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Sentencia AP-599-15 — Registro 6260

Resumen

Recurso de amparo interpuesto por Ministerio publico contra resolución que declaró parcialmente con lugar recurso de apelación y otorgo sobreseimiento provisional a favor de imputados por los delitos de Trafico Ilícito de Personas y Soborno en perjuicio del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que le fue parcialmente adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad­-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal, como ser el formal procesamiento de unos de los imputados y el sobreseimiento de otros; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I Ó N

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de mayo del año dos mil quince, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Choluteca, en fecha diecisiete de abril del año dos mil quince; en la causa instruida contra el señor KEVIN ANTONIO FLORES, por suponerlo responsable de los delitos de TRAFICO ILICITO DE PERSONAS y SOBORNO, asimismo contra los señores VICTOR ALONSO GUEVARA, IVIS ISAAC ANDINO y LEONEL ARMANDO MENDEZ, por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS.- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce de abril del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Choluteca, el Abogado RAMON ABRAHAN CRUZ HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor KEVIN ANTONIO FLORES ARGUETA, por el delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS y SOBORNO DOMESTICO y contra VICTOR ALFONSO GUEVARA, IVIS ISAAC ANDINO BARAHONA y LEONEL ARMANDO MENDEZ, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA ADMINISTRACION PUBLICA.- (Folios 1 al 4 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha diecisiete de abril del año dos mil quince, el Juzgado instructor, Resuelve: “PRIMERO: DECRETA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL en cuanto al imputado VICTOR ALFONSO GUEVARA, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS, en perjuicio de la SEGURIDAD Y LIBERTAD DE LAS PERSONAS. SEGUNDO: Decretar auto de formal procesamiento en contra del imputado KEVIN ANTONIO FLORES ARGUETA por suponerlo responsable de los delitos de TRAFICO ILICITO DE PERSONAS Y SOBORNO DOMESTICO, en perjuicio de la SEGURIDAD Y LIBERTAD DE LAS PERSONAS Y LA ADMINISTRACION PUBLICA. TERCERO: Decreta auto de formal procesamiento en contra de los imputados IVIS ISAAC ANDINO BARAHONA y LEONEL ARMANDO MENDEZ por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS en perjuicio de la SEGURIDAD Y LIBERTAD DE LAS PERSONAS Y LA ADMINISTRACION PUBLICA. CUARTO: Se decreta a los imputados KEVIN ANTONIO FLORES ARGUETA, IVIS ISAAC ANDINO BARAHONA y LEONEL ARMANDO MENDEZ, la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA a cumplirse en el Centro Penal de Choluteca por el termino de DOS AÑOS…” (Folios 56 al 61 de la pieza del Juzgado). 3) Que en fecha catorce de mayo del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, “DECLARA: 1) CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por los Defensores Privados, Abogados DILENIA ELIZABETH HERRERA GARCIA y ORBIN RAUL GARCIA, contra la resolución pronunciada en la audiencia inicial de fecha (17) de abril del año dos mil quince, en la causa penal que se le instruye a los señores KEVIN ANTONIO FLORES, VICTOR ALFONSO GUEVARA, IVIS ISAAC ANDINO y LEONEL ARMANDO MENDEZ, de generales ya expresadas, por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS Y SOBORNO DOMESTICO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2-) En consecuencia REFORMAR la resolución recurrida quedando la misma así: 1) Se CONFIRMA EL Auto de Prisión decretado contra el señor LEONEL ARMANDO MENDEZ, por la comisión del delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS, en perjuicio de la SEGURIDAD Y LIBERTAD DE LAS PERSONAS; 2) Se CONFIRMA además el Sobreseimiento Provisional pronunciado por la Jueza A-quo en la audiencia inicial, a favor del señor VICTOR ALFONSO GUEVARA, por suponerlo responsable del delito TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS, en perjuicio de la SEGURIDAD y LIBERTAD DE LAS PERSONAS; 3) Se REVOCA el Auto de Prisión decretado en contra de los señores KEVIN ANTONIO FLORES, e IVIS ISAAC ANDINO BARAHONA, por la comisión del delito TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS, en perjuicio de la SEGURIDAD y LIBERTAD DE LAS PERSONAS, debiendo decretarse el correspondiente Sobreseimiento Provisional de la causa…” (Folio 4 al 9 de la Pieza de Corte de Apelaciones) 4) La recurrente abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de junio del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha catorce de mayo del año dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha cinco de octubre del año dos mil quince, este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de mayo del año dos mil quince, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha diecisiete de abril del año dos mil quince; en la causa instruida contra el señor KEVIN ANTONIO FLORES, por suponerlo responsable de los delitos de TRAFICO ILICITO DE PERSONAS y SOBORNO, asimismo contra los señores VICTOR ALONSO GUEVARA, IVIS ISAAC ANDINO y LEONEL ARMANDO MENDEZ, por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO señala que la Corte de Apelaciones no valoró la prueba aportada por el ente Fiscal de la forma como señala la norma procesal penal; igualmente hay una flagrante violación al derecho de tutela judicial, por no garantizarse el debido proceso, esto por la falta de motivación de la resolución emitida, al no haberse realizado una valoración de las pruebas conforme a la sana critica. El ente Fiscal no comparte la resolución dictada por la Honorable Corte de Apelaciones pues a su criterio se debe decretar el auto de formal procesamiento en contra de los ahora imputados, por darse los requisitos para decretar como lo es la actividad mínima probatoria para decretar el auto de formal procesamiento; así mismo se acreditaron los elementos esenciales de los tipos penales por los cuales el Ministerio Público presentó el requerimiento Fiscal de acuerdo a los presupuestos establecidos en el Artículo 195 del Código Penal; ni mucho menos debió decretar sobreseimiento definitivo por el delito de soborno domestico a favor del imputado Kevin Antonio Flores; ya quedó acreditado con la declaración de los policías militares que les ofreció dinero para que los dejara seguir transportando de manera ilegal a los extranjeros que iban en el autobús, vulnerando con ello el principio de legalidad o primacía de la ley, que es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y a la voluntad de las personas. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de mayo del año dos mil quince, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Choluteca, en fecha diecisiete de abril del año dos mil quince, se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, y luego de analizado las argumentaciones expuestas por la defensa privada como por la parte apelante y las argumentaciones refutativas de la Fiscalía del Ministerio Público, en su condición de apelada; y, habiendo apreciado la resolución pronunciada por el Juez Instructor en la audiencia inicial y los elementos de prueba, consideró procedente declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que le fue parcialmente adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad­-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal, como ser el formal procesamiento de unos de los imputados y el sobreseimiento de otros; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0599=2015.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

K.M.