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Sentencia AP-69-14 — Registro 10354

Resumen

Contra resolución que confirmó auto de formal procesamiento con relación a la causa instruida contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Desobediencia en perjuicio de la Administración Pública, esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento de la imputada, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión del delito precedentemente mencionado, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GARY GEOVANNY AVILA MORALES a favor del señor PAULO HAROLDO GOMEZ RUIZ contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha doce de diciembre de dos mil trece, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra un auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha veintidós de julio de dos mil trece, con relación a la causa instruida contra el señor PAULO HAROLDO GOMEZ RUIZ por suponerlo responsable del delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los Artículos 82, 88 párrafo tercero, 90 de la Constitución de la República 10 y 11 numeral 1de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos y 8 numeral 1 y 2 literal f) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil trece, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, la Abogada ANGELA ISABEL SOTO FLETES en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor PABLO HAROLDO GOMEZ RUIZ por suponerlo responsable a titulo de autor del delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. (Folios 01 al 02 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha veintidós de julio de dos mil trece, el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en resolución tomada en Audiencia Inicial, fallo: “… 3.- Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del imputado PAULO HAROLDO GOMEZ RUIZ conocido en las presentes diligencias como PABLO HAROLDO GOMEZ RUIZ, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, 4.- Que el imputado continué con la medida cautelar impuesta en la audiencia de declaración de imputado, consistentes en: A) Que el imputado PAULO HAROLDO GOMEZ RUIZ conocido como PABLO HAROLDO GOMEZ RUIZ, se someta al cuidado del Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL, quien deberá informar por escrito a esta judicatura cada quince días, tal como lo establece el artículo 173 numeral 5 del Código Procesal Penal.- 5.- Declarar SIN LUGAR el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa por las razones anteriormente expuestas.” (Folios 43 al 44 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por los defensores del imputado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL y GARY GEOVANNY AVILA MORALES, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede en fecha doce de diciembre de dos mil trece, la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, resolvió: ”PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado la defensa del acusado PABLO HAROLDO GOMEZ RUIZ, CONTRA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO QUE POR EL DELITO DE DESOBEDIENCIA EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA HA DICTADO EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA EN FECHA VEINTIDOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- SEGUNDO: SE CONFIRMA LA RESOLUCION RECURRIDA.” (Folios 04 al 11 de la primera pieza de los antecedentes). 4) Que el Abogado GARY GEOVANNY AVILA MORALES en fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor del señor PAULO HAROLDO GOMEZ RUIZ afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha doce de diciembre de dos mil trece, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 88 párrafo tercero, 90 de la Constitución de la República; 10 y 11 numeral 1 de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos y 8 numeral 1 y 2 literal f) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 5) Que en fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, se tuvo por formalizado en esta Sala el recurso, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al fiscal de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado GARY GEOVANNY AVILA MORALES a favor del señor PAULO HAROLDO GOMEZ RUIZ se dirige contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha doce de diciembre de dos mil trece, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra un auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha veintidós de julio de dos mil trece, con relación a la causa instruida contra el señor PAULO HAROLDO GOMEZ RUIZ por suponerlo responsable del delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado GARY GEOVANNY AVILA MORALES considera que existe una vulneración los Artículos 82, 88 párrafo tercero, 90 de la Constitución de la República, 10 y 11 numeral 1 de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos y 8 numeral 1 y 2 literal f) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, esto porque tanto el Juez A-Quo como la Honorable Corte de Apelaciones, violentaron el principio de la sana critica al momento de valorar los medios de prueba aportados, en lo que respecta a la valoración hecha a las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa; y la de un testigo que ni siquiera se identificó correctamente. Las declaraciones debieron ser tomadas oralmente en audiencia, para realizar el principio de contradicción. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha doce de diciembre de dos mil trece, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra un auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha veintidós de julio de dos mil trece; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en los criterio objetados por el recurrente al señalar que el planteamiento del recurrente resulta contradictorio, al establecer que no debió admitirse las declaraciones rendidas en sede administrativa, porque se violenta el derecho de contradicción de parte; y, sin embargo pretende justificar la admisión de un medio de prueba documental, consistente en un recorte periodístico tomando como fundamento legal el Artículo 199 del Código Procesal Penal; y, para esa Corte, siguiendo la línea que establece la norma indicada por el recurrente, cualquier medio de prueba no regulado en el Código, sin embargo la admisión de los medios de prueba propuestos si se sujetaron a los requisitos de admisibilidad. Y el órgano jurisdiccional prescindió de prueba cuando es un hecho notorio la identidad y condición de la representante de la Procuraduría, siendo procedente en el presente caso, por lo no admitir el recurso de apelación planteado. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta; la garantía del debido proceso no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO ONCE (11): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o mas allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento de la imputada, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión del delito precedentemente mencionado, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dos de junio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0069-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL