Sentencia AP-491-15 — Registro 6254
Resumen
Recurso de amparo interpuesto contra sobreseimiento provisional por el delito Asociación Ilícita a favor imputados por los delitos de posesión y no tráfico de drogas en perjuicio de la Salud de la Población y de la Seguridad interior del Estado de Honduras, considerando el Ministerio Publico como impetrante una calificación errónea
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos de la garantista en contraposición a lo establecido por la corte de apelaciones, arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, en virtud de las siguientes consideraciones. Este alto tribunal de justicia observa que la pretensión de la fiscal para alegar el quebrantamiento del principio de legalidad se basa en la calificación errónea que hicieron los órganos jurisdiccionales de instancia de los hechos, tomándolos como constitutivos del delito de posesión de drogas en lugar de calificarlos como delito de tráfico de drogas. De acuerdo al alegato que presenta, se colige que su pretensión es que en sede constitucional se haga el examen de subsunción de los hechos como premisa menor en relación con la premisa mayor que es la norma penal. Sin embargo este examen no corresponde a la jurisdicción constitucional. Como ya se expresó antes, la competencia y por tanto facultades de esta Sala, se circunscriben a la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño. El principio de legalidad constituye efectivamente un derecho, si se piensa como un límite que se auto impone el Estado para sancionar penalmente únicamente aquellas conductas previamente declaradas legalmente como delitos y faltas. Evitando con ello que el Estado persiga por la vía penal conductas en forma indiscriminada, abusiva y arbitraria. Ese limite auto impuesto constituye también un freno para el Estado, en relación con las penas en el sentido de que sólo pueda aplicar aquellas que se encuentran previamente determinadas legalmente y dentro de los límites también dispuestos por la ley. El principio de legalidad penal, entonces es una garantía de seguridad jurídica para las personas dentro de una sociedad. Sin embargo la fiscalía con la presente garantía de amparo pretende que este alto tribunal de justicia, haga un examen del principio de legalidad que es propio de los órganos jurisdiccionales de instancia. La exigencia del principio de legalidad en sede constitucional no es igual a la que se pretende en sede de instancia o de justicia penal. La diferencia entre una y otra, si bien es cierto constituye una delgada línea que provoca muchas veces controversiales discusiones, debe hacerse teniendo como base los siguientes elementos diferenciadores. 1. El examen constitucional en amparo no constituye practicar la subsunción de la norma con la conducta examinada, basándose en la valoración de pruebas. A contrario sensu ese es precisamente el examen propio de instancia. 2. El examen constitucional en amparo se hace básicamente desde la perspectiva de defensa de los derechos fundamentales; es decir, conculcar el principio de legalidad como derecho humano significa la violación de otros derechos humanos, tales como: libertad personal, debido proceso legal, igualdad ante la ley; este último caso cuando, con base en los precedentes judiciales fijados en sentencia, se exija que se aplique en la misma forma una norma de acuerdo a hechos iguales. 3. El examen constitucional en amparo no es para determinar el alcance o sentido estricto de las normas, fijando conceptos que son propios de la doctrina penal. Tomando en consideración los tres puntos anteriormente expuestos, se observa que en el presente caso la amparista pretende: a) Que con base en la prueba aportada se califiquen los hechos de distinta manera, debiéndose decretar el auto de formal procesamiento como tráfico en lugar de posesión de drogas; y que se califique el delito de asociación ilícita; b) Que se interprete y aplique el contenido de una norma penal en forma distinta a los órganos jurisdiccionales de instancia. Sobre este último elemento, la Sala de lo Constitucional aclara que el sentido y alcance de la norma penal, es un examen que deben hacer los órganos de instancia y en último caso la Sala de lo Penal, cuando se pronuncia en casación. Dicho en otros términos, la defensa de la norma definiendo su más estricto alcance y efectos, es una función nomofiláctica, propia del recurso de casación. Por lo que, definir si los hechos del presente caso deben ser juzgados como tráfico o posesión de drogas, no corresponde dilucidarse en vía de amparo. Dicho esto, cabe mencionar que en todo caso, la calificación de delito que hace el a quo no causa estado y es únicamente para definir las medidas cautelares que se deben adoptar para garantizar la efectividad del proceso. Por todas las razones que se han apuntado, cabe señalar que no es de recibo la garantía de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez de febrero de dos mil quince, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra los señores ELVIN EDGARDO SALGADO MATAMOROS, CARLOS FERNANDO CASTELLANOS RAMOS, RUDY OBDULIO CASTELLÓN RAMOS, RODNEY CASTELLÓN RAMOS y CARLOS EDUARDO SAUCEDA GARCÍA por suponerlos responsables de los delitos de POSESIÓN PARA EL TRÁFICO DE DROGAS y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN y de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente. Estima la amparista que con el acto reclamado se ha violentado el derecho al debido proceso y al principio de legalidad, contenidos por su orden en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; ambas normas en relación con los artículos 55, 61 y 83 del Código Procesal Penal. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticinco de diciembre de dos mil catorce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, la abogada WENDY MELISSA LAGOS, en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores ELVIN EDGARDO SALGADO MATAMOROS, CARLOS FERNANDO CASTELLANOS RAMOS, RUDY OBDULIO CASTELLÓN RAMOS, RODNEY CASTELLÓN RAMOS y CARLOS EDUARDO SAUCEDA GARCÍA, por suponerlos responsables de los delitos de POSESIÓN PARA EL TRÁFICO DE DROGAS y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de SALUD DE POBLACIÓN y DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS RESPECTIVAMENTE. (Folios del 1 al 6 de la primera pieza de los antecedentes)2) Que en fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE FRANCISCO MORAZAN, en audiencia inicial resolvió: “…Dictar auto de formal procesamiento en contra de los señores ELVIN EDGARDO SALGADO MATAMOROS, CARLOS FERNANDO CASTELLANOS RAMOS, RUDY OBDULIO CASTELLÓN RAMOS, RODNEY CASTELLÓN RAMOS y CARLOS EDUARDO SAUCEDA GARCÍA, por el delito de POSESIÓN PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; así mismo por el peligro de fuga, la falta de arraigo y peligro de obstrucción, aunado a que el delito imputado no permite medida diferente a la prisión preventiva esto por el decreto emitido por el soberano Congreso Nacional se dicta la medida cautelar de prisión preventiva misma que deberán cumplir en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, para lo cual deberá enviarse los respectivos oficios al director de ésta. Asimismo se dicta un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA a favor de los señores ELVIN EDGARDO SALGADO MATAMOROS, CARLOS FERNANDO CASTELLANOS RAMOS, RUDY OBDULIO CASTELLÓN RAMOS, RODNEY CASTELLÓN RAMOS y CARLOS EDUARDO SAUCEDA GARCÍA…” (Folios 115 al 123 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA en su condición de fiscal del Ministerio Público como apelante, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia en fecha diez de febrero de dos mil quince, mediante la cual RESOLVIÓ: “…1. Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación; 2. CONFIRMAR la resolución recurrida…” (Folios 144 al 148 de la segunda pieza de los antecedentes). 4) Que la recurrente abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA en fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, compareció ante este tribunal, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS afirmando que la decisión del ad quem de fecha diez de febrero de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala el once de agosto de dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Ministerio Público denunciando violación del derecho al debido proceso y al principio de legalidad, contenidos por su orden en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; ambas normas en relación con los artículos 55, 61 y 83 del Código Procesal Penal. En el escrito de formalización, la garantista refiere que la sentencia confirmatoria de fecha diez de febrero de dos mil quince proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán violenta el derecho al debido proceso y al principio de legalidad, contenidos por su orden en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; ambas normas en relación con los artículos 55, 61 y 83 del Código Procesal Penal. Según se desprende del escrito de formalización, la garantía constitucional de amparo se basa fundamentalmente en que el tribunal de alzada confirmó el criterio del a quo, quien determinó que la fiscalía debía demostrar la existencia del delito, contraviniendo las normas citadas como conculcadas. La razón obedece a que la prueba de la existencia del delito corresponde hacerse en la audiencia de debate o juicio oral y público. Para más claridad lo que reclama la petente es que los órganos jurisdiccionales de justicia ordinaria calificaron los hechos que se imputan a los encartados como constitutivos del delito de posesión de drogas, en lugar de calificar estos como tráfico de drogas. La amparista cita los artículos 5 numeral 34 y 18 de la Ley sobre uso indebido y tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas, en relación con el concepto de tráfico como delito. Señala que el delito de tráfico implica la penalización de múltiples conductas, verbigracia: transporte, almacenamiento, depósito, entrega, compra, venta, financiamiento, etc. Resultando en su opinión, que quien realice cualquiera de estas actividades, comete el delito de tráfico.[4] Seguidamente la fiscal procede a describir los hallazgos obtenidos como fruto de los registros que la policía realizó a los encartados, consistentes en envoltorios cuyo contenido resultó ser crack en algunos casos; o cocaína en otros, según el dictamen toxicológico correspondiente. También cita los artículos 5 numeral 27 y 24 de la ley antes mencionada en relación con el delito de posesión. Descartando que la droga encontrada fuera para posesión en virtud de que la forma en que se empaquetó ésta, fue en forma de puntas dispuestas para la comercialización y no para la fabricación o para tenerla como materia prima de otra sustancia, alegando esto con base en las máximas de la experiencia, lógica y el sentido común. Expresa la fiscal que todo es indicativo para calificar el delito por tráfico de drogas y no por posesión. A lo anterior suma el hecho de que se les decomisó una cantidad considerable de dinero, y la hora temprana en que realizaban sus actividades para evitar ser descubiertos. Resalta el hecho de que el dinero que portaban era de diferentes denominaciones, que conforme a las aplicaciones de la experiencia, es así para facilitar las transacciones comerciales efectuadas con la droga. En otro orden de cosas, para la fiscal debió calificarse el delito de asociación ilícita, por cuanto los imputados se encontraban reunidos al momento de que se les hizo el registro. Establece que la acción delictiva es de permanencia debido a que por la ilicitud del producto no se vende rápidamente y al mantener en su poder una fuerte cantidad, les tomaba tiempo poderla comercializar, por ende debían permanecer asociados para definir las estrategias de la venta. Sumado a ello, menciona que los imputados cuentan con antecedentes policiales, que acreditan su peligrosidad al existir denuncias en su contra por varios delitos; siendo importante señalar que los policías que declararon, establecieron que estos se encontraban juntos y que trataron de huir al percatarse de su presencia. Como consecuencia de lo anterior, la fiscal reclama que se ha conculcado el principio de legalidad, al considerar que en el presente caso se ha calificado el delito haciendo uso de la interpretación extensiva y de la analogía in malam partem, aplicando normas fuera de los supuestos que son. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por medio de la garantía constitucional de amparo. Que la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán en su resolución de fecha diez de febrero de dos mil quince, determinó por unanimidad de votos confirmar la decisión del a quo de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce. El tribunal de alzada estimó correcta la calificación del delito de posesión por parte del iudex a quo en virtud de que en su opinión no se encuentra prueba alguna que conduzca a calificar el delito como tráfico. Menciona que es de la opinión que las declaraciones de los testigos conducen a descartar que los acusados efectuaban actos de comercio, cuya significación sea tráfico, o sea intercambio por objetos, dinero o que se llevara a cabo actividades como la intermediación o promoción de ese tráfico, que implica movimiento, circulación, entrega, recibo, transmisión de productos y en general intercambio de bienes. En relación con el delito de asociación ilícita establece que no se presentó prueba que conduzca a la obtención de los indicios racionales de su participación. Para el caso detalla que el ente acusador se limitó a citar la norma penal que debe aplicarse en estos casos. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si existe la vulneración denunciada por el amparista. Que la Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos de la garantista en contraposición a lo establecido por la corte de apelaciones, arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, en virtud de las siguientes consideraciones. Este alto tribunal de justicia observa que la pretensión de la fiscal para alegar el quebrantamiento del principio de legalidad se basa en la calificación errónea que hicieron los órganos jurisdiccionales de instancia de los hechos, tomándolos como constitutivos del delito de posesión de drogas en lugar de calificarlos como delito de tráfico de drogas. De acuerdo al alegato que presenta, se colige que su pretensión es que en sede constitucional se haga el examen de subsunción de los hechos como premisa menor en relación con la premisa mayor que es la norma penal. Sin embargo este examen no corresponde a la jurisdicción constitucional. Como ya se expresó antes, la competencia y por tanto facultades de esta Sala, se circunscriben a la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño. El principio de legalidad constituye efectivamente un derecho, si se piensa como un límite que se auto impone el Estado para sancionar penalmente únicamente aquellas conductas previamente declaradas legalmente como delitos y faltas. Evitando con ello que el Estado persiga por la vía penal conductas en forma indiscriminada, abusiva y arbitraria. Ese limite auto impuesto constituye también un freno para el Estado, en relación con las penas en el sentido de que sólo pueda aplicar aquellas que se encuentran previamente determinadas legalmente y dentro de los límites también dispuestos por la ley. El principio de legalidad penal, entonces es una garantía de seguridad jurídica para las personas dentro de una sociedad. Sin embargo la fiscalía con la presente garantía de amparo pretende que este alto tribunal de justicia, haga un examen del principio de legalidad que es propio de los órganos jurisdiccionales de instancia. La exigencia del principio de legalidad en sede constitucional no es igual a la que se pretende en sede de instancia o de justicia penal. La diferencia entre una y otra, si bien es cierto constituye una delgada línea que provoca muchas veces controversiales discusiones, debe hacerse teniendo como base los siguientes elementos diferenciadores. 1. El examen constitucional en amparo no constituye practicar la subsunción de la norma con la conducta examinada, basándose en la valoración de pruebas. A contrario sensu ese es precisamente el examen propio de instancia. 2. El examen constitucional en amparo se hace básicamente desde la perspectiva de defensa de los derechos fundamentales; es decir, conculcar el principio de legalidad como derecho humano significa la violación de otros derechos humanos, tales como: libertad personal, debido proceso legal, igualdad ante la ley; este último caso cuando, con base en los precedentes judiciales fijados en sentencia, se exija que se aplique en la misma forma una norma de acuerdo a hechos iguales. 3. El examen constitucional en amparo no es para determinar el alcance o sentido estricto de las normas, fijando conceptos que son propios de la doctrina penal. Tomando en consideración los tres puntos anteriormente expuestos, se observa que en el presente caso la amparista pretende: a) Que con base en la prueba aportada se califiquen los hechos de distinta manera, debiéndose decretar el auto de formal procesamiento como tráfico en lugar de posesión de drogas; y que se califique el delito de asociación ilícita; b) Que se interprete y aplique el contenido de una norma penal en forma distinta a los órganos jurisdiccionales de instancia. Sobre este último elemento, la Sala de lo Constitucional aclara que el sentido y alcance de la norma penal, es un examen que deben hacer los órganos de instancia y en último caso la Sala de lo Penal, cuando se pronuncia en casación. Dicho en otros términos, la defensa de la norma definiendo su más estricto alcance y efectos, es una función nomofiláctica, propia del recurso de casación. Por lo que, definir si los hechos del presente caso deben ser juzgados como tráfico o posesión de drogas, no corresponde dilucidarse en vía de amparo. Dicho esto, cabe mencionar que en todo caso, la calificación de delito que hace el a quo no causa estado y es únicamente para definir las medidas cautelares que se deben adoptar para garantizar la efectividad del proceso. Por todas las razones que se han apuntado, cabe señalar que no es de recibo la garantía de amparo. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 80, 82, 89, 90 párrafo primero, 92, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) y 321 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por interpuesta por la abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez de febrero de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra los señores ELVIN EDGARDO SALGADO MATAMOROS, CARLOS FERNANDO CASTELLANOS RAMOS, RUDY OBDULIO CASTELLÓN RAMOS, RODNEY CASTELLÓN RAMOS y CARLOS EDUARDO SAUCEDA GARCÍA por suponerlos responsables de los delitos de POSESIÓN PARA EL TRÁFICO DE DROGAS y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN y de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0491=2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] La fiscalía cita la sentencia número CP-701-2004 de fecha 12 de diciembre de 2003, así: “… ya esta Sala ha determinado en diversas sentencias, que a efecto de inferir la intención del tráfico, tenencia o transporte en este tipo de delitos, independientemente de que sea un delito de peligro abstracto, al existir en la ley diversas hipótesis y figuras delictivas, para realizar el proceso de subsunción es necesario recurrir a indicadores externos que nos permitan inferir la intención del procesado (indicios).” Lo subrayado pertenece a la impetrante.