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Sentencia AP-66-16 — Registro 6235

Resumen

Sentencia revocó auto de prisión y decretó sobreseimiento provisional para que el ente acusador incorpore nuevos elementos de prueba para acreditar la participación del imputado en el hecho investigado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el sobreseimiento provisional del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público y en representación, defensa y protección de los intereses Generales de la Sociedad del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha dieciocho de julio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ RUBÉN HERNÁNDEZ ESCOBAR por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de YELSON ALEXANDER CONTRERAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece de julio de dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, la Abogada ILEANA ALEJANDRA AGUILAR ARCE, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JOSÉ RUBÉN HERNÁNDEZ ESCOBAR por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de YELSON ALEXANDER CONTRERAS. (Folios 01-05 de la pieza del A-quo) 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en audiencia inicial celebrada en fecha dieciocho de julio de dos mil quince, decretó: “AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO EN CONTRA DEL imputado JOSE RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR de generales ya conocidas en autos por el delito de ASESINATO en perjuicio de YELSON ALEXANDER CONTRERAS VARELA, de los hechos acontecidos el día doce de julio del año dos mil quince en la aldea Los Llanitos de Marcovia de este Departamento de Choluteca y como medida cautelar la PRISIÓN PREVENTIVA por el termino de DOS AÑOS a cumplirla en el Centro penal de esta ciudad en virtud de considerar que la pena en caso de ser vencido en Juicio Oral y Público es considerada gravosa y que el delito imputado se encuentra dentro del catalogo de delitos del Artículo 184 reformado de CPP…” (Folios 40-44 de la pieza del A-quo). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada FATIMA GABRIELA GALLEGOS en su condición de Defensora Pública, contra la resolución referida el inciso que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, falló: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR, el Recurso de apelación interpuesto por la Abogada FATIMA GABRIELA GALLEGOS WILLIAMS, en su condición de Defensora Pública, contra la resolución dictada en Audiencia Inicial de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en la causa penal instruida contra JOSE RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de YELSON ALEXANDER CONTRERAS VARELA.- SEGUNDO: REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA VENIDA EN APELACIÓN, debiendo al efecto revocarse el auto de prisión decretado contra José Rubén Hernández Escobar en audiencia inicial de fecha dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015) y en su lugar decretarse un sobreseimiento provisional, a fin que el ente acusador tenga la posibilidad de que en un lapsus de cinco (5) años a partir de la fecha del presente sobreseimiento, incorpore nuevos elementos de prueba, a fin de acreditar el indicio racional de participación del hoy imputado en el hecho que se investiga…” (Folios del 07-12 de la pieza del A-quem). 4) Que la recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público y en representación, defensa y protección de los intereses Generales de la Sociedad del Estado de Honduras, compareció ante este Tribunal en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público y en representación, defensa y protección de los intereses Generales de la Sociedad del Estado de Honduras, se dirige contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha dieciocho de julio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ RUBÉN HERNÁNDEZ ESCOBAR por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de YELSON ALEXANDER CONTRERAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público y en representación, defensa y protección de los intereses Generales de la Sociedad del Estado de Honduras, compareció ante este Tribunal en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; cuando en la sentencia no se ha valorado la prueba de manera conjunta y armónica conforme lo establecido en el Artículo 202 del Código Procesal Penal; así como el principio de legalidad, pues en un Estado de de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, que impone al Juez emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho; y, no a su mera arbitrariedad, o interpretación personal, sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho que debe aplicar; si bien el Juez tiene la facultad de interpretar la ley, esta debe de ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar y que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de una inspiración, sino una expresión razonada de la situación de la norma jurídica. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha dieciocho de julio de dos mil quince, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que los encausados hayan podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, al concluir que con los elementos de prueba presentados y evacuados en la audiencia inicial por la Fiscalía y la defensa, es procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto ante esa instancia jurisdiccional por la Defensora Pública del hoy imputado, debiendo al efecto revocarse el auto de prisión decretado; y en su lugar dictarse un sobreseimiento provisional, a fin de que el ente acusador tenga la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, a fin de acreditar un indicio racional de participación del hoy imputado en el hecho que se le investiga. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el sobreseimiento provisional del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0066=2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL