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Sentencia AP-485-14 — Registro 6253

Resumen

Se reformó el auto de prisión contra el recurrente del delito de lesiones al delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."se estima que el Tribunal de alzada, no debió de haber declarado con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el ente acusador, y consecuentemente con ello reformar el auto de formal procesamiento que el a-quo había dictado en contra del imputado por el delito Lesiones, y reformarlo al delito de Tentativa de Homicidio, y ello se estila por parte nuestra, ya que en el caso de autos con los medios de prueba que obran en la causa no se configuran los elementos del delito de Tentativa de Homicidio, conclusión a la que se llega dado que del análisis de los hechos suscitados nos dan la certeza de que sí la intensión del imputado hubiese sido privar de su vida a los ofendidos sin necesidad de acercarse mucho y con disparos directos hubiese logrado su cometido, ya que portaba un arma debidamente cargada, por lo que las reglas de lógica y la experiencia nos dicen que resulta imposible que de los doce disparos que fueron percutidos del arma de fuego del imputado, ninguno haya causado herida de gravedad a los ofendidos, además de colegirse de la contradicción de los dichos del ofendido EDDY RENAN RAMOS RIVAS, al cambiar su versión de los hechos en la denuncia y la que dio en la audiencia, resultando que la versión dada originalmente tiene mas visos de ser real, puesto que la misma es mas próxima cronológicamente a los hechos suscitados; se desprende también que en el caso de autos, no ha resultado confirmado que el imputado haya hecho disparos directos, ya que del acta de inspecciones no resulta acreditado que hubiera algún impacto de bala en un carro que estaba ahí, o en alguna pared de la casa de enfrente a la que sucedieron los hechos. De lo anteriormente apuntado "la Sala entiende que no se da el tipo penal de tentativa de Homicidio, y más bien los actos atribuidos al imputado, se enmarcan en el tipo penal de LESIONES, tal y como el juzgado a-quo lo había estimado..."..."esta Sala observa que las apreciaciones en el fallo dictado por el Tribunal ad-quem respecto de los hechos y circunstancias que motivaron la acción interpuesta por el recurrente, representa una trasgresión a garantías constitucionales..."..."Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional estima que procede otorgar la acción de amparo impetrada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de enero de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por la abogada NADIA KARYZZA MENCIA VELÁSQUEZ, a favor del señor GUILLERMO ENRIQUE AGUILAR ELVIR, contra el auto motivado dictado en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil catorce (2014), por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual declaró HA LUGAR parcialmente un Recurso de Apelación y reformó la resolución dictada en fecha diecisiete(17) de septiembre del año dos mil trece(2013), por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor GUILLERMO ENRIQUE AGUILAR ELVIR, por suponerlo responsable de los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de los señores EDDY RAMON RAMOS VIVAS y JOSE LUIS JUARES VALLE, y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil trece (2013), el abogado FRANKLIN EFRAIN ORTEZ ZUNIGA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor GUILLERMO ENRIQUE AGUILAR ELVIR, por suponerlo responsable a título de autor directo de los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de los señores EDDY RAMON RAMOS VIVAS Y JOSE LUIS JUARES VALLE, y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil trece (2013), una vez seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en la Audiencia Inicial resolvió: “PRIMERO: DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el señor GUILLERMO ENRIQUE AGUILAR ELVIR, por suponerlo responsable del delito de LESIONES, en perjuicio de EDDY RENAN RAMOS VIVAS y JOSÉ LUIS JUAREZ VALLE, según hechos que tuvieron verificativo el once (11) de septiembre del año dos mil trece (2013), en horas de la madrugada, en la colonia el Hogar de Tegucigalpa, Municipio de éste Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. Siendo que se acreditó la Evidencia Probatoria de la comisión del delito de Lesiones, así como el indicio racional de la participación que tuvo el Imputado en la comisión de dicho delito, modificando el tipo penal respecto al ofendido EDDY RENAN RAMOS VIVAS, quien a nuestro criterio no es ofendido de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA sino de LESIONES.- SEGUNDO: DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, favor del señor GUILLERMO ENRIQUE AGUILAR ELVIR, por el supuesto delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, según hechos que tuvieron verificativo el once (11) de septiembre del año dos mil trece (2013), en horas de la madrugada, en la colonia el Hogar de Tegucigalpa, Municipio de éste Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. Siendo que el delito no ha existido.- TERCERO: Considerando que existen los presupuestos legales, para sostener razonadamente que el Imputado es autor del hecho tipificado como delito de LESIONES; que además se encuentra recibiendo atención médico hospitalaria en el HONDURAS MEDICAL CENTER, razón por lo que no se encuentra presente en ésta Audiencia; tomado en consideración que no existe peligro de fuga, ya que se ha acreditado en el proceso suficiente arraigo laboral, domiciliario y familiar a favor del imputado, considerando que desaparece el peligro de fuga, además que las penas aplicables al delito de LESIONES, en relación al artículo 445 del Código Procesal Penal no es grave, por no exceder la pena máxima de 5 años de reclusión; de conformidad a los artículos 172 y 173 numerales 5), 6), 7), 8) y 9) del Código Procesal Penal, se le Impone las Medidas Cautelares distintas a la Prisión Preventiva, de: 1) El Imputado se someta al cuidado y vigilancia de su madre MARGARITA ISABEL ELVIR CASTILLO y de su Abogado Defensor, quien deberá informar cada 15 días; 2) queda obligado a presentarse ante la secretaría de éste Juzgado, los lunes de cada semana, a registrarse en el Control Biométrico o Libró de medidas que al efecto se lleva, dentro del horario laboral, entre siete y media de la mañana a cuatro de la tarde (7:30 A.M. a 4:00 P.M.); 3) Se le prohíbe salir del país sin una autorización de éste Juzgado, la cual le podrá ser otorgado solo en caso de extrema urgencia que deberá acreditar el imputado antes mencionado; 4) Se prohíbe concurrir al lugar de la ocurrencia de los hechos y a lugares que concurren los Ofendidos; 6) se le prohíbe comunicarse con los Ofendidos, siempre que con ello no afecte su derecho a la Defensa.- Medidas que se imponen con carácter provisional y se mantendrán hasta que se celebre la el Juicio Oral y Público, siempre y cuando se llegase hasta esa etapa procesal.…” (Folios 26 al 51 de la pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, conociendo del Recurso de Apelación promovido por la abogada YURI DAGNE NUÑEZ VALLECILLO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, esa Alzada dictó Auto Motivado mediante el cual resolvió: “1.- Declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto. 2.- REFORMAR EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO DEL DELITO DE LESIONES AL DELITO DE HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA.- 3.- SE CONFIRMAN LAS MEDIDAS CAUTELARES.” (Folios 186 al 191 de la pieza de los antecedentes). 4) Que en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil catorce (2014), la recurrente abogada NADIA KARYZZA MENCIA VELÁSQUEZ, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor del señor GUILLERMO ENRIQUE AGUILAR ELVIR, por considerar que la decisión del Tribunal ad-quem de fecha diecinueve de febrero del año dos mil catorce, y que se deja relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha quince (15) de enero del año dos mil quince (2015), se tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada, y se omitió la vista al Ministerio Público, para que emitiera dictamen, por ser el mismo parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, tenemos que la trascendencia de la Acción de Amparo no se circunscribe propiamente al ámbito constitucional nuestro, sino que deviene en ser reconocida en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos de los cuales nuestro país es signatario, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”; de manera similar tenemos que tal protección judicial encuentra acogida, cuando se señala que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales[3].” CONSIDERANDO(2): Que por parte de la recurrente se ha impugnado mediante esta vía constitucional el auto motivado de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil catorce (2014), dictado por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Estima la impetrante que con la referida resolución del Tribunal de Alzada, se infringe en perjuicio de su representado la garantía constitucional del debido proceso que preceptúa el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO(3): Que el auto motivado cuestionado ante la Sala por parte de la recurrente, básicamente deja expuesto en la Motivación del mismo lo siguiente (Sic.): “1………3.- Valorando en forma conjunta y armónica la prueba presentada por la representante del Ministerio Publico, consistente en la declaración de testigos y la evaluación medica efectuada el día siguiente de los hechos, se llega a las siguientes conclusiones: Primera: Que la Sala de lo Penal en sentencias emitidas relacionadas al caso “que es cierto que para la existencia de la tentativa se requiere el comienzo de la ejecución, es decir de actos idóneos y eficaces para lesionar el bien jurídico de los cuales pueda deducirse la voluntad del agente y que revele el comienzo de la ejecución según el plan que se ha propuesto el autor”. La conducta del acusado en el presente caso, reúne los requisitos establecidos en el articulo 116 del código penal, se evidencia la decisión de realizar el tipo penal de causar un homicidio y realizando actos inequívocos de ejecución, pues ya que según la declaración de los testigos José Luis Juárez Valle y Kelsin Alexander Cruz Martínez, después de tener el primer altercado se fue a su vehículo a traer el arma de fuego y como lo relata el testigo Juárez buscaba a Eddy, quien después de encontrarlo le realizo disparos, teniendo después el segundo altercado pero para quitarle el arma de fuego que portaba. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que el imputado participo se evidencian en el caso concreto para que se califique como tentativa. Agregamos que en la tentativa se cumple la parte subjetiva del tipo, por lo cual se puede afirmar que el autor que ha obrado con dolo, es decir que tiene conocimiento y voluntad de llevar a cabo la acción. El dolo esta compuesto por un elemento cognoscitivo o intelectual que implica que el autor tenga un conocimiento efectivo y actual de lo que esta haciendo y un elemento volitivo que significa que el autor tiene la intención de llevar a cabo la conducta. Si falta alguno de esos elementos no tenemos dolo……..” CONSIDERANDO(4): Que la abogada recurrente doña NADIA KARYZZA MENCIA VELÁSQUEZ, muestra su descuerdo con el fallo de la Corte de Apelaciones, señalando básicamente en el escrito de formalización de la presente acción de amparo, dos situaciones por las cuales estima la vulneración de la garantía del debido proceso, la primera de ellas dice que se suscita por que de la lectura del auto motivado que se impugna en esta vía constitucional se lee en el apartado PARTES PERSONADAS EN ESTA INSTANCIA, “Únicamente la abogada NADIA KARYZZA MENCIA, defensora privada del imputado, como apelada, en vista de que el representante del Ministerio Publico no se persono”; señala la recurrente que tal ausencia del ente acusador es motivo suficiente como para que la referida Corte de Apelaciones no hubiese conocido y resuelto el recurso de apelación interpuesto precisamente por el Ministerio Publico, por lo que el referido auto motivado es violatorio del debido proceso, explica la recurrente a modo ilustrativo que si el recurso de apelación se interpone por la parte procesal privada, y la misma no hace uso del termino para personarse ante el Tribunal de Alzada, dicho recurso es desestimado y declarado desierto, y que en ese mismo sentido debe entenderse cuando tal recurso de apelación lo interpone el Ministerio Publico y este no se persona ante el Tribunal de Alzada. En segundo lugar la recurrente expone que su defendido fue escuchado en primera instancia y que el juez a-quo tuvo la oportunidad de valorar la prueba que obraba en el proceso, por lo que el referido togado en aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia llego a la conclusión de dictar auto de formal procesamiento por el delito de lesiones; y en ese sentido la resolución proferida por el Tribunal ad-quem al reformar el auto de formal procesamiento del delito de lesiones al delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa, lo hace en base a la valoración de los dichos que se profirieron por parte de testigos en la audiencia inicial, testigos que la Corte de Apelaciones no ha podido observar directamente como si lo hizo el a-quo, tampoco le consta a la referida Corte el grado de nerviosismo de los mismos, no pudo percibir su lenguaje corporal; situaciones que por el contrario sí fueron apreciadas por el a-quo, de donde se tiene que el referido juzgador, al tener contacto directo con los testigos a percibido su nerviosismo y por ello las dudas que le causaron sus declaraciones. Finalmente señala la recurrente que las máximas de la experiencia en el caso que nos ocupa dan pie para estimar que la valoración de los medios de prueba por el tribunal de alzada no es correcta, razón por la cual estima que cabe que a su defendido se le ampare. CONSIDERANDO(5): Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar el recurso de amparo y sus antecedentes, constata que en el caso subjúdice, el fondo del asunto lo constituye la decisión del Tribunal ad-quem de declarar ha lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por parte del Ministerio Publico y consecuentemente reformar el auto de formal procesamiento dictado en contra del ciudadano Guillermo Enrique Aguilar Elvir, modificándolo del delito de Lesiones al de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa; en ese orden de ideas, es menester establecer si la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera o no la garantía constitucional invocada por la recurrente; al hilo de lo anteriormente expuesto se observa que la referida resolución del tribunal ad-quem invoca en sustento de su razonamiento jurídico el articulo 15 del Código Penal, que preceptúa: “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuman por causas ajenas a la voluntad del agente.”; en relación con lo preceptuado en el articulo 116 del mismo Código; llegando a la conclusión dicha Corte, que en cuanto al caso de autos resulta aplicable lo dispuesto en tal normativa, ya que del análisis de la pruebas que obran en el juicio se establece que la conducta atribuida al imputado es el de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa. CONSIDERANDO(6): Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 133 del Código Penal: “Comete el delito de lesiones quien cause daños que afecten al cuerpo o la salud física o mental de otra persona” y el artículo 136 del citado Código establece: “Será penado con reclusión de uno(1) a tres(3) años quien produce una lesión en la que no concurra ninguna de las circunstancias dañinas a que se refiere los tres artículos anteriores, pero que ocasiona, enfermedad o incapacidad para el trabajo por un termino no menor de diez (10) días ni mayor de treinta (30) días, o que produzca la perdida, inutilización o debilitamiento de un miembro u órgano no principal o deje cicatriz visible y permanente en el rostro”. CONSIDERANDO(7): Que dado los alegatos planteados por la recurrente en sede constitucional, esta Sala estima oportuno reiterar que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y su circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; y que los mismos serán valorados con arreglo a la sana critica, en donde el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. CONSIDERANDO(8): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de procesamiento contra el imputado; tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana critica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO(9): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal; es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso penal o en su caso se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales. CONSIDERANDO (10): Que a contrario sensu de lo señalado en el acápite anterior, por parte de la Sala se ha dejado establecido que en salvaguarda de derechos fundamentales que se pudiesen ver afectados por la valoración incorrecta o errónea de medios de prueba por parte de las instancias, la Sala podrá entonces entrar en la valoración de los medios de prueba que obran en el juicio. CONSIDERANDO(11): Que la Sala después del estudio de los antecedentes y del fallo que se impugna en esta vía constitucional deviene en señalar que respecto de los argumentos esgrimidos en el recurso impetrado, en cuanto al primero de ellos no tiene cabida en esta instancia constitucional, por ser tal asunto de mera legalidad y por lo tanto sin trascendencia constitucional; ahora bien respecto del segundo de los argumentos esgrimidos, el mismo resulta de recibo por parte nuestra y en ese sentido se estima que el Tribunal de alzada, no debió de haber declarado con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el ente acusador, y consecuentemente con ello reformar el auto de formal procesamiento que el a-quo había dictado en contra del imputado por el delito Lesiones, y reformarlo al delito de Tentativa de Homicidio, y ello se estila por parte nuestra, ya que en el caso de autos con los medios de prueba que obran en la causa no se configuran los elementos del delito de Tentativa de Homicidio, conclusión a la que se llega dado que del análisis de los hechos suscitados nos dan la certeza de que sí la intensión del imputado hubiese sido privar de su vida a los ofendidos sin necesidad de acercarse mucho y con disparos directos hubiese logrado su cometido, ya que portaba un arma debidamente cargada, por lo que las reglas de lógica y la experiencia nos dicen que resulta imposible que de los doce disparos que fueron percutidos del arma de fuego del imputado, ninguno haya causado herida de gravedad a los ofendidos, además de colegirse de la contradicción de los dichos del ofendido EDDY RENAN RAMOS RIVAS, al cambiar su versión de los hechos en la denuncia y la que dio en la audiencia, resultando que la versión dada originalmente tiene mas visos de ser real, puesto que la misma es mas próxima cronológicamente a los hechos suscitados; se desprende también que en el caso de autos, no ha resultado confirmado que el imputado haya hecho disparos directos, ya que del acta de inspecciones no resulta acreditado que hubiera algún impacto de bala en un carro que estaba ahí, o en alguna pared de la casa de enfrente a la que sucedieron los hechos. De lo anteriormente apuntado la Sala entiende que no se da el tipo penal de tentativa de Homicidio, y más bien los actos atribuidos al imputado, se enmarcan en el tipo penal de LESIONES, tal y como el juzgado a-quo lo había estimado. CONSIDERANDO (12): Que es menester recordar que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[4]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[5]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que las apreciaciones en el fallo dictado por el Tribunal ad-quem respecto de los hechos y circunstancias que motivaron la acción interpuesta por el recurrente, representa una trasgresión a garantías constitucionales. CONSIDERANDO (13): Que en tanto que la Sala, tal y como lo establece nuestra Ley Sobre Justicia Constitucional, sea el interprete supremo de la Constitución, se debe definir por tal motivo como su especial misión la defensa de los derechos fundamentales, y esta misión, de conformidad a la doctrina[6], se concreta a una doble actividad, pudiendo ser abordada la misma desde dos puntos de vista el subjetivo y el objetivo. Así tenemos que ante cualquier vulneración de una norma constitucional que tutele alguno de tales derechos fundamentales, le corresponde a la Sala la función de reinstaurar el ordenamiento constitucional vulnerado y a través de la interpretación, o creación inclusive de la oportuna doctrina legal que ha de vincular a todos los poderes públicos, viéndose reforzados estos conceptos doctrinarios por el contenido de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO(14): Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional estima que procede otorgar la acción de amparo impetrada. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 64, 80, 90 párrafo primero, 1, 59, 80, 82, 90, 103, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y 133 y 136 del Código Penal.- FALLA: I.- OTORGANDO la acción de amparo impetrada por la abogada NADIA KARYZZA MENCIA VELÁSQUEZ, a favor del señor GUILLERMO ENRIQUE AGUILAR ELVIR, contra el auto motivado dictado en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil catorce(2014), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán; y II.- SE ORDENA que la referida Corte de Apelaciones dicte nuevo fallo conforme lo señalado en esta sentencia.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO 0485-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA CONSTITUCIONAL