Sentencia AP-516-15 — Registro 6256
Resumen
Sentencia confirmó la culpabilidad del recurrente en concurso real por los delitos de operaciones financieras ilícitas y falsificación de documentos privados en perjuicio del Colegio de Abogados de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que le fue parcialmente adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo Interpuesto por los Abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO a favor del señor JOSUE ARGEÑAL CERRATO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte de abril dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la causa instruida contra el señor JOSUE ARGEÑAL CERRATO por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS en perjuicio de LA FE PUBLICA Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 89, 90 y 93 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco de enero de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada CLAUDIA CAROLINA REYES PONCE, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JOSUE ARGEÑAL CERRATO por suponerlo responsable a titulo de autor de los delitos de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS POR USO en perjuicio del COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS y LA FE PUBLICA y contra JOSE ISRAEL EUCEDA VILLANUEVA por suponerlo responsable de los delitos de OPERACIONES ILICITAS FINANCIERAS Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS en perjuicio del COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS y DE LA FE PUBLICA. (Folios 7-13 del Tomo I de los antecedentes) 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en fecha veinte de agosto de dos mil trece, resolvió: “…1) Dictar auto de apertura a juicio en el presente proceso penal en contra de JOSUE ARGEÑAL CERRATO de generales ya conocidas en el presente proceso, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS en perjuicio del COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS.- 2) Emplazar a las partes para que en el término de cinco días contados a partir de la ultima notificación se personen ante el Tribunal de Sentencia de este Departamento de Francisco Morazán… 3)Ordenar a la secretaría del Despacho para que una vez notificada esta diligencia remita al Tribunal de Sentencia las presentes actuaciones en el término de cuarenta y ocho horas y ponga a su disposición al imputado quien se encuentra cumpliendo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva…” (Folios 998-1007 del tomo II del antecedente). 3) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Tribunal de Sentencia, en fecha veinte de marzo de dos mil quince, pronunció el fallo correspondiente después de haber concluido la audiencia de juicio oral en el proceso instruido contra el señor JOSE ARGEÑAL acusado por los delitos de ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS en perjuicio del COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS Y LA FE PÚBLICA, respectivamente, mismo que en su parte conducente dispuso: “…consideramos que la prueba del ente fiscal reúne los requisitos de solidez y sobre todo tiene una congruencia incriminatoria en la participación del encausado en el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS y un delito en contra de la Administración de Fondos del INSTITUTO DE PRIVISION DE PROFESIONALES DEL DERECHO, por lo que se declara la culpabilidad del señor JOSUE ARGEÑAL en concurso real, es decir, penas separadas por los delitos mencionados. Consideramos que dado que el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS tiene una pena de tres a nueve años y el delito contra el Instituto de Previsión una pena de seis a doce años, las penas a imponer aumentan a partir de ahora que se ha destruido en esta primera fase un peligro de fuga y tal como dice la norma no podemos actuar de oficio dado que ha sido solicitado por parte del Ministerio Publico, se le revocan las medidas cautelares de las cuales venía gozando y se ordena guardar prisión preventiva hasta que el fallo definitivo que sea proferido adquiera firmeza, se ordena la remisión del imputado al centro penal…se señala audiencia de individualización de la pena para el día veintitrés de abril del presente año dos mil quince a las nueve de la mañana…” (Folios 1352-1354 del tomo IV de los antecedentes). 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados IVAN ADÁN MARTINEZ ORDOÑEZ Y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, en su condición de Defensores Privados, contra la resolución relacionada el inciso que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia de fecha veinte de abril de dos mil quince, resolvió: “1.-DECLARAR NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto.- 2.-CONFIRMAR la resolución impugnada…” (Folios del 1370-1372 del tomo IV de los antecedentes). 5) Que los recurrentes Abogados IVAN ADÁN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO comparecieron ante este Tribunal en fecha tres de junio de dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor del señor JOSUE ARGEÑAL CERRATO, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veinte de abril de dos mil quince, es violatoria de los artículos 89, 90 y 93 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los Abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO a favor del señor JOSUE ARGEÑAL CERRATO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte de abril dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la causa instruida contra el señor JOSUE ARGEÑAL CERRATO por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS en perjuicio de LA FE PÚBLICA Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los recurrentes Abogados IVAN ADÁN MARTINEZ ORDOÑEZ Y ROSA HELENA BONILLA GALINDO comparecieron ante este Tribunal en fecha tres de junio de dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor del señor JOSUE ARGEÑAL CERRATO, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veinte de abril de dos mil quince, es violatoria de los artículos 89, 90 y 93 de la Constitución de la República; puesto que con una inexistente motivación, mantiene en prisión preventiva a su representado, ignorando en consecuencia las razones de la decisión. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de abril dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la causa instruida contra el señor JOSUE ARGEÑAL CERRATO por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS en perjuicio de la FE PÚBLICA Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE, que el Ad-Quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valoró, concluyendo que en el caso en revisión deben mantenerse la Prisión Preventiva, debido a la gravedad de la pena, además de que existe peligro fundado de que el imputado atente o ejerza actos de represalias contra testigos o peritos que participaron en el juicio oral, aunado a que tampoco el condenado ofertó una caución suficiente. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que si bien se establece de una manera general por el Artículo 69 de la Constitución de la República que la libertad personal es inviolable y que sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente, también es cierto que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos; existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés publico, etc.. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún más, con el contenido de los Artículos 173 y 184, reformado, del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que le fue parcialmente adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORECE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal, como mantener la prisión preventiva, al ahora condenado; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0516=2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL