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Sentencia AP-506-15 — Registro 6255

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que condenó a imputado a la pena de cinco años de reclusión como pena principal y penas accesorias de inhabailitación especial interdicción civil por considerarlo responsable del delito de Portación Ilegal de Arma Prohibica (CHIMBA) en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida considera que la línea jurisprudencial ha establecido que la portación de armas de fabricación casera artesanal debe calificarse en la categoría de uso personal (Artículo 332-B del Código Penal), atendiendo la acreditación que el proyectil o cartucho disparado por el arma artesanal decomisada, es de uso comercial; citando como jurisprudencia aplicable la sentencia de casación penal SP No. 467-2012, emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional resuelve así la demanda de amparo promovida por el Ministerio Público, el cual alega se emitió en el respectivo proceso el dictado de una resolución no apegada al derecho legalmente aplicable, como es el artículo 332-A del Código Penal..."..."para esta Sala de lo Constitucional queda claramente establecido el alegato del profesional del Derecho demandante de amparo, referente a existir una confrontación entre la fundamentación jurídica de la sentencia penal acorde al proceso de flagrancia (por el cauce del artículo 440-H Y 440-I del Código Procesal Penal), la cual no concordaría con la legalidad penal sustantiva que el amparista estima aplicable. Lo anterior, sin embargo, no se asimila necesariamente a la existencia de una arbitrariedad - en el sentido de abuso o desviación de poder - o bien, del quebrantamiento en definitiva de las disposiciones constitucionales por parte de la Jurisdicción ordinaria; sino que a la existencia de una perspectiva de parte que discrepa con el juicio de valor emitido por la instancia, lo cual, ciertamente, no ha indiciar necesariamente que la jurisdicción hubiere incurrido en equivocación o incorrección jurídica, habiendo más bien fundamentación jurídica suficiente respecto al objeto de enjuiciamiento..."..."acorde al estudio realizado en los antecedentes y en la resolución recurrida, esta Sala aprecia que el debido proceso, no se ha quebrantado, el Tribunal de alzada ha motivando suficientemente su sentencia de manera coherente y acorde a la JURISPRUDENCIA en la materia que nos ocupa dictada por la SALA DE LO PENAL en consecuencia jurisprudencia, de LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de la cual se desprende inclusive la existencia de jurisprudencia consolidada, pacifica y consistente, en sus sentencias CP.148=2012 de fecha 2 de junio; S.P. No. 467=2012 de fecha 22 de septiembre del 2014, y; SP No. 246-2013 de fecha 25 de noviembre del año 2015; todas las cuales arriban a la conclusión unánime que las armas artesanales son consideradas prohibidas, si bien la tipificación penal de los artículos 332-A y 332-B no es taxativa respecto a en cual de los dos artículos debe taxativamente configurarse el ilícito, emergiendo como un criterio diferenciador de orden objetivo el tipo de munición que emplee el arma artesanal objeto del delito. Es claro de la lectura de las referidas sentencias se desprende el uso de munición de calibre comercial en una arma artesanal funcional, comporta un menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal, como son las armas automáticas de guerra o de combate, como lo es el fusil de asalto Marca Kalashnikov año 1947 mas conocido como AK-47..."..."concurre a fundamentar en doctrina legal y jurisprudencia porque no es posible entrar a un análisis a fondo en cuanto a la procedencia o no de la acción constitucional de amparo en el caso bajo estudio, la cual ha incurrido por ende en causal cierta de inadmisibilidad determinada por el numeral 1) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, como resulta efectivamente del estudio del caso. - En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la misma y dictar el sobreseimiento de la presente acción de Amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, que declaró sin lugar el Recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, contra la resolución de fecha treinta de diciembre del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado De Letras Primero Departamental de Choluteca Departamento de Choluteca; con relación a la causa instruida contra el señor ROGER ALEXIS HERNANDEZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA (CHIMBA), en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES

  1. Que en fecha dieciséis de diciembre del dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, la abogada LUPE MARIA NARVAEZ ZAVALA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento contra los señores JOSE ANTONIO ZEPEDA GUEVARA, a quien se le supone responsable del delito PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y contra ROGER ALEXIS HERNANDEZ RODRIGUEZ, a quien se le supone responsable del delito de PORTACIÒN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA (CHIMBA), en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha treinta de diciembre del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, resolvió decretar: FALLA:“PRIMERO: RESUELVE: “PRIMERO: Que se ha de CONDENAR y al efecto CONDENO al señor ROGER ALEXIS HERNANDEZ RODRIGUEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia a la pena de CINCO AÑOS DE RECLUSION, como pena principal, por considerarlo responsable de la comisión del delito PORTACION DE ARMAS PROHIBIDAS (CHIMBAS), en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- La que deberá cumplir en el Centro penal de esta Ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, quedando sujeto a obras publicas o a las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva. SEGUNDO: De igual manera se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena- TERCERO: Procede el comiso de un arma hechiza de tubo, calibre 12, con 1 proyectil calibre 12 sin percutir. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio…”. (Ver folio cincuenta y ocho (58) de la primera pieza) 3) Que en fecha tres de marzo del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones de la Ciudad de la Choluteca, RESUELVE: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR, el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada LUPEMARIA NARVÁEZ ZAVALA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha treinta (30) Diciembre del año dos mil catorce, Proferida por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en la causa penal instruida contra ROGER ALEXIS HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS (CHIMBA), en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: CONFIRMAR LA SENTENCIA DEFINITIVA VENIDA EN APELACION, en todo y cada una de sus partes…”; lo cual se fundamenta precisamente en la línea jurisprudencial conforme a la cual la portación de armas de fabricación casera artesanal debe calificarse en la categoría de uso personal, por haberse acreditado plenamente que el proyectil o cartucho disparado por la misma, es de uso comercial; citando como jurisprudencia aplicable la sentencia de casación penal SP No. 467-2012, emitida en su oportunidad legal por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. (Ver folios cinco (5) al ocho (8) de la segunda pieza) 4) El recurrente abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de mayo del año dos mil quince, interponiendo amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha tres de marzo del dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 321 y demás aplicables de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veinte de Agosto del año dos mil quince, esta Sala recibió escrito de formalización de acción y ordeno proseguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha tres (3) de marzo de dos mil quince (2015) por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, que declaró SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, contra la resolución de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca; con relación a la causa instruida contra el señor ROGER ALEXIS HERNANDEZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA (CHIMBA), en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; siendo el argumento central del resolutivo que desestima de plano la apelación fiscal, la línea jurisprudencial conforme a la cual la portación de armas de fabricación casera artesanal debe calificarse en la categoría de uso personal (Artículo 332-B del Código Penal), atendiendo la acreditación en el caso concreto que el proyectil o cartucho disparado por el arma artesanal decomisada, es de uso comercial; citando a su vez como jurisprudencia aplicable la sentencia de casación penal SP No. 467-2012, emitida en su oportunidad legal por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso por parte de la demandante de amparo, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, 0se expresa que el precepto constitucional que ha sido vulnerado con dicha resolución es el garantizado en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; bajo la consideración argumentativa que la materialización de este Derecho de rango constitucional, conlleva a la práctica el absoluto respeto a las formalidades legales cuando se lleva a cabo el juzgamiento de a quienes se les atribuya la comisión de un hecho delictivo, lo cual implica necesariamente respeto al principio de tutela judicial efectiva y al principio de legalidad. Que en tal sentido es claro que la totalidad de armas de fabricación casera, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar, y por ende, legislar. Y que por tanto no pueden ser comprendidas dentro del ámbito del artículo 7 (de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares), el cual contempla efectivamente cuales son las armas que serán tenidas por comerciales. Y que acorde a lo sostenido analíticamente por el amparista, puede decirse que el uso y portación de armas de fabricación casera o artesanal es un delito comprendido en el Código Penal, cuya intencionalidad por el bajo costo que reviste su fabricación artesanal puede ser eludir con mayor facilidad los controles estatales, dicho esto al margen del calibre que tenga capacidad de percutir, pues en todo caso no podrán ser inscritas en el Registro Estatal correspondiente, lo que determina que no son comerciales, sino prohibidas, y que su marco legal correspondiente es el del artículo 332-A del Código Penal, que regula el uso y portación de armas no comerciales, sino armas prohibidas. CONSIDERANDO (5): En tal sentido, se deja así fundamentado por el peticionario de amparo, que existe una flagrante violación al debido proceso y al concepto garantista de tutela judicial efectiva, solicitando en tal concepto se efectivice la figura jurídica de la Garantía de Amparo, a manera permitir se materialice el derecho de acceso a la justicia, corrigiendo un desafuero como el expuesto, la cual debe otorgarse por estar la petición apegada a derecho. CONSIDERANDO (6): Vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional resuelve así la demanda de amparo promovida por el Ministerio Público, el cual alega se emitió en el respectivo proceso el dictado de una resolución no apegada al derecho legalmente aplicable, como es el artículo 332-A del Código Penal. CONSIDERANDO (7): Que en primer lugar, para esta Sala de lo Constitucional queda claramente establecido el alegato del profesional del Derecho demandante de amparo, referente a existir una confrontación entre la fundamentación jurídica de la sentencia penal acorde al proceso de flagrancia (por el cauce del artículo 440-H Y 440-I del Código Procesal Penal), la cual no concordaría con la legalidad penal sustantiva que el amparista estima aplicable. Lo anterior, sin embargo, no se asimila necesariamente a la existencia de una arbitrariedad - en el sentido de abuso o desviación de poder - o bien, del quebrantamiento en definitiva de las disposiciones constitucionales por parte de la Jurisdicción ordinaria; sino que a la existencia de una perspectiva de parte que discrepa con el juicio de valor emitido por la instancia, lo cual, ciertamente, no ha indiciar necesariamente que la jurisdicción hubiere incurrido en equivocación o incorrección jurídica, habiendo más bien fundamentación jurídica suficiente respecto al objeto de enjuiciamiento. CONSIDERANDO (8): Que asimismo acorde al estudio realizado en los antecedentes y en la resolución recurrida, esta Sala aprecia que el debido proceso, no se ha quebrantado, el Tribunal de alzada ha motivando suficientemente su sentencia de manera coherente y acorde a la JURISPRUDENCIA en la materia que nos ocupa dictada por la SALA DE LO PENAL en consecuencia jurisprudencia, de LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de la cual se desprende inclusive la existencia de jurisprudencia consolidada, pacifica y consistente, en sus sentencias CP.148=2012 de fecha 2 de junio; S.P. No. 467=2012 de fecha 22 de septiembre del 2014, y; SP No. 246-2013 de fecha 25 de noviembre del año 2015; todas las cuales arriban a la conclusión unánime que las armas artesanales son consideradas prohibidas, si bien la tipificación penal de los artículos 332-A y 332-B no es taxativa respecto a en cual de los dos artículos debe taxativamente configurarse el ilícito, emergiendo como un criterio diferenciador de orden objetivo el tipo de munición que emplee el arma artesanal objeto del delito. Es claro de la lectura de las referidas sentencias se desprende el uso de munición de calibre comercial en una arma artesanal funcional, comporta un menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal, como son las armas automáticas de guerra o de combate, como lo es el fusil de asalto Marca Kalashnikov año 1947 mas conocido como AK-47. CONSIDERANDO (9): Que todo lo anteriormente expuesto, concurre a fundamentar en doctrina legal y jurisprudencia porque no es posible entrar a un análisis a fondo en cuanto a la procedencia o no de la acción constitucional de amparo en el caso bajo estudio, la cual ha incurrido por ende en causal cierta de inadmisibilidad determinada por el numeral 1) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, como resulta efectivamente del estudio del caso. - En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la misma y dictar el sobreseimiento de la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de sus miembros y haciendo aplicación de los artículos número: 1, 59, 60, 80, 90, 93, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1), 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0506=2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL