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Sentencia AP-541-15 — Registro 6230

Resumen

Resolución recurrida que revocó el sobreseimiento definitivo en relación a la causa instruida contra imputados por los delito de Abuso de Autoridad, Violación de los deberes de los funcionarios y Fraudese;argumentando una de las impetrante que le ampara la excepción contemplada en el Artículo 258 de la Constitución de la República, con relación a que los docentes pueden ser nombrados y desempeñar dos cargos o mas públicos remunerados, acreditándose el Acuerdo dictado por otro de los recurrentes ,cuando fungió como Ministro de Educación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO: Que las alegaciones señaladas por el recurrente no podrían configurarse como una violación al debido proceso, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte de los imputados y el tipo penal en que han podido tener participación, ya que en esta etapa procesal en que se encuentra la causa, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que los encausados son culpables de la comisión de los delitos que se les atribuye.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona el recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de abril de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado WILFREDO FLORES VALLADARES, mayor de edad, hondureño, inscrito en el colegio de abogados de Honduras con el numero 2121 y con dirección profesional en el edificio Midence Soto de esta ciudad, a favor del señor JUAN CARLOS GONZALES BATIS, mayor de edad, casado, ingeniero forestal, hondureño y con domicilio en la colonia 21 de febrero, zona 4, casa 1, o en la Aldea de Mateo La Puerta de Golpe, en este departamento; contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil ocho, que confirmó el auto de prisión dictado en audiencia inicial tomada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil ocho; con relación a la causa instruida contra el señor JUAN CARLOS GONZALES BATIS por suponerlo responsable del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES1) Que en fecha treinta de junio del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada MELIDA SAGRARIO SALINAS PONCE, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JUAN CARLOS GONZALES BATIS por suponerlo responsable del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS.2) Que en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil ocho, el juzgado referido, mediante resolución tomada en audiencia inicial, decretó auto de prisión contra el imputado por el delito del que se le acusa, manteniendo las medidas cautelares impuestas en la audiencia de declaración de imputado consignadas en los numerales 6 y 7 del artículo 173 del Código Procesal Penal, por considerar que los elementos probatorios allegados a la causa acreditan la comisión del delito y el indicio racional de participación del enjuiciado en el mismo.3) Que en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil ocho, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto de prisión que se deja relacionado en el inciso que precede, por considerar que la resolución del a-quo se apega a derecho, en virtud de que los elementos probatorios aportados por el encausado para desvirtuar el informe oficial del Tribunal Superior de Cuentas no justifican totalmente la legal procedencia de sus ingresos ni el razonable gasto de los mismos; fundamentando su decisión entre varios en los artículos 294 y 297 numeral 1 del Código Procesal Penal.4) El recurrente abogado WILFREDO FLORES VALLADARES, compareció ante este alto Tribunal, en fecha tres de diciembre del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor del señor JUAN CARLOS GONZALES BATIS, afirmando que la decisión del ad-quem, de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se ha producido, cuando la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, ha confirmado el auto de prisión dictado contra el imputado, al respecto expone(sic) “Que si bien es cierto que un juez competente a conocido oportunamente del proceso en contra de su representado, también es cierto que no se le ha permitido a este tener una defensa formal como lo estipula la ley constitucional, puesto que decretar un auto de prisión es un elemento que señala al impetrado como responsable de un ilícito; y que si bien es cierto que en la audiencia inicial se les permitió producir prueba, la cual consta en autos, también lo es, que la misma aunque se haya producido con la presencia del señor juez y las partes, la misma no fue considerada por el a-quo, ni aun observada, calificada y valorada por el ad-quem, esto en menosprecio de la garantía de defensa consignada en el articulo 82 de la Constitución de la Republica, la cual se ha vulnerado para los efectos de la justicia constitucional; expone también que la sentencia dictada por el ad-quem es violatoria de la garantía constitucional contenida en el articulo 90, porque limita el ejercicio del debido proceso, ya que en el desarrollo del proceso no se ha tomado en consideración los elementos de prueba documental presentados por la defensa, los que de conformidad con el principio de contradicción refutan las pruebas documentales presentadas por el Ministerio Publico, señala que el a-quo no tomo en cuenta lo expuesto por la defensa en la audiencia inicial, puesto que en la resolución no considera la prueba presentada por ellos y que con la inspección realizada por el señor juez se desnaturaliza los fundamentos del requerimiento fiscal, dándole únicamente preeminencia a la investigación realizada por el Tribunal Superior de Cuentas y que por ello en el caso de merito no se ha dado el contradictorio, aduce que la credibilidad probatoria se fundamenta en el momento de su practica conforme al principio de inmediación para destruir la presunción de inocencia y dado que el Tribunal de alzada le otorgo preeminencia a unos elementos probatorios que tienen vicio procedimental, mismos que no debieron ser tomados en cuenta puesto que vulneran el articulo 90 constitucional, articulo esté que invocado en la justicia Constitucional debe tener preeminencia sobre cualquier actuación o diligencia procesal que no sea congruente con los parámetros del debido proceso”.CONSIDERANDO: Que por otro lado, el Tribunal ad-quem sostiene en su fallo de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil ocho que: (sic) “Al tenor de lo preceptuado en los artículos 294 y 297 numeral 1 párrafo segundo del Código Procesal Penal; esta corte estima que el informe final del Tribunal Superior de Cuentas, presentado por el Ministerio Público como medio de prueba documental en contra del imputado, es una resolución que reviste el carácter de firme, en virtud de que contra el mismo se presento el recurso legal correspondiente y se confirmo el referido informe, y que con esas características el referido documento constituye plena prueba de que se ha determinado un enriquecimiento ilícito y que existen indicios racionales para responsabilizar del mismo al imputado JUAN CARLOS GONZALES BATIS”. CONSIDERANDO: Que el ad-quem continua argumentado en su fallo que:”Para que en una audiencia inicial se pueda desacreditar un informe oficial del Tribunal Superior de Cuentas, es necesario que el imputado acredite ante el juez el origen justificado de todos sus ingresos y egresos durante el periodo que le fue investigado; con lo cual podrá determinar la procedencia licita de su incremento patrimonial, pero si la acreditación de ingresos y egresos no justifican su legal procedencia ni su razonable inversión, el juez deberá proseguir con el desarrollo normal del proceso, en base a que el informe oficial sigue constituyendo plena prueba de enriquecimiento ilícito e indicio racional de su autor; y que en el caso de merito la defensa aporto algunos elementos para desacreditar el referido informe en la audiencia inicial, pero que los mismos, a juicio de ese Tribunal hasta el momento, no justifican totalmente la legal procedencia de ingresos ni el razonable gasto; por lo que se estima que la resolución apelada se encuentra arreglada a derecho y deberá seguirse con el curso normal del juicio, entendiéndose salvaguardado el derecho del imputado de poder desacreditar en las etapas posteriores del proceso el contenido del informe final del Tribunal Superior de Cuentas”. CONSIDERANDO: Que el recurso de amparo solo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola o no garantías individuales y la restricción en el goce de los derechos que establece la constitución, por lo que es necesario examinar si el articulo 82 de nuestra carta magna ha sido violado por el ad-quem; tal y como lo estima el amparista abogado WILFREDO FLORES VALLADARES, y aunque este no señala específicamente en que consiste tal vulneración; es evidente que del mismo proceso se desprende que el encausado ha tenido la asistencia necesaria, desde el punto de vista legal para poder defenderse en juicio haciendo uso de todos los recursos que la ley le franquea en defensa de sus derechos, de lo que resulta que la garantía constitucional que se considera atropellada por el recurrente, no lo ha sido.Por otra parte este alto Tribunal ha expresado de manera reiterada que las decisiones adversas no constituyen quebrantamiento a este derecho. CONSIDERANDO: Que el amparista considera que la resolución dictada por el ad-quem, y por la cual se confirma el auto de prisión dictado en contra del imputado JUAN CARLOS GONZALES BATIS, vulnera la garantía constitucional consignada en el articulo 90, estima que tal vulneración se produce por que el a-quo no valoro los medios probatorios presentados por la defensa, medios probatorios que según su parecer refutan el informe presentado por el Tribunal Superior de Cuentas, por lo que el Tribunal ad-quem no debió de haber confirmado el referido auto de prisión. CONSIDERANDO: Que con respecto al auto de prisión es procedente considerar que el mismo al tener en nuestra normativa jurídica rango constitucional, reviste una suma importancia, tanto es así que el articulo 92 constitucional señala que “No podrá proveerse auto de prisión sin que proceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad, y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor…..” CONSIDERANDO: Que la disposición constitucional antes relacionada, nos lleva a concluir que el auto de prisión solo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la plena prueba de haberse cometido un delito que merezca la pena de privación de libertad y además un indicio racional de quien ha podido ser su autor; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y su circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; y que los mismos serán valorados con arreglo a la sana critica, en donde el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. CONSIDERANDO: Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de prisión contra el imputado; tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana critica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO: Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de prisión, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal; es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que en el caso de merito tal y como se explicara líneas arriba, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, al confirmar el auto de prisión dictado por el Juez Instructor, en contra del señor JUAN CARLOS GONZALES BATIS, por suponerlo responsable del ilícito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS, se ha basado fundamentalmente en el informe final rendido por el Tribunal Superior de Cuentas, (vid. Folios No. 151 al 155 de la primera pieza de autos), y en ese orden de ideas, las actuaciones del Tribunal Superior de Cuentas al actuar bajo el Principio de Objetividad, merecen entonces la credibilidad suficiente, salvo aporte de la defensa en contrario y valorado prudentemente por el juez. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso en materia penal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. CONSIDERANDO: Que dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.…. CONSIDERANDO: Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar el auto de prisión dictado contra el imputado, no se ha constatado el quebrantamiento en perjuicio del señor JUAN CARLOS GONZALES BATIS, de sus derechos y garantías fundamentales, como ser el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82,90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 78 numeral 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 9 No. 3) literal b), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 14, 198, 199, 202, 294, 297 numeral primero párrafo segundo del Código Procesal Penal; 8,9,10 y 11 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 7,8 y 9 de La Convención Americana de Derechos Humanos. FALLA: Denegando el recurso de amparo interpuesto por el abogado WILFREDO FLORES VALLADARES, a favor del señor JUAN CARLOS GONZALES BATIS, contra la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil ocho, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado BUSTILLO PALMA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veintiséis de mayo de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No 623=08/P65=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL