Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-646-12 — Registro 6262

Resumen

Se revocó el auto de prisión contra la imputada y se ordenó se dicte sobreseimiento defintivo por el delito de insolvencia punible considerando que el acreedor ya acudió a la jurisdicción civil para cobrar su crédito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala aprecia que efectivamente concurren los elementos de la tipificación del delito por el que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal, y esta acción resulta independiente de las acciones y resoluciones que conforme a la justicia civil se viertan o hayan vertido, y esto sucede porque la acusada ha tenido conociendo del estado de la empresa que representa y la sentencia recaídas en su contra previo a vender los bienes de la empresa debió hacer pago de las obligaciones señaladas en las sentencias condenatorias..."..."Que si bien es cierto es criterio del Ad quem, es que el acreedor ya no puede ser sorprendido por el deudor, ya que si éste decide vender uno de sus bienes no necesita notificarlo, porque ya se encuentra bajo tutela judicial en materia civil, ya que por el solo hecho de vender los bienes no incurre en responsabilidad penal. Sin embargo este criterio no es compartido, puesto que tal acción podría ser realizada por todos los deudores, quedando en situación de una quiebra ilegal e injusta provocada por si mismos, de tal manera que no podría hacerle frente a las responsabilidades que hubiere contraído, en ese sentido se crea una inseguridad jurídica para los acreedores, quienes en ningún momento podrán ejecutar las sentencias condenatorias, porque los deudores a su discrecionalidad podrán deshacerse de los bienes de la empresa demandada, sin que pueda llegar a ejecutarse las sentencias condenatorias en perjuicio de los demandantes, en ocasión de ello interviene el jus puniendi del Estado para garantizar y proteger los bienes jurídico penales de los ciudadanos cuyo único instrumento creado por el legislador para hacer valer sus derecho es la ley..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril de dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JEOVANNY JOEL HERNANDEZ SANCHEZ a favor del BANCO HSBC HONDURAS, S.A. (HSBC), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de enero de dos mil doce, que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, en relación a la causa instruida contra la señora LIA ARGENTINA BUESO CHINCHILLA por suponerla responsable del delito de INSOLVENCIA PUNIBLE en perjuicio de BANCO HSBC HONDURAS, S.A. (HSBC). Estima el recurrente que dicha sentencia es violatoria de los derechos estipulados en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República, en relación al articulo 297 del Código Procesal Penal.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada SONIA GUADALUPE BAIDE LICONA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico, presentando requerimiento fiscal contra la señora LIA ARGENTINA BUESO CHINCHILLA por suponerla responsable del delito de INSOLVENCIA PUNIBLE en perjuicio de BANCO HSBC HONDURAS, S.A. (Folios 02 al 80 de los antecedentes).-2) Que una vez realizada la Audiencia Inicial en la causa de merito, el juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, dictó resolución mediante la cual, decretó auto de prisión contra la señora LIA ARGENTINA BUESO CHINCHILLA por suponerla responsable de la comisión del delito de INSOLVENCIA PUNIBLE en perjuicio de BANCO HSBC HONDURAS, S.A. (HSBC). (Folios 392 al 397 de los antecedentes).-3) Que en fecha veintinueve de septiembre de dos mil once, compareció ante el referido Juzgado, el abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, en su condición de defensor privado de la señora LIA ARGENTINA BUESO CHINCHILLA, interponiendo recurso de apelación contra la resolución de fecha veintiséis de septiembre de dos mil once dictada por ese mismo órgano judicial. (Folios 398 al 408 de los antecedentes).-4) Que en fecha diecinueve de enero de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación relacionado en el inciso anterior, resolvió declarar con lugar el mismo, y en consecuencia revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán en fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, a fin de que dicho Juzgado dictase el correspondiente sobreseimiento definitivo. (Folios 450 al 454 de los antecedentes).-5) El recurrente abogado JEOVANNY JOEL HERNANDEZ SANCHEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, interponiendo acción de amparo a favor “BANCO HSBC, HONDURAS, S.A.,(HSBC)”, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha diecinueve de enero de dos mil doce, es violatoria de los derechos estipulados en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República, en relación al articulo 297 del Código Procesal Penal. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha trece de febrero de dos mil trece, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO:(1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO:(3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de enero del año dos mil doce, que Revocó un auto de prisión y ordena se dicte sobreseimiento definitivo en el recurso de apelación presentado contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL de esta Sección Judicial, con relación a la causa instruida contra la señora LIA ARGENTINA BUESO CHINCHILLA, por suponerla responsable del delito de INSOLVENCIA PUNIBLE en perjuicio de la sociedad mercantil denominada BANCO HSBC, HONDURAS, S.A., “(HSBC”).-CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la relación de hechos que motivan la acción interpuesta, señala que en el proceso contra la señora LIA ARGENTINA BUESO CHINCHILLA, por suponerla responsable del delito de INSOLVENCIA PUNIBLE, el Ad-quo dictó auto de prisión contra la imputada. Resolución contra la que se interpuso el recurso de apelación, mediante el cual el Ad-quem Revocó el auto de prisión ordenando el sobreseimiento definitivo. Manifiesta el recurrente que dicha resolución vulnera el derecho al Debido Proceso contenido en el artículo 90 y 92 constitucional, artículo 297 del código Procesal Penal, en vista que en el caso sub judice concurren los requisitos necesarios para dictar el auto de prisión, el cuerpo del delito y el indicio racional de quien es su autor; sigue manifestando que de acuerdo a lo establecido en el “artículo 297 C.P.P., para decretar el auto de prisión el Juez debe considerar como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito”. Señala que concurren la concurrencia de los requisitos objetivos: 1.- que se trate de un deudor comerciante, puesto que la imputada es representante legal de de la sociedad denominada L$S Magnolias S. de R.L., que opera bajo el nombre de CENTRO DE MEDICINA INTEGRAL PARA MUJER (MATER DEI); dice que ha sido la imputada quien ha realizado la acción punible, relatando que ella, (la imputada), firmó el instrumento público número 44 de fecha 21 de junio del año 2000, en el cual se autorizó la venta de la parte social que correspondía a la señora ENMA SUSANA GAMUNDI, al señor PROSPERO CASTELLANOS, esposo de la imputada quien además se comprometió a pagarla deuda que la señora GAMUNDI había contraído con BANCAHSA ahora HSBC en beneficio de la Sociedad L$S MAGNOLIAS, S. de R.L. Señala como segundo requisito objetivo, que el deudor para sustraerse del pago de sus obligaciones enajenare sus bienes, manifestando que se acreditó mediante inspección realizada por el A-quo en los libros contables de la sociedad que la señora LIA ARGENTINA BUESO CHINCHILLA que en su condición de representante legal de la sociedad en referencia vendió al crédito a la sociedad mercantil ALPROART, un equipo mamo gráfico, un ultrasonido, medio de prueba que a entender del impetrante no fue considerado por el Ad quem, solamente un peritaje realizado por el perito nombrado por la judicatura, quien descubrió la venta realizada por la imputada, señala que el mismo fue anulado, lo que no cambia la situación de la imputada; agrega que la venta realizada por la imputada fue constatada por la Juez. Refuta el criterio del Ad quem, de que a la imputada no se le requirió de pago, puesto obra en autos la inspección realizada por el Juzgado de Letras de lo civil, con lo que se demuestra que si se le requirió de pago, en la Demanda Ejecutiva para que pagara la cantidad adeudada. Manifiesta el recurrente que el Tercer Elemento consiste en que la enajenación de bienes se haga sin notificarlo con quince días de anticipación por lo menos a sus acreedores, manifestando que la imputada no iba a comunicarle la venta al banco, porque lo que pretendía era no pagarle, traspasando los bienes a otra sociedad relacionada para que no pudieran ser perseguidos y de esta forma colocarse en estado de insolvencia. Dice que el delito de insolvencia punible es un delito de simple actividad, que para que se considere cometido, basta con la manifestación de voluntad, por lo que no requiere que se produzca un resultado. Como elementos subjetivos del tipo penal, deja establecido que la imputada actuó con conciencia y voluntad de colocar a la sociedad en una situación de insolvencia para no cumplir con su obligación que era actual, líquida y exigible y además declarada por Tribunal competente.-CONSIDERANDO: (5) Que el Ad-quem en su resolución describe los agravios invocados por el ente Acusador lo que origina la búsqueda de Justicia Constitucional, además expone una relación detallada de los medios de prueba aportados por las partes en conflicto. En el numeral nueve (9) (que corre a folio cuatrocientos cincuenta y tres vuelto de la primera pieza de autos), expone: (sic) “Que en el caso bajo estudio, obsérvese que el acreedor voluntariamente ya acudió a la vía judicial y sometió su negocio jurídico ante el órgano jurisdiccional competente en materia civil, para cobrar su crédito, siguiendo el procedimiento previamente establecido en los contratos o en la ley, demandando el pago y pudiendo solicitar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar las resultas del procedimiento, hasta lograr una sentencia condenatoria contra el deudor, con todo esto, el acreedor ya no puede ser sorprendido por el deudor, si este último decide realizarla venta de alguno de sus bienes, ni necesita de ser notificado de dicha venta, en vista que ya se encuentra bajo la tutela judicial en materia civil, en consecuencia, por el solo hecho de realizarla venta de un bien bajo estas circunstancias no se incurre en responsabilidad penal, pues se vuelve necesario concluir el procedimiento ya iniciado en la vía civil, para llegar a determinar si al momento de ejecutar la sentencia definitiva correspondiente el deudor puede cumplir con la obligación de pago o se encuentra insolvente, caso en cual, es procedente entonces acudir a la vía penal, pues resulta a manera de ilustración que (a folio 221), del proceso, aparece un informe de un peritaje, practicado por el perito nombrado, Cesar Arnoldo Ortega Ortiz, en la demanda Ordinaria que se sigue en el Juzgado de Letras de lo Civil a la empresa que representa la imputada y que revela la situación económica de esta última, pero resulta que posteriormente éste peritaje fue anulado en el proceso, por lo tanto no tiene valor debiendo continuarse con el procedimiento civil respectivo, es decir, que de acuerdo a lo anterior, la jurisdicción penal no procedía aún ,para resolver un conflicto jurídico, sobre todo que está pendiente un elemento especial y muy esencial, de saber si podrá pagar o no la imputada, pero hasta que se ejecuten los fallos condenatorios”. En consecuencia declaró con lugar el recurso de apelación presentado, debiendo el A- quo Revocar el auto de prisión decretado y sobreseer definitivamente”.-CONSIDERANDO: (6) Que el código Penal vigente en su Artículo 237 establece: “Será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años, si fuere comerciante, y de dos (2) a cinco (5) años, si no lo fuere, el deudor que para sustraerse el pago de sus obligaciones, enajenare o gravare sus bienes sin notificarlo en forma auténtica a sus acreedores, con quince (15) días de antelación por lo menos; u ocultare sus bienes, simulare enajenaciones o créditos, o se trasladare al extranjero sin dejar persona que lo represente, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas. Siendo los elementos objetivos de la tipificación legal de este delito 1.-Ser comerciante tal como acontece en el caso sub judice la imputada en una comerciante que ostenta la representación de sociedad mercantil. 2.- La señora LIA ARGENTINA BUESO CHINCHILLA en su condición de representante de la Sociedad denominada L&S MAGNOLIAS, S.de R.L., que opera bajo el nombre de CENTRO DE MEDICINA INTEGRAL PARALA MUJER “MATER DEI” enajenó bienes de dicha empresa hecho que fue constatado por la Juez (proceso civil) mediante inspección realizada, estos bienes forman parte del patrimonio de la empresa que debe responder por las obligaciones por las cuales ha sido condenada. Tal acción fue realizada por la acusada de manera voluntaria y consciente, con lo que se configura el elemento subjetivo. Siendo así esta Sala aprecia que efectivamente concurren los elementos de la tipificación del delito por el que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal, y esta acción resulta independiente de las acciones y resoluciones que conforme a la justicia civil se viertan o hayan vertido, y esto sucede porque la acusada ha tenido conociendo del estado de la empresa que representa y la sentencia recaídas en su contra previo a vender los bienes de la empresa debió hacer pago de las obligaciones señaladas en las sentencias condenatorias.-CONSIDERANDO: (7) Que si bien es cierto es criterio del Ad quem, es que el acreedor ya no puede ser sorprendido por el deudor, ya que si éste decide vender uno de sus bienes no necesita notificarlo, porque ya se encuentra bajo tutela judicial en materia civil, ya que por el solo hecho de vender los bienes no incurre en responsabilidad penal. Sin embargo este criterio no es compartido, puesto que tal acción podría ser realizada por todos los deudores, quedando en situación de una quiebra ilegal e injusta provocada por si mismos, de tal manera que no podría hacerle frente a las responsabilidades que hubiere contraído, en ese sentido se crea una inseguridad jurídica para los acreedores, quienes en ningún momento podrán ejecutar las sentencias condenatorias, porque los deudores a su discrecionalidad podrán deshacerse de los bienes de la empresa demandada, sin que pueda llegar a ejecutarse las sentencias condenatorias en perjuicio de los demandantes, en ocasión de ello interviene el jus puniendi del Estado para garantizar y proteger los bienes jurídico penales de los ciudadanos cuyo único instrumento creado por el legislador para hacer valer sus derecho es la ley.-CONSIDERANDO: (8) Que el proceso penal esta formado por las etapas de investigación y juzgamientos, iniciando con la etapa preparatoria que se desarrolla mediante los siguientes actos: El conocimiento que tiene la autoridad sobre la existencia de un hecho delictivo, ya sea por denuncia u otro medio, que da lugar a la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, en los casos y con los requisitos previamente establecidos en la ley, respetando las disposiciones del artículo 101 del mismo cuerpo legal, en relación a sus derechos constitucionales. Siguiendo este orden de ideas queda claramente establecido que la audiencia en que comparece el acusado tiene como único fin oír su declaración, sea que éste declare o no. La audiencia inicial es la última fase de la etapa preparatoria, que tienen “varios objetivos entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[1].durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, en relación con el requerimiento fiscal. Discierne si esta justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[2]. En consecuencia para que el Juez de garantía dicte auto de formal procesamiento bastará la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el acusado haya participado en el mismo, en ese orden de ideas, será en audiencia de juicio oral y público donde las partes harán valer las pruebas que sometidas al contradictorio han de crear la convicción jurídica de inocencia o culpabilidad en relación con la acusada.-CONSIDERANDO: (9) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas de lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad quem, no es conforme a Derecho, según el estudio de la resolución impugnada, en la que se observa que ha mantenido un criterio errado inobservado los requisitos que establece la ley, así como la conjuración legal establecida en la norma sustantiva para la tipificación legal del delito por el que acusa el Ministerio Público y el acusador Privado.-CONSIDERANDO:(10) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos: 37 No.1, 40, 45, 58, 64, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República; 8 No. 1, 24 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JEOVANNY JOEL HERNANDEZ SANCHEZ, a favor de la sociedad mercantil denominada “BANCO HSBC, HONDURAS, S.A.,(HSBC)”, contra la resolución dictada por LA CORTE DE APELACIONES PENAL del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de enero del dos mil doce. MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado JORGE ABILIO SERRANO. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 646-2012.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL