Sentencia AP-705-15 — Registro 6043
Resumen
Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que decretó auto de formal procesamiento contra dos de los imputados (Guardias de Seguridad del Poder Judicial) y sobreseimiento provisional a favor del tercer imputado por considerar que contra éste a pesar de haber plena prueba de la comisión del delito no hay indicio racional de haber tenido participación en el mismo, todos por suponerlos responsables del delito de Evasión en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida Revocó sobreseimiento provisional y ordenó dictar Auto de Formal Procesamiento al imputado Noel Antonio Escoto Rodríguez; Confirmando los Autos de Formal Procesamiento ya dictados por considerar que los imputados participaron en un hecho constitutivo de delito, lo que está debidamente comprobado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido, contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. La jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos añade por primera vez en el Caso Mohamed Vs. Argentina que lo anterior: “contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias”. Es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana que el artículo 8.1 que rectora las reglas del proceso legal, por ende, los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad que están establecidos por el artículo en referencia son elementos esenciales del debido proceso legal.- CONSIDERANDO (10): Se afirma que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión antes las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha.- CONSIDERANDO (11): Que consagrado dentro del Derecho al debido proceso intrínsecamente se encuentra ligado con el derecho a la Defensa, es un derecho para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en los siguientes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vinculan a todos como un “Derecho Superior”.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."en relación, a la declaración de la testigo Abogada KARLA MAGDALENA VASQUEZ actuando en su condición de Juez de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, esta Sala de lo Constitucional estima que de la relación de los hechos del delito de Evasión y las funciones que desempaña en el momento que ocurrieron los hechos, no le es aplicable el delito que se le imputan a los guardias de seguridad, en virtud que la testigo en ningún momento se desempañan como tal, siendo su función meramente jurisdiccional como JUEZ DE LETRAS DE LO PENAL de turno..."..."en relación al Jefe de Seguridad señor ONOFRE OYUELA ANDINO, encargado de las Cámaras quien no se encontraba en el momento de los hechos no constando en el expediente de mérito su presencia en el día y lugar del acontecimiento de los hechos, por quien de igual manera no existe el mínimo indicio de la responsabilidad de los mismos, al encontrarse en su casa de habitación en el Municipio de Sabanagrande, de este departamento,..."…"se debe tener presente y que no solo basta con señalar la imputación de un delito, sino que la acusación deberá presentar todos aquellos elementos de prueba que sin lugar a dudas permitan acreditar la existencia de una conducta ilícita y la configuración de todos los elementos, no basándose en meras sospechas, y los indicios necesarios de participación del o los acusados de ese delito, lo cual a criterio de este Tribunal el amparo interpuesto debe ser otorgado al haber concurrido en el caso bajo examen las infracciones constitucionales esgrimidos por la recurrente como es el principio del debido proceso y al principio de legalidad, debiendo estar obligado el Tribunal de Alzada la obligación de motivar la sentencia recurrida que desemboca en una justa tutela judicial efectiva. Esta Honorable Sala estima que del estudio exhaustivo del expediente sometido a estudio se comprueba la acreditación de la plena prueba de la comisión de los delitos sometidos a estudio en el presente caso sub examine, es decir la sustentación del presupuesto de la tipicidad, conlleva que se ha acreditado la plena prueba de los requisitos para dictar una resolución justa por lo que se instruye a la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán motivar la sentencia hoy recurrida y no a su mera arbitrariedad o interpretación sin normar en cuanto a la norma, el hecho, la prueba y el derecho que debe aplicar, debiendo ser razonada a la norma jurídica aplicable..."..."esta Sala efectivamente constata que en la Acción de Amparo objeto de estudio se comprueba, que la sentencia impugnada en esta vía constitucional no ha vulnerado el derecho a la defensa y al principio del debido proceso y por consiguiente el principio de legalidad homologado en el artículo 321 Constitucional, ya que el Ad Quem en su resolución se considera ajustada a derecho; haciendo la declaración en base al principio de independencia, oralidad en el debate, prevalencia del derecho sustancial, y eficacia y debido proceso, y por consiguiente en base a la prueba aportada y de la declaración testifical que obra en el expediente de méritomérito lo siguiente: 1. Que en relación, a la declaración de la testigo Abogada KARLA MAGDALENA VASQUEZ RODRIGUEZ actuando en su condición de Juez de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, está exenta de responsabilidad del delito que se tipifica en el expediente de mérito por no encontrarse en situ en el momento de producirse el delito de evasión; y, 2. Que en relación al Jefe de Seguridad señor ONOFRE OYUELA ANDINO, encargado de las Cámaras de Seguridad, esta exento de responsabilidad del delito que se tipifica en el expediente de mérito por no encontrarse en situ en el momento de producirse el delito de evasión. Consecuentemente en lo restante de la sentencia hoy recurrida se considera conforme a derecho al no vulnerar las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 391 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 173, 6 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 198 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 66 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, a favor de los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que según la recurrente, fue dictada en fecha en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018), pero una vez revisados sus antecedentes, se constata que su resolución es de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), y la misma declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público (MP), contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en la audiencia inicial que comenzó en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), concluyendo en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, por suponerlos responsables del delito de EVASION, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad Quem, es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado FRANCISCO ABEL PORTILLO GUIFARRO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ, KEVIN WILFREDO AMADOR CABRERA Y NILSO PINEDA CRUZ, por suponerlos responsables del delito de EVASION, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 2–6 del antecedente)- 2) Que, en la audiencia inicial, que comenzó en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), y concluyó en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado antes citado, Decretó: (SIC) “1- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores: MARIO RENE GONZALEZ LOPEZ Y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR por el delito de EVASION CULPOSA. 2. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ, todo en virtud de que este estaba asignado en la tranca y a partir de las seis de la tarde su labor es subir y bajar reos, por lo que no obstante haber plena prueba de la comisión del delito. No hay indicio racional que el imputado haya tenido participación en el mismo…”. (Folios 21–34 del antecedente)- 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por las abogadas SANDRA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; TESLA DANIELA SIBRIAN DUEÑAS, en su condición de defensora pública del señor MARIO RENE GONZALES LOPEZ, y; DINA SUYAPA GIRON LOZANO, en su condición de defensora pública del señor CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR; en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico. 2) REVOCAR el Sobreseimiento Provisional y que se dicte Auto de Formal Procesamiento a NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ. 3) NO HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las Defensas de MARIO RENE GONZALEZ LOPEZ Y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR. 4) CONFIRMANDO los Autos de Formal Procesamiento dictados…”. (Folios 230–234 del antecedente)- 4) Que la abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, contra la resolución emitida en fecha en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018), el que una vez revisados sus antecedentes, se ha constata es de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), misma que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–11 del Presente Recurso)- 5) Que en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 39 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce el recurso de amparo interpuesto por la abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, a favor de los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ Y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que según la recurrente, fue dictada en fecha en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018), pero una vez revisados sus antecedentes, se constata que su resolución es de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), y la misma declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público (MP), contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en la audiencia inicial que comenzó en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), concluyendo en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, por suponerlos responsables del delito de EVASION, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad Quem, es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que del estudio del presente recurso de amparo la impetrante establece que la procedencia de la acción interpuesta se suscita por las violaciones al derecho a la defensa y al principio del debido proceso, sobre dichos fundamentos jurídicos se contrae esta Sala a exponer que se conoce como el debido proceso como aquel que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de Derecho y excluye por supeditado contra legem o praeter legem. El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de la justicia, que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. Este derecho comprende entre otros los siguientes derechos: El derecho a la defensa judicial, entendida como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para hacer oír y obtener una decisión favorable, este derecho hace parte el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa, los derechos de asistencia de un abogado, a la igualdad ante le ley procesal, derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.- CONSIDERANDO (5): Del amparo interpuesto como de su formalización la Abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, actuando en su condición de defensora pública de los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, quien arguye la violación a los derechos y principios homologados en los artículo 82 y 90 de la Carta Magna, por lo que exige que los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley, en tal sentido en aplicación a este magno principio toda persona puede hacer todo lo que no esté legalmente prohibido, pero al contrario los servidores públicos solo pueden ejercer su cargo de conformidad con las facultades que les confiera previamente la ley, en caso contrario serán responsables administrativa, civil y penalmente, es por consiguiente que toda persona tiene derecho a una buena administración, esto es, a que las instituciones, órganos y organismos traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable, y por otro lado lo que incluye el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente, el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial; y por último la obligación que incumbe a la Administración de motivar y razonar sus decisiones.- CONSIDERANDO (6): Entre otras consideraciones expuestas en el amparo como en su formalización (folio 36 de la pieza del amparo) es notorio que arguye la censora que de la presentación del requerimiento fiscal contra los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ Y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR a quienes se les instruye proceso por suponerlos responsables por el delito de EVASION en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, siendo que para tal efecto se llevó a cabo en fecha 21 de septiembre del 2017 en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, audiencia inicial decretándose auto de formal procesamiento a los imputados señores MARIO RENE GONZALEZ LOPEZ y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR por el delito de EVASION CULPOSA, y SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor NOEL ANOTNIO ESCOTO RODRIGUEZ todo en virtud que este se encontraba asignado a la tranca y a partir de las seis (6) de la tarde su labor es subir y bajar reos, por lo que el Juez instructor considera que no obstante de haber plena prueba de la comisión del delito no hay indicio racional que el imputado haya tenido participación en el mismo; y que al presentar arraigo los dos primeros se les decretó prisión preventiva sustituyéndose por medidas encaratuladas en el artículo 173 numerales 6. Y 7. Del Código Penal, al no haberse encuadrados los hechos en la acción típica por la que se les acusa a sus representados.- CONSIDERANDO (7): Que del considerando anteriormente esgrimido, la censora arguye flagrante violación al debido proceso y el derecho de la defensa de sus representados en función de peticionar que las actuaciones deben desarrollarse en apego al marco legal ya que el Ministerio Público entabló acción penal mediante requerimiento fiscal por el ilícito de EVASION en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y al momento de la audiencia inicial se le emitió el auto de formal procesamiento por EVASION CULPOSO, siendo una resolución no aplicable a sus representados en virtud que disminuye sus derechos y a la seguridad jurídica a la que todos los ciudadanos aspiran por parte de sus instituciones, quien a la vez señala la existencia de manuales de clasificación de cargos en la cual describe la responsabilidad de las personas que ostentan el cargo de Guardia de Seguridad, dentro de las cuales en específico no está el de custodiar a los detenidos, aunado a ello existe toda una estructura para realizar esa labor y no necesariamente le corresponde a la Honorable Corte Suprema de Justicia y por ende a sus subalternos, quien no se les prepara a ninguna de esas personas para la labor de guardia y custodia de detenidos que hayan cometido ilícitos, aunando a que las bartolinas no tienen las condiciones para tener a los indicados por largos espacios de tiempo y el poco mantenimiento que desafortunadamente ofreció en este caso particular la institución al edificio del referido Juzgado.- CONSIDERANDO (8): Que se exclama de lo expresado por la recurrente que: “Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[1]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas. Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. Entendiéndose el Debido Proceso como:[2] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”.- CONSIDERANDO (9): Que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido, contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. La jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos añade por primera vez en el Caso Mohamed Vs. Argentina que lo anterior: “contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias”. Es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana que el artículo 8.1 que rectora las reglas del proceso legal, por ende, los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad que están establecidos por el artículo en referencia son elementos esenciales del debido proceso legal.- CONSIDERANDO (10): Se afirma que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión antes las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha.- CONSIDERANDO (11): Que consagrado dentro del Derecho al debido proceso intrínsecamente se encuentra ligado con el derecho a la Defensa, es un derecho para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en los siguientes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vinculan a todos como un “Derecho Superior”.- CONSIDERANDO (12): Que del caso sometido a estudio y de la carga procesal se encuentran tres imputados que son Guardias de Seguridad del Poder Judicial, que estaban asignados el día sábado 16 se septiembre del 2017 cuando acontecieron los hechos en el Juzgado Unificado en Materia Penal, siendo así: El guardia señor CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR se encontraba en la mesa del sótano que está justo en el portón de salida del edificio de esa jurisdicción, el guardia señor MARIO RENE GONZALEZ LOPEZ encargado de los reos en las celdas y el señor NOEL ANOTNIO ESCOTO RODRIGUEZ se encontraba en las afueras del edificio justo donde se encuentran localizadas las trancas de seguridad y después de las seis (6) de la tarde en el sótano dando apoyo a los dos primeros, que de los hechos se desprende que los detenidos salieron del lugar donde estaban recluidos, sin que ninguno de los guardias de seguridad asignados estuviesen cubriendo sus puestos de trabajo, desempeñando con la debida diligencia sus funciones asignadas en el cargo de guardias de seguridad, teniendo obligaciones a su cargo, debiendo tener el mayor de los cuidados en el desempeño de su delicada labor, incumpliendo con sus obligaciones, permitiendo con tal negligencia la evasión de los detenidos. De lo anterior en aplicación del artículo 391 de la normativa penal será sancionado con reclusión de cinco (5) a diez (10) años, quien colabore con la evasión de un detenido. Y si quien ha favorecido la evasión fuese un servidor público, además del aumento de un tercio (1/3) en la pena por su condición de tal, se le impondrá la inhabilitación especial por el doble del tiempo establecido para la reclusión, en el caso de autos los imputados colaboraron con la evasión de los detenidos, es correcta la apreciación de la defensa de que no se tipifica el deleito de Evasión pero lo estipulado en el articulo enunciado, en cuanto a la colaboración que prestaron para que se cometiera el delito por Evasión, es más gravoso que la evasión dolosa quien decretó el Juez de primera instancia, y no pudiendo reformar en perjuicio, ni tampoco otorgar un sobreseimiento definitivo, por lo que este tribunal considera que los imputados participaron en un hecho constitutivo de delito, lo que está debidamente comprobado en la pieza de autos, por lo que no procede el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa de los imputados.- CONSIDERANDO (13): Que en relación, a la declaración de la testigo Abogada KARLA MAGDALENA VASQUEZ[3] actuando en su condición de Juez de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, esta Sala de lo Constitucional estima que de la relación de los hechos del delito de Evasión y las funciones que desempaña en el momento que ocurrieron los hechos, no le es aplicable el delito que se le imputan a los guardias de seguridad, en virtud que la testigo en ningún momento se desempañan como tal, siendo su función meramente jurisdiccional como JUEZ DE LETRAS DE LO PENAL de turno; que de sus declaraciones se denota en el expediente de mérito que sus funciones son específicamente jurisdiccionales, tal como lo relata en la audiencia inicial quien coadyuva a manera de ilustración al tratar de esclarecer los hechos que hoy es sometido a estudio, ya que la relación que tenían con los guardias de turno es únicamente de compañeros de trabajo; debido a que su responsabilidad no solo es la de mantener la disciplina en su despacho, sino además de vigilar la conducta en su competencia de la facultad para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones, por consiguiente quien está a cargo de la guardia y custodia de los imputados son los guardias de seguridad del Poder Judicial, estando la Abogada KARLA VASQUEZ a la hora que acontecieron los hechos en su despacho jurisdiccional, desconociendo por encontrarse en el segundo piso del edificio y no así en el sótano donde se recluyen a los reos, pues se encontraba como lo es su función jurisdiccional el de celebrar la respectiva declaración de imputados en el turno que le corresponde como juez de turno del Juzgado de Letras Penal Unificado de Tegucigalpa[4]. Que en relación al Jefe de Seguridad señor ONOFRE OYUELA ANDINO, encargado de las Cámaras quien no se encontraba en el momento de los hechos no constando en el expediente de mérito su presencia en el día y lugar del acontecimiento de los hechos, por quien de igual manera no existe el mínimo indicio de la responsabilidad de los mismos, al encontrarse en su casa de habitación en el Municipio de Sabanagrande, de este departamento, adicionalmente en base a lo conceptualizado en el artículo 19 del Código Penal el delito se considera cometido: “… En el lugar donde se desarrolló, en todo o en parte, la actividad delictuosa de autores o partícipes; en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado…” situación que no ocurrió en el caso sometido a estudio exhaustivo por este Tribunal Constitucional.- CONSIDERANDO (14): Que, se debe tener presente y que no solo basta con señalar la imputación de un delito, sino que la acusación deberá presentar todos aquellos elementos de prueba que sin lugar a dudas permitan acreditar la existencia de una conducta ilícita y la configuración de todos los elementos, no basándose en meras sospechas, y los indicios necesarios de participación del o los acusados de ese delito, lo cual a criterio de este Tribunal el amparo interpuesto debe ser otorgado al haber concurrido en el caso bajo examen las infracciones constitucionales esgrimidos por la recurrente como es el principio del debido proceso y al principio de legalidad, debiendo estar obligado el Tribunal de Alzada la obligación de motivar la sentencia recurrida que desemboca en una justa tutela judicial efectiva. Esta Honorable Sala estima que del estudio exhaustivo del expediente sometido a estudio se comprueba la acreditación de la plena prueba de la comisión de los delitos sometidos a estudio en el presente caso sub examine, es decir la sustentación del presupuesto de la tipicidad, conlleva que se ha acreditado la plena prueba de los requisitos para dictar una resolución justa por lo que se instruye a la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán motivar la sentencia hoy recurrida y no a su mera arbitrariedad o interpretación sin normar en cuanto a la norma, el hecho, la prueba y el derecho que debe aplicar, debiendo ser razonada a la norma jurídica aplicable.- CONSIDERANDO (15): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en la Acción de Amparo objeto de estudio se comprueba, que la sentencia impugnada en esta vía constitucional no ha vulnerado el derecho a la defensa y al principio del debido proceso y por consiguiente el principio de legalidad homologado en el artículo 321 Constitucional, ya que el Ad Quem en su resolución se considera ajustada a derecho; haciendo la declaración en base al principio de independencia, oralidad en el debate, prevalencia del derecho sustancial, y eficacia y debido proceso, y por consiguiente en base a la prueba aportada y de la declaración testifical que obra en el expediente de mérito lo siguiente: 1. Que en relación, a la declaración de la testigo Abogada KARLA MAGDALENA VASQUEZ RODRIGUEZ actuando en su condición de Juez de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, está exenta de responsabilidad del delito que se tipifica en el expediente de mérito por no encontrarse en situ en el momento de producirse el delito de evasión; y, 2. Que en relación al Jefe de Seguridad señor ONOFRE OYUELA ANDINO, encargado de las Cámaras de Seguridad, esta exento de responsabilidad del delito que se tipifica en el expediente de mérito por no encontrarse en situ en el momento de producirse el delito de evasión. Consecuentemente en lo restante de la sentencia hoy recurrida se considera conforme a derecho al no vulnerar las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 320, 321, 323 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 52, 54, 63, 64, 66 y 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 44, 46 párrafo primero, 78 numeral 5), 110 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 13, 19, 391 del Código Penal ; 1, 2, 4, 14, 173.6 y 7. 198, y 202 del Código Procesal Penal; 1, 13, 16 y 37 de la Ley del Ministerio Público; FALLA: DENEGAR el amparo interpuesto por la Abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, a favor de los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ Y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que según la recurrente, fue dictada en fecha en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Que en relación, a la declaración de la testigo Juez de Letras de lo Penal de esta sección Judicial Abogada KARLA MAGDALENA VASQUEZ RODRIGUEZ; y, al Jefe de Seguridad señor ONOFRE OYUELA ANDINO, encargado de las Cámaras de Seguridad, están exentos de responsabilidad del delito que se tipifica en el expediente de mérito por no encontrarse en situ en el momento de producirse el delito de evasión. Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (3) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0705-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, a favor de los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que según la recurrente, fue dictada en fecha en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018), pero una vez revisados sus antecedentes, se constata que su resolución es de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), y la misma declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público (MP), contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en la audiencia inicial que comenzó en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), concluyendo en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, por suponerlos responsables del delito de EVASION, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad Quem, es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado FRANCISCO ABEL PORTILLO GUIFARRO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ, KEVIN WILFREDO AMADOR CABRERA Y NILSO PINEDA CRUZ, por suponerlos responsables del delito de EVASION, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 2–6 del antecedente)- 2) Que, en la audiencia inicial, que comenzó en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), y concluyó en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado antes citado, Decretó: (SIC) “1- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores: MARIO RENE GONZALEZ LOPEZ Y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR por el delito de EVASION CULPOSA. 2. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ, todo en virtud de que este estaba asignado en la tranca y a partir de las seis de la tarde su labor es subir y bajar reos, por lo que no obstante haber plena prueba de la comisión del delito. No hay indicio racional que el imputado haya tenido participación en el mismo…”. (Folios 21–34 del antecedente)- 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por las abogadas SANDRA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; TESLA DANIELA SIBRIAN DUEÑAS, en su condición de defensora pública del señor MARIO RENE GONZALES LOPEZ, y; DINA SUYAPA GIRON LOZANO, en su condición de defensora pública del señor CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR; en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico. 2) REVOCAR el Sobreseimiento Provisional y que se dicte Auto de Formal Procesamiento a NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ. 3) NO HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las Defensas de MARIO RENE GONZALEZ LOPEZ Y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR. 4) CONFIRMANDO los Autos de Formal Procesamiento dictados…”. (Folios 230–234 del antecedente)- 4) Que la abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, contra la resolución emitida en fecha en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018), el que una vez revisados sus antecedentes, se ha constata es de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), misma que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–11 del Presente Recurso)- 5) Que en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 39 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce el recurso de amparo interpuesto por la abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, a favor de los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ Y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que según la recurrente, fue dictada en fecha en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018), pero una vez revisados sus antecedentes, se constata que su resolución es de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018), y la misma declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público (MP), contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en la audiencia inicial que comenzó en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), concluyendo en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, por suponerlos responsables del delito de EVASION, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad Quem, es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que del estudio del presente recurso de amparo la impetrante establece que la procedencia de la acción interpuesta se suscita por las violaciones al derecho a la defensa y al principio del debido proceso, sobre dichos fundamentos jurídicos se contrae esta Sala a exponer que se conoce como el debido proceso como aquel que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de Derecho y excluye por supeditado contra legem o praeter legem. El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de la justicia, que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. Este derecho comprende entre otros los siguientes derechos: El derecho a la defensa judicial, entendida como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para hacer oír y obtener una decisión favorable, este derecho hace parte el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa, los derechos de asistencia de un abogado, a la igualdad ante le ley procesal, derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.- CONSIDERANDO (5): Del amparo interpuesto como de su formalización la Abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, actuando en su condición de defensora pública de los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, quien arguye la violación a los derechos y principios homologados en los artículo 82 y 90 de la Carta Magna, por lo que exige que los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley, en tal sentido en aplicación a este magno principio toda persona puede hacer todo lo que no esté legalmente prohibido, pero al contrario los servidores públicos solo pueden ejercer su cargo de conformidad con las facultades que les confiera previamente la ley, en caso contrario serán responsables administrativa, civil y penalmente, es por consiguiente que toda persona tiene derecho a una buena administración, esto es, a que las instituciones, órganos y organismos traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable, y por otro lado lo que incluye el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente, el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial; y por último la obligación que incumbe a la Administración de motivar y razonar sus decisiones.- CONSIDERANDO (6): Entre otras consideraciones expuestas en el amparo como en su formalización (folio 36 de la pieza del amparo) es notorio que arguye la censora que de la presentación del requerimiento fiscal contra los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ Y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR a quienes se les instruye proceso por suponerlos responsables por el delito de EVASION en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, siendo que para tal efecto se llevó a cabo en fecha 21 de septiembre del 2017 en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, audiencia inicial decretándose auto de formal procesamiento a los imputados señores MARIO RENE GONZALEZ LOPEZ y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR por el delito de EVASION CULPOSA, y SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor NOEL ANOTNIO ESCOTO RODRIGUEZ todo en virtud que este se encontraba asignado a la tranca y a partir de las seis (6) de la tarde su labor es subir y bajar reos, por lo que el Juez instructor considera que no obstante de haber plena prueba de la comisión del delito no hay indicio racional que el imputado haya tenido participación en el mismo; y que al presentar arraigo los dos primeros se les decretó prisión preventiva sustituyéndose por medidas encaratuladas en el artículo 173 numerales 6. Y 7. Del Código Penal, al no haberse encuadrados los hechos en la acción típica por la que se les acusa a sus representados.- CONSIDERANDO (7): Que del considerando anteriormente esgrimido, la censora arguye flagrante violación al debido proceso y el derecho de la defensa de sus representados en función de peticionar que las actuaciones deben desarrollarse en apego al marco legal ya que el Ministerio Público entabló acción penal mediante requerimiento fiscal por el ilícito de EVASION en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y al momento de la audiencia inicial se le emitió el auto de formal procesamiento por EVASION CULPOSO, siendo una resolución no aplicable a sus representados en virtud que disminuye sus derechos y a la seguridad jurídica a la que todos los ciudadanos aspiran por parte de sus instituciones, quien a la vez señala la existencia de manuales de clasificación de cargos en la cual describe la responsabilidad de las personas que ostentan el cargo de Guardia de Seguridad, dentro de las cuales en específico no está el de custodiar a los detenidos, aunado a ello existe toda una estructura para realizar esa labor y no necesariamente le corresponde a la Honorable Corte Suprema de Justicia y por ende a sus subalternos, quien no se les prepara a ninguna de esas personas para la labor de guardia y custodia de detenidos que hayan cometido ilícitos, aunando a que las bartolinas no tienen las condiciones para tener a los indicados por largos espacios de tiempo y el poco mantenimiento que desafortunadamente ofreció en este caso particular la institución al edificio del referido Juzgado.- CONSIDERANDO (8): Que se exclama de lo expresado por la recurrente que: “Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[5]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas. Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. Entendiéndose el Debido Proceso como:[6] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”.- CONSIDERANDO (9): Que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido, contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. La jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos añade por primera vez en el Caso Mohamed Vs. Argentina que lo anterior: “contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias”. Es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana que el artículo 8.1 que rectora las reglas del proceso legal, por ende, los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad que están establecidos por el artículo en referencia son elementos esenciales del debido proceso legal.- CONSIDERANDO (10): Se afirma que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión antes las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha.- CONSIDERANDO (11): Que consagrado dentro del Derecho al debido proceso intrínsecamente se encuentra ligado con el derecho a la Defensa, es un derecho para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en los siguientes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vinculan a todos como un “Derecho Superior”.- CONSIDERANDO (12): Que del caso sometido a estudio y de la carga procesal se encuentran tres imputados que son Guardias de Seguridad del Poder Judicial, que estaban asignados el día sábado 16 se septiembre del 2017 cuando acontecieron los hechos en el Juzgado Unificado en Materia Penal, siendo así: El guardia señor CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR se encontraba en la mesa del sótano que está justo en el portón de salida del edificio de esa jurisdicción, el guardia señor MARIO RENE GONZALEZ LOPEZ encargado de los reos en las celdas y el señor NOEL ANOTNIO ESCOTO RODRIGUEZ se encontraba en las afueras del edificio justo donde se encuentran localizadas las trancas de seguridad y después de las seis (6) de la tarde en el sótano dando apoyo a los dos primeros, que de los hechos se desprende que los detenidos salieron del lugar donde estaban recluidos, sin que ninguno de los guardias de seguridad asignados estuviesen cubriendo sus puestos de trabajo, desempeñando con la debida diligencia sus funciones asignadas en el cargo de guardias de seguridad, teniendo obligaciones a su cargo, debiendo tener el mayor de los cuidados en el desempeño de su delicada labor, incumpliendo con sus obligaciones, permitiendo con tal negligencia la evasión de los detenidos. De lo anterior en aplicación del artículo 391 de la normativa penal será sancionado con reclusión de cinco (5) a diez (10) años, quien colabore con la evasión de un detenido. Y si quien ha favorecido la evasión fuese un servidor público, además del aumento de un tercio (1/3) en la pena por su condición de tal, se le impondrá la inhabilitación especial por el doble del tiempo establecido para la reclusión, en el caso de autos los imputados colaboraron con la evasión de los detenidos, es correcta la apreciación de la defensa de que no se tipifica el deleito de Evasión pero lo estipulado en el articulo enunciado, en cuanto a la colaboración que prestaron para que se cometiera el delito por Evasión, es más gravoso que la evasión dolosa quien decretó el Juez de primera instancia, y no pudiendo reformar en perjuicio, ni tampoco otorgar un sobreseimiento definitivo, por lo que este tribunal considera que los imputados participaron en un hecho constitutivo de delito, lo que está debidamente comprobado en la pieza de autos, por lo que no procede el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa de los imputados.- CONSIDERANDO (13): Que en relación, a la declaración de la testigo Abogada KARLA MAGDALENA VASQUEZ[7] actuando en su condición de Juez de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, esta Sala de lo Constitucional estima que de la relación de los hechos del delito de Evasión y las funciones que desempaña en el momento que ocurrieron los hechos, no le es aplicable el delito que se le imputan a los guardias de seguridad, en virtud que la testigo en ningún momento se desempañan como tal, siendo su función meramente jurisdiccional como JUEZ DE LETRAS DE LO PENAL de turno; que de sus declaraciones se denota en el expediente de mérito que sus funciones son específicamente jurisdiccionales, tal como lo relata en la audiencia inicial quien coadyuva a manera de ilustración al tratar de esclarecer los hechos que hoy es sometido a estudio, ya que la relación que tenían con los guardias de turno es únicamente de compañeros de trabajo; debido a que su responsabilidad no solo es la de mantener la disciplina en su despacho, sino además de vigilar la conducta en su competencia de la facultad para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones, por consiguiente quien está a cargo de la guardia y custodia de los imputados son los guardias de seguridad del Poder Judicial, estando la Abogada KARLA VASQUEZ a la hora que acontecieron los hechos en su despacho jurisdiccional, desconociendo por encontrarse en el segundo piso del edificio y no así en el sótano donde se recluyen a los reos, pues se encontraba como lo es su función jurisdiccional el de celebrar la respectiva declaración de imputados en el turno que le corresponde como juez de turno del Juzgado de Letras Penal Unificado de Tegucigalpa[8]. Que en relación al Jefe de Seguridad señor ONOFRE OYUELA ANDINO, encargado de las Cámaras quien no se encontraba en el momento de los hechos no constando en el expediente de mérito su presencia en el día y lugar del acontecimiento de los hechos, por quien de igual manera no existe el mínimo indicio de la responsabilidad de los mismos, al encontrarse en su casa de habitación en el Municipio de Sabanagrande, de este departamento, adicionalmente en base a lo conceptualizado en el artículo 19 del Código Penal el delito se considera cometido: “… En el lugar donde se desarrolló, en todo o en parte, la actividad delictuosa de autores o partícipes; en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado…” situación que no ocurrió en el caso sometido a estudio exhaustivo por este Tribunal Constitucional.- CONSIDERANDO (14): Que, se debe tener presente y que no solo basta con señalar la imputación de un delito, sino que la acusación deberá presentar todos aquellos elementos de prueba que sin lugar a dudas permitan acreditar la existencia de una conducta ilícita y la configuración de todos los elementos, no basándose en meras sospechas, y los indicios necesarios de participación del o los acusados de ese delito, lo cual a criterio de este Tribunal el amparo interpuesto debe ser otorgado al haber concurrido en el caso bajo examen las infracciones constitucionales esgrimidos por la recurrente como es el principio del debido proceso y al principio de legalidad, debiendo estar obligado el Tribunal de Alzada la obligación de motivar la sentencia recurrida que desemboca en una justa tutela judicial efectiva. Esta Honorable Sala estima que del estudio exhaustivo del expediente sometido a estudio se comprueba la acreditación de la plena prueba de la comisión de los delitos sometidos a estudio en el presente caso sub examine, es decir la sustentación del presupuesto de la tipicidad, conlleva que se ha acreditado la plena prueba de los requisitos para dictar una resolución justa por lo que se instruye a la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán motivar la sentencia hoy recurrida y no a su mera arbitrariedad o interpretación sin normar en cuanto a la norma, el hecho, la prueba y el derecho que debe aplicar, debiendo ser razonada a la norma jurídica aplicable.- CONSIDERANDO (15): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en la Acción de Amparo objeto de estudio se comprueba, que la sentencia impugnada en esta vía constitucional no ha vulnerado el derecho a la defensa y al principio del debido proceso y por consiguiente el principio de legalidad homologado en el artículo 321 Constitucional, ya que el Ad Quem en su resolución se considera ajustada a derecho; haciendo la declaración en base al principio de independencia, oralidad en el debate, prevalencia del derecho sustancial, y eficacia y debido proceso, y por consiguiente en base a la prueba aportada y de la declaración testifical que obra en el expediente de mérito lo siguiente: 1. Que en relación, a la declaración de la testigo Abogada KARLA MAGDALENA VASQUEZ RODRIGUEZ actuando en su condición de Juez de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, está exenta de responsabilidad del delito que se tipifica en el expediente de mérito por no encontrarse en situ en el momento de producirse el delito de evasión; y, 2. Que en relación al Jefe de Seguridad señor ONOFRE OYUELA ANDINO, encargado de las Cámaras de Seguridad, esta exento de responsabilidad del delito que se tipifica en el expediente de mérito por no encontrarse en situ en el momento de producirse el delito de evasión. Consecuentemente en lo restante de la sentencia hoy recurrida se considera conforme a derecho al no vulnerar las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 320, 321, 323 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 52, 54, 63, 64, 66 y 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 44, 46 párrafo primero, 78 numeral 5), 110 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 13, 19, 391 del Código Penal ; 1, 2, 4, 14, 173.6 y 7. 198, y 202 del Código Procesal Penal; 1, 13, 16 y 37 de la Ley del Ministerio Público; FALLA: DENEGAR el amparo interpuesto por la Abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, a favor de los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ Y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que según la recurrente, fue dictada en fecha en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Que en relación, a la declaración de la testigo Juez de Letras de lo Penal de esta sección Judicial Abogada KARLA MAGDALENA VASQUEZ RODRIGUEZ; y, al Jefe de Seguridad señor ONOFRE OYUELA ANDINO, encargado de las Cámaras de Seguridad, están exentos de responsabilidad del delito que se tipifica en el expediente de mérito por no encontrarse en situ en el momento de producirse el delito de evasión. Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (3) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0705-2018.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
FICHA
JURISPRUDENCIAL
Sala Constitucional
Honduras, C. A.
TIPO DE ACCION:
TIPO DE RECURSO: AP SCO-0705-2018
DESCRIPCION: Interpuesto por la abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, a favor de los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ Y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, contra la RESOLUCIÓN de fecha 23/1/2018, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.
HECHOS RELEVANTES: Mediante el acto reclamado, la autoridad recurrida declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el MP, contra la Sentencia de fecha 21/9/2017-22/9-2017; revoca el sobreseimiento provisional decretado al señor NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ, y; declaró no ha lugar, los otros recursos de apelación interpuesto a favor de los otros recurrentes. Todo con relación a la causa instruida contra los señores MARIO RENE GONZALES LOPEZ, NOEL ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ Y CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, por suponerlos responsables del delito de EVASIÓN, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.
PROBLEMA JURIDICO (Thema decidendi):
¿Violenta el derecho a la defensa y al debido proceso de los recurrentes, el dictarle un auto de formal procesamiento por el delito de EVASIÓN CULPOSO, cuando el MP presentó requerimiento fiscal por el delito de EVASIÓN?
RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA JURIDICA (Ratio decidendi):
Esta Sala, tras el estudio de los antecedentes, puede constatar que se logró comprobar la acreditación de la plena prueba de la comisión de los delitos puestos a su conocimiento, y; que la autoridad recurrida baso su decisión en dicha prueba. Por lo tanto, esta Sala concluye que el acto reclamado, no ha vulnerado los derechos reclamados por el recurrente, y el principio de legalidad.
DECISIÓN AD-QUEM (decisum):
DENEGAR EL RECURSO DE MÉRITO.
ARTICULOS CITADOS:
Los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313.5, 316.1, 320, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 52, 54, 63, 64, 66 y 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 44, 46, 78.5, 110 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 13, 19, 391 del Código Penal; 1, 2, 4, 14, 173.6 y 7., 198, y 202 del Código Procesal Penal, y; 1, 13, 16 y 37 de la Ley del Ministerio Público.
LINEA JURISPRUDENCIAL (Stare Decisis):
DENEGACIÓN DEL RECURSO (NO VIOLACIÓN DE DERECHOS): Al observarse que el acto reclamado no contraviene ningún derecho, ya que el mismo es congruente, debidamente motivada y conforme a lo dispuesto en nuestra constitución y sus leyes.
DENEGACIÓN DEL RECURSO (NO VIOLACIÓN DE DERECHOS): El derecho a la defensa implica: la facultad de ser oído en juicio; el conocimiento de la pretensión; la relación entre las pretensiones de las partes y el fallo; poder proponer pruebas, y; la igualdad de las partes durante el proceso.
DENEGACIÓN DEL RECURSO (NO VIOLACIÓN DE DERECHOS): El derecho a un debido proceso, es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados, que han acudido ante los tribunales o entes administrativos, una decisión conforme a los procesos establecidos en la ley y que respete sus derechos.
DENEGACIÓN DEL RECURSO (NO VIOLACIÓN DE DERECHOS): El auto de formal procesamiento, se dictara por la autoridad competente, toda vez que esta estime como indicio racional, cualquier hecho, acto o circunstancia, que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión de un delito.
[1] Artículo 5 del Código Procesal Civil.
[2] Artículo 3 del Código Procesal Civil.
[3] Folio 25 y ss. de la pieza de sus antecedentes -declaración testifical de la Juez de Letras de lo Penal de turno Penal
[4] Ver folio 71 de la pieza de sus antecedentes
[5] Artículo 5 del Código Procesal Civil.
[6] Artículo 3 del Código Procesal Civil.
[7] Folio 25 y ss. de la pieza de sus antecedentes -declaración testifical de la Juez de Letras de lo Penal de turno Penal
[8] Ver folio 71 de la pieza de sus antecedentes