Sentencia AP-529-15 — Registro 6258
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y revocó fallo dictado por Juzgado de primera instancia que dictó auto de formal procesmaiento contra imputado por suponerlo responsable del delito de Homicidio en perjuicio de víctima; La Corte de Apelaciones concluyó que con la prueba aportada y aún con los antecedentes de violencia previa entre acusado y la víctima, sólo genera sospechas de participación del acusado en los hechos por lo que el Ministerio Público y entes de investigación deberán profundizar en la investigación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, de fecha diecisiete de abril del dos mil quince, que declaró con lugar el recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha catorce de agosto del dos mil catorce; se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que la prueba, aún con los antecedentes de violencia previa entre el acusado y la victima, solo genera sospechas de participación del acusado en los hechos, consecuentemente al dictar un sobreseimiento provisional se genera la obligación al Ministerio Público y los entes de investigación a profundizar en las diligencias de investigación que una vez aportadas a la sede jurisdiccional pueda esta determinar la continuidad de la causa y el fijado de un auto de formal procesamiento contra el encausado..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido procesoy la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el sobreseimiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, de fecha diecisiete de abril del dos mil quince, que declaró con lugar el recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha catorce de agosto del dos mil catorce; en relación a la causa instruida contra el señor SERGIO ALMENDARES LEON por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor RAUL ALBERTO AMAYA, y de manera solidaria contra el ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de julio del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, la Abogada EVA LINETH BUSTILLO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público interponiendo requerimiento fiscal contra de los imputados señores SERGIO ALMENDARES LEON y JUAN CARLOS VELASQUEZ GIRON por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor RAUL ALBERTO AMAYA. (Folios 1 al 3 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que el referido Juzgado celebró Audiencia Inicial en fecha catorce de agosto de dos mil catorce, dictando AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del imputado SERGIO ALMENDAREZ LEON, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de RAUL ALBERTO AMAYA. (Folios 25 al 50 de la primera pieza de los antecedentes) 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Waleska Grissel Castillo en su condición de Defensora Pública del señor SERGIO ALMENDARES LEON la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, dictó sentencia en fecha diecisiete de abril del dos mil quince, “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de apelación que ha planteado la Defensa del imputado Abogada WALESKA GRISSEL CASTILLO, de la resolución de fecha catorce de agosto del dos mil catorce, proferido por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua.- SEGUNDO: SE REVOCA la resolución recurrida y que el A-quo proceda a dictar el que corresponda.-…”. (Folios 10 al 14 de la segunda pieza) 4) Que en fecha cinco de junio del dos mil quince, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de Fiscal del Ministerio Público interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha diecisiete de abril del dos mil quince, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. (Folio 1-10 del recurso de amparo). 5) Que en fecha nueve de noviembre del año dos mil quince, este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, de fecha diecisiete de abril del dos mil quince, que declaró con lugar el recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha catorce de agosto del dos mil catorce; en relación a la causa instruida contra el señor SERGIO ALMENDARES LEON por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor RAUL ALBERTO AMAYA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha cuatro de febrero del año dos mil catorce, es violatoria de los Artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República, esto porque el Ministerio Público considera que existe una vulneración al derecho constitucional del Debido Proceso, así como al derecho de defensa; igualmente hay una flagrante violación al derecho de tutela judicial por no garantizarse el debido proceso, esto por la falta de motivación en la resolución emitida, al no haberse realizado una valoración de las pruebas conforme a las reglas de la sana critica y la violación del derecho de acceso a la justicia, se deriva de la negación de justicia materializada en una resolución que carece de la motivaciones necesarias para adquirir la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual se decide el fondo del asunto; ya que el proceso mediante el cual se llegó a la misma denota inobservancia a las reglas de la sana critica como método de valoración de la prueba al no haberse valorado en forma que demanda la normativa procesal. Ya que el Ministerio Público acreditó la plena prueba de haberse cometido el delito imputado en el requerimiento fiscal, la concurrencia de cada uno de los elementos de su tipificación legal, así como el indicio racional que establece la participación del imputado en el hecho descrito. La resolución emitida por la Corte de Apelaciones, no realizó en primer lugar la adecuada valoración de la prueba y en segundo lugar no tomó en consideración el momento procesal en que el A-Quo resolvió decretar auto de formal procesamiento y los requisitos constitucionales y procesales para decretar el mismo. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, de fecha diecisiete de abril del dos mil quince, que declaró con lugar el recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha catorce de agosto del dos mil catorce; se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que la prueba, aún con los antecedentes de violencia previa entre el acusado y la victima, solo genera sospechas de participación del acusado en los hechos, consecuentemente al dictar un sobreseimiento provisional se genera la obligación al Ministerio Público y los entes de investigación a profundizar en las diligencias de investigación que una vez aportadas a la sede jurisdiccional pueda esta determinar la continuidad de la causa y el fijado de un auto de formal procesamiento contra el encausado. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el sobreseimiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0529=2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL