Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-739-15 — Registro 13044

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resolvió recurso de apelación con relación a la causa instruida contra por el delito de usurpación de playa y delitos ambiental en perjuicio del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (2): Que la recurrente Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, en fecha trece de diciembre del año dos mil dieciséis, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia antes referida que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico de la Sala, exponiendo los argumentos ya conocidos en interposición y formalización de la acción de amparo. En consecuencia, la pretensión del recurrente no es de recibo, los argumentos con los que comparece son los mismos que ya han sido analizados por esta Sala y se ha dado respuesta, siendo el contexto de la sentencia claro y razonando de acuerdo al estudio de los antecedentes y el fallo recurrido. CONSIDERANDO (3): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Juan Sánchez Cantillano, a favor del señor Jesús Mauricio Zacapa Zepeda, contra la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintidós de abril de dos mil quince, que resolvió un Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha doce de diciembre de dos mil catorce; con relación a la causa instruida contra el señor Jesús Mauricio Zacapa Zepeda, por suponerlo responsable del delito de Usurpación de Playa y Delitos Ambiental en perjuicio del Estado de Honduras.- A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho de agosto del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, la abogada Taryn Arlette Moreno Zelaya, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor Jesús Mauricio Zacapa Zepeda, por suponerlo responsable del delito de Usurpación de Playa y Delito Ambiental en perjuicio del Estado de Honduras.- 2) Que en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, en la continuación de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras citado resolvió: DECRETA: 1.- AUTO DE PRISION en contra del señor Jesús Mauricio Zacapa Zepeda en su condición de representante legal de la Sociedad Club La Alambra.- 3) Que en fecha veintidós de abril del año dos mil quince, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, FALLA: Primero: NoHa Lugar al Recurso de Apelación. SEGUNDO: SE CONFIRMA la resolución de fecha doce de diciembre del años dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida.- 4) Que el recurrente el abogado Juan Sánchez Cantillano, compareció ante este Tribunal, en fecha tres de agosto del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del señor Jesús Mauricio Zacapa Zepeda, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintidós de abril del año dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha nueve de marzo del año dos mil dieciséis, esta Sala tuvo por formalizada la Acción de Amparo y ordenó seguir con el procedimiento omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5) en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veintidós de abril del año dos mil quince, por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual declara Sin Lugar el Recurso de Apelación, interpuesto por el recurrente contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, en fecha doce de diciembre del año dos mil catorce. En relación a la causa instruida contra el señor Jesús Mauricio Zacapa Zepeda por suponerlo responsable del delito de Usurpación de Playa y Delito Ambiental en perjuicio del Estado de Honduras.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en el acápite que corresponde a la relación de Hechos que motivan el recurso de amparo, expone: (los numerales son nuestros) 1.- Que en fecha veintiocho de agosto del año dos mil trece la Procuraduría del Ambiente presentó ante el Juzgado de letras Seccional de Tela, Atlántida, requerimiento fiscal contra el señor Jesús Mauricio Zacapa por suponerlo responsable del delito de Daños Gravados al Ambiente. 2.- Estando el proceso en trámite para escuchar la declaración de imputado, el señor Jesús Mauricio Zacapa en tal condición y la Procuraduría Del Ambiente llegaron a un arreglo conciliatorio. 3.- El veintitrés de octubre del dos mil trece, la Procuraduría del Ambiente presentó escrito retirando la acusación, solicitando al Juzgado la homologación de una conciliación realizada en sede administrativa. 4.- El acuerdo conciliatorio consistió en lo siguiente: El imputado extendió un cheque por valor de ciento cinco mil Lempiras exactos (L 105.000.00) a la fundación PROLANSATE y se comprometió a entregar la cantidad de 3,300 plantas de Guana a la misma fundación, concediendo el Juzgado referido un plazo de prueba de seis (6) meses para el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Obligaciones que fueron cumplidas como consta en los antecedentes a folios 164 y 169 de la primera pieza de autos; extinguiéndose la acción penal contra el imputado. CONSIDERANDO (5): Que el impetrante manifiesta: que posteriormente comparece el Ministerio Público y acusadores privados, ampliando el requerimiento fiscal y sobre los mismos hechos de la imputación que le dirigiera la Procuraduría del Ambiente, haciendo nuevas calificaciones delictivas y alegando nuevas circunstancias punitivas contra el señor Jesús Mauricio Zacapa Zepeda, acusando en este momento también de los delitos de usurpación específicamente en la distancia legal de su protección cien metros (100 Mts.) de la marea más alta del mar, donde se encuentra parte del proyecto turístico del imputado y el Delito Ambiental, por la ausencia de una Planta de tratamiento de las Aguas Residuales provenientes del proyecto, y que con ello aducen el incumplimiento de las Normas Técnicas de Descargas de Aguas residuales a Cuerpos Receptores de Agua. Sigue diciendo el recurrente que “esas nuevas calificaciones y nuevos alegatos de circunstancias las fundan sobre los mismos hechos imputables y en el mismo expediente judicial que contiene el proceso penal donde se había Homologados los Acuerdos Conciliatorios entre el señor Jesús Mauricio Zacapa Zepeda y la ya sustituida Procuraduría del Ambiente; señala el impetrante que todo ello “es una flagrante infracción a la Norma Constitucional y procesal de burlarse de la aplicación de medidas alternas o desjudicializadoras al proceso penal, como es la figura de la CONCILIACIÓN que extingue la acción penal una vez consumadas las obligaciones contraídas en los arreglos conciliatorios”. Dice que contra esta pretensión se interpuso el incidente procesal de extinción de la acción penal ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, rechazando dicha petición aduciendo que se trataba de otros hechos punitivos y otras calificaciones delictivas, por ello recurrió ante la Corte Primera de Apelaciones de Ceiba, departamento de Atlántida, la que también manifestó que se trataba de otros hechos punitivos y otras calificaciones delictivas, pero ambos órganos jurisdiccionales a sabiendas o por ignorancia ni siquiera observaron que se trataba de los mismos hechos punibles que había motivado el requerimiento presentado por la Procuraduría del Ambiente, solo que ahora modifica su calificación y alega nuevas circunstancias; violentando con ello el principio NON BIS IN IDEM.- CONSIDERANDO (6): Que el recurrente considera que la resolución dictada por el Ad-Quem vulnera las garantías y derechos constitucionales siguientes: La Seguridad Jurídica, en base al principio de seguridad jurídica del NON BIS IN IDEM que dispone el artículo 95 constitucional que establece: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos”. Por su parte el Código Procesal Penal en su artículo 11 desarrolla la prohibición de doble juzgamiento cuando dice: “Ninguna persona podrá ser nuevamente juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias”. Manifiesta además que la Corte de Apelaciones razona que debe someterse el imputado nuevamente para que sea juzgado, obviamente, violenta ese pensamiento judicial del principio Non Bis In Idem, pues resulta evidente y constatable probatoriamente, que en ese mismo expediente judicial del proceso penal, los hechos punitivos fueron extinguidos y es posterior a esa fecha de la homologación judicial y cumplidas las obligaciones por parte del imputado que se amplia el requerimiento Fiscal…. Considerando el impetrante que la seguridad jurídica que en un momento le garantizó el Poder Judicial al homologar los acuerdos ya no existen, “ya que sobre esos mismos hechos que se le imputaron y sobre el mismo proceso penal (no otro expediente, no otros requerimiento fiscal) la Corte de Apelaciones le quiere forzar la imputación y llevarse de encuentro la norma constitucional que prohíbe reabrir procesos penales, lo que se plantea es la extinción de la acción penal como consecuencia del cumplimiento de los acuerdos de conciliación que había sido homologados por la autoridad judicial, que como consecuencia de la acusación interpuesta por la procuraduría del ambiente versaba en esencia esa extinción de la acción penal sobre estos mismos hechos punitivos….-CONSIDERANDO (7):Que el recurrente señala que los hechos que generan la conciliación son precisamente el haber construido un complejo turístico dentro de los cien metros donde la ley ya prohíbe construir, contados desde la marea más alta y que dicha construcción trajo consecuentemente daños al ambiente, eso es precisamente lo conciliado… y, ahora solo que bajo la denominación de Usurpación de Playa y Delito Ambiental se le pretende llevar a juicio nuevamente vía supuesta ampliación de requerimiento Fiscal.- CONSIDERANDO (8):Que el impetrante manifiesta que desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la extinción de la acción penal, esta produce la cosa juzgada, ya que así lo define el legislador cuando dice el Código Penal en su artículo 45 párrafo cuarto: “Sin embargo, la extinción de la acción penal tendrá efectos a partir del momento en que el imputado cumpla con todas las obligaciones contraídas para tal propósito podrá fijarse un plazo máximo de (1) año, durante el cual se suspende la prescripción de la acción penal”. Sigue manifestando que en el caso que nos ocupa esa extinción surgió desde el momento mismo que el imputado Jesús Mauricio Zacapa Zepeda había cumplido con las obligaciones definidas en los acuerdos conciliatorios, resultando irrelevante el plazo de seis (6) meses señalado por el Juez de Letras porque las obligaciones ya habían sido cumplidas, por lo que al producirse la homologación de los acuerdos la extinción de la acción penal surgió a la vida jurídica la cosa juzgada, que es la garantía que tiene el señor Jesús Mauricio Zacapa Zepeda y todo acusado a defender su derecho a no ser juzgado penalmente más de una vez por unos mismos hechos punitivos; es decir, la cosa juzgada que se deriva de la extinción de la acción penal, es una de las manifestaciones en las que se proyecta el derecho a un proceso con todas las garantías previstas en el artículo 90 constitucional pues tiene evidentes conexiones jurídicas con el principio Non Bis In Idem. Para concluir señala:”La cosa juzgada es una proyección de la seguridad jurídica que, en su sentido formal, significa firmeza y dentro del proceso produce la impugnabilidad de una resolución y la ejecutabilidad de la misma; mientras que en su sentido material, implica que el objeto procesal no puede volver a ser investigado, controvertido o propuesto en el mismo proceso ni en algún otro posterior, siendo esta la regla general”.- CONSIDERANDO (9):Que el Tribunal de Alzada impugnado, en su resolución acápite de los antecedentes procesales deja establecido lo siguiente: (sic) “PRIMERO: Según los antecedentes del caso, la causa penal inicia en fecha veintiocho de Agosto del año dos mil trece cuando la Procuraduría del Ambiente presente ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida, requerimiento fiscal contra Jesús Mauricio Zacapa por el delito de Daños agravados al ambiente en perjuicio del Estado de Honduras”. A continuación señala los diferentes actuaciones realizadas por el órgano jurisdiccional, así como que en fecha veintitrés de Octubre del mismo año la Procuraduría del Ambiente presentó escrito retirando la Acusación, solicitando al Juzgado la Homologación de una conciliación realizada en sede administrativa, acuerdo conciliatorio homologado el veinte de noviembre del año dos mil trece,(las negritas son nuestras) mediante el cual el imputado extendió un cheque por valor de ciento cinco mil Lempiras(L 105.000.00) a favor de PROSALANTE y se comprometió a entregar 3,300 plantas de Guama, además el Juzgado dio un plazo de prueba de seis meses para el cumplimiento de dicho acuerdo.- CONSIDERANDO (10):Que del estudio de los antecedentes quedan establecidos los hechos por los que, La Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales en fecha veintiocho de agosto del dos mil trece, presentó Requerimiento Fiscal contra el señor Jesús Mauricio Zacapa de acuerdo a la Relación Sucinta de los Hechos (sic) PRIMERO: en fecha 11 de marzo del 2013, esta Procuraduría del Ambiente recibe formal denuncia por la comisión de delito ambiental debido a la construcción de un complejo de apartamentos frente a la playa en la localidad del Triunfo de la Cruz, Municipio de Tela, departamento de Atlántida, específicamente en la Colonia Zacapa, el proyecto se está comercializando con el nombre de “Playa Escondida Beach Club” cuyo desarrollo está a cargo de la constructora Williams y Asociados. SEGUNDO: Que el señor Jesús Mauricio Zacapa Zepeda, en su condición de Representante Legal de la empresa Club La Alambra S.A., en fecha once de febrero del dos mil once, solicitó autorización ambiental para el desarrollo del Proyecto “Villas de descanso y recreación, Playa Escondida Beach Club” misma que fue otorgada mediante Resolución SERNA número 2958-2011 de fecha treinta de noviembre del dos mil once, Certificación de la Resolución Número 01-R-2012 otorgada al proponente, Licencia Ambiental Número 033-2012 de fecha quince de febrero del dos mil doce. TERCERO: En la resolución No. 2958-2011, para el otorgamiento de Licencia se analizan una serie de dictamines técnicos entre ellos: Información Técnico No. 660/2011 primero de abril dos mil once, realizado por el Ingeniero Carlos Cano, analista ambiental de la DECA/SERNA en unos de los resultados de la inspección el técnico Carlos Cano manifiesta en el inciso ocho (8) lo siguiente: El lote limita con la última ola, a una distancia aproximada de 10 a 12 metros, al igual manifiesta que el sitio donde se pretende construir el Proyecto se encuentra en un área protegida llamada Parque Nacional Punta Izopo; por lo que es necesario contar con un pronunciamiento referente a la construcción y operación del mismo; dicho pronunciamiento le corresponde al Instituto de Conservación Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre I.C.F., mismo que se pronuncia mediante Dictamen Técnico OFL-ICF-TELA-No.053-2011, de fecha cuatro de julio del dos mil once realizado por los señores Ingeniero Gustavo Adolfo Gonzáles García, Técnico de Áreas Protegidas de ICF de Tela; Nelbin Adalberto Bustamante Licona, Técnico PROLANSATE, PNPI Co-manejador del área Protegida; Miguel Ángel Ordóñez, Técnico UMA, relatando lo siguiente: “El proyecto a desarrollarse se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Punta Izopo por lo que debe enmarcarse dentro de la normativa del Plan de Manejo; según la Ley Forestar, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto98-2007) en el artículo 123 Numeral 3) las zonas forestales costeras marítimas y lacustres estarán protegidas por una franja no menor de cien metros (100mts) de ancho a partir de la línea de marea mas alta o el nivel mas alto que alcance el lago o laguna. Aquí igualmente se dejó plasmado que se tenía que respetar los 100 metros a partir de la marea más alta. De la misma forma el Dictamen técnico CAP -041 -2011 del Ingeniero Sergio Martínez, Coordinador de Áreas Protegidas de Regional de Atlántida establece: Que el proyecto es factible siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley con lo mencionado a los cien metros (100 Mts.). El dictamen Técnico DAP -054 -2011, el departamento de Áreas Protegidas del ICF en relación al auto emitido por la Secretaría General, donde se solicita pronunciamiento en relación a la solicitud de Licencia Ambiental para el desarrollo del Proyecto “Villas de Descanso y recreación Playa Escondida” establece los siguiente: Se debe cumplir con la Ley que establece que en zonas forestales, costeras marítima y lacustres estarán protegidas por una franja no menor de cien metros (100 metros) de ancho a partir de la línea de marea más alta. CUARTO: Es de esta manera que se plasma en la resolución 2958-2011, en el “Titulo etapa de Construcción” en su inciso 2 … “Para llevar a cabo la construcción del proyecto se deberá acomodar o respetar la distancia respecto a la franja de protección de 100 metros, tomando como punto de referencias la marea mas alta tal como lo establece la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto 98-2007 (artículo 123 numeral 3) y su Reglamento garantizando la protección de las Zonas forestales marítimas y Lacustres de la Zona Colindante con el proyecto”. Como se puede concluir en todos los dictámenes, al igual que en la certificación de la Resolución Número 01-R2012 otorgada al proponente. QUINTO: Esta Procuraduría del ambiente acompañada por Dennis Sierra de PROLANSATE y Wilson Morales del Instituto de conservación Forestal, se presentó al sitio de construcción del proyecto con el propósito de corroborar la veracidad de los hechos planteados en la denuncia, constatando que dicho proyecto no respetó la distancia de protección de los 100 metros; cabe destacar que en el recorrido que hicieron los técnicos también pudieron constatar usurpación de espacios de Vida Silvestre y Playa(el subrayado y negritas son nuestras), así como incumplimiento de las medidas de mitigación interpuesta por la Secretaría de Recursos Naturales y ambiente”. Que el delito que se le imputa por hechos descritos es el de Daños Agravados, artículo 255 No. 6 del código Penal vigente de la Ley forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, cabe señalar que el artículo 192 de la misma Ley Forestal establece la circunstancias Agravantes numerales 1 y 6 que literalmente dicen: “Ejecutar el hecho en áreas protegidas independientemente de su categoría de manejo” y ejecutarlo con riesgo de deterioro grave o irreversible de los Recursos naturales y el ambiente; y el artículo 123 No. 3 de la misma Ley Forestal; los artículo 59, 62, 70 y 145 de la Constitución de la República; 1, 4, 5, y 13 y demás aplicables de la Ley de la Procuraduría del Ambiente y Recursos naturales, 2, 11 numeral 7 de su Reglamente; 3, 13, 14,18,19 numeral 1 y 31, 32 párrafo 2do.,35, 254, 255, numeral 8 y demás aplicables del Código Penal.- CONSIDERANDO (11):Que de los mismos antecedentes se aprecia (Folio 144 del Tomo I) el escrito presentado por la representante procesal de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, mediante el cual manifiesta que: “SE RETIRA ACUSACIÓN POR EFECTUARSE CONCILIACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA.- SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS”. En el cuerpo del documento la compareciente expone una relación detallada de los hechos que motivaron la presentación del requerimiento fiscal, en el numeral segundo: Señala que en fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece ante la Procuraduría del Ambiente la representante procesal del imputado presentó escrito solicitando: (Sic) “CONCILIACIÓN, MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA.- QUE UNA VEZ CONCILIADO SE RETIRE EL REQUERIMIENTO PRESENTADO Y SE CIERRE EL EXPEDIENTE SIN MÁS TRÁMITE”. En el numeral tercero “En fecha quince de octubre del año dos mil trece se dictó la resolución PARN No. 31-2013 donde se resolvió lo siguiente: a) declara Con Lugar la solicitud de conciliación antes relacionada. b) Que el investigado como representante legal de la sociedad CLUB ALHAMBRA S.A., deberá proceder al pago a la Fundación PROLANSATE de quince salarios mensuales por SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (l. 7,000.00) de un año de un GUARDA RECURSO, lo que hará por medio de cheque certificado a nombre de esa Institución el día de la firma del ACTA DE CONCILIACIÓN”…, además señala la urgente necesidad de compensar la pérdida del recurso de humedad y particularmente crear o fortalecer reservas naturales…. Reforestación por parte del imputado de los lugares conocidos como Miramar, Santiago, el Portillo, La Esperanza, y las partes altas de estas comunidades…, reforestación que deberá hacerse bajo los parámetros indicados por el ICF de Tela, departamento de Atlántida, La Dirección de la Áreas Protegidas y Vida Silvestre, La Unidad Municipal Ambiental de Tela…. En el numeral cuarto señala que en fecha diecisiete de octubre se procedió a firmar el ACTA DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR CONCILIACIÓN entregando un cheque certificado a favor de PROSALANTE por valor de CIENTO CINCO MIL LEMPIRAS (l. 105.000.00.00) y quedando el compromiso de la reforestación en el área determinada de al menos tres hectáreas con 3300 plantas totales.- CONSIDERANDO (12): Que la Jueza de Letras Seccional que estaba conocimiento de la causa al tener por presentando el escrito referido en el antecedente anterior, procedió a señalar Audiencia de Homologación de Acuerdo Conciliatorio; en la cual se resolvió entre otras que asimismo consta que el cheque fue recibido por el contador de la fundación en fecha veintitrés de octubre del dos mil trece en la ciudad de Tela, de igual manera se presentó constancia de fecha veinticinco de octubre del presente año por el Director Ejecutivo de la Fundación PROLANSATE que del Proyecto Villa de Descanso y Recreación Playa Escondida, realizó entrega de tres mil trescientas plantas de Guama a dicha institución, las que serán utilizadas para proyectos de reforestación de las comunidades de Triunfo de la Cruz, San Francisco de Saco, Las Palmas, Hicaque, Boquete y Arizona, ya que el proyecto en mención no pudo establecer la siembra de las mismas debido a que las zonas establecidas por el ICF, en su mayoría son propiedades privadas. 2.- Que considerando que dicho acuerdo conciliatorio no entraña fraude de ley por lo que, es factible dar por homologado el mismo. 3.- Fijándose un periodo de prueba a la Sociedad Alhambra S.A., a través de su representante legal el señor Jesús Mauricio Zacapa Zepeda, de seis meses contados a partir de la fecha (veinte de noviembre de dos mil trece), para que cumpla con lo estipulado en el acuerdo presentando por las partes….-CONSIDERANDO (13): Que dentro de los principios básicos de nuestro proceso penal encontramos en el artículo ocho (8) del Código Procesal Penal que la finalidad del Proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal, debiendo los operadores de justicia adoptar las medidas necesarias para lograr la neutralización de los efectos del delito, para que cesen los efectos producidos por la comisión del hecho punible y que las cosas vuelvan al estado antes de que hubieran producido. Asimismo se encuentra el principio constitucional de la prohibición de doble juzgamiento en el artículo once de la normativa precitada, de igual forma se establece que la interpretación de pasajes oscuros de la Ley penal se aplicaran del modo que más favorezca a la persona imputada.- CONSIDERANDO (14): Que la extinción de la Acción Penal se puede dar por distintas razones entre ellas por el efecto de la cosa juzgada y/o por conciliación en las faltas y los delitos cuando se admita la suspensión condicional de la persecución penal, entre otras causales ya determinadas por la Ley; en la presente causa el amparista manifiesta que su representando llego a una conciliación con el Estado de Honduras a través de la Procuraduría del Ambiente, el cual fue homologado por el órgano jurisdiccional, en un momento procesal valido, por lo que debía de seguirse relata el Código Procesal Penal en su artículo 45 con la declaración de la extinción de la acción penal, la cual tendría efectos a partir del momento en que el imputado cumpliera con todas las obligaciones contraídas; como ya ha sido señalado, el A-Quo en su acto jurisdiccional de homologación indica que el señor Zacapa Zepeda ya había cumplido con las dos condiciones que se han pactado en el arreglo con la Procuraduría del Ambiente, aun así estableció un plazo de seis meses para acreditar el cumplimiento de lo que la misma Jueza ya había dado por bien hecho, situación que paso inadvertida a ambas partes procesales, quienes no manifestaron su disconformidad, presumiéndose su anuencia.- CONSIDERANDO (15): Que el Ministerio Público presentó en fecha veintidós de enero del año dos mil catorce, (folio No. 172 al 184 del Tomo No. I), ampliación de Requerimiento fiscal por los delitos de usurpación de Playa y Delito Ambiental. En fecha doce de septiembre del año dos mil catorce, se celebró la audiencia inicial, en la que, el A-Quo dictó Auto de formal procesamiento contra el imputado, quedando sujeto a medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. No consta en los antecedentes que haya sido recurrida dicha resolución.-CONSIDERANDO (16): En que al hacer una simple lectura de los requerimientos realizados tanto por la Procuraduría del Ambiente como el posterior del Ministerio Público, se observar una completa similitud de los supuestos hechos constitutivos de los delitos por los cuales se acusaba al encartado ya señalado, encontrándose una similitud en los informes y denuncias que fundamentan para que ambos entes hayan actuado ante jueza competente para la prosecución de la acción penal. La diferencia consiste en los delitos que se tipifican por los dos actores de la causa, sin mediar alguna diferencia adicional a los hechos ya conciliados por el Estado de Honduras ante el hoy amparista.- CONSIDERANDO (17):Que en fecha nueve de diciembre del año dos mil catorce se celebró Audiencia Preliminar en la que se evacuó la excepción de la extinción de la acción penal y la revisión de medida cautelar a la que esta sujeto el encartado, invocadas por la defensa del acusado, las que fueron declaradas Sin Lugar, siendo recurrida ante la Corte de Apelaciones de aquella Sección Judicial, que en su Motivación Fáctica Jurídica, en lo concerniente, inciso Quinto hace referencia a la conciliación cuyos acuerdos son homologados por el órgano jurisdiccional y se extingue la acción penal, expresando además: (sic) “sin embargo, la extinción de la acción penal tendrá efectos a partir del momento en que el imputado cumpla con las obligaciones contraídas para tal propósito podrá fijarse el plazo máximo de un año durante el cual se suspende la prescripción de la acción penal; en el delito de daños agravados se concilió se fijó un plazo de seis meses, plazo que no fue objetado por la defensa del imputado, por lo que no puede ser achacado como error del Juez dado que la misma Ley Procesal otorga la facultad de fijar un plazo para cumplir con dichas obligaciones y efectivamente el imputado cumplió con las obligaciones con respecto al delito de Daños agravados, sin embargo al imputado le fue ampliado el requerimiento por los delitos de Usurpación de Playa y Delito Ambiental, mismos que están siendo objeto de juzgamiento y que no pueden ser considerados como los mismos hechos, ya que si bien inicialmente la Procuraduría del Ambiente solo acusó por daños agravados, lo anterior no obsta para que el Ministerio Fiscal, como representante de los intereses de la sociedad no pudiera ampliar el requerimiento al considerar que se habían cometido más delitos, considerando que el ente fiscal tiene la acción penal pública, aunado que se trata de delitos contra el medio ambiente por lo que el hecho que la acusación la haya presentado en su momento la Procuraduría del Ambiente, ello no implica que el Ministerio Público no pudiera actuar válidamente en el proceso; que ante lo anterior resulta impertinente el agravio del recurrente”. Por lo que declaró No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa del acusado (Folios números 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33 del expediente de amparo).-CONSIDERANDO (18):Que el impetrante manifiesta que se ha extinguido la Acción Penal como resultado de la conciliación relacionada en el considerando que antecede, en consecuencia se trata de Cosa Juzgada, por lo que pretender un nuevo juzgamiento sobre los mismos hechos vulnera el principio de la Seguridad Jurídica del NOM BIS IN IDEM, constitucionalmente reconocido. Que del estudio de la Foliada esta Sala desde una perspectiva constitucional estima que la controversia planteada se contrae a determinar si mediante la resolución dictada por el Ad-Quem, se quebranta, la Cosa juzgada y en derivación la Seguridad jurídica por vulneración al principio NON BIS IN IDEM. Procediendo al análisis resulta de los antecedentes que ciertamente, es de recibo el hecho de que el representado del recurrente se sometió a una conciliación, cuyos acuerdos conciliatorios fueron cumplidos en todos sus extremos tal como consta en autos, conciliación que fue homologada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida, procede en consecuencia analizar la procedencia o no de la Cosa Juzgada.- CONSIDERANDO (19): Que la llamada Cosa Juzgada constituye un efecto procesal de la resolución judicial firme que impide que lo que ya se ha resuelto sea nuevamente revisado en el mismo proceso o en otro proceso, por lo que la excepción de la Cosa juzgada es el medio para materializar el NON BIS IN IDEM, que constituye una garantía constitucional de la administración de Justicia, contenida en el artículo 95 de la Constitución de la República, artículo ocho (8) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, así como el artículo 11 del Código Procesal Penal, que establecen la garantía de que una persona no podrá ser juzgada dos veces por los mismos hechos. “El pronunciamiento judicial a que hace alusión, es la sentencia, o los autos con carácter de tal- que tienen la virtud de cerrar en forma definitiva e irrevocable la discusión del asunto, características que solo reúne la sentencia, o los autos con carácter de tal, que por la naturaleza de la cuestión que resuelven, implican la finalización y cierre del proceso, como sucede por ejemplo dentro del proceso penal, con las resoluciones que acoge la excepción de prescripción de la acción penal, o lo que constituye su manifestación mas común, las sentencias de sobreseimiento dictas interlocutoriamente y las sentencias condenatorias o absolutorias que se hayan dictado luego del debate”[1]. “La cosa juzgada es pues, un atributo que la ley asigna a la sentencia cuando se dan los requisitos necesarios para que quede firme y sea inmutable, y es contemplada como uno de los principios integrantes del debido proceso…”[2].-CONSIDERANDO (20): Que de acuerdo a lo establecido en el considerando que antecede, en relación a la cosa Juzgada, es preciso entonces, analizar las actuaciones realizadas por el órgano jurisdiccional y las partes, desde el veinte de noviembre del año dos mil trece en que el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, celebró la audiencia de Homologación del Acuerdo Conciliatorio, verificando que ciertamente el imputado había cumplido los acuerdos conciliatorios. Una vez homologado el acuerdo conciliatorio, no aparece ninguna actuación procesal en el expediente en estudio, sino hasta el día veintidós de enero del año dos mil catorce, en que el Ministerio Público comparece presentando ampliación de Requerimiento Fiscal por los delitos de Usurpación de Playa y Delito ambiental con las consiguientes actuaciones procesales. El impetrante argumenta que no procede la ampliación del requerimiento fiscal precisamente por tratarse de cosa juzgada; por su parte el código Procesal Penal dispone en el artículo 42 las causas de extinción de la acción penal, específicamente en su numeral sexto (6) dice: “Por efectos de la cosa juzgada”, por su parte el artículo 45 contiene la figura jurídica de la Conciliación y dice en el numeral cuarto (4): “Cuando se produzca la conciliación, el órgano jurisdiccional homologará los acuerdos y declarará extinguida la acción penal”. Dispone además que “la extinción de la acción penal tendrá efectos a partir del momento en que el imputado cumpla con las obligaciones contraídas. Para tal propósito podrá fijarse el plazo máximo de un año, durante el cual se suspende la prescripción de la acción penal”. Por su parte el artículo 296numeral tercero del Código Procesal Penal dispone que proceda dictar sobreseimiento definitivo “Cuando se ha extinguido la acción penal”.- CONSIDERANDO (21): Que nos encontramos con que en el artículo 46 del Código Procesal Penal se enumeran las excepciones que son admisibles en este tipo de procesos, estando en el numeral tercero (3): la extinción de la acción penal, la cual se podrá interponer en cualquier etapa del proceso.- CONSIDERANDO (22): Que la controversia gira en torno a la cosa juzgada mediante la cual se materializa el NE BIS IN IDEM, esta Sala después del estudio minucioso de los antecedentes y de la resolución recurrida observa: 1.- Efectivamente, consta en autos que en fecha veinte de noviembre del año dos mil trece (F. 167 Tomo I), se homologó la conciliación acordada por las partes, representada por la Procuraduría del Ambiente y el imputado; 2.- Consta en los antecedentes que el imputado dio cumplimiento a los acuerdos conciliatorios;3.- Consta la resolución del A-Quo mediante la cual describe la forma en que fueron cumplidos los acuerdos conciliatorios (F. 168 Tomo I). Así como que no entraña fraude de Ley por lo que procede su Homologación, fijando un período de prueba de seis meses contados a partir de la fecha (20 de noviembre 2013). Aprecia esta Sala que la resolución judicial fue consentida por las partes, por lo que obviamente han aceptado un período de prueba de seis meses, tiempo durante el cual se suspende la prescripción de la acción penal. Al respecto se pronuncia esta Sala que de acuerdo a dicha resolución, en el momento en que el Ministerio Público presenta la ampliación de la acusación no se ha extinguido la acción penal, no existe aún cosa juzgada, y ello es así porque las partes consintieron un período de prueba de seis meses, tiempo durante el cual el proceso sigue abierto, porque la prescripción de la acción penal se suspende hasta el día en que se cumplan los seis meses, y siendo reiterativa la Sala, observa que dicha resolución fue consentida por las partes en conflicto.-CONSIDERANDO (23): Que la figura de la Conciliación es un mecanismo de solución de controversias, mediante la cual las partes evitan ir a juicio, el efecto de esta figura jurídica es que extingue la acción penal, extinguida la acción penal procede entonces que el órgano jurisdiccional decrete el correspondiente sobreseimiento definitivo y firme que sea, adquiera el carácter de cosa juzgada. Entendiendo que la “Cosa juzgada es atributo que la ley asigna a la sentencia cuando se dan los requisitos necesarios para que quede firme y sea inmutable”, resultando en el Caso de autos que si bien es cierto existe una conciliación, también lo es, el hecho de que, en el expediente de mérito nunca se dictó una resolución que pusiera fin al proceso con autoridad de cosa juzgada material, la resolución dictada por el A quo en la audiencia de homologación de acuerdos conciliatorios, no implica la finalización y cierre del proceso, puesto que nunca se decretó la extinción de la acción penal y menos se dictó sobreseimiento definitivo que así lo declarase, antes bien, dejó abierto dicho proceso por el término de seis (6) meses como período de prueba, a lo que no se opuso la defensa del acusado, lo que permite al ente acusador ampliar la acusación. A la luz de la justicia constitucional esta Sala debe pronunciarse que de acuerdo a los postulados relacionados no cabe hablar de vulneración al principio de seguridad Jurídica Non bis in Idem, tal como acontece, estando el proceso abierto (con un período de prueba de seis (6) meses) es procedente el actuar del ente acusador. Por otra parte se analiza la exposición de ampliación del Requerimiento Fiscal resultando que el examen de la nueva conducta que se imputa al acusado resulta independiente a la que se revisó anteriormente.- CONSIDERANDO (24):Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, consecuentemente del estudio de la foliada resulta que la invocación de quebrantamiento expresada por el impetrante no es de recibo, por todo ello en el ámbito de protección tutelar que provee la Constitución de la República, procede en derecho dictar resolución denegatoria a la presente acción de amparo.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 95 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; artículos 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 11 del Código Procesal Penal; artículos 8 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 8 y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Juan Sánchez Cantillano a favor del señor Jesús Mauricio Zacapa Zepeda, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintidós de abril del año dos mil quince. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de noviembre de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, actuando en representación del señor JESUS MAURICIO ZACAPA ZEPEDA; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis, que falla DENEGANDO la acción de AMPARO interpuesta por el recurrente, contra la resolución de fecha veintidós de abril del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, con relación al proceso instruido contra el señor JESUS MAURICIO ZACAPA ZEPEDA, por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN DE PLAYA Y DELITO AMBIENTAL, en perjuicio del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes, que en fecha tres de agosto del año dos mil quince, compareció ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, interponiendo acción de amparo a favor del señor JESUS MAURICIO ZACAPA ZEPEDA. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis, mediante la cual falló Denegando la acción de amparo de que se hizo mérito. CONSIDERANDO (2): Que la recurrente Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, en fecha trece de diciembre del año dos mil dieciséis, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia antes referida que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico de la Sala, exponiendo los argumentos ya conocidos en interposición y formalización de la acción de amparo. En consecuencia, la pretensión del recurrente no es de recibo, los argumentos con los que comparece son los mismos que ya han sido analizados por esta Sala y se ha dado respuesta, siendo el contexto de la sentencia claro y razonando de acuerdo al estudio de los antecedentes y el fallo recurrido. CONSIDERANDO (3): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 41, 120 párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, a favor del señor JESUS MAURICIO ZACAPA, por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIDORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia y de la resolución de fechas trece de septiembre y siete de noviembre de dos mil dieciocho, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en éste Tribunal bajo el número SCO-0739-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Herrera Fonseca Rodrigo. Jurisprudencia constitucional sobre Principios del debido Proceso Penal. Editorial Investigaciones Jurídicas. S.A. San José, Costa Rica. Págs. 27 y 28.

[2] Idem. Pág. 29.