidad de plano decretada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, debido a que la acción de amparo cumple con los requisitos formales exigidos en el artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y se toma en consideración a lo dispuesto en el artículo 59 numeral 2 del mismo cuerpo legal sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada resuelve la suspensión del acto reclamado (DESALOJO) y bajo responsabilidad de los recurrentes..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 14 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de abril del dos mil dieciséis.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil catorce (2014), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en el Recurso de Amparo presentado por los señores MARCOS RENE MELENDEZ ORDOÑEZ, MARIA SUYAPA GONZALEZ ARMIJO, GLORIA ESPERANZA RAMOS RECINOS, JASMIN BORKE FRANCISCO, INMACULADA FRANCISCO KIRINGTON, JOEL ABISAI MARTINEZ VARGAS, JESÚS QUINTANILLA, RAMON GONZALES LINARES, ORLIN ADALID MEDINA, GERLYN ADIN SANTOS MARQUEZ, ERIKA MABEL QUINTANILLA HERNANDEZ, MIRIAM ARACELY MALDONADO GARZA, JULIA PETRONILA ORTIZ PAGOADA, LIDIA MARINA BARDALES ANTUNEZ, ANGEL OSTILIO HERNÁNDEZ MURILLO, BERTILIA REINELDA VELÁSQUEZ TINOCO, NOEL ISAIAS MOREJON ROMERO, IRIS XIOMARA ANTUNEZ MONRROY, HABUNDIO MORALES GARCIA, SINDY YOJANA PADILLA ZELAYA, TOMAS HERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE HERNANDEZ GONZALES, MARIA IDALIA PALMA, JOSE MANUEL NUÑEZ PUERTO, MERY SANDRA BERRIOS RAMIREZ y DENIA VICTORINA ORELLANA CRUZ a favor de SI MISMOS, que otorgó la acción de amparo interpuesta contra las actuaciones y específicamente la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha tres (3) de marzo del año dos mil catorce (2014), en relación a la causa instruida contra los señores ALBA MARINA GUTIÉRREZ ALVARENGA, SAMUEL REYES VILLEDA, HÉCTOR BELTRAN OSORIO MÁRQUEZ, ESMERALDA LILIANA HERNANDEZ, CARMEN ELIZABETH PAZ, JOSE ESGUISIS ALVARADO, EREVINDA MORENO TORREZ, SALVADOR ADALID HERNANDEZ SANCHEZ, ELDER ISAEL GERONIMO RAMOS, MAUREN YECENIA SANCHEZ POSAS y BELARMINO GONZALEZ LINARES por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN DE UN DERECHO REAL en perjuicio del MUNICIPIO DE LA CEIBA Y EL FERROCARRIL NACIONAL.- Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 59, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha trece (13) de febrero del año dos mil doce (2012), la Abogada WENDY GABRIELA BANEGAS en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, presentando Requerimiento Fiscal contra los Señores ALBA MARINA GUTIÉRREZ ALVARENGA, SAMUEL REYES VILLEDA, HÉCTOR BELTRAN OSORIO MÁRQUEZ, ESMERALDA LILIANA HERNANDEZ, CARMEN ELIZABETH PAZ, JOSE ESGUISIS ALVARADO, EREVINDA MORENO TORREZ, SALVADOR ADALID HERNANDEZ SANCHEZ, ELDER ISAEL GERONIMO RAMOS, MAUREN YECENIA SANCHEZ POSAS y BELARMINO GONZALEZ LINARES por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN DE UN DERECHO REAL en perjuicio del MUNICIPIO DE LA CEIBA Y EL FERROCARRIL NACIONAL.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha tres (3) de marzo del año dos mil catorce (2014), dictó Auto mediante el cual (sic) Resuelve: “1.- Tener por bien hecha la solicitud presentada y declarando con lugar lo solicitado por la Abogada LINA PINEDA MORALES en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, en la causa que se le sigue a los señores ALBA MARINA GUTIÉRREZ, SAMUEL REYES VILLEDA, HÉCTOR BELTRAND OSORIO MÁRQUEZ, JOSE ESGUISIS ALVARADO, ERERVINDA MORENO TORRES, SALVADOR ADALID HERNANDEZ SANCHEZ, ELDER ISAEL GERONIMO RAMOS, MAUREN YECENIA SANCHEZ POSAS, BELARMINO GONZALES LINARES, por suponerlos responsables a titulo de autores del delito de USURPACIÓN DE LUGARES DE USO O DOMINIO PUBLICO en perjuicio de FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA. 2.- En consecuencia, este juzgado nombra como Juez Ejecutor al señor EVELIO ANTONIO BURGOS, quien es mayor de edad, soltero, con tarjeta de identidad numero 1807-1973-01729, para que realice el correspondiente desalojo, a quien se le deberá saber el nombramiento en el recaído para que así sea debidamente juramentado. 2.- Consecuentemente se ordena el desalojo de las personas que actualmente se encuentran usurpando un terreno ubicado en el sector Este de esta ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, señalando para su evacuación el día jueves veintisiete de Marzo del año Dos Mil Catorce.” (Folios doscientos treinta y uno (231) al doscientos treinta y dos (232) de la pieza de amparo).-3) Que en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil catorce (2014), comparecieron ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, los señores MARCOS RENE MELENDEZ ORDOÑEZ, MARIA SUYAPA GONZALEZ ARMIJO, GLORIA ESPERANZA RAMOS RECINOS, JASMIN BORKE FRANCISCO, INMACULADA FRANCISCO KIRINGTON, JOEL ABISAI MARTINEZ VARGAS, JESÚS QUINTANILLA, RAMON GONZALES LINARES, ORLIN ADALID MEDINA, GERLYN ADIN SANTOS MARQUEZ, ERIKA MABEL QUINTANILLA HERNANDEZ, MIRIAM ARACELY MALDONADO GARZA, JULIA PETRONILA ORTIZ PAGOADA, LIDIA MARINA BARDALES ANTUNEZ, ANGEL OSTILIO HERNÁNDEZ MURILLO, BERTILIA REINELDA VELÁSQUEZ TINOCO, NOEL ISAIAS MOREJON ROMERO, IRIS XIOMARA ANTUNEZ MONRROY, HABUNDIO MORALES GARCIA, SINDY YOJANA PADILLA ZELAYA, TOMAS HERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE HERNANDEZ GONZALES, MARIA IDALIA PALMA, JOSE MANUEL NUÑEZ PUERTO, MERY SANDRA BERRIOS RAMIREZ y DENIA VICTORINA ORELLANA CRUZ interponiendo Recurso de Amparo a favor de SI MISMOS, contra las actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, específicamente contra la resolución dictada en fecha tres (3) de marzo del año dos mil catorce (2014), por considerar que dichas actuaciones son violatorias de lo dispuesto en los artículos 59, 82 y 90 de la Constitución de la República.- 4) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte Primera de Apelaciones dictó sentencia en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil catorce (2014), mediante la cual falló: “1.- OTORGAR la Acción de Amparo interpuesta por los recurrentes contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA (PENAL), por resolución dictada en tres (3) de marzo del año dos mil catorce (2014) en la causa instruida contra Alba Marina Gutiérrez Alvarenga, Samuel Reyes Villeda, Héctor Beltrand Osorio Márquez, José Esguisis Alvarado, Erevinda Moreno Torres y otros a quienes se les supone responsable de la comisión del delito de Usurpación perjuicio de EL Municipio De La Ceiba y El Ferrocarril Nacional.-” (Folios doscientos cuarenta y cinco (245) al doscientos cuarenta y ocho (248) de la pieza de amparo).-5) Que en fecha once (11) de junio del año dos mil catorce (2014), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por los señores MARCOS RENE MELENDEZ ORDOÑEZ, MARIA SUYAPA GONZALEZ ARMIJO, GLORIA ESPERANZA RAMOS RECINOS, JASMIN BORKE FRANCISCO, INMACULADA FRANCISCO KIRINGTON, JOEL ABISAI MARTINEZ VARGAS, JESÚS QUINTANILLA, RAMON GONZALES LINARES, ORLIN ADALID MEDINA, GERLYN ADIN SANTOS MARQUEZ, ERIKA MABEL QUINTANILLA HERNANDEZ, MIRIAM ARACELY MALDONADO GARZA, JULIA PETRONILA ORTIZ PAGOADA, LIDIA MARINA BARDALES ANTUNEZ, ANGEL OSTILIO HERNÁNDEZ MURILLO, BERTILIA REINELDA VELÁSQUEZ TINOCO, NOEL ISAIAS MOREJON ROMERO, IRIS XIOMARA ANTUNEZ MONRROY, HABUNDIO MORALES GARCIA, SINDY YOJANA PADILLA ZELAYA, TOMAS HERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE HERNANDEZ GONZALES, MARIA IDALIA PALMA, JOSE MANUEL NUÑEZ PUERTO, MERY SANDRA BERRIOS RAMIREZ y DENIA VICTORINA ORELLANA CRUZ a favor de SI MISMOS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, al tenor del Artículo 68 párrafo segundo, establece que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de la Constitucional, el conocimiento del trámite en consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por los Juzgados de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la Ley antes referida.-CONSIDERANDO (2): Que se conoce el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta interpuesto por los señores MARCOS RENE MELENDEZ ORDOÑEZ, MARIA SUYAPA GONZALEZ ARMIJO, GLORIA ESPERANZA RAMOS RECINOS, JASMIN BORKE FRANCISCO, INMACULADA FRANCISCO KIRINGTON, JOEL ABISAI MARTINEZ VARGAS, JESÚS QUINTANILLA, RAMON GONZALES LINARES, ORLIN ADALID MEDINA, GERLYN ADIN SANTOS MARQUEZ, ERIKA MABEL QUINTANILLA HERNANDEZ, MIRIAM ARACELY MALDONADO GARZA, JULIA PETRONILA ORTIZ PAGOADA, LIDIA MARINA BARDALES ANTUNEZ, ANGEL OSTILIO HERNÁNDEZ MURILLO, BERTILIA REINELDA VELÁSQUEZ TINOCO, NOEL ISAIAS MOREJON ROMERO, IRIS XIOMARA ANTUNEZ MONRROY, HABUNDIO MORALES GARCIA, SINDY YOJANA PADILLA ZELAYA, TOMAS HERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE HERNANDEZ GONZALES, MARIA IDALIA PALMA, JOSE MANUEL NUÑEZ PUERTO, MERY SANDRA BERRIOS RAMIREZ y DENIA VICTORINA ORELLANA CRUZ a favor de SI MISMOS, ante la CORTE PRIMERO DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, venido en consulta de la sentencia de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil catorce (2014), que OTORGA la acción de amparo interpuesto por los recurrentes contra las actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, por la resolución dictada en fecha tres de marzo del dos mil catorce en la causa instruida por los señores ALBA MARINA GUTIÉRREZ ALVARENGA, SAMUEL REYES VILLEDA, HÉCTOR BELTRAN OSORIO MÁRQUEZ, ESMERALDA LILIANA HERNANDEZ, CARMEN ELIZABETH PAZ, JOSE ESGUISIS ALVARADO, EREVINDA MORENO TORREZ, SALVADOR ADALID HERNANDEZ SANCHEZ, ELDER ISAEL GERONIMO RAMOS, MAUREN YECENIA SANCHEZ POSAS y BELARMINO GONZALEZ LINARES a quienes se les supone responsable por la comisión del delito de USURPACION en perjuicio del Municipio de La Ceiba y el Ferrocarril Nacional.-CONSIDERANDO (3): Que del análisis de la sentencia venida en consulta, esta Sala de lo Constitucional estima que el fallo proferido por el Juzgado de Letras, declaró “con lugar” lo solicitado por la Fiscal del Ministerio Público, consecuentemente ordena el desalojo de las personas que se encuentran usurpando un derecho real ubicado en el sector Este de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.-CONSIDERANDO (4): Que posteriormente, conociendo de la acción de amparo interpuesta sobre la misma resolución, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, falló mediante resolución de fecha veintiuno de mayo del año dos mil catorce y en consideración a que los recurrentes al ordenarse en la causa criminal No.0101-2012-00088, el desalojo de los predios ocupados por ellos, se les violentó el derecho a la defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República pues no pudieron defenderse en aquel proceso, y en mención agregada a lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8 sobre las Garantías Judiciales dispone: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, estableciendo con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…”; por consiguiente todos los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, en este caso se garantiza la seguridad en caso de conflicto, o sea a poder concurrir directamente a presentar sus demandas o acusaciones o bien a defenderse; y, no obligatoriamente por medio del Ministerio Público, Defensa Pública u otros entes, es decir que no pueden monopolizar la acción pública, ni ser impuesta esta monopolización en ninguna ley a favor de la fiscalía como único mecanismo para enjuiciar o defenderse en los tribunales, al respecto manda el artículo 326 de la Constitución de la República: “Es pública la acción para perseguir a los infractores de los derechos y garantías establecidas en esta Constitución y se ejercitará sin caución ni formalidad alguna y por simple denuncia”, sin embargo, como consecuencia de la supuesta comisión del delito de Usurpación por las personas mencionadas en el Requerimiento Fiscal y por estimar la Señora Jueza de Letras que se acreditó la propiedad del inmueble usurpado procedió mediante la insulsa resolución de fecha tres de marzo del dos mi catorce, ordenando el desalojo de un terreno ubicado en el sector oeste de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, pudiendo ser cualquier inmueble que se encuentre en ese sector, pues no se individualiza de manera precisa el lote, propiedad o terreno a desalojar, pese a ello, y por los antecedentes que obran en los autos de la causa criminal los recurrentes asumen que se refiere al terreno que ellos actualmente ocupan y sobre los cuales han iniciado trámites administrativos para su debida adjudicación, según se hace constar en documentos que se acompañan a la acción de amparo. Adicionalmente, los recurrentes denuncian la violación al debido proceso que contempla el artículo 90 de la Constitución de la República, que consiste en oír al inculpado, permitirle rebatir las pruebas en su contra, permitirle un abogado defensor y que pueda hacer usos de recursos ante las instancias superiores, hasta que recaiga sentencia firme. Es motivo del amparo la inobservancia del debido proceso, lo que puede invocar todo acusado al tergiversarse o trastocar el procedimientos, tales como ser citada para ser parte en un juicio, no ser oído o privarle de sus recursos ante una instancia superior. Esta disposición es la fuente de la cual se derivan los códigos procesales para ejercer los derechos ante los órganos jurisdiccionales, y al tener noticia de la acusación; que se le asegure el derecho a tener un juez imparcial e independiente, para lo cual se le deben proporcionar a las partes los instrumentos procesales para denunciar las causas que determinen la parcialidad hipotética, derecho a la prueba, de tener una sentencia fundada, el derecho de recurrir, razón por la cual consideran que se les ha violentado el debido proceso en el requerimiento fiscal No.0101-2012-00088 puesto que no se hizo individualización e identificación de los supuestos sujetos activos de la infracción penal supuesta pues no estableció con claridad quienes son los ocupantes o poseedores de los predios objeto del desalojo, no tomando en cuenta que para emitir la orden de desalojo debieron tomarse en cuenta documentos originales o debidamente autenticados y finalmente para la práctica del desalojo se nombró como Juez Ejecutor a un miembro de la Policía Nacional pese a existir un AUTO ACORDADO emitido por la Honorable Corte Suprema de Justicia que pide a los jueces abstenerse de nombrar a estos servidores públicos como jueces ejecutores para diligencias de allanamientos y desalojos, como vemos, los motivos que invocan los amparistas como violación al Debido Proceso, en la cual alegan que no son mencionados como imputados, los extremos citados como violatorios a la garantía en cuestión ocurrieron dentro de la causa penal citada que, en todo caso, pudo haber perjudicado a los inculpados mencionados en aquél, no a los recurrentes, que como se ha referido repetidamente no forman parte del proceso penal aludido.-CONSIDERANDO (5): Que además de las razones que motivaron la admisibilidad de plano decretada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, debido a que la acción de amparo cumple con los requisitos formales exigidos en el artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y se toma en consideración a lo dispuesto en el artículo 59 numeral 2 del mismo cuerpo legal sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada resuelve la suspensión del acto reclamado (DESALOJO) y bajo responsabilidad de los recurrentes.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 89, 90, 94, 183, 303, 304, 321 y 326 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 10 numeral 2, 41, 42, 44, 45, 47, 51, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 14 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 227 del Código Penal; 1, 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 21 párrafo segundo del Código Procesal Penal. FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia venida en Consultada proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil catorce (2014), mediante la cual resuelve Con Lugar la Acción de Amparo interpuesta por los señores MARCOS RENE MELENDEZ ORDOÑEZ, MARIA SUYAPA GONZALEZ ARMIJO, GLORIA ESPERANZA RAMOS RECINOS, JASMIN BORKE FRANCISCO, INMACULADA FRANCISCO KIRINGTON, JOEL ABISAI MARTINEZ VARGAS, JESÚS QUINTANILLA, RAMON GONZALES LINARES, ORLIN ADALID MEDINA, GERLYN ADIN SANTOS MARQUEZ, ERIKA MABEL QUINTANILLA HERNANDEZ, MIRIAM ARACELY MALDONADO GARZA, JULIA PETRONILA ORTIZ PAGOADA, LIDIA MARINA BARDALES ANTUNEZ, ANGEL OSTILIO HERNÁNDEZ MURILLO, BERTILIA REINELDA VELÁSQUEZ TINOCO, NOEL ISAIAS MOREJON ROMERO, IRIS XIOMARA ANTUNEZ MONRROY, HABUNDIO MORALES GARCIA, SINDY YOJANA PADILLA ZELAYA, TOMAS HERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE HERNANDEZ GONZALES, MARIA IDALIA PALMA, JOSE MANUEL NUÑEZ PUERTO, MERY SANDRA BERRIOS RAMIREZ y DENIA VICTORINA ORELLANA CRUZ a favor de SI MISMOS.- Y MANDA Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha uno (1) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Pena Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0758-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de abril del dos mil dieciséis.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil catorce (2014), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en el Recurso de Amparo presentado por los señores MARCOS RENE MELENDEZ ORDOÑEZ, MARIA SUYAPA GONZALEZ ARMIJO, GLORIA ESPERANZA RAMOS RECINOS, JASMIN BORKE FRANCISCO, INMACULADA FRANCISCO KIRINGTON, JOEL ABISAI MARTINEZ VARGAS, JESÚS QUINTANILLA, RAMON GONZALES LINARES, ORLIN ADALID MEDINA, GERLYN ADIN SANTOS MARQUEZ, ERIKA MABEL QUINTANILLA HERNANDEZ, MIRIAM ARACELY MALDONADO GARZA, JULIA PETRONILA ORTIZ PAGOADA, LIDIA MARINA BARDALES ANTUNEZ, ANGEL OSTILIO HERNÁNDEZ MURILLO, BERTILIA REINELDA VELÁSQUEZ TINOCO, NOEL ISAIAS MOREJON ROMERO, IRIS XIOMARA ANTUNEZ MONRROY, HABUNDIO MORALES GARCIA, SINDY YOJANA PADILLA ZELAYA, TOMAS HERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE HERNANDEZ GONZALES, MARIA IDALIA PALMA, JOSE MANUEL NUÑEZ PUERTO, MERY SANDRA BERRIOS RAMIREZ y DENIA VICTORINA ORELLANA CRUZ a favor de SI MISMOS, que otorgó la acción de amparo interpuesta contra las actuaciones y específicamente la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha tres (3) de marzo del año dos mil catorce (2014), en relación a la causa instruida contra los señores ALBA MARINA GUTIÉRREZ ALVARENGA, SAMUEL REYES VILLEDA, HÉCTOR BELTRAN OSORIO MÁRQUEZ, ESMERALDA LILIANA HERNANDEZ, CARMEN ELIZABETH PAZ, JOSE ESGUISIS ALVARADO, EREVINDA MORENO TORREZ, SALVADOR ADALID HERNANDEZ SANCHEZ, ELDER ISAEL GERONIMO RAMOS, MAUREN YECENIA SANCHEZ POSAS y BELARMINO GONZALEZ LINARES por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN DE UN DERECHO REAL en perjuicio del MUNICIPIO DE LA CEIBA Y EL FERROCARRIL NACIONAL.- Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 59, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha trece (13) de febrero del año dos mil doce (2012), la Abogada WENDY GABRIELA BANEGAS en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, presentando Requerimiento Fiscal contra los Señores ALBA MARINA GUTIÉRREZ ALVARENGA, SAMUEL REYES VILLEDA, HÉCTOR BELTRAN OSORIO MÁRQUEZ, ESMERALDA LILIANA HERNANDEZ, CARMEN ELIZABETH PAZ, JOSE ESGUISIS ALVARADO, EREVINDA MORENO TORREZ, SALVADOR ADALID HERNANDEZ SANCHEZ, ELDER ISAEL GERONIMO RAMOS, MAUREN YECENIA SANCHEZ POSAS y BELARMINO GONZALEZ LINARES por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN DE UN DERECHO REAL en perjuicio del MUNICIPIO DE LA CEIBA Y EL FERROCARRIL NACIONAL.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha tres (3) de marzo del año dos mil catorce (2014), dictó Auto mediante el cual (sic) Resuelve: “1.- Tener por bien hecha la solicitud presentada y declarando con lugar lo solicitado por la Abogada LINA PINEDA MORALES en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, en la causa que se le sigue a los señores ALBA MARINA GUTIÉRREZ, SAMUEL REYES VILLEDA, HÉCTOR BELTRAND OSORIO MÁRQUEZ, JOSE ESGUISIS ALVARADO, ERERVINDA MORENO TORRES, SALVADOR ADALID HERNANDEZ SANCHEZ, ELDER ISAEL GERONIMO RAMOS, MAUREN YECENIA SANCHEZ POSAS, BELARMINO GONZALES LINARES, por suponerlos responsables a titulo de autores del delito de USURPACIÓN DE LUGARES DE USO O DOMINIO PUBLICO en perjuicio de FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA. 2.- En consecuencia, este juzgado nombra como Juez Ejecutor al señor EVELIO ANTONIO BURGOS, quien es mayor de edad, soltero, con tarjeta de identidad numero 1807-1973-01729, para que realice el correspondiente desalojo, a quien se le deberá saber el nombramiento en el recaído para que así sea debidamente juramentado. 2.- Consecuentemente se ordena el desalojo de las personas que actualmente se encuentran usurpando un terreno ubicado en el sector Este de esta ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, señalando para su evacuación el día jueves veintisiete de Marzo del año Dos Mil Catorce.” (Folios doscientos treinta y uno (231) al doscientos treinta y dos (232) de la pieza de amparo).-3) Que en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil catorce (2014), comparecieron ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, los señores MARCOS RENE MELENDEZ ORDOÑEZ, MARIA SUYAPA GONZALEZ ARMIJO, GLORIA ESPERANZA RAMOS RECINOS, JASMIN BORKE FRANCISCO, INMACULADA FRANCISCO KIRINGTON, JOEL ABISAI MARTINEZ VARGAS, JESÚS QUINTANILLA, RAMON GONZALES LINARES, ORLIN ADALID MEDINA, GERLYN ADIN SANTOS MARQUEZ, ERIKA MABEL QUINTANILLA HERNANDEZ, MIRIAM ARACELY MALDONADO GARZA, JULIA PETRONILA ORTIZ PAGOADA, LIDIA MARINA BARDALES ANTUNEZ, ANGEL OSTILIO HERNÁNDEZ MURILLO, BERTILIA REINELDA VELÁSQUEZ TINOCO, NOEL ISAIAS MOREJON ROMERO, IRIS XIOMARA ANTUNEZ MONRROY, HABUNDIO MORALES GARCIA, SINDY YOJANA PADILLA ZELAYA, TOMAS HERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE HERNANDEZ GONZALES, MARIA IDALIA PALMA, JOSE MANUEL NUÑEZ PUERTO, MERY SANDRA BERRIOS RAMIREZ y DENIA VICTORINA ORELLANA CRUZ interponiendo Recurso de Amparo a favor de SI MISMOS, contra las actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, específicamente contra la resolución dictada en fecha tres (3) de marzo del año dos mil catorce (2014), por considerar que dichas actuaciones son violatorias de lo dispuesto en los artículos 59, 82 y 90 de la Constitución de la República.- 4) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte Primera de Apelaciones dictó sentencia en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil catorce (2014), mediante la cual falló: “1.- OTORGAR la Acción de Amparo interpuesta por los recurrentes contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA (PENAL), por resolución dictada en tres (3) de marzo del año dos mil catorce (2014) en la causa instruida contra Alba Marina Gutiérrez Alvarenga, Samuel Reyes Villeda, Héctor Beltrand Osorio Márquez, José Esguisis Alvarado, Erevinda Moreno Torres y otros a quienes se les supone responsable de la comisión del delito de Usurpación perjuicio de EL Municipio De La Ceiba y El Ferrocarril Nacional.-” (Folios doscientos cuarenta y cinco (245) al doscientos cuarenta y ocho (248) de la pieza de amparo).-5) Que en fecha once (11) de junio del año dos mil catorce (2014), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por los señores MARCOS RENE MELENDEZ ORDOÑEZ, MARIA SUYAPA GONZALEZ ARMIJO, GLORIA ESPERANZA RAMOS RECINOS, JASMIN BORKE FRANCISCO, INMACULADA FRANCISCO KIRINGTON, JOEL ABISAI MARTINEZ VARGAS, JESÚS QUINTANILLA, RAMON GONZALES LINARES, ORLIN ADALID MEDINA, GERLYN ADIN SANTOS MARQUEZ, ERIKA MABEL QUINTANILLA HERNANDEZ, MIRIAM ARACELY MALDONADO GARZA, JULIA PETRONILA ORTIZ PAGOADA, LIDIA MARINA BARDALES ANTUNEZ, ANGEL OSTILIO HERNÁNDEZ MURILLO, BERTILIA REINELDA VELÁSQUEZ TINOCO, NOEL ISAIAS MOREJON ROMERO, IRIS XIOMARA ANTUNEZ MONRROY, HABUNDIO MORALES GARCIA, SINDY YOJANA PADILLA ZELAYA, TOMAS HERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE HERNANDEZ GONZALES, MARIA IDALIA PALMA, JOSE MANUEL NUÑEZ PUERTO, MERY SANDRA BERRIOS RAMIREZ y DENIA VICTORINA ORELLANA CRUZ a favor de SI MISMOS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, al tenor del Artículo 68 párrafo segundo, establece que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de la Constitucional, el conocimiento del trámite en consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por los Juzgados de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la Ley antes referida.-CONSIDERANDO (2): Que se conoce el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta interpuesto por los señores MARCOS RENE MELENDEZ ORDOÑEZ, MARIA SUYAPA GONZALEZ ARMIJO, GLORIA ESPERANZA RAMOS RECINOS, JASMIN BORKE FRANCISCO, INMACULADA FRANCISCO KIRINGTON, JOEL ABISAI MARTINEZ VARGAS, JESÚS QUINTANILLA, RAMON GONZALES LINARES, ORLIN ADALID MEDINA, GERLYN ADIN SANTOS MARQUEZ, ERIKA MABEL QUINTANILLA HERNANDEZ, MIRIAM ARACELY MALDONADO GARZA, JULIA PETRONILA ORTIZ PAGOADA, LIDIA MARINA BARDALES ANTUNEZ, ANGEL OSTILIO HERNÁNDEZ MURILLO, BERTILIA REINELDA VELÁSQUEZ TINOCO, NOEL ISAIAS MOREJON ROMERO, IRIS XIOMARA ANTUNEZ MONRROY, HABUNDIO MORALES GARCIA, SINDY YOJANA PADILLA ZELAYA, TOMAS HERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE HERNANDEZ GONZALES, MARIA IDALIA PALMA, JOSE MANUEL NUÑEZ PUERTO, MERY SANDRA BERRIOS RAMIREZ y DENIA VICTORINA ORELLANA CRUZ a favor de SI MISMOS, ante la CORTE PRIMERO DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, venido en consulta de la sentencia de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil catorce (2014), que OTORGA la acción de amparo interpuesto por los recurrentes contra las actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, por la resolución dictada en fecha tres de marzo del dos mil catorce en la causa instruida por los señores ALBA MARINA GUTIÉRREZ ALVARENGA, SAMUEL REYES VILLEDA, HÉCTOR BELTRAN OSORIO MÁRQUEZ, ESMERALDA LILIANA HERNANDEZ, CARMEN ELIZABETH PAZ, JOSE ESGUISIS ALVARADO, EREVINDA MORENO TORREZ, SALVADOR ADALID HERNANDEZ SANCHEZ, ELDER ISAEL GERONIMO RAMOS, MAUREN YECENIA SANCHEZ POSAS y BELARMINO GONZALEZ LINARES a quienes se les supone responsable por la comisión del delito de USURPACION en perjuicio del Municipio de La Ceiba y el Ferrocarril Nacional.-CONSIDERANDO (3): Que del análisis de la sentencia venida en consulta, esta Sala de lo Constitucional estima que el fallo proferido por el Juzgado de Letras, declaró “con lugar” lo solicitado por la Fiscal del Ministerio Público, consecuentemente ordena el desalojo de las personas que se encuentran usurpando un derecho real ubicado en el sector Este de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.-CONSIDERANDO (4): Que posteriormente, conociendo de la acción de amparo interpuesta sobre la misma resolución, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, falló mediante resolución de fecha veintiuno de mayo del año dos mil catorce y en consideración a que los recurrentes al ordenarse en la causa criminal No.0101-2012-00088, el desalojo de los predios ocupados por ellos, se les violentó el derecho a la defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República pues no pudieron defenderse en aquel proceso, y en mención agregada a lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8 sobre las Garantías Judiciales dispone: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, estableciendo con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…”; por consiguiente todos los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, en este caso se garantiza la seguridad en caso de conflicto, o sea a poder concurrir directamente a presentar sus demandas o acusaciones o bien a defenderse; y, no obligatoriamente por medio del Ministerio Público, Defensa Pública u otros entes, es decir que no pueden monopolizar la acción pública, ni ser impuesta esta monopolización en ninguna ley a favor de la fiscalía como único mecanismo para enjuiciar o defenderse en los tribunales, al respecto manda el artículo 326 de la Constitución de la República: “Es pública la acción para perseguir a los infractores de los derechos y garantías establecidas en esta Constitución y se ejercitará sin caución ni formalidad alguna y por simple denuncia”, sin embargo, como consecuencia de la supuesta comisión del delito de Usurpación por las personas mencionadas en el Requerimiento Fiscal y por estimar la Señora Jueza de Letras que se acreditó la propiedad del inmueble usurpado procedió mediante la insulsa resolución de fecha tres de marzo del dos mi catorce, ordenando el desalojo de un terreno ubicado en el sector oeste de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, pudiendo ser cualquier inmueble que se encuentre en ese sector, pues no se individualiza de manera precisa el lote, propiedad o terreno a desalojar, pese a ello, y por los antecedentes que obran en los autos de la causa criminal los recurrentes asumen que se refiere al terreno que ellos actualmente ocupan y sobre los cuales han iniciado trámites administrativos para su debida adjudicación, según se hace constar en documentos que se acompañan a la acción de amparo. Adicionalmente, los recurrentes denuncian la violación al debido proceso que contempla el artículo 90 de la Constitución de la República, que consiste en oír al inculpado, permitirle rebatir las pruebas en su contra, permitirle un abogado defensor y que pueda hacer usos de recursos ante las instancias superiores, hasta que recaiga sentencia firme. Es motivo del amparo la inobservancia del debido proceso, lo que puede invocar todo acusado al tergiversarse o trastocar el procedimientos, tales como ser citada para ser parte en un juicio, no ser oído o privarle de sus recursos ante una instancia superior. Esta disposición es la fuente de la cual se derivan los códigos procesales para ejercer los derechos ante los órganos jurisdiccionales, y al tener noticia de la acusación; que se le asegure el derecho a tener un juez imparcial e independiente, para lo cual se le deben proporcionar a las partes los instrumentos procesales para denunciar las causas que determinen la parcialidad hipotética, derecho a la prueba, de tener una sentencia fundada, el derecho de recurrir, razón por la cual consideran que se les ha violentado el debido proceso en el requerimiento fiscal No.0101-2012-00088 puesto que no se hizo individualización e identificación de los supuestos sujetos activos de la infracción penal supuesta pues no estableció con claridad quienes son los ocupantes o poseedores de los predios objeto del desalojo, no tomando en cuenta que para emitir la orden de desalojo debieron tomarse en cuenta documentos originales o debidamente autenticados y finalmente para la práctica del desalojo se nombró como Juez Ejecutor a un miembro de la Policía Nacional pese a existir un AUTO ACORDADO emitido por la Honorable Corte Suprema de Justicia que pide a los jueces abstenerse de nombrar a estos servidores públicos como jueces ejecutores para diligencias de allanamientos y desalojos, como vemos, los motivos que invocan los amparistas como violación al Debido Proceso, en la cual alegan que no son mencionados como imputados, los extremos citados como violatorios a la garantía en cuestión ocurrieron dentro de la causa penal citada que, en todo caso, pudo haber perjudicado a los inculpados mencionados en aquél, no a los recurrentes, que como se ha referido repetidamente no forman parte del proceso penal aludido.-CONSIDERANDO (5): Que además de las razones que motivaron la admisibilidad de plano decretada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, debido a que la acción de amparo cumple con los requisitos formales exigidos en el artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y se toma en consideración a lo dispuesto en el artículo 59 numeral 2 del mismo cuerpo legal sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada resuelve la suspensión del acto reclamado (DESALOJO) y bajo responsabilidad de los recurrentes.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 89, 90, 94, 183, 303, 304, 321 y 326 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 10 numeral 2, 41, 42, 44, 45, 47, 51, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 14 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 227 del Código Penal; 1, 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 21 párrafo segundo del Código Procesal Penal. FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia venida en Consultada proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil catorce (2014), mediante la cual resuelve Con Lugar la Acción de Amparo interpuesta por los señores MARCOS RENE MELENDEZ ORDOÑEZ, MARIA SUYAPA GONZALEZ ARMIJO, GLORIA ESPERANZA RAMOS RECINOS, JASMIN BORKE FRANCISCO, INMACULADA FRANCISCO KIRINGTON, JOEL ABISAI MARTINEZ VARGAS, JESÚS QUINTANILLA, RAMON GONZALES LINARES, ORLIN ADALID MEDINA, GERLYN ADIN SANTOS MARQUEZ, ERIKA MABEL QUINTANILLA HERNANDEZ, MIRIAM ARACELY MALDONADO GARZA, JULIA PETRONILA ORTIZ PAGOADA, LIDIA MARINA BARDALES ANTUNEZ, ANGEL OSTILIO HERNÁNDEZ MURILLO, BERTILIA REINELDA VELÁSQUEZ TINOCO, NOEL ISAIAS MOREJON ROMERO, IRIS XIOMARA ANTUNEZ MONRROY, HABUNDIO MORALES GARCIA, SINDY YOJANA PADILLA ZELAYA, TOMAS HERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE HERNANDEZ GONZALES, MARIA IDALIA PALMA, JOSE MANUEL NUÑEZ PUERTO, MERY SANDRA BERRIOS RAMIREZ y DENIA VICTORINA ORELLANA CRUZ a favor de SI MISMOS.- Y MANDA Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha uno (1) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0758-2014.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL