Sentencia AP-577-15 — Registro 6309
Resumen
Sentencia en consulta denegó recurso de amparo contra resolución dictada por Juzgado de primera instancia que consideró que se tenía que esperar la resolución de un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones y que el Ente acusador no dejo plenamente establecido si los encausados se encontraban aún pernoctando en el terreno, todo en relación a la causa contra recurrente a quienes se les supone responsables del delito de usurpación en perjuicio del Patronato de la Residencial Monte María; La Autoridad recurrida considera que se acreditó que el Patronato de la Residencial Monte María adquirió mediante compra-venta con el Banco Central de Honduras un inmueble para ampliar la Residencial Monte María siendo la resolución de primera instancia conforme a derecho no existiendo vulneración de derechos fundamentales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"se conoce en consulta la sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO, a favor de los señores MARIA LETICIA GARCIA VILLANUEVEA, MARIA ANACLETA VILLANUEVA, MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ, BELKIS YADIRA RUIZ GARCIA, CLAUDIA JANETH GOMEZ ABREGO, FELICITO PADILLA, CARLOS GOMEZ RODIRIGUEZ, Y JOSE DANILO GARCIA VILLANUEVA. Mediante la cual se Denegó la acción de Amparo interpuesta, contra la resolución del Juzgado de Letras Penal de la misma Sección Judicial, de fecha veintidós de octubre del año dos mil trece., en relación al requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra los señores EVA CASTILLO, JOSE CARMELO ALVARADO SANCHEZ, KAREN ANTONIA URBINA ULLOA, NORMA DILCIA MEDINA BONILLA, JORGE ALBERTO CABALLERO REYES, JORGE ALBERTO CABALLEROMANCIA, MAIRA CORINA URBINA ULLOA Y CESAR EDUARDO TREJO CASTILLO, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio del PATRONATO DE LA RESIDENCIA MONTE MARIA..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de septiembre del dos mil dieciséis.-VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha nueve de junio de dos mil quince, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO a favor de los ciudadanos MARIA LETICIA GARCIA VILLANUEVA, MARIA ANACLETA VILLANUEVA, MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ, BELKIS YADIRA RUIZ GARCIA, CLAUDIA JANETH GOMEZ ABREGO, FELICITO PADILLA, CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE DANILO GARCIA VILLANUEVA, contra la resolución proferida de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, con relación a la causa instruida contra MARIA LETICIA GARCIA VILLANUEVA y OTROS por suponerlos responsables del delito de usurpación, en perjuicio del PATRONATO DE LA RESIDENCIAL MONTE MARIA. Estima el recurrente que dicha resolución es violatoria del derecho a la defensa, de igualdad y de presunción de inocencia, así como de la garantía constitucional del debido proceso, estipulados en los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis de enero de dos mil trece, el Abogado MARCO TULIO CARTAGENA MARQUEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal Unificado de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores (sic) “EVA CASTILLO, JOSE CARMELO ALVARADO SANCHEZ, KAREN ANTONIA URBINA ULLOA, NORMA DILCIA MEDINA BONILLA, JORGE ALBERTO CABALLERO REYES, JORGE ALBERTO CABALLERO MANCIA, MAIRA CORINA URBINA ULLOA y CESAR EDUARDO TREJO CASTILLO, por suponerlos responsables del delito de USURPACION, en perjuicio del PATRONATO DE RESIDENCIAL MONTE MARIA.” (Folios 1 al 3 de la pieza de antecedentes).- 2) Que en fecha veintidós de octubre de dos mil trece el Juzgado en referencia, dictó resolución mediante la cual resolvió (Sic) “PRIMERO: Previo al cumplimiento del desalojo peticionado por el ente acusador, es necesario esperar la resolución de la Honorable Corte de Apelaciones, en virtud que se encuentra pendiente un recurso de apelación interpuesto por la defensa.- SEGUNDO: el Ministerio Publico no dejo plenamente establecido si los encausados EVA CASTILLO, JOSE CARMELO ALVARADO SANCHEZ, KAREN ANTONIA URBINA ULLOA, NORMA DILCIA MEDINA BONILLA, JORGE ALBERTO CABALLERO REYES, MANCIA, MAIRA CORINA URBINA ULLOA Y CESAR EDUARDO TREJO CASTILLO, aun se encuentran pernoctando en dicho terreno….” NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. (Folio 384 de la pieza de antecedentes).- 3) Que el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO, en su condición de apoderado defensor, compareció en fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, ante la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores MARIA LETICIA GARCIA VILLANUEVA, MARIA ANACLETA VILLANUEVA, MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ, BELKIS YADIRA RUIZ GARCIA, CLAUDIA JANETH GOMEZ ABREGO, FELICITO PADILLA, CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE DANILO GARCIA VILLANUEVA, contra la resolución proferida en fecha veintidós de octubre de dos mil trece, por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Manifestando el recurrente que dicha resolución es violatoria del derecho a la defensa, de igualdad y de presunción de inocencia, así como de la garantía constitucional del debido proceso, estipulados en los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. (Ver folios 1 al 9 de la pieza de segunda instancia).- 4) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha nueve de junio de dos mil quince, dictó sentencia mediante la cual falló (Sic) “DENEGANDO LA ACCION DE AMPARO de que se ha hecho mérito interpuesta por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO, a favor de los ciudadanos MARIA LETICIA GARCIA VILLANUEVA, MARIA ANACLETA VILLANUEVA, MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ, BELKIS YADIRA RUIZ GARCIA, CLAUDIA JANETH GOMEZ ABREGO, FELICITO PADILLA, CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE DANILO GARCIA VILLANUEVA, contra la RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIDOS (22) DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE (2013), dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE ESTA CIUDAD.- (Ver folios 60 al 63 de la pieza de segunda instancia).- 5) Que en fecha diecisiete de junio de dos mil quince, esta Sala, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO, a favor de los señores MARIA LETICIA GARCIA VILLANUEVEA, MARIA ANACLETA VILLANUEVA, MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ, BELKIS YADIRA RUIZ GARCIA, CLAUDIA JANETH GOMEZ ABREGO, FELICITO PADILLA, CARLOS GOMEZ RODIRIGUEZ, Y JOSE DANILO GARCIA VILLANUEVA. Mediante la cual se Denegó la acción de Amparo interpuesta, contra la resolución del Juzgado de Letras Penal de la misma Sección Judicial, de fecha veintidós de octubre del año dos mil trece., en relación al requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra los señores EVA CASTILLO, JOSE CARMELO ALVARADO SANCHEZ, KAREN ANTONIA URBINA ULLOA, NORMA DILCIA MEDINA BONILLA, JORGE ALBERTO CABALLERO REYES, JORGE ALBERTO CABALLEROMANCIA, MAIRA CORINA URBINA ULLOA Y CESAR EDUARDO TREJO CASTILLO, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio del PATRONATO DE LA RESIDENCIA MONTE MARIA.-CONSIDERANDO (4): Que el impetrante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortés manifestando, que recurre la resolución de fecha veintidós de octubre del año dos mil trece dictada por el A-Quo, en la causa penal contra los señores EVA CASTILLO Y OTROS por el supuesto delito de USURPACIÓN, dice que sus representados no tuvieron acceso para impugnar en virtud que nunca han sido demandados y los deja indefensos, es decir no han actuado como partes o sujetos procesales mucho menos imputados, tampoco han gozado de otros derechos de subsanar, es decir que ha sido imposible obtener su subsanación por cuanto no son sujetos procesales, así como la imposibilidad de recurrir excepto esta única garantía de amparo.-CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones impugnada en su sentencia deja establecido: que la resolución del a quo esta dictada conforme a derecho, habiéndose acreditado en autos que el Patronato de la Residencial Monte María adquirió mediante compra-venta que le hiciera el Banco Central de Honduras en fecha 17 de febrero del año 2012 un inmueble con el objeto de realizar una ampliación o tercera etapa de la Residencial “Monte María” (F. 159-179 primera pieza).Por su parte el asentamiento humano denominado Colonia Brisas de la Montaña no tiene documento alguno que acredite que son propietarios del inmueble en discordia. Por otra parte el asentamiento humano referido solicitó expropiación de dicho inmueble por causa de necesidad pública ante la dirección Nacional de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad, dicha solicitud fue declarada Sin Lugar mediante resolución número 080-2013, en virtud e que la expropiación por causa de necesidad pública no podrá ser aplicado a urbanizaciones o proyectos habitacionales debidamente constituidos en cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley”. Asimismo en cuanto a que el recurrente manifiesta que la solicitud de desalojo hecha por el Ministerio Público a todos los vecinos de “Brisas de la Montaña” violenta los derechos constitucionales de muchos a quienes no se les ha imputado ningún delito; señalando El Ad-Quem que de la “documentación presentada por el Patronato de la Colonia “Brisas de la Montaña” se desprende que dicho asentamiento humano es un grupo de personas debidamente organizadas que está afiliada a la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (CONAFEPH, folio 247 primera pieza) y por tanto dicho grupo tiene una Junta Directiva, la cual fue acusada penalmente por el delito de Usurpación, en perjuicio del Patronato pro-mejoramiento de la residencial “Monte María” a quienes el A-Quo les dictó auto de formal procesamiento al haberse acreditado que dicho grupo no es el propietario de dicho bien inmueble, resolución confirmada por la Corte de Apelaciones. Además hace referencia al Perfil comunitario de la Colonia “Brisas de la Montaña” refiriendo que el número de predios ocupados por el asentamiento humano “Brisas de la Montaña” es de ciento diecisiete aproximadamente y el número de personas del grupo son cincuenta aproximadamente, organizadas a través de la junta directiva, concluyendo la alzada: “Si bien es cierto el Ministerio Público acusó penalmente por el delito de Usurpación a los miembros de la Junta Directiva del asentamiento humano “Brisas de la Montaña” a quienes se les dictó auto de formal procesamiento confirmado por esa Corte de Apelaciones, también es cierto que los órganos jurisdiccionales e aplicación al artículo 227 del Código Procesal Penal devienen obligados a “tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el Juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”, en consecuencia expone que habiéndose acreditado la propiedad de la residencial “Monte María procede ordenar el desalojo del bien usurpado, mismo que esta siendo ocupado por un grupo de personas organizadas en un patronato afiliado a la “CONAFEPH”, como quedó acreditado en autos. Señala además que si bien se acusó a la Junta Directiva del asentamiento humano por ostentarla representación legal de dicho grupo, por el hecho de no estar acusados los demás miembros no significa que están legitimados para ocupar un inmueble que ya los órganos jurisdiccionales han resuelto que está acreditado en autos que no les pertenece. Concluyendo el Ad-Quem que no se han violentado los derechos constitucionales invocados por el recurrente, en consecuencia denegó el Recurso de Amparo interpuesto.-CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y de la sentencia venida en Consulta esta Sala observa: que el razonamiento y preceptos jurídicos invocados en dicha sentencia por el Ad-Quem son de recibo, enmarcados dentro de los requisitos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que tal como lo dice el Tribunal de alzada no existe vulneración a ninguno de los derechos invocados por el impetrante.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 3 y 5, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha nueve de junio del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada. ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0577-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de septiembre del dos mil dieciséis.-VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha nueve de junio de dos mil quince, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO a favor de los ciudadanos MARIA LETICIA GARCIA VILLANUEVA, MARIA ANACLETA VILLANUEVA, MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ, BELKIS YADIRA RUIZ GARCIA, CLAUDIA JANETH GOMEZ ABREGO, FELICITO PADILLA, CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE DANILO GARCIA VILLANUEVA, contra la resolución proferida de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, con relación a la causa instruida contra MARIA LETICIA GARCIA VILLANUEVA y OTROS por suponerlos responsables del delito de usurpación, en perjuicio del PATRONATO DE LA RESIDENCIAL MONTE MARIA. Estima el recurrente que dicha resolución es violatoria del derecho a la defensa, de igualdad y de presunción de inocencia, así como de la garantía constitucional del debido proceso, estipulados en los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis de enero de dos mil trece, el Abogado MARCO TULIO CARTAGENA MARQUEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal Unificado de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores (sic) “EVA CASTILLO, JOSE CARMELO ALVARADO SANCHEZ, KAREN ANTONIA URBINA ULLOA, NORMA DILCIA MEDINA BONILLA, JORGE ALBERTO CABALLERO REYES, JORGE ALBERTO CABALLERO MANCIA, MAIRA CORINA URBINA ULLOA y CESAR EDUARDO TREJO CASTILLO, por suponerlos responsables del delito de USURPACION, en perjuicio del PATRONATO DE RESIDENCIAL MONTE MARIA.” (Folios 1 al 3 de la pieza de antecedentes).- 2) Que en fecha veintidós de octubre de dos mil trece el Juzgado en referencia, dictó resolución mediante la cual resolvió (Sic) “PRIMERO: Previo al cumplimiento del desalojo peticionado por el ente acusador, es necesario esperar la resolución de la Honorable Corte de Apelaciones, en virtud que se encuentra pendiente un recurso de apelación interpuesto por la defensa.- SEGUNDO: el Ministerio Publico no dejo plenamente establecido si los encausados EVA CASTILLO, JOSE CARMELO ALVARADO SANCHEZ, KAREN ANTONIA URBINA ULLOA, NORMA DILCIA MEDINA BONILLA, JORGE ALBERTO CABALLERO REYES, MANCIA, MAIRA CORINA URBINA ULLOA Y CESAR EDUARDO TREJO CASTILLO, aun se encuentran pernoctando en dicho terreno….” NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. (Folio 384 de la pieza de antecedentes).- 3) Que el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO, en su condición de apoderado defensor, compareció en fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, ante la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores MARIA LETICIA GARCIA VILLANUEVA, MARIA ANACLETA VILLANUEVA, MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ, BELKIS YADIRA RUIZ GARCIA, CLAUDIA JANETH GOMEZ ABREGO, FELICITO PADILLA, CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE DANILO GARCIA VILLANUEVA, contra la resolución proferida en fecha veintidós de octubre de dos mil trece, por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Manifestando el recurrente que dicha resolución es violatoria del derecho a la defensa, de igualdad y de presunción de inocencia, así como de la garantía constitucional del debido proceso, estipulados en los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. (Ver folios 1 al 9 de la pieza de segunda instancia).- 4) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha nueve de junio de dos mil quince, dictó sentencia mediante la cual falló (Sic) “DENEGANDO LA ACCION DE AMPARO de que se ha hecho mérito interpuesta por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO, a favor de los ciudadanos MARIA LETICIA GARCIA VILLANUEVA, MARIA ANACLETA VILLANUEVA, MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ, BELKIS YADIRA RUIZ GARCIA, CLAUDIA JANETH GOMEZ ABREGO, FELICITO PADILLA, CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE DANILO GARCIA VILLANUEVA, contra la RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIDOS (22) DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE (2013), dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE ESTA CIUDAD.- (Ver folios 60 al 63 de la pieza de segunda instancia).- 5) Que en fecha diecisiete de junio de dos mil quince, esta Sala, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO, a favor de los señores MARIA LETICIA GARCIA VILLANUEVEA, MARIA ANACLETA VILLANUEVA, MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ, BELKIS YADIRA RUIZ GARCIA, CLAUDIA JANETH GOMEZ ABREGO, FELICITO PADILLA, CARLOS GOMEZ RODIRIGUEZ, Y JOSE DANILO GARCIA VILLANUEVA. Mediante la cual se Denegó la acción de Amparo interpuesta, contra la resolución del Juzgado de Letras Penal de la misma Sección Judicial, de fecha veintidós de octubre del año dos mil trece., en relación al requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra los señores EVA CASTILLO, JOSE CARMELO ALVARADO SANCHEZ, KAREN ANTONIA URBINA ULLOA, NORMA DILCIA MEDINA BONILLA, JORGE ALBERTO CABALLERO REYES, JORGE ALBERTO CABALLEROMANCIA, MAIRA CORINA URBINA ULLOA Y CESAR EDUARDO TREJO CASTILLO, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio del PATRONATO DE LA RESIDENCIA MONTE MARIA.-CONSIDERANDO (4): Que el impetrante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortés manifestando, que recurre la resolución de fecha veintidós de octubre del año dos mil trece dictada por el A-Quo, en la causa penal contra los señores EVA CASTILLO Y OTROS por el supuesto delito de USURPACIÓN, dice que sus representados no tuvieron acceso para impugnar en virtud que nunca han sido demandados y los deja indefensos, es decir no han actuado como partes o sujetos procesales mucho menos imputados, tampoco han gozado de otros derechos de subsanar, es decir que ha sido imposible obtener su subsanación por cuanto no son sujetos procesales, así como la imposibilidad de recurrir excepto esta única garantía de amparo.-CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones impugnada en su sentencia deja establecido: que la resolución del a quo esta dictada conforme a derecho, habiéndose acreditado en autos que el Patronato de la Residencial Monte María adquirió mediante compra-venta que le hiciera el Banco Central de Honduras en fecha 17 de febrero del año 2012 un inmueble con el objeto de realizar una ampliación o tercera etapa de la Residencial “Monte María” (F. 159-179 primera pieza).Por su parte el asentamiento humano denominado Colonia Brisas de la Montaña no tiene documento alguno que acredite que son propietarios del inmueble en discordia. Por otra parte el asentamiento humano referido solicitó expropiación de dicho inmueble por causa de necesidad pública ante la dirección Nacional de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad, dicha solicitud fue declarada Sin Lugar mediante resolución número 080-2013, en virtud e que la expropiación por causa de necesidad pública no podrá ser aplicado a urbanizaciones o proyectos habitacionales debidamente constituidos en cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley”. Asimismo en cuanto a que el recurrente manifiesta que la solicitud de desalojo hecha por el Ministerio Público a todos los vecinos de “Brisas de la Montaña” violenta los derechos constitucionales de muchos a quienes no se les ha imputado ningún delito; señalando El Ad-Quem que de la “documentación presentada por el Patronato de la Colonia “Brisas de la Montaña” se desprende que dicho asentamiento humano es un grupo de personas debidamente organizadas que está afiliada a la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (CONAFEPH, folio 247 primera pieza) y por tanto dicho grupo tiene una Junta Directiva, la cual fue acusada penalmente por el delito de Usurpación, en perjuicio del Patronato pro-mejoramiento de la residencial “Monte María” a quienes el A-Quo les dictó auto de formal procesamiento al haberse acreditado que dicho grupo no es el propietario de dicho bien inmueble, resolución confirmada por la Corte de Apelaciones. Además hace referencia al Perfil comunitario de la Colonia “Brisas de la Montaña” refiriendo que el número de predios ocupados por el asentamiento humano “Brisas de la Montaña” es de ciento diecisiete aproximadamente y el número de personas del grupo son cincuenta aproximadamente, organizadas a través de la junta directiva, concluyendo la alzada: “Si bien es cierto el Ministerio Público acusó penalmente por el delito de Usurpación a los miembros de la Junta Directiva del asentamiento humano “Brisas de la Montaña” a quienes se les dictó auto de formal procesamiento confirmado por esa Corte de Apelaciones, también es cierto que los órganos jurisdiccionales e aplicación al artículo 227 del Código Procesal Penal devienen obligados a “tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el Juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”, en consecuencia expone que habiéndose acreditado la propiedad de la residencial “Monte María procede ordenar el desalojo del bien usurpado, mismo que esta siendo ocupado por un grupo de personas organizadas en un patronato afiliado a la “CONAFEPH”, como quedó acreditado en autos. Señala además que si bien se acusó a la Junta Directiva del asentamiento humano por ostentarla representación legal de dicho grupo, por el hecho de no estar acusados los demás miembros no significa que están legitimados para ocupar un inmueble que ya los órganos jurisdiccionales han resuelto que está acreditado en autos que no les pertenece. Concluyendo el Ad-Quem que no se han violentado los derechos constitucionales invocados por el recurrente, en consecuencia denegó el Recurso de Amparo interpuesto.-CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y de la sentencia venida en Consulta esta Sala observa: que el razonamiento y preceptos jurídicos invocados en dicha sentencia por el Ad-Quem son de recibo, enmarcados dentro de los requisitos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que tal como lo dice el Tribunal de alzada no existe vulneración a ninguno de los derechos invocados por el impetrante.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 3 y 5, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha nueve de junio del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARCO ANTONIO TORRES RUBIO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada. ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0577-2015.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL