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Sentencia AP-613-12 — Registro 6261

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que decretó sobreseimiento definitivo con el cese de medidas cautelares en relación a la causa contra imputado policía penitenciario por suponerlo responsable del delito de homicidio simple en perjuicio de un interno del Centro Penitenciario, el fallo impugnado considera que hay eximente de responsabilidad penal pues tenía obligaciones para evitar la fuga de un delincuente según el artículo 24 numeral 5 del Código Penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal ad-quem afirma que “….resolución que este Tribunal comparte ya que de la prueba evacuada en la audiencia inicial, se llega a la conclusión de que al acusado lo enmarca una causa que lo exime de responsabilidad penal, ya que su actuar como Agente de Policía que custodia a los internos de la Penitenciaria Nacional tenia obligaciones precisas para evitar la fuga de un delincuente, por lo que su obrar esta contemplado en el artículo 24 numeral 5 del Código Penal”; argumentación que no resulta coherente, toda vez que el A-quo para dictar sobreseimiento definitivo a favor del imputado a citado otras razones muy distintas a las argumentadas por el Tribunal de Alzada, amen de lo señalado esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 296 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que lo llevaban a confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado..."..."la motivación externada por el Tribunal ad-quem se revela insuficiente, pues afirma que concurren tanto los elementos objetivos como subjetivos del tipo penal de Homicidio simple, y del autor del mismo, sin embargo hace un razonamiento que no es suficientemente lógico y coherente de los elementos probatorios que obran en el proceso, dando pie con ello a que la referida sentencia no explique por que a ese Tribunal le parece que con la declaración de dos testigo y la propia declaración del imputado, se llega a la conclusión de que la conducta delictiva imputada esta cubierta por una causa de exención penal..."..."Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos del delito de HOMICIDIO SIMPLE que se atribuye al imputado, y así determinar si es procedente decretar un auto de prisión, o en su defecto el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de Marzo del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por la abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor de LUIS ALONSO LARIOS CORTES, contra la resolución emitida en fecha doce de marzo del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución adoptada en Audiencia Inicial de fecha dieciocho de agosto del año dos mil once, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en relación a la causa instruida contra el señor CRESPINIANO ROQUE REYES, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de LUIS ALONSO LARIOS CORTES. -A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha nueve de junio de dos mil once, la abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra de CRESPINIANO ROQUE REYES por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor LUIS ALONSO LARIOS CORTES.-2) Que en fecha dieciocho de agosto de dos mil once, fue celebrada la Audiencia Inicial en la causa instruida contra CRESPINIANO ROQUE REYES, en la cual, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, decretó sobreseimiento definitivo a favor del imputado y el cese de las medidas cautelares a el impuestas en audiencia de declaración de imputado. (Folios 108 al 112 de la pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha veintitrés de agosto del año dos mil once, compareció ante el referido Juzgado, la abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, interponiendo recurso de apelación contra la resolución adoptada por el a-quo y que se deja relacionada en el numeral anterior. (Folios 113 al 118 de la pieza de los antecedentes) .-4) Que en fecha doce de marzo del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la fiscal del Ministerio Público abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, contra la resolución de fecha dieciocho de agosto del año dos mil once, dictada por el a-quo y en consecuencia confirmó dicha resolución. (Folios 199 al 201 de la pieza de los antecedentes) .-5) Que en fecha quince de agosto del año dos mil doce, la recurrente abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor de Luis Alonso Larios Cortes, por considerar que la decisión del ad-quem de fecha doce de marzo del año dos mil doce, es violatoria del principio del debido proceso, reconocido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos y formalidades que deberá contener la sentencia dictada en materia penal. En fecha catorce de febrero del año dos mil trece, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso impetrado, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha doce de marzo del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución que ha quedado relacionada en los antecedentes de este libelo, confirmando la resolución dictada en fecha dieciocho de agosto del año dos mil once, por el a-quo; por considerar, inter alía: “ 7.- Que el a-quo en la audiencia inicial relacionada dictó sobreseimiento definitivo a favor del imputado, resolución que este Tribunal comparte ya que de la prueba evacuada en la audiencia inicial, se llega a la conclusión de que al acusado lo enmarca una causa que lo exime de responsabilidad penal, ya que su actuar como Agente de Policía que custodia a los internos de la Penitenciaria Nacional tenía obligaciones precisas para evitar la fuga de un delincuente, por lo que su obrar esta contemplado en el artículo 24 numeral 5 del Código Penal. 8.- Que por lo anteriormente expuesto, esta Corte estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto”.-CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del presente recurso de amparo constitucional, la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY, ha manifestado que la resolución de alzada de la que se demanda amparo es violatoria del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (5): Que la recurrente desarrolla así la garantía constitucional que se estima violada y el concepto de su violación, según las razones fácticas y jurídicas que a continuación se exponen: Que el debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a aseverar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial en el proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y la irracionalidad. La sentencia de fecha 12 de marzo del 2012 emitida por la Corte de Aperciones de lo Penal de Francisco Morazán vulnera el derecho al debido proceso en cuanto al derecho de las partes a obtener una sentencia de fondo, motivada y fundada en derecho, y siendo que el recurso de apelación tiene por objeto obtener del Tribunal superior que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior, es de esperar que la intervención del Tribunal de segunda instancia implique no solo una revisión de la resolución recurrida en cuanto a los hechos y el derecho aplicable, si no que culmine mediante una sentencia de fondo, jurídicamente fundada y que resuelva las pretensiones controvertidas; pero de la lectura de la sentencia cuestionada no se puede advertir un razonamiento jurídico concatenado que lleve a las partes a la convicción de que la resolución se encuentra apegada a derecho, pues hay una evidente incongruencia entre el razonamiento del ad-quem y la fundamentación jurídica que le sirve de asidero legal para determinar la procedencia de decretar un sobreseimiento definitivo en la causa. Aduce la impetrante que la sentencia que hoy se cuestiona establece que el ad-quem, después de haber valorado la prueba aportada, coincide con la posición del Ministerio Publico en cuanto que establece que se ha acreditado de forma indubitada tanto la existencia del delito de homicidio simple, como la participación del imputado a título de autor en la comisión del mismo, en lo que difiere del Ministerio Público y difiere de los hechos probados y fundamentos de derecho en que basa su resolución, es al establecer que el imputado Crespiniano Roque Reyes, se encuentra exento de responsabilidad penal por encontrarse su accionar amparado en el artículo 24 numeral 5 del Código Penal, aduciendo el Tribunal de Alzada que en su actuar como agente de policía que custodia a los internos de la Penitenciaria Nacional tenia obligaciones precisas para evitar la fuga de un delincuente, utilizando como fundamentación jurídica los artículos 25 y 64 de la Ley de Rehabilitación del Delincuente, entre otros.-CONSIDERANDO (6): Señala la recurrente que el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público se basa precisamente en los hechos acreditados en la audiencia inicial y que consisten en que el imputado policía penitenciario Crespiniano Roque Reyes hizo cuatro disparos con su arma de reglamento al cuerpo del interno Luis Alonso Larios Cortes para evitar su fuga del Centro Penitenciario, disparos que le ocasionaron la muerte y que realizó sin hacer la intimación formal y previa como lo manda la ley y sin que se pueda considerar que el actuar del ofendido implicara una agresión o amenaza contra el policía penitenciario, por lo que no se puede considerar que su actuar se encuentra amparado dentro de la causal de eximente de responsabilidad invocada por el Tribunal ad-quem.-CONSIDERANDO (7): Que finaliza el concepto de agravio constitucional formalizado por la recurrente, señalando que a criterio del Ministerio Público con la prueba aportada en el proceso se acreditan los extremos necesarios para dictar auto de prisión de conformidad al artículo 94 de la Constitución de la República, tal y como lo valora el ad-quem en la resolución que hoy se cuestiona y que deja de ser coherente al establecer que a pesar de estar acreditado tanto el delito como la participación del imputado procede decretar el sobreseimiento definitivo debido a la eximente contemplada en el artículo 24 numeral 5 del Código Penal, sin hacer una relación motivada de los hechos demostrados y la normativa legal aplicable de manera tal que llevase a este ente acusador al convencimiento de que un sobreseimiento definitivo decretado en base a esta eximente de responsabilidad deviene de una valoración apropiada de la prueba aportada conforme a las reglas de la sana critica, y que por tanto la resolución dictada por el ad-quem constituya una resolución justa y apegada a derecho, quedando evidenciado únicamente que el ad-quem ha utilizado una fundamentación jurídica que no es aplicable al caso concreto, sin darle a las pruebas recibidas el valor probatorio que razonablemente tienen y que debieron concluir en la revocatoria de la resolución apelada para decretar el auto de prisión que en derecho corresponde.-CONSIDERANDO (8): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.-CONSIDERANDO (9): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO (10): Que la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (11): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, al confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado, cumple con esa exigencia.-CONSIDERANDO (12): Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 92 de la Constitución de la República, el auto de prisión solamente podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la plena prueba de haberse cometido un delito que merezca pena de privación de la libertad y además un indicio racional de quien ha podido ser su autor.-CONSIDERANDO (13): Que el artículo 296 del Código Procesal Penal establece numerus clausus los supuestos en los cuales se podrá dictar un sobreseimiento definitivo.-CONSIDERANDO (14): Que según lo prevé el artículo 116 del Código Penal, “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capítulo, comete el delito de homicidio simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. La pena será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, cuando la víctima del delito fuese autoridad judicial, policial, miembro del Ministerio Público, funcionario o empleado de Centros Penales, cuando el delito fuese cometido con ocasión o en el ejercicio de su cargo o función”.-CONSIDERANDO (15): Que antiguamente el Derecho penal concedió escasa importancia al elemento subjetivo del delito, de tal manera que por regla general se apreciaba solamente el daño producido, haciéndose responder al sujeto por la simple causación de un resultado, es lo que se denomina responsabilidad objetiva, concretada en la vieja máxima latina “qui versatur in re illicita respondit etiam pro casu”, (el que ejecuta un hecho ilícito responde de todas sus consecuencias, incluso las no queridas ni previstas, aún cuando se produjeran por un puro caso fortuito.).-CONSIDERANDO (16): Que con el transcurso del tiempo se ha producido el tránsito de un derecho penal puramente objetivo con una responsabilidad fundada exclusivamente en un resultado dañoso, a un derecho penal que se apoya en el denominado principio de culpabilidad y en razón del cual para apreciar la existencia de responsabilidad criminal no basta la constatación de que se ha producido un resultado dañoso o la puesta en peligro de un bien jurídico protegido, sino también, que la acción realizada por el sujeto puede serle atribuida a título de dolo o de culpa.-CONSIDERANDO (17): Que el principio de culpabilidad encuentra reconocimiento expreso en el artículo 13 párrafo primero del Código Penal, donde se establece que “El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo.”.-CONSIDERANDO (18): Que el artículo 24 del Código Penal, señala los supuestos de exención de responsabilidad penal, entre los cuales el numeral 5, dispone: “Quien obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Se entenderá que existe esta última circunstancia respecto de la autoridad o de sus agentes y de las personas que concurran en su auxilio, que en caso de desobediencia o resistencia para evitar la fuga de un delincuente empleen medios proporcionados de represión, siempre que preceda intimación formal; y…”.-CONSIDERANDO (19): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la sentencia impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal ad-quem afirma que “….resolución que este Tribunal comparte ya que de la prueba evacuada en la audiencia inicial, se llega a la conclusión de que al acusado lo enmarca una causa que lo exime de responsabilidad penal, ya que su actuar como Agente de Policía que custodia a los internos de la Penitenciaria Nacional tenia obligaciones precisas para evitar la fuga de un delincuente, por lo que su obrar esta contemplado en el artículo 24 numeral 5 del Código Penal”; argumentación que no resulta coherente, toda vez que el A-quo para dictar sobreseimiento definitivo a favor del imputado a citado otras razones muy distintas a las argumentadas por el Tribunal de Alzada, amen de lo señalado esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 296 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que lo llevaban a confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado.-CONSIDERANDO(20): Que la motivación externada por el Tribunal ad-quem se revela insuficiente, pues afirma que concurren tanto los elementos objetivos como subjetivos del tipo penal de Homicidio simple, y del autor del mismo, sin embargo hace un razonamiento que no es suficientemente lógico y coherente de los elementos probatorios que obran en el proceso, dando pie con ello a que la referida sentencia no explique por que a ese Tribunal le parece que con la declaración de dos testigo y la propia declaración del imputado, se llega a la conclusión de que la conducta delictiva imputada esta cubierta por una causa de exención penal.-CONSIDERANDO (21): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido.-CONSIDERANDO (22): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (23): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos del delito de HOMICIDIO SIMPLE que se atribuye al imputado, y así determinar si es procedente decretar un auto de prisión, o en su defecto el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13, 24 numeral 5 y 116 del Código Penal; 141, 295, 296 y 297 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra el fallo proferido en fecha doce de marzo del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÌQUESE. - Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 613-2012.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de Marzo del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por la abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor de LUIS ALONSO LARIOS CORTES, contra la resolución emitida en fecha doce de marzo del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución adoptada en Audiencia Inicial de fecha dieciocho de agosto del año dos mil once, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en relación a la causa instruida contra el señor CRESPINIANO ROQUE REYES, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de LUIS ALONSO LARIOS CORTES. -A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha nueve de junio de dos mil once, la abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra de CRESPINIANO ROQUE REYES por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor LUIS ALONSO LARIOS CORTES.-2) Que en fecha dieciocho de agosto de dos mil once, fue celebrada la Audiencia Inicial en la causa instruida contra CRESPINIANO ROQUE REYES, en la cual, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, decretó sobreseimiento definitivo a favor del imputado y el cese de las medidas cautelares a el impuestas en audiencia de declaración de imputado. (Folios 108 al 112 de la pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha veintitrés de agosto del año dos mil once, compareció ante el referido Juzgado, la abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, interponiendo recurso de apelación contra la resolución adoptada por el a-quo y que se deja relacionada en el numeral anterior. (Folios 113 al 118 de la pieza de los antecedentes) .-4) Que en fecha doce de marzo del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la fiscal del Ministerio Público abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, contra la resolución de fecha dieciocho de agosto del año dos mil once, dictada por el a-quo y en consecuencia confirmó dicha resolución. (Folios 199 al 201 de la pieza de los antecedentes) .-5) Que en fecha quince de agosto del año dos mil doce, la recurrente abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor de Luis Alonso Larios Cortes, por considerar que la decisión del ad-quem de fecha doce de marzo del año dos mil doce, es violatoria del principio del debido proceso, reconocido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos y formalidades que deberá contener la sentencia dictada en materia penal. En fecha catorce de febrero del año dos mil trece, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso impetrado, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha doce de marzo del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución que ha quedado relacionada en los antecedentes de este libelo, confirmando la resolución dictada en fecha dieciocho de agosto del año dos mil once, por el a-quo; por considerar, inter alía: “ 7.- Que el a-quo en la audiencia inicial relacionada dictó sobreseimiento definitivo a favor del imputado, resolución que este Tribunal comparte ya que de la prueba evacuada en la audiencia inicial, se llega a la conclusión de que al acusado lo enmarca una causa que lo exime de responsabilidad penal, ya que su actuar como Agente de Policía que custodia a los internos de la Penitenciaria Nacional tenía obligaciones precisas para evitar la fuga de un delincuente, por lo que su obrar esta contemplado en el artículo 24 numeral 5 del Código Penal. 8.- Que por lo anteriormente expuesto, esta Corte estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto”.-CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del presente recurso de amparo constitucional, la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY, ha manifestado que la resolución de alzada de la que se demanda amparo es violatoria del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (5): Que la recurrente desarrolla así la garantía constitucional que se estima violada y el concepto de su violación, según las razones fácticas y jurídicas que a continuación se exponen: Que el debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a aseverar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial en el proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y la irracionalidad. La sentencia de fecha 12 de marzo del 2012 emitida por la Corte de Aperciones de lo Penal de Francisco Morazán vulnera el derecho al debido proceso en cuanto al derecho de las partes a obtener una sentencia de fondo, motivada y fundada en derecho, y siendo que el recurso de apelación tiene por objeto obtener del Tribunal superior que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior, es de esperar que la intervención del Tribunal de segunda instancia implique no solo una revisión de la resolución recurrida en cuanto a los hechos y el derecho aplicable, si no que culmine mediante una sentencia de fondo, jurídicamente fundada y que resuelva las pretensiones controvertidas; pero de la lectura de la sentencia cuestionada no se puede advertir un razonamiento jurídico concatenado que lleve a las partes a la convicción de que la resolución se encuentra apegada a derecho, pues hay una evidente incongruencia entre el razonamiento del ad-quem y la fundamentación jurídica que le sirve de asidero legal para determinar la procedencia de decretar un sobreseimiento definitivo en la causa. Aduce la impetrante que la sentencia que hoy se cuestiona establece que el ad-quem, después de haber valorado la prueba aportada, coincide con la posición del Ministerio Publico en cuanto que establece que se ha acreditado de forma indubitada tanto la existencia del delito de homicidio simple, como la participación del imputado a título de autor en la comisión del mismo, en lo que difiere del Ministerio Público y difiere de los hechos probados y fundamentos de derecho en que basa su resolución, es al establecer que el imputado Crespiniano Roque Reyes, se encuentra exento de responsabilidad penal por encontrarse su accionar amparado en el artículo 24 numeral 5 del Código Penal, aduciendo el Tribunal de Alzada que en su actuar como agente de policía que custodia a los internos de la Penitenciaria Nacional tenia obligaciones precisas para evitar la fuga de un delincuente, utilizando como fundamentación jurídica los artículos 25 y 64 de la Ley de Rehabilitación del Delincuente, entre otros.-CONSIDERANDO (6): Señala la recurrente que el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público se basa precisamente en los hechos acreditados en la audiencia inicial y que consisten en que el imputado policía penitenciario Crespiniano Roque Reyes hizo cuatro disparos con su arma de reglamento al cuerpo del interno Luis Alonso Larios Cortes para evitar su fuga del Centro Penitenciario, disparos que le ocasionaron la muerte y que realizó sin hacer la intimación formal y previa como lo manda la ley y sin que se pueda considerar que el actuar del ofendido implicara una agresión o amenaza contra el policía penitenciario, por lo que no se puede considerar que su actuar se encuentra amparado dentro de la causal de eximente de responsabilidad invocada por el Tribunal ad-quem.-CONSIDERANDO (7): Que finaliza el concepto de agravio constitucional formalizado por la recurrente, señalando que a criterio del Ministerio Público con la prueba aportada en el proceso se acreditan los extremos necesarios para dictar auto de prisión de conformidad al artículo 94 de la Constitución de la República, tal y como lo valora el ad-quem en la resolución que hoy se cuestiona y que deja de ser coherente al establecer que a pesar de estar acreditado tanto el delito como la participación del imputado procede decretar el sobreseimiento definitivo debido a la eximente contemplada en el artículo 24 numeral 5 del Código Penal, sin hacer una relación motivada de los hechos demostrados y la normativa legal aplicable de manera tal que llevase a este ente acusador al convencimiento de que un sobreseimiento definitivo decretado en base a esta eximente de responsabilidad deviene de una valoración apropiada de la prueba aportada conforme a las reglas de la sana critica, y que por tanto la resolución dictada por el ad-quem constituya una resolución justa y apegada a derecho, quedando evidenciado únicamente que el ad-quem ha utilizado una fundamentación jurídica que no es aplicable al caso concreto, sin darle a las pruebas recibidas el valor probatorio que razonablemente tienen y que debieron concluir en la revocatoria de la resolución apelada para decretar el auto de prisión que en derecho corresponde.-CONSIDERANDO (8): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.-CONSIDERANDO (9): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO (10): Que la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (11): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, al confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado, cumple con esa exigencia.-CONSIDERANDO (12): Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 92 de la Constitución de la República, el auto de prisión solamente podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la plena prueba de haberse cometido un delito que merezca pena de privación de la libertad y además un indicio racional de quien ha podido ser su autor.-CONSIDERANDO (13): Que el artículo 296 del Código Procesal Penal establece numerus clausus los supuestos en los cuales se podrá dictar un sobreseimiento definitivo.-CONSIDERANDO (14): Que según lo prevé el artículo 116 del Código Penal, “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capítulo, comete el delito de homicidio simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. La pena será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, cuando la víctima del delito fuese autoridad judicial, policial, miembro del Ministerio Público, funcionario o empleado de Centros Penales, cuando el delito fuese cometido con ocasión o en el ejercicio de su cargo o función”.-CONSIDERANDO (15): Que antiguamente el Derecho penal concedió escasa importancia al elemento subjetivo del delito, de tal manera que por regla general se apreciaba solamente el daño producido, haciéndose responder al sujeto por la simple causación de un resultado, es lo que se denomina responsabilidad objetiva, concretada en la vieja máxima latina “qui versatur in re illicita respondit etiam pro casu”, (el que ejecuta un hecho ilícito responde de todas sus consecuencias, incluso las no queridas ni previstas, aún cuando se produjeran por un puro caso fortuito.).-CONSIDERANDO (16): Que con el transcurso del tiempo se ha producido el tránsito de un derecho penal puramente objetivo con una responsabilidad fundada exclusivamente en un resultado dañoso, a un derecho penal que se apoya en el denominado principio de culpabilidad y en razón del cual para apreciar la existencia de responsabilidad criminal no basta la constatación de que se ha producido un resultado dañoso o la puesta en peligro de un bien jurídico protegido, sino también, que la acción realizada por el sujeto puede serle atribuida a título de dolo o de culpa.-CONSIDERANDO (17): Que el principio de culpabilidad encuentra reconocimiento expreso en el artículo 13 párrafo primero del Código Penal, donde se establece que “El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo.”.-CONSIDERANDO (18): Que el artículo 24 del Código Penal, señala los supuestos de exención de responsabilidad penal, entre los cuales el numeral 5, dispone: “Quien obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Se entenderá que existe esta última circunstancia respecto de la autoridad o de sus agentes y de las personas que concurran en su auxilio, que en caso de desobediencia o resistencia para evitar la fuga de un delincuente empleen medios proporcionados de represión, siempre que preceda intimación formal; y…”.-CONSIDERANDO (19): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la sentencia impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal ad-quem afirma que “….resolución que este Tribunal comparte ya que de la prueba evacuada en la audiencia inicial, se llega a la conclusión de que al acusado lo enmarca una causa que lo exime de responsabilidad penal, ya que su actuar como Agente de Policía que custodia a los internos de la Penitenciaria Nacional tenia obligaciones precisas para evitar la fuga de un delincuente, por lo que su obrar esta contemplado en el artículo 24 numeral 5 del Código Penal”; argumentación que no resulta coherente, toda vez que el A-quo para dictar sobreseimiento definitivo a favor del imputado a citado otras razones muy distintas a las argumentadas por el Tribunal de Alzada, amen de lo señalado esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 296 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que lo llevaban a confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado.-CONSIDERANDO(20): Que la motivación externada por el Tribunal ad-quem se revela insuficiente, pues afirma que concurren tanto los elementos objetivos como subjetivos del tipo penal de Homicidio simple, y del autor del mismo, sin embargo hace un razonamiento que no es suficientemente lógico y coherente de los elementos probatorios que obran en el proceso, dando pie con ello a que la referida sentencia no explique por que a ese Tribunal le parece que con la declaración de dos testigo y la propia declaración del imputado, se llega a la conclusión de que la conducta delictiva imputada esta cubierta por una causa de exención penal.-CONSIDERANDO (21): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido.-CONSIDERANDO (22): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (23): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos del delito de HOMICIDIO SIMPLE que se atribuye al imputado, y así determinar si es procedente decretar un auto de prisión, o en su defecto el sobreseimiento provisional o definitivo de la causa.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13, 24 numeral 5 y 116 del Código Penal; 141, 295, 296 y 297 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra el fallo proferido en fecha doce de marzo del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÌQUESE. - Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 613-2012.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL