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Sentencia AP-580-15 — Registro 6040

Resumen

La resolución impugnada violenta garantías constitucionales ya que inadmitió varios medios de prueba documentales y periciales propuestos por el Recurrente encaminadas a demostrar agresión contra la menor que desencadenó su trágica muerte.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, ha estimado que se han vulnerado los derechos fundamentales invocados como lo son el debido proceso y derecho de defensa; y como consecuencia lógica deben de restablecerse; y para tal fin se debe otorgar el amparo solicitado anulando parcialmente la resolución judicial adoptada en fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA, dejando sin valor ni efecto la inadmisión de los medios de prueba documentales y pericial propuesto por el Ministerio Publico..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de junio de dos mil dieciséis. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha once de junio del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA; con relación a la causa instruida contra la señora KEDI MARINELA OLIVERA CRUZ, por suponerla responsable del delito PARRICIDIO, en perjuicio de su menor hija HELEN MARINELA MELENDEZ OLIVERA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha doce de mayo del año dos mil quince, la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ ROMERO, interpuso ante la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, Recurso de Amparo a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, mediante la cual denegó la admisión de varios medios de prueba periciales; por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 2) Que en fecha once de junio de dos mil quince, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, OTORGÓ LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ, contra el auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince. 3) Que en fecha diecisiete de junio de dos mil quince, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el Artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA; con relación a la causa instruida contra la señora KEDI MARINELA OLIVERA CRUZ, por suponerla responsable del delito PARRICIDIO, en perjuicio de su menor hija HELEN MARINELA MELENDEZ OLIVERA. CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, manifestando básicamente que el auto dictado en fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA; atenta contra lo preceptuado en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; ya que la prueba propuesta tiene relación con el caso que se ventila, sin llegar a ser inútiles o desproporcionadas, encaminadas a demostrar agresión contra la menor que desencadenó su trágica muerte. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, ha estimado que se han vulnerado los derechos fundamentales invocados como lo son el debido proceso y derecho de defensa; y como consecuencia lógica deben de restablecerse; y para tal fin se debe otorgar el amparo solicitado anulando parcialmente la resolución judicial adoptada en fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA, dejando sin valor ni efecto la inadmisión de los medios de prueba documentales y pericial propuesto por el Ministerio Publico. CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el derecho de petición es la facultad que toda persona tiene para presentar solicitudes ante las autoridades o ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta solución sobre lo solicitado. Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO OCHO (8): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 1, 59, 82,90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha once de junio del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho.- Y MANDA Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FEANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de junio de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en éste Tribunal con el número 0580-2015.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.