Sentencia AP-746-14 — Registro 6265
Resumen
El sobreseimiento definitivo se revocó y el tribunal de segunda instancia determina que para el delito de tráfico de drogas procede sobreseimiento provisional y para el delito de lavado de activos procede auto de prisión contra los imputados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional reitere lo ya resuelto en cuanto al dictado de auto de prisión ordenado por la Corte Ad-Quem en delito de lavado de activos y que se modifique el sobreseimiento provisional, emitido por el delito remanente, como es el ilícito penal de tráfico de drogas; lo cual no es procedente, constando en la motivación de la sentencia en mención la argumentación consistente, sólida y precisa del porque se dictó cada de uno de los descritos resolutivos, a los cuales asiste razón suficiente bajo las reglas de la sana crítica racional, según se sigue del fallo bajo estudio en esta sede de amparo constitucional..."..."Que la Sala no observa, en definitiva, quebrantamiento alguno al derecho al debido proceso, reconocido en forma garante en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, según invocado por la garantista; observándose que la cuestión debatida se resume en alegaciones de mera legalidad, dado que no hacen sino reiterar argumentaciones resueltas en su oportunidad por la Corte Ad-Quem, las cuales además dan lugar a la prosecución de la acción penal instaurada en proceso ordinario, sobre los hechos que se estiman probados en la resolución; quedándole franqueadas acciones a la Fiscalía del Ministerio Público, de cumplirse con los requisitos procesales que enmarca la Ley..."..."la misma razón asiste para desestimar el presente recurso de amparo en cuanto al segundo reclamo instado por la abogada garantista, como es la infracción del artículo 321 de la Constitución de la República, pues resulta notorio que la jurisdicción ordinaria ha fallado el caso de merito dentro del ámbito de su competencia y que, acorde la continuada y pacífica jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, no resulta violentado tal derecho cuando el sentido de la resolución no coincidiere necesariamente con lo que pide la parte actora, para el caso, el dictado en vía de apelaciones de un auto de formal procesamiento, para todos y cada uno de los delitos impetrados en el requerimiento fiscal..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de junio del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha diez de abril del año dos mil catorce, que declaró HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, en donde el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida que declaró un sobreseimiento definitivo con relación a la causa instruida contra los señores FREDY DONALDO MÁRMOL VALLEJO, ÁNGEL DIONISIO MÁRMOL CHIRINOS Y YOVANY ALCIDES ZUNIGA MARTÍNEZ por suponerlos responsables de los delitos de TRAFICO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a los intereses generales de la sociedad hondureña los derechos establecidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha siete (7) de agosto del año dos mil nueve (2009), la abogada IRIS BEATRIZ FONSECA MATAMOROS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores FREDY DONALDO MÁRMOL VALLEJO, ÁNGEL DIONISIO MÁRMOL CHIRINOS Y YOVANY ALCIDES ZUNIGA MARTÍNEZ por suponerlos responsables de los delitos de TRAFICO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, celebró Audiencia Inicial en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil diez (2010), en la cual resolvió, entre otras cosas, lo siguiente: “… por lo tanto se decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de conformidad al artículo 296 No. 1 del Código Procesal Penal, “resulte probado que el hecho no ha existido o que no esta tipificado como delito o que el imputado no participo en su comisión”.- Por lo tanto se ordena a la señora Secretaria por Ley del despacho para que extienda las cartas de libertad correspondientes y el oficio de excarcelación de los señores ANGEL DIONICIO MÁRMOL CHIRINOS Y GEOVANNI ALCIDEZ ZUNIGA MARTÍNEZ por suponerlos responsables de los delitos de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS Y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO, siendo todo lo resuelto.-” (Ver folios mil quinientos dieciséis (F-1516) al mil quinientos treinta y cinco (F-1535) del tomo III de la pieza de los antecedentes).- 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la FISCALÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO a favor del ESTADO DE HONDURAS, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó sentencia en fecha diez (10) de abril del año dos mil catorce (2014), mediante la cual resolvió: “Primero.- Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el impetrante.- Segundo: REVOCAR la resolución dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, el dieciocho de mayo del año dos mil diez, en la causa instruida contra los señores ÁNGEL DIONISIO MÁRMOL Y GEOVANY ZÚNIGA MARTÍNEZ, por suponerlos responsables del delito de TRÁFICO DE DROGAS y LAVADO DE ACTIVOS; en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Tercero: SE ORDENA al Juez A-quo, que en auto motivado y en la audiencia que para tales efectos se señale, debe proveer la resolución judicial procedente en derecho y conforme las consideraciones establecidas por esta Corte, a fin de continuar con el trámite expedito del juicio.-…”; lo cual tuvo como consideraciones establecidas por la Corte de Apelaciones en motivación de su fallo revocatorio del sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado A Quo; que, en lo referente al ilícito penal de tráfico de drogas, se da lugar a la emisión de sobreseimiento provisional, dada la sospecha existente de que pudo existir dicho delito, dejándole así oportunidad al Ministerio Público para que en el futuro pueda aportar ulteriores elementos (Considerando CUARTO); mientras que en lo que respecta al delito de lavado de activos se dan los presupuestos requeridos para configurarlo, así como el indicio racional de participación de los imputados ÁNGEL DIONISIO MÁRMOL y GEOVANNI ALCIDES ZUÑIGA MARTÍNEZ, por lo que resulta procedente el dictado de auto de prisión en su contra. (Considerandos QUINTO y SEXTO). (Ver folios doce (F-12) al dieciséis (F-16) de la pieza de apelación).-4) Que la recurrente, abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO compareció ante este Alto Tribunal, en fecha diez (10) de junio del año dos mil catorce (2014), interponiendo Acción de Amparo, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-Quem de fecha diez (10) de abril del año dos mil catorce (2014), a que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. - Se tuvo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil catorce (2014), omitiéndose el traslado para dictamen fiscal por ser la Fiscalía del Ministerio Público parte en el asunto debatido en instancia.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha diez (10) de abril del año dos mil catorce (2014) por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, que declaró HA LUGAR un Recurso de Apelación interpuesto por la fiscalía del Ministerio Público contra de la resolución de fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil diez (2010), en la cual el Juzgado de Letras de Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida declaró un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO con relación a la causa instruida contra los señores FREDY DONALDO MÁRMOL VALLEJO, ÁNGEL DIONISIO MÁRMOL CHIRINOS Y YOVANY ALCIDES ZUNIGA MARTÍNEZ por imputárseles los delitos de TRAFICO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente; resolución que tiene como principal fundamento de actuaciones lo ya expresado en el Antecedente 3) de la presente sentencia de amparo.-CONSIDERANDO (4): Que en formalización del presente recurso por parte de la abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, en su condición y en fecha preindicada, expresa que los preceptos constitucionales que le han sido vulnerados o amenazados a la fiscalía del Ministerio Público son los derechos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, pues en el presente caso no se valoró que de la inspección ocular realizada a la lancha se desprende el hallazgo de una bolsa conteniendo polvo blanco, el cual resultó positivo, tal y como se desprende del dictamen toxicológico practicado a la misma, así como del acta de allanamiento practicada a la vivienda del señor ÁNGEL DIONISIO MÁRMOL, donde se encontró una mochila azul húmeda, la cual a través de una asistencia judicial en la República de Panamá, resultó contenía residuos de cocaína; aspectos que concatenados a los descritos con anterioridad nos llevan a determinar que los imputados efectivamente se encontraban realizando dicha actividad ilícita; lo cual no fue valorado debidamente en cuanto a la prueba ofertada y practicada en audiencia, en infracción a las reglas de la sana crítica.-CONSIDERANDO (5): Que la argumentación jurídica de la Abogada amparista alude también al quebrantamiento que supone la resolución impugnada respecto al principio de legalidad, contenido en forma garante en el artículo 321, inter alia, de la Constitución de la República. Refiere que, en aras de la seguridad jurídica, las resoluciones judiciales no deberían ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de una inspiración voluntarista, sino que una expresión razonada y razonable de la situación a la norma jurídica y que, en definitiva; la resolución en cuestión no ha aplicado la norma general al caso concreto, decretando el correspondiente auto de prisión por el delito de tráfico de drogas. Por todo lo cual solicita se tenga por formalizado el presente recurso y en definitiva se otorgue el amparo en vista a existir ultraje a los derechos ínsitos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (6): Que visto el caso y ponderados los argumentos esbozados por la recurrente en conjunto a los elementos de juicio que derivan del estudio exhaustivo de la foliada, encuentra la Sala Constitucional que resulta plausible la motivación empleada en la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida; misma que razonó que los elementos probatorios vertidos en audiencia producían indeterminación en cuanto a los requisitos exigidos legalmente para el dictado de un auto de prisión por el ilícito penal de tráfico de drogas, como es la plena prueba de su existencia como delito autónomo y los indicios racionales de participación de los encausados. Asimismo, que resulta razonable y congruente sobre bases constitucionales del juzgamiento, la revocatoria del auto de sobreseimiento definitivo y consiguiente emisión en su lugar de un sobreseimiento provisional en la causa, dada la sospecha de que realmente existió el referido delito, acorde su tipificación legal, dejándole así oportunidad a la Fiscalía del Ministerio Público para que en un plazo no superior a los cinco (5) años pueda acreditar ulteriores elementos probatorios de participación; mientras que, por otra parte, se consideró procedente el dictado de auto de prisión en contra de los imputados ÁNGEL DIONISIO MÁRMOL y GEOVANNI ALCIDES ZUÑIGA MARTÍNEZ en lo que respecta al delito de lavado de activos, por haberse acreditado la totalidad de los requisitos exigidos para su configuración legal.-CONSIDERANDO (7): Que por otra parte, cabe señalar que la fundamentación del presente recurso de amparo se reconduce en gran medida a la reiteración de consideraciones jurídicas y fácticas previamente conocidas y resueltas por la Corte Ad-Quem, en la forma preindicada en el Considerando anterior; de manera tal que esta Sala de lo Constitucional reitere lo ya resuelto en cuanto al dictado de auto de prisión ordenado por la Corte Ad-Quem en delito de lavado de activos y que se modifique el sobreseimiento provisional, emitido por el delito remanente, como es el ilícito penal de tráfico de drogas; lo cual no es procedente, constando en la motivación de la sentencia en mención la argumentación consistente, sólida y precisa del porque se dictó cada de uno de los descritos resolutivos, a los cuales asiste razón suficiente bajo las reglas de la sana crítica racional, según se sigue del fallo bajo estudio en esta sede de amparo constitucional.-CONSIDERANDO (8): Que la Sala no observa, en definitiva, quebrantamiento alguno al derecho al debido proceso, reconocido en forma garante en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, según invocado por la garantista; observándose que la cuestión debatida se resume en alegaciones de mera legalidad, dado que no hacen sino reiterar argumentaciones resueltas en su oportunidad por la Corte Ad-Quem, las cuales además dan lugar a la prosecución de la acción penal instaurada en proceso ordinario, sobre los hechos que se estiman probados en la resolución; quedándole franqueadas acciones a la Fiscalía del Ministerio Público, de cumplirse con los requisitos procesales que enmarca la Ley.[1] - CONSIDERANDO (9): Que por otra parte, la misma razón asiste para desestimar el presente recurso de amparo en cuanto al segundo reclamo instado por la abogada garantista, como es la infracción del artículo 321 de la Constitución de la República, pues resulta notorio que la jurisdicción ordinaria ha fallado el caso de merito dentro del ámbito de su competencia y que, acorde la continuada y pacífica jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, no resulta violentado tal derecho cuando el sentido de la resolución no coincidiere necesariamente con lo que pide la parte actora, para el caso, el dictado en vía de apelaciones de un auto de formal procesamiento, para todos y cada uno de los delitos impetrados en el requerimiento fiscal.-CONSIDERANDO (10): Que en definitiva, resulta compatible acorde a los estándares constitucionales la motivación concreta que desarrolla la Corte Ad-Quem al ordenar la apertura de formal procesamiento al caso, por parte del Juzgado A-Quo, únicamente para el tipo penal que obra plenamente acreditado en esta fase del proceso; lo cual no impediría la reapertura o prosecución de la causa por el delito sobreseído provisionalmente, de encontrarse nuevos elementos probatorios en ulteriores etapas del proceso, siempre y cuando se cumplimentaren los requisitos que ya enmarca el Código Procesal Penal, en observancia el consabido respeto que es preceptivo constitucionalmente en lo que concierne al debido proceso. En consecuencia y por todo lo antes expresado, procede el dictado de denegatoria a la presente acción de Amparo. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 4, 59, 80, 82, 90, 183, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45 y 46 numerales 1) y 9) de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Y a solicitud de la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA se Extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la de Sentencia de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0746-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL