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Sentencia AP-60-16 — Registro 10353

Resumen

Resolución impugnada que declaró sin lugar la admisión de recibimiento a pruebas en segunda instancia y no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento, con relación a la causa instruida contra recurrentes por suponerlos responsables del delito de Contrabando en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras y el Patrimonio Cultural de la Nación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."8): Que al estudiarse la foliada y específicamente las resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fechas veinticinco y veintinueve de septiembre de dos mil quince, respectivamente, que declararon sin lugar la admisión de recibimiento a pruebas en segunda instancia y declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintiuno de julio de dos mil quince; se aprecia en las mismas, que el Ad-Quem en la primera señala que cada medio probatorio debe tener una finalidad probatoria dentro del proceso, en el caso de mérito la diligencia solicitada se tornó inútil para los efectos de acreditar una cadena de custodia de las piezas arqueológicas con la inspección al Ministerio Público; ya, que el objeto del proceso es establecer como las mismas fueron introducidas a otro territorio por los imputados. De tal manera que esa inspección no se refiere directamente con el objeto de la investigación; sino a una investigación a un persona diferente del proceso. Y en la segunda resolución hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, al concluir que en el presente caso existe plena prueba de la comisión del tipo penal de Contrabando, por la ocurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que los califican e indicios racionales para conceptualizar el imputado como autor de ellos. En consecuencia el encartado tiene el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que las decisiones del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento de los imputados, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALEX OMAR GARCÍA RODRIGUEZ a favor de los señores CONSTANTINO ANTONIO MONTERROSO PALOMO y TULIO MONTERROSO BONILLA, contra las resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fechas veinticinco y veintinueve de septiembre de dos mil quince, respectivamente, que declararon sin lugar la admisión de recibimiento a pruebas en segunda instancia y declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintiuno de julio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra los señores CONSTANTINO ANTONIO MONTERROSO PALOMO y TULIO MONTERROSO BONILLA por suponerlos responsables del delito de CONTRABANDO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los Artículos 1, 6, 61, 64, 69, 82, 90, 95, 96, 97 y 98 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cinco de junio de dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, la Abogada OLGA FLORINDA MONCADA SAUCEDA, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores CONSTANTINO ANTONIO MONTERROSO PALOMO y TULIO MONTERROSO BONILLA por suponerlos responsables del delito de CONTRABANDO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. (Folios 2-6 del expediente del A-Quo).- 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en la continuación de la audiencia inicial iniciada en fecha veintiuno de julio de dos mil quince y finalizada en fecha tres de agosto de dos mil quince, resolvió: (Sic) “1). … 1) SE DECRETA AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra CONSTANTINO ANTONIO MONTERROSO Y MARCO TULIO MONTERROSO BONILLA a quienes se les supone responsables del delito de CONTRABANDO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- 2) En cuanto a la medida cautelar a imponer es la prisión preventiva establecida en el articulo 173 numeral 5 del Código Procesal Penal…” (Folios del 436-444 de la pieza del A-Quo). -3) Que conociendo de una solicitud de apertura a pruebas en segunda instancia planteada por el Abogado ALEX OMAR GARCÍA RODRIGUEZ en su condición de defensor privado de los imputados, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, dictó resolución en la que resolvió: “…DECLARAR Sin Lugar la admisión de recibimiento a pruebas…” (Folios del 481-482 de la pieza del Ad-Quem).- 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALEX OMAR GARCÍA RODRIGUEZ, en su condición de antes indicada, contra la resolución de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, dictó sentencia en la que resolvió: “…1) DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALEX OMAR GARCÍA RODRIGUEZ, defensor privado.- 2) Confirmar la resolución apelada…”(Folios del 483-487 de la pieza del Ad-quem).-5) Que el recurrente Abogado ALEX OMAR GARCÍA RODRIGUEZ compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor de los señores CONSTANTINO ANTONIO MONTERROSO y TULIO MONTERROSO BONILLA, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fechas veinticinco y veintinueve de septiembre de dos mil quince, respectivamente, son violatorias de lo dispuesto en los artículos 1, 6, 61, 64, 69, 82, 90, 95, 96, 97 y 98 de la Constitución de la República.-6) Que en fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado ALEX OMAR GARCÍA RODRIGUEZ a favor de los señores CONSTANTINO ANTONIO MONTERROSO PALOMO y TULIO MONTERROSO BONILLA, contra las resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fechas veinticinco y veintinueve de septiembre de dos mil quince, respectivamente, que declararon sin lugar la admisión de recibimiento a pruebas en segunda instancia y declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintiuno de julio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra los señores CONSTANTINO ANTONIO MONTERROSO PALOMO y TULIO MONTERROSO BONILLA por suponerlos responsables del delito de CONTRABANDO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado ALEX OMAR GARCÍA RODRIGUEZ considera que existe una vulneración en perjuicio de sus representados los Artículos 1, 6, 61, 64, 69, 82, 90, 95, 96, 97 y 98 de la Constitución de la República, puesto que las resoluciones no se basan en medios de prueba como huellas dactilares, cadena de custodia legal de los objetos del supuesto contrabando, ni quisiera en actas de decomiso o actas de deposito, se basan en documento no fehacientes que evidencian un indebido e ilegal procedimiento al momento de decomisar, custodia y depositar las piezas de convicción. Señalando que el Ministerio Público no presentó de modo ordenado y legal la cadena de custodia y deposito de los objetos, Aún alegando estos extremos la defensa no fue escuchada; y, se procedió a dictar auto de formal procesamiento, mismo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones, al denegar el recurso de apelación interpuesto. La resolución no toma en cuanta que los medios de prueba presentados para ser admitidos y evacuados en segunda instancia, son directamente eficaces a favor de los imputados pues con ellos de demostraría que el Ministerio Público no cuenta con una salida cadena de custodia para acreditar la mínima participación de sus defendidos en el delito de contrabando con el que se les pretende vincular.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. -CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente las resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fechas veinticinco y veintinueve de septiembre de dos mil quince, respectivamente, que declararon sin lugar la admisión de recibimiento a pruebas en segunda instancia y declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintiuno de julio de dos mil quince; se aprecia en las mismas, que el Ad-Quem en la primera señala que cada medio probatorio debe tener una finalidad probatoria dentro del proceso, en el caso de mérito la diligencia solicitada se tornó inútil para los efectos de acreditar una cadena de custodia de las piezas arqueológicas con la inspección al Ministerio Público; ya, que el objeto del proceso es establecer como las mismas fueron introducidas a otro territorio por los imputados. De tal manera que esa inspección no se refiere directamente con el objeto de la investigación; sino a una investigación a un persona diferente del proceso. Y en la segunda resolución hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, al concluir que en el presente caso existe plena prueba de la comisión del tipo penal de Contrabando, por la ocurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que los califican e indicios racionales para conceptualizar el imputado como autor de ellos. En consecuencia el encartado tiene el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que las decisiones del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento de los imputados, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.

…...

Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0060-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL