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Sentencia AP-51-16 — Registro 6305

Resumen

En consulta recurso de amparo otorgado ,al inadmitir querella y denegar reposición de ésta resolución,en relación a la causa instruida por el delito de Apropiación Indebida y otros fraudes en perjuicio de impetrante,argumentando ésta,que le han impedido acreditar el hecho delictivo,no obstante que querellados admiten tener los dividendos de querellante,pero no se los entregan debido a que supuestamente un hermano no quiere

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO (10): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones Penal de esta Sección Judicial, ha observado los preceptos establecidos en la ley, ajustándose a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, apreciando que la resolución dictada por el Ad quo ha vulnerado los derechos invocados por el impetrante al inadmitir la querella interpuesta por la parte ofendida basando su resolución en el articulo 54 del Código Procesal Penal, pues no se dan ninguno de los argumentos que señala el citado articulo para su inadmisión; Sin embargo al realizar un estudio de los antecedentes que se acompañan en la querella esta Sala arriba a la conclusión que existe un hecho con apariencia de delito perseguible por acción privada, como ser apropiación indebida, concurriendo los requisitos exigidos para admitir la querella, tal y como lo disponen los artículos 99 y 405 de nuestra norma adjetiva, en ese orden de ideas el fundamento proferido del Ad-quo no es de recibo para esta Sala, debiendo restablecerse y mantenerse tales derechos, a fin de que las partes obtengan una tutela judicial efectiva. Por lo que en defensa de los Derechos Constitucionales es procedente confirmar la sentencia de amparo venida en consulta."....

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de junio de dos mil diecisèis.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil quince (2015), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por el abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, a favor de la señora MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA, contra la resolución dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en relación a la causa instruida contra los señores JORGE ALBERTO, ANGEL CAMILO y REBECA GERALDINA, todos de apellidos KAFIE MOLINA, por suponerlos responsables del delito de APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio de MARIA DE LOS ANGELES.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 80, 82, 90 y 94 comprendidos en la Constitución de la República. Articulo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.- ANTECEDENTES : 1)Que en fecha doce (12) de julio del año dos mil quince (2015), compareció ante la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, apoderado legal de la señora MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA, presentando querella contra los señores JORGE ALBERTO KAFIE MOLINA, ANGEL CAMILO KAFIE MOLINA y REBECA GERALDINA KAFIE MOLINA por el delito de APROPIACION INDEBIDA (OTROS FRAUDES) habiendo resuelto dicho tribunal en fecha veintidós (22) de junio del dos mil quince (2015), Declarar de plano la Inadmisibilidad de la Querella presentada por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ, quien fue notificado de manera personal, presentando recurso de Reposición, el cual fue declarado Sin Lugar en fecha uno (1) de julio del año dos mil quince (2015). (Folio 43, 44, y 45 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha siete (7) de Agosto del año dos mil quince (2015), el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, Recurso de Amparo a favor de la señora MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA, contra la resolución de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil quince (2015) y uno (1) de julio del año dos mil quince (2015) dictadas por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán. (Folios 1 al 9 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 3) Que en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil quince (2015), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, “FALLA: OTORGAR el recurso de amparo del cual se ha hecho merito…” (Folios 52 al 54 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) Que en fecha quince (15) de enero del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual OTORGA el recurso de amparo, interpuesto contra actuaciones del Tribunal de Sentencia, Sala Primera de Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores JORGE ALBERTO, ANGEL CAMILO Y REBECA GERALDINA, todos de apellido KAFIE MOLINA, por suponerlos responsables del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio de MARÍA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en fecha siete días del mes de enero del año dos mil dieciséis, fue notificado del fallo emitido por el Ad quem, mediante el cual se OTORGA el Recurso de amparo interpuesto.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en la acción de amparo interpuesta señala que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de esta Sección Judicial, mediante autos emitidos en fechas: 22 de junio del 2015, y fecha 1 de julio del 2015, declaró inadmisible la querella presentada y posteriormente declarado sin lugar el recurso de reposición interpuesto contra dicha resolución. Manifiesta que cuando presentó la querella por el delito de Apropiación Indebida acompañó contundente y abundante prueba documental que acredita que los querellados SON CONFESOS, de todo lo expuesto por el recurrente en el escrito de la querella, ya que los mismos querellados admiten que ellos tienen los dividendos de su representada pero no se los entregan debido a que supuestamente un hermano no quiere que se lo entreguen.-CONSIDERANDO (6): Que el Ad quem en su resolución hace una relación detallada de los motivos por los que se invoca la Justicia Constitucional. El Ad quem expone en la parte conducente del considerando seis (6) de su resolución (SIC) “En el presente caso entendemos que el Tribunal consideró que es un asunto meramente civil, que deberá ser dilucidado por un juicio de rendición de cuentas, aplicando para ello lo dispuesto en el artículo 54 párrafo sexto del Código Procesal Penal que (sic) :”… No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del Estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de las quiebra. Solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles” Sigue manifestando el Ad quem, que “Al realizar la revisión de la documentación que se acompaña y de la narrativa del hecho no constituye ninguno de los casos que se refiere la norma procesal sobre la cual se fundamenta la inadmisión (art. 54 cpp), ya que no se plantea controversia alguna sobre las cuentas de la sociedad, puesto es la sociedad misma que establece como sería la repartición ,lo denunciado por el impetrante es la no repartición de dicho dinero por parte de quienes han sido nombrados para ello por la Sociedad misma, en consecuencia existe una apariencia de delito de los hechos narrados y que no se vinculan con el artículo 54 párrafo sexto contenido en el Código Procesal Penal, ya que esta disposición señala con precisión los casos que serán resueltos por la jurisdicción civil y en ninguna como se ha dicho, se encuentra lo denunciado por el impetrante. De tal manera que la resolución violenta no solamente el debido proceso en la medida que se impide al querellante probar que si hay un hecho constitutivo de delito, aspecto que no da lugar en manera alguna a que se inadmita la querella. Por lo que falla otorgando el recurso de amparo interpuesto.

CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO (8): Que la Garantía del debido Proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de Garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO (9): Que la Garantía del Debido Proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado Derecho de Defensa en todo proceso. El Derecho de Defensa implica, entonces: el Derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO (10): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones Penal de esta Sección Judicial, ha observado los preceptos establecidos en la ley, ajustándose a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, apreciando que la resolución dictada por el Ad quo ha vulnerado los derechos invocados por el impetrante al inadmitir la querella interpuesta por la parte ofendida basando su resolución en el articulo 54 del Código Procesal Penal, pues no se dan ninguno de los argumentos que señala el citado articulo para su inadmisión; Sin embargo al realizar un estudio de los antecedentes que se acompañan en la querella esta Sala arriba a la conclusión que existe un hecho con apariencia de delito perseguible por acción privada, como ser apropiación indebida, concurriendo los requisitos exigidos para admitir la querella, tal y como lo disponen los artículos 99 y 405 de nuestra norma adjetiva, en ese orden de ideas el fundamento proferido del Ad-quo no es de recibo para esta Sala, debiendo restablecerse y mantenerse tales derechos, a fin de que las partes obtengan una tutela judicial efectiva. Por lo que en defensa de los Derechos Constitucionales es procedente confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 54, 99, 405 y demás aplicables del Código Procesal Penal; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 3 y 5, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintiuno de octubre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de esta sección Judicial, en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ a favor de la señora MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA. Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil (2016), certificación de la sentencia de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0051-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de junio de dos mil diecisèis.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil quince (2015), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por el abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, a favor de la señora MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA, contra la resolución dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en relación a la causa instruida contra los señores JORGE ALBERTO, ANGEL CAMILO y REBECA GERALDINA, todos de apellidos KAFIE MOLINA, por suponerlos responsables del delito de APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio de MARIA DE LOS ANGELES.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 80, 82, 90 y 94 comprendidos en la Constitución de la República. Articulo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.- ANTECEDENTES : 1)Que en fecha doce (12) de julio del año dos mil quince (2015), compareció ante la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, apoderado legal de la señora MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA, presentando querella contra los señores JORGE ALBERTO KAFIE MOLINA, ANGEL CAMILO KAFIE MOLINA y REBECA GERALDINA KAFIE MOLINA por el delito de APROPIACION INDEBIDA (OTROS FRAUDES) habiendo resuelto dicho tribunal en fecha veintidós (22) de junio del dos mil quince (2015), Declarar de plano la Inadmisibilidad de la Querella presentada por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ, quien fue notificado de manera personal, presentando recurso de Reposición, el cual fue declarado Sin Lugar en fecha uno (1) de julio del año dos mil quince (2015). (Folio 43, 44, y 45 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha siete (7) de Agosto del año dos mil quince (2015), el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, Recurso de Amparo a favor de la señora MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA, contra la resolución de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil quince (2015) y uno (1) de julio del año dos mil quince (2015) dictadas por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán. (Folios 1 al 9 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 3) Que en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil quince (2015), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, “FALLA: OTORGAR el recurso de amparo del cual se ha hecho merito…” (Folios 52 al 54 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) Que en fecha quince (15) de enero del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual OTORGA el recurso de amparo, interpuesto contra actuaciones del Tribunal de Sentencia, Sala Primera de Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores JORGE ALBERTO, ANGEL CAMILO Y REBECA GERALDINA, todos de apellido KAFIE MOLINA, por suponerlos responsables del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio de MARÍA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en fecha siete días del mes de enero del año dos mil dieciséis, fue notificado del fallo emitido por el Ad quem, mediante el cual se OTORGA el Recurso de amparo interpuesto.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en la acción de amparo interpuesta señala que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de esta Sección Judicial, mediante autos emitidos en fechas: 22 de junio del 2015, y fecha 1 de julio del 2015, declaró inadmisible la querella presentada y posteriormente declarado sin lugar el recurso de reposición interpuesto contra dicha resolución. Manifiesta que cuando presentó la querella por el delito de Apropiación Indebida acompañó contundente y abundante prueba documental que acredita que los querellados SON CONFESOS, de todo lo expuesto por el recurrente en el escrito de la querella, ya que los mismos querellados admiten que ellos tienen los dividendos de su representada pero no se los entregan debido a que supuestamente un hermano no quiere que se lo entreguen.-CONSIDERANDO (6): Que el Ad quem en su resolución hace una relación detallada de los motivos por los que se invoca la Justicia Constitucional. El Ad quem expone en la parte conducente del considerando seis (6) de su resolución (SIC) “En el presente caso entendemos que el Tribunal consideró que es un asunto meramente civil, que deberá ser dilucidado por un juicio de rendición de cuentas, aplicando para ello lo dispuesto en el artículo 54 párrafo sexto del Código Procesal Penal que (sic) :”… No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del Estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de las quiebra. Solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles” Sigue manifestando el Ad quem, que “Al realizar la revisión de la documentación que se acompaña y de la narrativa del hecho no constituye ninguno de los casos que se refiere la norma procesal sobre la cual se fundamenta la inadmisión (art. 54 cpp), ya que no se plantea controversia alguna sobre las cuentas de la sociedad, puesto es la sociedad misma que establece como sería la repartición ,lo denunciado por el impetrante es la no repartición de dicho dinero por parte de quienes han sido nombrados para ello por la Sociedad misma, en consecuencia existe una apariencia de delito de los hechos narrados y que no se vinculan con el artículo 54 párrafo sexto contenido en el Código Procesal Penal, ya que esta disposición señala con precisión los casos que serán resueltos por la jurisdicción civil y en ninguna como se ha dicho, se encuentra lo denunciado por el impetrante. De tal manera que la resolución violenta no solamente el debido proceso en la medida que se impide al querellante probar que si hay un hecho constitutivo de delito, aspecto que no da lugar en manera alguna a que se inadmita la querella. Por lo que falla otorgando el recurso de amparo interpuesto.- CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO (8): Que la Garantía del debido Proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de Garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO (9): Que la Garantía del Debido Proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado Derecho de Defensa en todo proceso. El Derecho de Defensa implica, entonces: el Derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO (10): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones Penal de esta Sección Judicial, ha observado los preceptos establecidos en la ley, ajustándose a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, apreciando que la resolución dictada por el Ad quo ha vulnerado los derechos invocados por el impetrante al inadmitir la querella interpuesta por la parte ofendida basando su resolución en el articulo 54 del Código Procesal Penal, pues no se dan ninguno de los argumentos que señala el citado articulo para su inadmisión; Sin embargo al realizar un estudio de los antecedentes que se acompañan en la querella esta Sala arriba a la conclusión que existe un hecho con apariencia de delito perseguible por acción privada, como ser apropiación indebida, concurriendo los requisitos exigidos para admitir la querella, tal y como lo disponen los artículos 99 y 405 de nuestra norma adjetiva, en ese orden de ideas el fundamento proferido del Ad-quo no es de recibo para esta Sala, debiendo restablecerse y mantenerse tales derechos, a fin de que las partes obtengan una tutela judicial efectiva. Por lo que en defensa de los Derechos Constitucionales es procedente confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 54, 99, 405 y demás aplicables del Código Procesal Penal; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 3 y 5, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintiuno de octubre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de esta sección Judicial, en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ a favor de la señora MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA. Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil (2016), certificación de la sentencia de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0051-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL