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Sentencia AP-621-08 — Registro 6210

Resumen

Sentencia ordenó devolver el proceso al juzgado de primera instancia para efectos de subsanación y se anularon actuaciones posteriores a dicha resolución en la causa contra recurrente por los delitos de negación de asistencia familiar y desobediencia en perjuicio de la Señora Karla Flores y de la Administración Pública

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala observa que todos los alegatos anteriores expuestos en el escrito de formalización del recurso de amparo, no tienen relación con la sentencia recurrida ya que la misma no hace referencia a ninguno de los aspectos señalados. Como alegato final señala que la resolución recurrida es violatoria de normas procesales de obligatoria observancia, ya que la alzada manifiesta que el recurso de apelación debió tramitarse mediante el procedimiento establecido en el Código de Procedimientos Penales, y no como se hizo, a través del Código Procesal Penal, en virtud de que las diligencias iniciaron bajo la vigencia de la norma procesal anterior..."..."la finalidad del proceso penal es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, finalidad que se ha visto truncada como consecuencia de una interpretación inadecuada por parte de la Corte de Apelaciones al decidir la inaplicabilidad de ciertas normas del procedimiento penal vigente en virtud de ser aplicable el Código de Procedimientos Penales. La Sala de lo Constitucional se pronunciará solamente en cuanto a la respuesta jurisdiccional brindada por la alzada, y no sobre las argumentaciones de fondo expuestas por el recurrente, y se plantea que la cuestión ha decidir es si es procedente que se evacue un recurso de apelación interpuesto en un proceso diligenciado bajo la norma procesal derogada, con la aplicación de normas procesales vigentes..."..."En el caso que nos ocupa, no cabe la aplicación de la excepción al principio de irretroactividad de la Ley, ya que se trata de un procedimiento específico a seguir (el de la apelación), y no de la aplicación de instituciones como medidas sustitutivas. Es conveniente mencionar que la Sala de lo Constitucional ha manifestado que cabe la aplicación del artículo 96 constitucional al imponer medidas sustitutivas a la prisión preventiva en casos que se ventilan con la norma procesal penal derogada, ello por ser más favorable al procesado, no obstante en el caso que nos ocupa, como quedó dicho se refiere a la aplicación del procedimiento de apelación. Es de hacer notar que la resolución impugnada se limita a subsanar la cuestión procedimental y ordena que sin dilación se remitan las diligencias para continuar de inmediato con la tramitación de la impugnación..."..."la Sala manifiesta que la resolución impugnada no vulnera el derecho al debido proceso, por el contrario, con dicha respuesta jurisdiccional se pretende reconducir el proceso a lo previamente establecido en la norma procedimental..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de julio del año dos mil nueve. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto ante este Tribunal, por el Abogado RUBEN DARIO MATEO GALAN, a favor del señor MAX RODRIGO MATUTE YANEZ, mayor de edad, soltero, Ingeniero, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra la resolución de fecha veintisiete de octubre de dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortés, en el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del doce de agosto de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés; en relación a la causa instruida contra el señor MAX RODRIGO MATUTE YANEZ, por los delitos de NEGACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR Y DESOBEDIENCIA, en perjuicio de KARLA FLORES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintinueve de abril de dos mil tres, compareció ante el Juzgado de Letras Penal (Ejecución) de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada ELENA FERNANDEZ en su condición de apoderada legal de la señora CARLA FLORES GOMEZ FIALLOS, quien actúa por sí y en representación de sus menores hijos, solicitando que se le pusiera a la vista el expediente contentivo de la acusación criminal incoada contra el señor Max Rodrigo Matute Yánez, por los delitos de Negación de Asistencia Familiar y Desobediencia, en perjuicio de su representada y la Administración Pública, con el propósito de agilizar la ejecución de la sentencia dictada en dichas diligencias. 2) Que el veinticuatro de marzo de dos mil ocho, el Abogado RUBEN DARIO MATEO GALÁN, actuando como apoderado legal del señor MAX RODRIGO MATUTE YANEZ, compareció ante el A-quo, solicitando se señalara audiencia para conmutar la pena a la que había sido condenado su representado, en las diligencias que se dejan relacionadas en el inciso anterior. 3) Que el Juez de primera instancia, mediante resolución de fecha doce de agosto de dos mil ocho, declaró sin lugar la solicitud de conmuta de pena pedida por el Abogado Mateo Galán, por no ser conmutable la pena impuesta al señor Max Rodrigo Matute, ya que la misma excede los cinco años de reclusión.- Cita el A-quo como fundamento legal de su decisión los artículos 60 y 381 del Código Procesal Penal y 61 del Código Penal. 4) Que habiendo interpuesto el Abogado Mateo Galán recurso de reposición y subsidiaria apelación, contra la resolución citada en el numeral que precede y habiendo mejorado el mismo mediante escrito presentado ante el A-quo, ese Tribunal el dieciocho de agosto de dos mil ocho, dictó resolución en la que declara sin lugar el recurso de reposición y admite el recurso de apelación, teniendo por expresados los agravios argumentados por el Abogado Mateo Galán, en virtud de haberse planteado la apelación bajo el término legal establecido en el artículo 356 del Código Procesal Penal, concediéndole a la parte contraria el término de tres días para contestar agravios. 5) Que conociendo de los autos por el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RUBEN DARIO MATEO GALÁN, en su condición ya indicada, la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortés, el veintisiete de octubre de dos mil ocho, emitió resolución mediante la cual ordenó devolver el proceso de mérito al Juzgado de su procedencia, para que subsanara la providencia dictada el dieciocho de agosto de dos mil ocho, dictándola según lo establecido en la norma procesal vigente al momento de iniciarse el proceso y anulando las actuaciones posteriores a dicha resolución.- Fundamenta su resolución el Ad-quem en el artículo 398 del Código de Procedimientos Penales. 6) Que el Abogado RUBEN DARIO MATEO GALÁN, compareció ante este Tribunal, el dos de diciembre de dos mil ocho, reclamando amparo a favor del señor MAX RODRIGO MATUTE YANEZ, alegando que la resolución de fecha veintisiete de octubre de dos mil ocho, dictada por el Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 63, 64, 90 párrafo primero y 96 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que se conoce del recurso de amparo interpuesto por el abogado RUBEN DARIO MATEO GALAN, a favor del señor MAX RODRIGO MATUTE YANEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, el veintisiete de octubre de dos mil ocho, que resuelve un recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha doce de agosto de dos mil ocho emitida por el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés, en la causa instruida en contra del señor MAX RODRIGO MATUTE YANEZ por los delitos de NEGACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR y DESOBEDIENCIA en perjuicio de KARLA FLORES y la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONSIDERANDO (2): Que habiendo sentencia condenatoria firme en contra del señor MAX RODRIGO MATUTE YANEZ, recaída en el proceso antes apuntado, el abogado RUBEN DARIO MATEO GALAN en su condición de apoderado defensor del impetrante, solicitó al Juez de Ejecución la conmuta de la pena impuesta a su defendido, y al mismo tiempo la celebración de una audiencia en la que se resuelva su petición. El órgano jurisdiccional resolvió declarar SIN LUGAR la solicitud de conmuta de pena, por haber sido condenado a una pena mayor de cinco años lo que convierte el caso en inconmutable. Como consecuencia de la decisión condenatoria se le sanciona con la imposición de una pena de TRES AÑOS CON CINCO MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de NEGACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR y DOS AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de DESOBEDIENCIA. Explica el A-quo que la ley establece el cumplimiento de las penas de manera sucesiva, es decir que deberán cumplirse una en pos de otra iniciando por la pena más grave. CONSIDERANDO (3): Que no conforme el defensor interpuso recurso de apelación contra la resolución antes referida. La Corte de Apelaciones resuelve: Que a folio 87 corre incorporada la providencia de fecha dieciocho de agosto del año dos mil ocho mediante la cual el Juez A-quo declara SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado RUBEN DARIO MATEO GALAN y asimismo tiene por admitido el recurso de apelación y por expresados los agravios por parte de dicho recurrente contra el auto de fecha 18 de agosto del año 2008 referido anteriormente y concede el término a la parte contraria para que conteste los agravios, todo en aplicación del articulo 356 del Código Procesal penal, disposición que a criterio de esta Corte es inobservable por ser inaplicable en la presente causa, ya que si bien es cierto es la norma adjetiva penal vigente actualmente no es la norma procesal que deba aplicar en el caso de marras, por cuanto a la fecha de inicio de este proceso regía el Código de Procedimientos Penales por lo cual dicho auto violenta el orden jurídico procesal y en consecuencia dicho auto y todas las actuaciones que posterior a él se desprenden, son nulas.- En consecuencia, en aras del debido proceso e igualdad de las partes intervinientes, ordenase devolver el proceso de mérito al Juzgado de su procedencia para que se subsane la omisión señalada en el sentido de dictar la resolución correspondiente y posteriormente sin dilación alguna, sea sometido a esta Alzada para sustanciar los recursos interpuestos.- Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; 61 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 91, 92, 93, 94, 99, 398, del Código de Procedimientos Penales; 356 del Código Procesal Penal; respuesta que fue recurrida mediante el recurso de amparo que se decide. CONSIDERANDO (4): Que del análisis de la interposición y de la formalización del recurso de amparo, se desprende que el recurrente hace una relación de los hechos juzgados, concluye que se trata de un concurso real de delitos, por tanto el condenado debe responder por el delito de NEGACIÓN DE AISTENCIA FAMILIAR y el delito de DESOBEDIENCIA de manera autónoma es decir delito por delito, por lo que ambos delitos son conmutables en vista de que de manera individual no sobrepasan los cinco años. Manifiesta el impetrante en la formalización de la acción que es inaplicable el contenido el párrafo cuarto del artículo 61 del Código Penal, ya que hace referencia a condena anterior NO SIMULTANEA, por tanto, concluye de manera aislada que, existe un vacío en la ley que debe aplicarse de manera favorable al reo. Expone una contradicción de la cual adolece la sentencia consistente en que el A-quo habla de INEXISTENCIA de prueba que forme certeza de la imputación y de la autoría de los delitos de NEGACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR, y de DESOBEDIENCIA en contra del imputado MAX RODRIGO MATUTE YANEZ, y en consecuencia es procedente su condenatoria. Esta Sala observa que todos los alegatos anteriores expuestos en el escrito de formalización del recurso de amparo, no tienen relación con la sentencia recurrida ya que la misma no hace referencia a ninguno de los aspectos señalados. Como alegato final señala que la resolución recurrida es violatoria de normas procesales de obligatoria observancia, ya que la alzada manifiesta que el recurso de apelación debió tramitarse mediante el procedimiento establecido en el Código de Procedimientos Penales, y no como se hizo, a través del Código Procesal Penal, en virtud de que las diligencias iniciaron bajo la vigencia de la norma procesal anterior.CONSIDERANDO (5): Que afirma el recurrente que en principio la causa esta firme y por tanto goza del carácter de cosa juzgada, por lo que el procedimiento de la ejecución de la misma debe hacerse bajo la norma procesal penal vigente, es decir es aplicable el Código Procesal Penal, ya que el presente caso trata de la petición de señalamiento de una audiencia para decidir sobre la pretensión de conmuta, cuestión ajena al asunto principal. Señala que es procedente la aplicación de la norma procesal penal vigente en virtud de la irretroactividad de la ley, excepto cuando la nueva ley penal favorece al reo. Así las cosas, enuncia el recurrente que la respuesta de la Corte de Apelaciones recurrida vulnera los artículos 63 y 64 de la Constitución de la República, así como el 90 y 96 de la Carta Marga. CONSIDERANDO (6): Que la finalidad del proceso penal es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, finalidad que se ha visto truncada como consecuencia de una interpretación inadecuada por parte de la Corte de Apelaciones al decidir la inaplicabilidad de ciertas normas del procedimiento penal vigente en virtud de ser aplicable el Código de Procedimientos Penales. La Sala de lo Constitucional se pronunciará solamente en cuanto a la respuesta jurisdiccional brindada por la alzada, y no sobre las argumentaciones de fondo expuestas por el recurrente, y se plantea que la cuestión ha decidir es si es procedente que se evacue un recurso de apelación interpuesto en un proceso diligenciado bajo la norma procesal derogada, con la aplicación de normas procesales vigentes. CONSIDERANDO (7): Que la necesidad de establecer cual es la ley que debe regir determinado asunto, se presenta cuando un hecho tiene su nacimiento bajo la ley antigua, pero sus consecuencias o efectos se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos. En el caso que nos ocupa, no cabe la aplicación de la excepción al principio de irretroactividad de la Ley, ya que se trata de un procedimiento específico a seguir (el de la apelación), y no de la aplicación de instituciones como medidas sustitutivas. Es conveniente mencionar que la Sala de lo Constitucional ha manifestado que cabe la aplicación del artículo 96 constitucional al imponer medidas sustitutivas a la prisión preventiva en casos que se ventilan con la norma procesal penal derogada, ello por ser más favorable al procesado, no obstante en el caso que nos ocupa, como quedó dicho se refiere a la aplicación del procedimiento de apelación. Es de hacer notar que la resolución impugnada se limita a subsanar la cuestión procedimental y ordena que sin dilación se remitan las diligencias para continuar de inmediato con la tramitación de la impugnación. CONSIDERANDO (8): Que aun y cuando el recurrente no ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, la Sala manifiesta que la resolución impugnada no vulnera el derecho al debido proceso, por el contrario, con dicha respuesta jurisdiccional se pretende reconducir el proceso a lo previamente establecido en la norma procedimental. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 52, 54 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, Y FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JORGE ALBERTO RIVERA AVILES. JORGE REYES DIAZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el dieciséis de septiembre de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 621=08/P76-P88=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL