Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-480-13 — Registro 13049

Resumen

Se interpuso Recursos de Amparo que declaró con lugar un recurso de apelación por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras. Estiman los recurrentes, como violentados, los derechos estipulados en los artículos 69, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que esta sala estimó necesaria una motivación clara y precisa, obligada por lo inusual del hecho que prospere un recurso de reposición, concluyendo que la sentencia revisada que se repone, NO ha sido dictada conforme a derecho, por una carente motivación. Se admite pues, y se le otorga relevancia constitucional a la omisión tantas veces señalado del texto del poder conferido que provocó la existencia de supuestos indicios racionales de participación en el delito y consecuentemente la vulneración al derecho a la libertad de la imputada. Así las cosas, SE DECLARA CON LUGAR el recurso de reposición planteado por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que esta sala estimó necesaria una motivación clara y precisa, obligada por lo inusual del hecho que prospere un recurso de reposición, concluyendo que la sentencia revisada que se repone, NO ha sido dictada conforme a derecho, por una carente motivación. Se admite pues, y se le otorga relevancia constitucional a la omisión tantas veces señalado del texto del poder conferido que provocó la existencia de supuestos indicios racionales de participación en el delito y consecuentemente la vulneración al derecho a la libertad de la imputada. Así las cosas, SE DECLARA CON LUGAR el recurso de reposición planteado por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de septiembre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) El Abogado KILEER ACOSTA GARCIA a favor de los señores JOEL ESAU BARAHONA MORAN, MARVIN ENRIQUE MEJIA y OLMIN OYUELA MONTALVAN (Reg. No. 480-2013); 2) El Abogado RENE ALTAMIRANO INTERIANO a favor de los señores DUNIA YANETH LIMA FLORES, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS y EDMUNDO REYES PERDOMO (Reg. No. 525-2013); 3) El Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO a favor de la señora MARTHA CANAHUATI LARACH, (Reg. No. 584-2013) y 4) El Abogado ALLAN LEONEL REYES PORTILLO a favor de los señores DALE MICHAEL MCCARTHY, IDALIA YANETH CASTELLANOS CHAVEZ y SAYRA JOHANA CASTELLANOS (Reg. No. 591-2013); todos contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en la audiencia celebrada del veintinueve (29) de abril al seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fechas veintiocho (28) de octubre y veintisiete (27) de noviembre del año dos mil nueve (2009), y veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011), respectivamente, con relación a la causa instruida contra los señores GUSTAVO ADOLFO ARGUELLES LARA, JOEL ESAU BARAHONA MORAN, IDALIA JANETH CASTELLANOS CHAVEZ, EDWIN OMAR RICH SOLANO, MARVIN ENRIQUE MEJIA, DUNIA YAMILETH LIMA FLORES, DALE MICHAEL MCCARTHY, OLMIN OYUELA MONTALVAN, SAYRA JOHANA CASTELLANOS CHAVEZ, EDMUNDO REYES PERDOMO, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS RIVERA y MARTHA CANAHUATI LARACH, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman los recurrentes, como violentados, los derechos estipulados en los artículos 69, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis (6) de octubre del año dos mil nueve (2009), los Abogados ORLAN ARTURO CHAVEZ y ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores GUSTAVO ADOLFO ARGUELLES LARA, JOEL ESAU BARAHONA MORAN, IDALIA JANETH CASTELLANOS CHAVEZ, EDWIN OMAR RICH SOLANO, MARVIN ENRIQUE MEJIA, DUNIA YAMILETH LIMA FLORES, DALE MICHAEL MCCARTHY, OLMIN OYUELA MONTALVAN, SAYRA JOHANA CASTELLANOS CHAVEZ, EDMUNDO REYES PERDOMO, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS RIVERA, MARTHA CANAHUATI LARACH, y LA EMPRESA URBANA S.A. DE C.V., por suponerlos responsables de la comisión a título de autores directos del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil nueve (2009), el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, celebró audiencia de declaración de imputado, en la cual resolvió: (sic) “PRIMERO imponer a los imputados: JOEL ESAU BARAHONA MORAN, IDALIA JANETH CASTELLANOS CHAVEZ, MARVIN ENRIQUE MEJIA, DUNIA YAMILETH LIMA FLORES, DALE MICHAEL MCCARTHY, OLMIN OYUELA MONTALVAN, SAYRA JOHANA CASTELLANOS CHAVEZ, EDMUNDO REYES PERDOMO, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS RIVERA Y MARTHA CANAHUATI LARACH, la medida cautelar establecidas en el numeral 6, y 7 del artículo 173 del Código Procesal Penal, misma que consistente; a) en que los imputados se presente cada quince días a la secretaria de este Juzgado y la prohibición de salir del País.- SEGUNDO: Declara sin lugar la medida cautelar de detención judicial solicitada por la Fiscalía del Ministerio Publico.- TERCERO: Señalase audiencia inicial para el día JUEVES DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE A LAS NUEVE DE LA MAÑANA, a la cual deberán concurrir las partes.- CUARTO: Librar la correspondiente orden de captura contra los señores Gustavo Adolfo Arguelles y Edwin Omar Rich Solano, la cual deberá de ser dirigida a la Dirección Criminal. …”. (Folios 353 al 356 del Tomo II de la segunda pieza de los antecedentes). 3) Que continuado que fue el proceso, el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó auto en fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil nueve (2009), mediante el cual resolvió: (sic) “1.- Dictar auto de prisión en contra de los imputados DALE MICHAEL MCCARTHY, JOEL ESAU BARAHONA MORAN, IDALIA YANETH CASTELLANOS CHAVEZ, MARVIN ENRIQUE MEJIA, DUNIA YAMILET LIMA FLORES, OLMIN OYUELA MONTALVAN, ZAIRA JOHANA CASTELLANOS CHAVEZ, EDMUNDO REYES PERDOMO, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS RIVERA, MARTHA CANAHUATI LARACH, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2.-) Imponer a los imputados DALE MICHAEL MCCARTHY, JOEL ESAU BARAHONA MORAN, IDALIA YANETH CASTELLANOS CHAVEZ, MARVIN ENRIQUE MEJIA, DUNIA YAMILETH LIMA FLORES, OLMIN OYUELA MONTALVAN, ZAIRA JOHANA CASTELLANOS CHAVEZ, EDMUNDO REYES PERDOMO, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS RIVERA, MARTHA CANAHUATI LARACH, las medidas cautelares contenidas en los numerales 6 y 7 del artículo 173 del Código Procesal Penal. 3.-) Declarar sin lugar la media cautelar de prisión preventiva, solicitada por el Ministerio Público, igualmente, declarar sin lugar las medidas de aseguramiento solicitadas en relación con la Empresa Urbana, S.A., de C.V.; asimismo, declarar sin lugar los sobreseimientos solicitados por la defensa de los imputados.”. (Folios 690 al 693 del Tomo II de la primera pieza de los antecedentes). 4) Que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, conociendo de la Excepción por Falta de Acción cuando no pueda Proseguirse, opuesta por el Apoderado Defensor de la señora MARTHA CANAHUATI LARACH, emitió auto en fecha veintidós de agosto del año dos mil once, mediante el cual resolvió (Sic) “No aceptar la excepción planteada por la defensa, y que el expediente de merito siga su curso procesal. 5) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados ORLAN ARTURO CHAVEZ y ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de Fiscales del Ministerio Público contra la resolución de fecha veintiocho de octubre del año dos mil nueve (2009), así mismo por los Abogados ALLAN LEONEL REYES y RUBEN ALFREDO NAVAS en su condición de Defensores Privados de los señores IDALIA JANETH CASTELLANOS CHAVEZ, SAYRA JOHANA CASTELLANOS CHAVEZ y DALE MICHAEL MC CARTHY, el Abogado RENE ALTAMIRANO en su condición de Defensor Privado de los señores EDMUNDO REYES PERDOMO, DUNIA YAMILETH LIMA FLORES y ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS RIVERA, el Abogado KILEER ACOSTA GARCIA en su condición de Defensor Privado de los señores MARVIN ENRIQUE MEJIA, JOEL ESAU BARAHONA MORAN y OLMIN OYUELA MONTALVAN, emitidas por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; y por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO en su condición de Defensor Privado de la señora MARTHA CANAHUATI LARACH, contra la resolución de fecha veintidós de agosto de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés; la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en audiencia celebrada en fechas veintinueve (29) de abril al seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), dictó resolución mediante la cual resolvió: (sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por EL MINISTERIO PUBLICO a través de ORLAN CHAVEZ contra la resolución de fecha veintiocho de octubre del dos mil nueve, en la que se impone a los procesados MARVIN ENRIQUE MEJIA, JOEL ESAU BARAHONA MORAN, OLVIN OYUELA MONTALVAN, MICHAEL DALE MC CARTHY, SAIRA JOHANA CASTELLANOS CHAVEZ, IDALIA YANETH CASTELLANOS CHAVEZ, EDMUNDO REYES PERDOMO, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS RIVERA, DUNIA YAMILETH LIMA FLORES, Y MARTHA CANAHUATI LARACH las medidas sustitutivas establecidas en el artículo 173 numeral 6 y 7 del Código Procesal Penal.- SEGUNDO: ORDENA SE REVOQUE la medidas sustitutivas impuestas a los procesados MARVIN ENRIQUE MEJIA, JOEL ESAU BARAHONA MORAN, OLVIN OYUELA MONTALVAN, MICHAEL DALE MC CARTHY, SAIRA JOHANA CASTELLANOS CHAVEZ, IDALIA YANETH CASTELLANOS CHAVEZ, EDMUNDO REYES PERDOMO, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS RIVERA, DUNIA YAMILETH LIMA FLORES, Y MARTHA CANAHUATI LARACH y se les imponga la prisión preventiva contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal a todos los ya mencionados.- TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por los Abogados KILEER ACOSTA, RUBEN NAVAS, ALLAN REYES Y RENE ALTAMIRANO contra el auto de prisión de fecha veintisiete de noviembre del dos mil nueve, dictado por el Juzgado de Letras de lo Penal Unificado de esta Sección Judicial contra los procesados MARVIN ENRIQUE MEJIA, JOEL ESAU BARAHONA MORAN, OLVIN OYUELA MONTALVAN, MICHAEL DALE MCCARTHY, SAIRA JOHANA CASTELLANOS CHAVEZ, IDALIA YANETH CASTELLANOS CHAVEZ, EDMUNDO REYES PERDOMO, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS RIVERA, DUNIA YAMILETH LIMA FLORES, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS.- CUARTO: CONFIRMAR el AUTO DE PRISION dictado a los procesados MARVIN ENRIQUE MEJIA, JOEL ESAU BARAHONA MORA, OLVIN OYUELA MONTALVAN, MICHAEL DALE MACCARTY, ZAIRA JOHANA CASTELLANOS CHAVEZ, IDALIA YANETH CASTELLANOS CHAVEZ, EDMUNDO REYES PERDOMO, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS RIVERA, DUNIA YAMILETH LIMA FLORES, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil nueve (f.690).- QUINTO: SE DECLARA SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ CANTILLANO en su condición de defensor de la procesada MARTA CANAHUATI LARACH, contra la resolución de fecha veintidós de agosto del año dos mil once, dictado por el Tribunal de Sentencia de esta Ciudad que declara sin lugar la Excepción de Falta de Acción.- SEXTO: SE CONFIRMA la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de esta ciudad.”. (Folios 48 al 59 de la segunda pieza de los antecedentes). 6) Que el recurrente Abogado KILEER ACOSTA GARCIA compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil trece (2013), interponiendo acción de amparo a favor de los señores JOEL ESAU BARAHONA MORAN, MARVIN ENRIQUE MEJIA y OLMIN OYUELA MONTALVAN, por considerar que la decisión del Ad-quem tomada en audiencia celebrada en fechas veintinueve (29) de abril al seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), es violatoria de las Garantías Constitucionales establecidas en los artículos 69, 89 y 90 de la Constitución de la República. 7) El recurrente Abogado RENE ALTAMIRANO INTERIANO compareció ante este Tribunal, en fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil trece (2013), interponiendo acción de amparo a favor de los señores DUNIA YANETH LIMA FLORES, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS y EDMUNDO REYES PERDOMO, por considerar que la decisión del Ad-quem tomada en audiencia celebrada en fechas veintinueve (29) de abril al seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), es violatoria de las Garantías Constitucionales establecidas en los artículos 69, 89 y 90 de la Constitución de la República. 8) El recurrente Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de julio del año dos mil trece (2013), interponiendo acción de amparo a favor de la señora MARTHA CANAHUATI LARACH, por considerar que la decisión del Ad-quem tomada en audiencia celebrada en fechas veintinueve (29) de abril al seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), es violatoria de las Garantías Constitucionales establecidas en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. 9) El recurrente Abogado ALLAN LEONEL REYES PORTILLO, compareció ante este Tribunal, en fecha uno (1) de agosto del año dos mil trece (2013), interponiendo acción de amparo a favor de los señores DALE MICHAEL MCCARTHY, IDALIA YANETH CASTELLANOS CHAVEZ y SAYRA JOHANA CASTELLANOS, por considerar que la decisión del Ad-quem tomada en audiencia celebrada en fechas veintinueve (29) de abril al seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), es violatoria de las Garantías Constitucionales establecidas en los artículos 69, 89 y 90 de la Constitución de la República. 10) Que en fecha tres (3) de septiembre del año dos mil trece (2013), esta Sala dispuso que al apreciarse de los autos, que las acciones de amparo registradas bajo los números 480-2013, 525-2013 y 591-2013, se dirigen contra el mismo acto, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, y que las acciones de amparo de mérito produzcan una sola sentencia, se resolvió acumular los amparos descritos y dictar el fallo pertinente en su oportunidad. (Folio 105 de la pieza de amparo). 11) Que en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil trece (2013), esta Sala ordenó dar vista a los Abogados KILEER ACOSTA GARCIA, RENE ALTAMIRANO INTERIANO y ALLAN LEONEL REYES PORTILLO por el término de cuarenta y ocho horas, a fin de que formalizaran su petición por escrito. (Folio 107 de la pieza de amparo).

  1. Que en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil trece (2013), esta Sala tuvo por formalizados en tiempo y forma los recursos, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. 13) Que habiéndose concedido la vista de los antecedentes al Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, para que formalizara su acción, la sala tuvo por formalizado el mismo en fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, omitiendo la vista de los autos al fiscal del despacho. 14) Que en fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la sala resolvió acumular el amparo interpuesto por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, registrado bajo el número 584-2013, a los amparos acumulados Nos. 480, 524 y 591-2013, al apreciar que los mismos se dirigen contra el mismo acto, a efecto de mantener la unidad y continencia de la causa y que dichas acciones de amparo produzcan una sola sentencia. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que por parte de todos los recurrentes se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución del Tribunal ad quem tomada en la audiencia celebrada en las fechas comprendidas del veintinueve (29) de abril al seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), por estimar que la misma es violatoria de las Garantías Constitucionales establecidas en los artículos 69, 89 y 90 de la Constitución de la República; el Tribunal de Alzada en la motivación del fallo proferido arguye básicamente entre otros aspectos, lo siguiente: (Sic) “…….Que para decretar auto de prisión, el juez considerara como plena prueba de haberse cometido un delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación penal y estimara como indicio racional, todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del mismo; circunstancias que concurrieron en audiencia inicial, ya que los elementos probatorios presentados por la Fiscalía del Ministerio Publico, a esté momento procesal han acreditado los indicios mínimos, como ser el hecho de existir una serie de empresas constituidas y que entre ellas guarden conexión unas con otras, que si bien es cierto algunos de los procesados no se conocen entre si, también lo es que consta en autos que han recibido transferencias de dinero en dólares por parte de Michael Dale McCarthy y las empresas de éste, y otros han constituido empresas y son socios de otras, de las que no se ha podido dar justificación económica, asimismo según la Comisión de Banca y Seguros dichas empresas dirigidas por algunos de los procesados han realizado transacciones atípicas en el sistema financiero, entre si, asimismo como personas jurídicas y naturales y si bien la defensa ha presentado contratos de prestamos en lempiras a diferentes personas, que han realizado los señores Marvin Mejía y Esaú Joel Barahona, a nombre de Michael Dale McCarthy, ninguno de ellos se encuentra inscrito como prestamista no bancario, según consta en la prueba documental antes relacionada, en cuanto a la procesada Dunia Yamileth Lima, quien por ser estudiante, no tenia ingreso económico alguno, sin embargo recibió transferencias de la empresa Telecom, y construyo una casa por un valor de casi un millón de lempiras, la cual construyó Idalia Yaneth Castellanos, sin que se comprobase que era su madre la que enviaba dicho dinero desde los Estados Unidos de América, pues dichas transferencias eran enviadas por Telecom, tampoco se encuentra acreditada la relación contractual entre su madre o entre la procesada y la empresa Telecom, igualmente con respecto a su tío, con respecto a la procesada Idalia Yaneth Castellanos esta aparece como socia de la empresa Softready de la cual el socio mayoritario es el procesado Joel Esaú Barahona, empresa que también realizo transacciones de venta de dólares con el señor Cerrato, con respecto a Zayra Yamileth Castellanos hermana de la procesada Idalia Yaneth Castellanos y Arnold Villalobos, quienes recibieron transferencias de las mismas personas que han beneficiado a las anteriores, por lo que esta alzada estima que la juez instructora ha tomado en cuenta todos los elementos probatorios antes referidos, los que en este momento procesal producen los indicios racionales suficientes que pueden hacer suponer la participación de los imputados e imputadas MARVIN ENRIQUE MEJIA, JOEL ESAU BARAHONA MORA, OLVIN OYUELA MONTALVAN, DALE MICHAEL MACCARTY, ZAIRA JOHANA CASTELLANOS CHAVEZ, IDALIA YANETH CASTELLANOS CHAVEZ, EDMUNDO REYES PERDOMO, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS RIVERA, y DUNIA YAMILETH LIMA FLORES, razón por la cual no son de recibo los agravios expresados por los defensores y es procedente confirmar el auto de prisión dictado contra los ya mencionados. QUINTO: Respecto de los agravios expresados por el abogado Juan Carlos Sánchez en su condición de apoderado defensor de la señora Martha Canahuati Larach al recurrir la resolución de fecha 22 de agosto de 2011 dictada por el Tribunal de Sentencia de declarar sin lugar la excepción de falta de acción, pues considera que la causa no debió de presentarse ni proseguirse porque el Ministerio Publico presupone que por el vinculo matrimonial de esta con Gustavo Arguelles, debía de conocer las actuaciones de éste………..Que el Ministerio Publico establece dos aspectos importantes que sirven de base para la formalización de la acusación en la audiencia preliminar: PRIMERO: Se asume que su representada por la condición de mayor accionista de la empresa “debió” conocer todos aquellos hechos ya sean estos buenos o malos que acontecían dentro de su empresa; no teniéndose el cuidado de que esta posición al no contar con los elementos o medios de prueba acreditados en juicio, porque la fiscalía nunca lo hizo entrar en el campo de la especulación, transgrediéndose a su representada no solo las garantías de orden constitucional, sino que se deja de manifiesto y a un lado aspectos mercantiles que establecen procedimientos y normas que deben de seguir los socios que se encuentran en la situación de su representada. SEGUNDO ASPECTO: Asume y presume la Fiscalía que la señora Martha Canahuati, no hizo acción alguna para que se siguieran dando los supuestos hechos irregulares dentro de su empresa; sigue especulando y presumiendo que su representada conocía o debió de conocer sobre cualquier hecho irregular si este hubiese existido, por ser la señora de Gustavo Arguelles quien tenia la representación, administración y gerencia de la empresa Urbana S. A. de C. V., tal como se ha acreditado en autos. Por lo que ha quedado establecido y se colige de la prueba que obra en el proceso, que con las presunciones de ha demostrado que hasta la fecha se le violo el estado de inocencia que la Constitución y la Ley Procesal Penal concede a su defendida ya que no existe medios de prueba en el proceso que produzcan por lo menos un indicio razonable de que su representada tuviera conocimiento de las actuaciones del señor Gustavo Adolfo Arguelles quien administraba y gerenciaba la empresa, como tampoco se ha demostrado de forma alguna que su defendida obtuvo utilidades como la actividad penal que se le imputa. Al respecto esta Corte de Apelaciones Penal de la revisión de los autos y de las diligencias probatorias allegadas al expediente, que corren a folios (1827 al 1846) donde consta instrumento Nº 147 de fecha treinta y uno de mayo del año mil novecientos noventa y seis, la Constitución de la Sociedad Urbana Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que se eligió provisionalmente como Presidenta del Consejo de Administración a la señora Martha Canahuati y el poder general de administración de fecha 31 de marzo del año 2005, en el que la señora Martha Canahuati en su condición de Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada Urbana S.A. de C. V. otorga poder de administración limitada al señor GUSTAVO ADOLFO ARGUELLES LARA y en la clausula novena de dicho poder establece que cualquier acto que realice el señor Arguelles Lara tiene que ser autorizado por el Presidente del Consejo de Administración señora MARTHA CANAHUATI en su condición de Presidente del Consejo de Administración, con lo cual se establece que estaba informada de todas las actuaciones que realizaba el hoy procesado Arguelles a fin de darle el visto bueno para su realización pues así se establece en dicho poder. Al respecto el argumento de la defensa de la procesada Canahuati de que no consta prueba alguna de que esta haya girado orden directa o indirecta para celebrar actos o contratos a nombre de la sociedad Urbana S. A. de C.V., con el señor McCarthy o con las empresas de este, o que ella en nombre propio haya celebrado actos o contratos reales o simulados con las empresas relacionadas con el requerimiento fiscal, así como que se haya presentado prueba de que la señora Canahuati o los socios de Urbana hayan aprobado en Asamblea General dichos contratos; al respecto esta Alzada considera que si bien es cierto que no consta documento alguno donde la señora Canahuati haya celebrado contratos con las empresas relacionadas, no es menos cierto que el procesado Gustavo Adolfo Arguelles teniendo el poder general de administración no requería de la firma de la hoy procesada Canahuati o de los socios de Urbana S.A. de C.V.; en dichos contratos, pues la representación la tenia el señor Arguelles como se ha venido mencionando, y esta representación era limitada lo que significa que todas las actuaciones que realizara debían de ser de conocimiento y aprobación de la Presidenta del Consejo de Administración y esto se corrobora con la declaración rendida en sede administrativa de ella en la que acepta que entre Urbana y el señor Dale Michael McCarthy existe un contrato para co-inversión y tiene una relación meramente comercial y que ella y su esposo tienen firma autorizada en Urbana S. A. de C. V., (ver folios 134 y 186) y si bien mediante el instrumento numero 1091 de fecha 18 de noviembre del año 2009 en la cual se protocoliza el acta de asamblea la señora Canahuati como socia mayoritaria y presidenta le revoca el poder de administración al señor Gustavo Arguelles (folio 1818) los hechos imputados son con fecha anterior a la revocatoria del poder de administración. Razón por la cual los agravios expresados por la parte defensora de la procesada Canahuati no son de recibo y por lo que este Tribunal comparte la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia en cuanto a declarar sin lugar la excepción de falta acción presentada, puesto que el Ministerio Público esta legitimado para incoar la persecución penal en este tipo de delitos que son de acción pública (art. 92,93 CPP) previa una investigación de búsqueda de elementos probatorios y de una individualización de sus participes, y siendo que el impulso de la actividad de este ente acusador derivo de las informaciones de la Comisión Nacional de Banca y Seguros respecto de transferencias atípicas, y otras investigaciones realizadas por la Fiscalía del Crimen Organizado, considera a la señora MARTHA CANAHUATI LARACH, como participe en los hechos denunciados, es por ello que el Ministerio Público debe continuar en el conocimiento de esta causa y del ejercicio penal contra todos los procesados, incluyendo a la señora Canahuati………”. CONSIDERANDO (4): Que inicialmente tres de los cuatro abogados recurrentes coinciden en sus argumentaciones al señalar que la vulneración del derecho a la libertad consagrada en el artículo 69 Constitucional en relación con lo preceptuado por el articulo 7.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; se suscita en el caso de autos, por que la regla general establece que a las personas no se le puede restringir su libertad física, sino excepcionalmente, principio este que dice nuestra normativa interna desarrollada en el articulo 172 del Código Procesal Penal, esto es que tal restricción de la libertad solo podrá imponerse en dos situaciones: a) Se haya fugado el imputado o haya peligro de fuga en caso de permanecer en libertad y b) En caso de permanecer en libertad si trata de destruir o manipular las fuentes de prueba. Dicen los recurrentes que en el caso de autos sus representados se han presentado voluntariamente ante el juez instructor manifestando así su intención de someterse a la justicia, razón por la cual en la audiencia inicial a los mismos se les impuso la medida sustitutiva de prisión establecidas en los numerales 6 y 7 del articulo 173 del Código Procesal Penal, cumpliendo cabalmente con las mismas, esto es se han presentado periódicamente ante el tribunal y no han salido del país. Continúan manifestando los recurrente que en el caso de merito las fuentes de prueba no están ni estarán en manera alguna al alcance de los imputados, dado que el ilícito de lavado de activos que se les imputa, por ser de carácter financiero esta estructurado en información que es brindada por órganos estatales, misma a la que sus defendidos no tienen acceso, razón por la cual desde una óptica puramente formal a los mismos no se le puede restringir su derecho a la libertad. Continúan exponiendo que la excepcionalidad al derecho a la libertad solo puede romperse cuando existe un mandato de ley y por causas previamente fijadas en la misma; en ese orden de ideas dicen no estar de acuerdo con lo decisión del Tribunal ad-quem, al fundamentarse lo resuelto en lo preceptuado por el artículo 184 párrafo último del Código Procesal Penal que establece: “En ningún caso procederá la sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar en los delitos cometidos por miembros del crimen organizado”; decisión que dicen se torna limitada y parcial de la norma adjetiva, pues implica que por el hecho de habérseles dictado auto de prisión por el delito de lavados de activos a los referidos señores, para el Tribunal de Alzada sus defendidos son miembros del crimen organizado. Siguen exponiendo que en el caso de merito con las medidas cautelares que originalmente se les impuso por parte del juez de garantías a sus representados, se estaba logrando la finalidad del proceso, por lo que la imposición de la prisión preventiva únicamente agrava innecesariamente la libertad de los mismos, contrariando lo dispuesto en el primer párrafo del articulo 184 del Código Procesal Penal que manda aplicar con preferencia las medidas cautelares distintas de la prisión; con lo cual se violenta el derecho a la libertad que le asiste a sus defendidos. CONSIDERANDO (5): Que a juicio de los recurrentes abogados KILEER ACOSTA GARCIA, JUAN SANCHEZ CANTILLANO, RENE ALTAMIRANO INTERIANO, y ALLAN LEONEL REYES PORTILLO, en el caso de cada uno de sus representados, se les violenta el derecho a la presunción de inocencia que consagra el articulo 89 constitucional en relación con lo dispuesto por el articulo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; para ello exponen que la presunción de inocencia de un inculpado únicamente se rompe mediante sentencia firme condenatoria, por lo que en el caso de autos tal principio sacrosanto ha sido ignorado por el Tribunal de Alzada, al tener a los procesados por miembros del crimen organizado, sirviéndose para ello de lo dispuesto en la Convención de Palermo, sin tener en cuenta las particularidades de cada uno de los participes. CONSIDERANDO (6): Así mismo los abogados recurrentes exponen que la vulneración del derecho al debido proceso que consagra el artículo 90 de nuestra carta magna se ha suscitado en tanto en cuanto, la decisión de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, ha inobservado los procedimientos y garantías establecidos por la ley; para ello señalan que en cuanto a sus defendidos el juez de letras les impuso medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, al apreciar correctamente que la supuesta prohibición que establece el último párrafo del artículo 184 del Código Procesal Penal no tiene aplicación en el caso de sus defendidos, puesto que el concepto de criminalidad organizada debía definirse en el momento procesal oportuno y no en la audiencia de imputado, esto es que se define al momento de dictarse la sentencia. Dicen que el tribunal de Alzada comete el error de fundar la revocatoria de las medidas cautelares impuestas en la audiencia de declaración de imputado, fundamentándose en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 184 del Código Procesal Penal y lo que respecto de criminalidad organizada establece la Convención de Palermo; razonamiento del Ad-quem que dicen es ajeno a la literalidad y contenido de la norma invocada, puesto que en el caso del legislador hondureño lo que se prohíbe es la sustitución o cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por otra distinta; sin embargo, el caso que nos ocupa las medidas cautelares originalmente impuestas son distintas de la prisión preventiva, por lo que la prohibición del ya referido articulo del Código Procesal Penal no es aplicable, es decir que el Tribunal de Alzada interpreto erróneamente tal norma. CONSIDERANDO (7): Por su parte en la formalización de la presente Garantía Constitucional, compareció el Abogado JUAN SÁNCHEZ CANTILLANO en su condición predicha, coincide con los demás recurrentes que la resolución proferida por el Ad-quem de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil trece (2013), de la cual se viene en amparo, contraviene y violenta la garantía del Debido Proceso, siendo además del criterio que se violenta la garantía procesal establecida en el artículo 92 de la Constitución de la República, al haberse vulnerado el derecho a ser considerado inocente contenido en el artículo 89 Constitucional y en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Refiere el demandante en su escrito de formalización que, con la venia de esta Honorable Sala de lo Constitucional y en aras de no ser reiterativo en sus alegaciones y conceptos jurídicos ya planteados en ocasión de la interposición de la presente acción de amparo, en cuanto a la denunciada vulneración de la Constitución de la República, remite expresamente[1] a dicho planteamiento interpuesto; procediendo ulteriormente, en el ya referido escrito de formalización, a destacar distintos aspectos conceptuales y normativos referentes a la nulidad de tipo Constitucional que, según ha postulado el garantista, emana directamente de la acción constitucional de amparo. CONSIDERANDO (8): Continua manifestando el amparista, que se han violentado en el referido fallo sendos principios jurídicos, enunciados ya en el considerando anterior, así como la Garantía Procesal consistente en que no podrá dictarse auto de prisión sin que proceda (Sic.) plena prueba de la comisión de un delito, acorde al artículo 92 de la Constitución de la República; invocando asimismo como violentado el derecho de la persona agraviada en razón a lo prescrito en el artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, todo ello en virtud de las consideraciones que se enuncian a continuación en forma sintética: a) Sobre lo controvertido en las Resoluciones en que se pide amparo de fondo, manifiesta que causa agravio el requerimiento fiscal no se funde sino en supuestos, sobre los cuales no aportó plena prueba, afectando deliberadamente el derecho de defensa de la señora MARTHA CANAHUATI LARACH, cuidando a la vez de que la valoración de la prueba aportada se hiciere de forma armónica y conjunta, sin soslayar garantías esenciales del proceso, evitando incurrir en el grave error de dictar una resolución al margen del derecho. En el presente caso no se ha probado debidamente que la imputada, señora MARTHA CANAHUATI LARACH, por si o como representante de la sociedad mercantil URBANA, S. A. de C. V. haya adquirido, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación de origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico de droga, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o los que no tengan causa o justificación económico legal de su procedencia; mucho menos que la persona agraviada haya suscrito o participado por si o como representante de la referida Sociedad Mercantil en actos o contratos reales o simulados que se refieran a la adquisición, posesión, transferencias o administración de bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos, instrumentos que procedan directa o indirectamente de los ilícitos de drogas, tráfico de personas y conexos, o que no tengas causa o justificación económica legal de su procedencia; y en última instancia tampoco se ha acreditado que su representada haya recibido un provecho para si o para la sociedad derivada de tales supuestos ilícitos. CONSIDERANDO (9): Sigue relatando el Abogado a JUAN SÁNCHEZ CANTILLANO en la interposición del recurso de amparo, su desacuerdo con lo resuelto respecto: b) La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, manifiesta que causa agravio la infracción de lo estipulado en el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece la excepcionalidad de la prisión preventiva, considerando que privar de la libertad a personas en el proceso existiendo otros mecanismos menos violatorios de la libertad personal, que a la vez aseguren el normal desarrollo del juicio, afecta dicha garantía. Que proceder de tal manera sería como anticipar una pena a la producción de la sentencia, violentando con ello principios de derecho reconocidos universalmente. Sigue fundamentando el recurrente al solicitar el otorgamiento de la presente acción de amparo, que con el dictado de la resolución de fecha 29 de abril de 2013, se evidencia que la Corte de Apelaciones pretende desconocer la normativa anteriormente relacionada y además la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional así lo ha reconocido, a través de la sentencia de amparo dictada en fecha trece de noviembre de dos mil siete, registrada bajo el número 325-2004-405-2007 en el proceso penal seguido contra el señor Juan Eudes Chavarría por imputársele el delito de Tráfico de Drogas, en el cual la interpretación autorizada por la jurisdicción de la Sala de lo Constitucional hace expresa referencia al artículo 184 reformado del Código Procesal Penal, delimitando su ámbito normativo a que la prohibición de otorgar medidas no se establece de manera imperativa o puntual por la presunta comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas, sino concurre la pertenencia al crimen organizado y a los integrantes de asociaciones ilícitas y estableciendo una conceptualización sobre la participación en una Organización Criminal, lo cual acaece en el presente caso, puesto que, en el parecer del amparista, la aplicación del referido artículo procesal penal en el momento de la resolución no implicaba la prohibición de recurrir a la aplicación de medidas alternas a la prisión preventiva; situación que sólo ocurriría de tratarse con imputados pertenecientes al Crimen Organizado y a los integrantes de Asociaciones Ilícitas, lo cual no se configura legalmente en el presente caso, tratándose de la norma procesal penal aplicable al caso, a manera de no incurrir en la prohibición constitucional de irretroactividad de la ley penal en caso de no favorecimiento al reo, como ocurriría si se aplican las reformas sufridas por el artículo 184 del Código Procesal Penal a resultas del Decreto No. 56-2013. – Que por todo lo anteriormente expresado, solicita de la Honorable Sala de lo Constitucional el otorgamiento de la presente acción de amparo y la suspensión del acto reclamado. CONSIDERANDO (10): Que la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en tal valoración supone el quebrantamiento de garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (11): Que respecto de la primera de las garantías constitucionales que los recurrentes han invocado como vulneradas, esto es la que se refiere a la vulneración de la presunción de inocencia[2] que les asiste a los imputados, esta Sala tiene a bien citar lo que en materia Casacional a dicho la Sala de lo Penal de este Alto Tribunal, así ha dejado establecido que:“…Esta Sala de lo penal estima que efectivamente cuando se alega en casación, la violación del derecho de Presunción de Inocencia, el control del recurso debe consistir en: a) Una ponderación o juicio sobre la prueba, consistente en verificar la existencia de prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada al juicio; y, b) La verificación de la racionalidad de las inferencias derivadas de la prueba directa o indirecta, a efecto de constatar la razonabilidad o arbitrariedad de estas a la luz de las reglas de la sana crítica…[3]”. En ese sentido y siendo que en el caso que nos ocupa, los recurrentes prácticamente piden que se haga un reexamen de la prueba que obra en el proceso, situación que como ya se ha dejado señalado en el iter de este fallo no es tarea del juez constitucional, sino de los jueces de instancia penal, razón por la cual la Sala únicamente verifica que la decisión de las referidas instancias penales tengan en consideración dos aspectos a saber, de que, las motivaciones que se hacen, son suficientes, y que la prueba que sirve de pilar para la decisión tomada fue debidamente razonada y motivada; así tenemos que la Sala de lo Constitucional deviene en ser garante para verificar la razonabilidad de la argumentación esgrimida a fin de que las conclusiones sean acordes a las máximas de experiencia, reglas de la lógica y sentido común. CONSIDERANDO (12): Que los recurrentes arguyen la vulneración del derecho a la libertad personal[4], que la asiste a los imputados, alegatos que no son de recibo por parte nuestra y así lo establecemos puesto que un requisito clave exigible a todas las restricciones y privaciones de la libertad personal, es que se deben tomar en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, implica que la limitación impuesta no sólo esté contemplada en la Constitución de la República y la Ley, sino que en el caso concreto se compruebe que la medida resulta adecuada, es decir, que el medio empleado sea el apropiado para conseguir el resultado buscado; que responda a un principio de necesidad, o sea, que la medida no pueda ser sustituida por otra acción menos gravosa o que evite afectar la libertad personal; y que tras verificar el contrapeso o ponderación de los intereses en conflicto, el sacrificio del interés individual de la libertad personal guarde una relación razonable y proporcionada que haga justiciable la prevalencia del interés estatal o social que la medida pretende salvaguardar. CONSIDERANDO (13): Que la garantía del Debido Proceso exige que: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…[5]”; y que se consagrada en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como garantías judiciales; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido ante los Jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La garantía genérica del debido proceso en materia criminal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso, dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (14): Que en relación a la violación invocada por uno de los recurrentes Abogado Sánchez Cantillano, del articulo 92 Constitucional[6], ésta se resume en una disconformidad del amparista respecto a la presentación de un requerimiento fiscal contra su representada (MARTHA CANAHUATI LARACH), habiéndose dictado a consecuencia del mismo por parte del Juzgado A Quo auto de prisión en su contra. Considera esta Sala de lo Constitucional, en su tradicional línea jurisprudencial, que este tipo de resoluciones - como son las de dictado de auto de prisión o formal procesamiento - no resultan definitivas en la primera etapa del proceso, permitiéndose al efecto su revisión judicial en sede recursiva de apelación, como en efecto ocurrió, si bien resolviéndose en contra de lo peticionado por la parte que se estima agraviada. Lo anterior, sin perjuicio de que esa representación procesal haya dispuesto del elenco de opciones que provee en forma garantista el modelo de enjuiciamiento pro acusatorio, por lo cual cabe remarcar, que carece de objeto referirse a la pretendida revocatoria del mismo, sobre todo si la misma se ha promovido bajo consideraciones de estricta legalidad, como en efecto ocurre; pretendiendo rebatir así aspectos de tipicidad, específicamente referentes a la inexistencia de acreditación de un delito previo, obviando ostensiblemente la regla de cierre del artículo 3 de la Ley de Lavado de Activos, referente a que es imputable quien si o por interpósita persona administre productos o instrumentos que carezcan de causa o de justificación económica legal de su procedencia; lo cual bajo juicio o estándar de probabilidad concurre a la resolución de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009), dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula. CONSIDERANDO (15): Aunado a lo anterior y en cuanto a lo expresado también en la interposición del recurso de amparo por el recurrente previamente citado, de la declaratoria CON LUGAR del recurso de apelación impetrado por la fiscalía del Ministerio Público, se aprecia que la tesis confirmada por el amparista ante esta Sala de lo Constitucional atribuye a la mencionada resolución infracción cierta al deber de fundamentación de los Tribunales, del mandato constitucional de irretroactividad de las normas penales en perjuicio del reo y otras alegaciones puntuales formuladas por la representación en defensa. Las mismas carecen de virtualidad por constar de autos se ha motivado suficientemente la resolución recurrida, la cual se ajusta a la generalidad de garantías, entre las cuales la efectividad del sistema de recursos que ya prevé el ordenamiento jurídico, la no aplicación retroactiva, en perjuicio del reo, de norma penal alguna, el respeto a los principios de audiencia, bilateralidad, contradicción y en general, a todas aquellas garantías dimanantes del debido proceso; por lo cual, a juicio de esta Sala, la resolución proveída por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que decide sobre el recurso de apelación interpuesto, resulta acertada y conforme a derecho al determinar que sí procedía conforme a legalidad vigente revocar las medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva impuestas tanto a la señora MARTHA CANAHUATI LARACH como a los demás imputados, por disposición de la Juez A Quo. CONSIDERANDO (16): Es importante destacar que la doctrina penal que aborda el estudio del delito de lavado de activos, la concurrencia de los elementos típicos de dicha figura delictiva en un caso concreto, normalmente se acreditará a través de la utilización de prueba indiciara, toda vez que las operaciones mediante las cuales se realiza el lavado o blanqueo de bienes, por sí mismas y haciendo abstracción de las finalidades que con su realización se persiguen, son por lo general de carácter lícito. Así las compraventas de inmuebles, joyas, vehículos, transferencias financieras, inversión en la compra de acciones, etc., en sí mismas consideradas y vistas externamente, son operaciones lícitas, y solamente podrán considerarse comportamientos o acciones delictivas cuando las mismas sirven al propósito de ocultar o enmascarar el origen, destino, movimiento o propiedad de bienes procedentes de actividades criminales. En este sentido, y como elementos indiciarios de interés, será necesario valorar entre otros muchos datos: la utilización de identidades supuestas, la inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero, la utilización de testaferros sin disponibilidad real sobre los bienes, la vinculación con sociedades ficticias carentes de actividad económica alguna, la realización de alteraciones documentales, el fraccionamiento de ingresos en depósitos bancarios para disimular su cuantía, la disposición de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin origen conocido, la simulación de negocios u operaciones comerciales que no respondan a la realidad, la percepción de elevadas comisiones por los intermediarios y en definitiva cualesquiera otras circunstancias concurrentes en la ejecución de tales actos que sean susceptibles de ser calificadas como irregulares o atípicas desde una perspectiva financiera y mercantil y que no vienen sino a indicar la probabilidad razonable de que ha existido la intención de ocultar o encubrir los bienes y productos procedentes de un hecho delictivo[7]. CONSIDERANDO (17): Que en el caso bajo estudio se imputa a los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO ARGUELLES LARA, JOEL ESAU BARAHONA MORAN, IDALIA JANETH CASTELLANOS CHAVEZ, EDWIN OMAR RICH SOLANO, MARVIN ENRIQUE MEJIA, DUNIA YAMILETH LIMA FLORES, DALE MICHAEL MCCARTHY, OLMIN OYUELA MONTALVAN, SAYRA JOHANA CASTELLANOS CHAVEZ, EDMUNDO REYES PERDOMO, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS RIVERA y MARTHA CANAHUATI LARACH, como presuntos responsables del delito de lavado de activos, como indicios racionales en su contra el Tribunal de Alzada ha señalado: a) El hecho de la existencia de una serie de empresas constituidas guardando conexión unas con otras, constando que las mismas han recibido transferencias de dinero en dólares por parte del señor Michael Dale McCarthy, las empresas de este con otros, y las que han constituido con socios de otras, mismas que no han podido dar justificación económica de sus transacciones; b) Que según la Comisión de Banca y Seguros (CNBS), dichas empresas dirigidas por algunos de los procesados han realizado transacciones atípicas en el sistema financiero, entre si; c) Que si bien es cierto que la defensa de los encausados Marvin Mejía y Esaú Joel Barahona, presentó contratos de préstamos en lempiras a diferentes personas, realizados por los referidos señores, a nombre de Michael Dale McCarthy, ninguno de ellos se encuentra inscrito como prestamista no bancario, d) Que respecto de la procesada Dunia Yamileth Lima, la misma es estudiante por lo que no tenia ingreso económico alguno, sin embargo recibió transferencias de la empresa Telecom, y construyó una casa por un valor de casi un millón de lempiras, sin que se comprobase que era su madre la que enviaba dicho dinero desde los Estados Unidos de América, tampoco se encuentra acreditada la relación contractual entre su madre o entre la procesada y la empresa Telecom, e) En el caso de la procesada Idalia Yaneth Castellanos esta aparece como socia de la empresa Softready de la cual el socio mayoritario es el procesado Joel Esaú Barahona, empresa que también realizo transacciones de venta de dólares con el señor Cerrato, f) con respecto a Zayra Yamileth Castellanos hermana de la procesada Idalia Yaneth Castellanos y Arnold Villalobos, quienes recibieron transferencias de las mismas personas que han beneficiado a las anteriores, y g) En lo que concierne a la procesada, la señora Martha Canahuati Larach el tribunal de Alzada al hacer la revisión de los autos y de las diligencias probatorias allegadas al expediente, ha observado que en el Instrumento Nº 147 de fecha treinta y uno (31) de mayo del año mil novecientos noventa y seis (1996), se constituyo la sociedad Urbana Sociedad Anónima de Capital Variable, eligiéndose provisionalmente como Presidenta del Consejo de Administración a la señora Martha Canahuati; también ha corroborado el Poder General de Administración de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil cinco (2005), en el que la señora Martha Canahuati en su condición de Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada Urbana S.A. de C. V. otorga poder de administración limitada al señor Gustavo Adolfo Arguelles Lara y en la clausula novena de dicho poder establece que cualquier acto que realice el señor Arguelles Lara tiene que ser autorizado por el Presidente del Consejo de Administración, esto es la señora Martha Canahuati en su condición de Presidente del Consejo de Administración. Al respecto el Tribunal Ad-quem razona que con tales documentos se establece que la procesada como Presidenta del Consejo de Administración de la referida empresa estaba informada de todas las actuaciones que realizaba el hoy procesado Arguelles, a fin de darle el visto bueno para su realización pues así se establece en dicho poder; y si bien es cierto que no consta documento alguno donde la señora Canahuati haya celebrado contratos con las empresas relacionadas, no es menos cierto que el procesado Gustavo Adolfo Arguelles teniendo el poder general de administración no requería de la firma de la hoy procesada Canahuati o de los socios de Urbana S. A. de C.V.; en dichos contratos, pues la representación la tenia el señor Arguelles, y esta representación era limitada lo que significa que todas las actuaciones que realizara debían de ser de conocimiento y aprobación de la Presidenta del Consejo de Administración, situación que se ve corroborada con la declaración rendida en sede administrativa por ella misma en la que acepta que entre la empresa Urbana S.A. de C.V., y el señor Dale Michael McCarthy existe un contrato para co-inversión teniendo una relación comercial. Razón por la cual esa Alzada estima que no son de recibo los agravios expresados por la defensa de la procesada Canahuati, y en ese sentido comparte la resolución dictada por el Tribunal de sentencia en cuanto a declarar sin lugar la excepción de falta acción presentada por la defensa, puesto que el Ministerio Público esta legitimado para incoar la persecución penal en este tipo de delitos que son de acción pública. CONSIDERANDO (18): Que por las razones anteriormente apuntadas se concluye que los razonamientos externados por el Tribunal Ad-quem, no vulnera los Derechos a la Libertad Personal, Presunción de Inocencia, Derecho del Debido Proceso y demás Garantías Constitucionales invocadas, por lo que la Sala de lo Constitucional es del criterio porque se deniegue la acción de amparos interpuestas por los cuatro recurrentes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 89, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8, 24 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 40 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 9 No. 3) literal b), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO las Acciones de Amparo interpuestas por los abogados: I.-KILEER ACOSTA GARCIA, a favor de los señores JOEL ESAU BARAHONA MORAN, MARVIN ENRIQUE MEJIA y OLMIN OYUELA MONTALVAN (SCO-480-2013); II.-El abogado RENE ALTAMIRANO INTERIANO, a favor de los señores DUNIA YANETH LIMA FLORES, ARNOLD EDGARDO VILLALOBOS y EDMUNDO REYES PERDOMO (SCO-525-2013), III.-El Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO a favor de la señora MARTHA CANAHUATI LARACH, (Reg. No. 584-2013), IV.-El Abogado ALLAN LEONEL REYES PORTILLO, a favor de los señores DALE MICHAEL MCCARTHY, IDALIA YANETH CASTELLANOS CHAVEZ y SAYRA JOHANA CASTELLANOS (SCO-591-2013). Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. VISTO: El recurso de reposición presentado en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), interpuesto por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, actuando en representación de la señora MARTHA CANAHUATI LARACH; contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha Seis (06) de septiembre del año dos mil dieciséis, en la que se deniega el recurso de amparo interpuesto por el impetrante contra la resolución dictada en las audiencias de fecha veintinueve (29) de abril al seis (06) de junio del año dos mil trece (2013), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Cortés, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en contra de las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de aquella Sección judicial en fechas veintiocho (28) de octubre y veintisiete (27) de noviembre del año dos mil nueve, y veintidós de agosto del año dos mil once respectivamente. CONSIDERANDO (1): Que el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO I, interpuso acción de amparo a favor de la señora MARTHA CANAHUATI LARACH. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha Seis (06) de septiembre del año dos mil dieciséis, mediante la cual, falló DENEGANDO el recurso de amparo del que se hizo mérito. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, no comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional, para tal efecto en la exposición del recurso de reposición, que en la sentencia impugnada señala los hechos y consideraciones de tipo legal por las que solicitó el recurso de amparo. Sin embargo, en el presente recurso detalla de manera concisa y sencilla aspectos que, a su juicio deben ser valorados y analizados con mayor detenimiento, todo ello en busca según el impetrante de una resolución más justa y consecuente con el espíritu de la ley. Para tal efecto expone que en la resolución que fue objeto de apelación, el Tribunal de alzada basó su resolución en que la señora Martha Canahuati Larach, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Urbana, S.A., 1.- otorga poder de Administración Limitado al señor Gustavo Arguelles Lara, (quien a su vez era esposo de la acusada), así como que en la cláusula novena de dicho Poder se establece que: 2.- cualquier acto que realice el señor Arguelles Lara, tiene que ser autorizado por el Presidente del Consejo de Administración o sea la señora Martha Canahuati Larach, señalando en aquel momento el Ad quem que, con esto se establece que la acusada estaba enterada de todas las actuaciones que realizaba el señor Arguelles a fin de darle el visto bueno para su realización de acuerdo a lo que establece el referido poder. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente en su escrito de impugnación también señala que la Corte de Apelaciones cuando dictó la resolución que impugnó en su momento, dejó señalado “que si bien es cierto no consta documento alguno donde la señora Canahuati haya celebrado contrato con las empresas relacionadas (las demás empresas investigadas), no es menos cierto que el procesado, Gustavo Adolfo Arguelles teniendo el poder general de administración no requería de la firma de la procesada Canahuati o de los demás socios de URBANA, S.A., de C.V., en dichos contratos, pues la representación la tenía el señor Arguelles como se ha venido mencionando y esta representación era limitada lo que significa que todas las actuaciones que realizara debían de ser de conocimiento y aprobación de la Presidenta del Consejo de Administración. Señalando el Ad quem que esto se corrobora con la declaración rendida por la acusada en sede administrativa en la que acepta que entre Urbana y el señor Dale Michael McCarthy, existe un contrato para co-inversión y tiene una relación meramente comercial y que ella y su esposo tiene firma autorizada en Urbana, S.A. de C.V., señalando que el análisis realizado por el Tribunal de alzada ha vulnerado el estado de inocencia de su representada, quien presume que por el hecho de que la acusada es la Presidenta del Consejo de Administración de Urbana, S.A. de C.V., devenía en la obligación de saber lo que el Administrador y esposo a la vez realizaba bajo la protección del poder conferido y aunque dicho poder establecía que cualquier acto que éste realizara, debía ser autorizado por la Presidenta del Consejo de Administración, no es menos cierto que en la práctica no aconteció así, es más no existe evidencia de ninguna autorización. Dice además que de igual manera que es importante el poder tantas veces referido, así debería tener importancia cualquier otro documento que establezca que su representada autorizo la realización de dichos actos, pero no existe evidencia alguna de que tales autorizaciones existen o existieron, mucho menos que la señora Canahuati tenía conocimiento de tales actos que considera reñidos con la ley; todo ello la misma Corte de Apelaciones lo reconoce en su sentencia cuando dice que no consta documento alguno donde la señora Canahuati haya celebrado contratos, mucho menos que haya autorizado algún acto de los investigados en el presente juicio, así mismo la misma la Corte reconoce que para que el Administrador actuara no requería la firma de la señora Canahuati. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante manifiesta que el cambio de las medidas que hasta la fecha venía gozando la imputada, es decir la prohibición de salir del país, y la de presentarse periódicamente ante un determinado Juez, contraviene El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que señala la excepcionalidad de la Prisión Preventiva (Art.9.3). Señala que esta Sala ha hablado de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad que se deben tomar en cuenta al momento de la aplicación de una medida restrictiva de la libertad personal y aún más que la medida aplicable resulte adecuada para conseguir el resultado buscado, insistiendo en que la acusada ha cumplido fielmente las medidas sustitutivas impuestas, por lo que se ha obtenido el resultado buscado, razón por la que no es necesario la imposición de la medida restrictiva de la libertad. CONSIDERANDO (5): Que el recurso de reposición, por mandato del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cabe contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional y los que en su caso dicte el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que el recurso de reposición es un recurso ordinario, cuyo objetivo, como cualquier herramienta de impugnación, es corregir, mediante una revocatoria o reforma la resolución dictada, con la particularidad, que solo el recurso de reposición se interpone ante el mismo Juez o Tribunal que dictó la resolución que causa agravios. Es un tipo de recurso; que según la práctica forense es otorgado en muy pocas ocasiones, no obstante, el legislador concede la oportunidad de enmendar, a aquel quien emitió la respuesta, y ello por la imposibilidad del ser humano de llegar a ser infalible. En el caso de autos, y -siendo que la finalidad del recurso de amparo es que a toda persona agraviada se le restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones otros instrumentos internacionales establecen- es procedente otorgar el recurso de reposición interpuesto por la representación de la defensa de la imputada Martha Canahuati Larach, decisión que toma esta Sala de lo Constitucional, fundada en las argumentaciones siguientes. CONSIDERANDO (6):Que sometida a estudio la sentencia cuya reposición se solicita, y consecuentemente a nuevo análisis la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Cortés, esta Sala de lo Constitucional ha detectado una interpretación errónea de la prueba documental (Instrumento Público No. 267 de fecha treinta y uno de marzo de mil cinco, Poder General de Administración), por parte de la Corte de Apelaciones, interpretación errónea producto de la omisión de una palabra que cambia por completo el resultado del análisis, tornando inexistente el indicio racional alegado por el Ministerio Público, relativo a la participación de la imputada Martha Canahuati Larach, como supuesta responsable del delito de lavado de activos. Es así, que con la prueba documental; Instrumento Público No. 267 de fecha treinta y uno de marzo de mil cinco, clausula primera, la imputada otorga poder general de administración a su esposo GUSTAVO ADOLFO ARGUELLES LARA, para que en nombre y representación de “URBANA, SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE”, pueda actuar en su condición de tal y a ese efecto le confiere las facultades del mandato administrativo y las especiales siguientes: (SIC)“…para que represente a la compañía URBANA, SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE, como GERENTE GENERAL.- SEGUNDO: Para que administre todos los bienes de la empresa URBANA, SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE, y los que adquiera en lo sucesivo, recaude sus rentas y productos y practique las demás gestiones de un celoso administrador.- TERCERO: Para que cobre cuantas cantidades corresponden a la empresa que representa el otorgante, procedente de cualquier contrato que haya celebrado con el estado, municipios o particulares.- CUARTO: Para que paguen todas las cargas y contribuciones a que se hallen efectos los bienes del otorgante por haber administrado o tenido a su cargo los bienes del mismo; las examine y apruebe los finiquitos y demás documentos correspondientes.- SEXTO: Para que transija todos los créditos, acciones y derechos activos y pasivos, en la forma que crea conveniente, sometiendo su decisión al juicio de árbitros o de amigables componedores, y tercero en caso de discordia comprometiéndose a estar y pasar por el aludo que pronuncien.- SEPTIMO: Para que en pago de bienes, admita toda clase de bienes muebles o inmuebles, semovientes, por su valor en tasación o por el que convenga y las condiciones que estime.- OCTAVO: Para que tome posesión corporal o simbólica de todos los bienes que por cualquier título adquiera la empresa, promoviendo si fuere necesario todos los expedientes administrativos, o judiciales que correspondan.-..”. Obsérvese, que la imputada otorga al señor GUSTAVO ADOLFO ARGUELLES LARA, la facultad, es decir; el poder, el derecho y la aptitud para hacer cualquiera de los actos taxativamente transcritos. No obstante, lo anterior, la CLAUSULA NOVENA, restringe y limita el poder al mandar que: Cualquier OTRO ACTO que realice el señor Gustavo Adolfo Arguelles Lara, tiene que ser autorizado por el presidente del consejo de administración de la empresa señora MARTHA CANAHUATI LARACH, en su condición en que actúa. CONSIDERANDO (7): Que en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones y recurrida en amparo, el Tribunal de alzada concluye en la existencia de indicios racionales suficientes de responsabilidad de la imputada, en vista del conocimiento obligado de la misma, en tanto en cuanto la cláusula novena manda -apunta el Tribunal- que la señora MARTHA CANAHUATI LARACH, debía autorizar cualquier acto, realizado por el señor GUSTAVO ADOLFO ARGUELLES LARA. Es de hacer ver que al hacer referencia a cualquier acto, incluiría también los actos o facultades del mandato administrativo y las especiales taxativamente señaladas en el poder de administración, por lo que estaríamos ante un instrumento Público de otorgamiento que poder de administración, contradictorio, en tanto por un lado me da libertad para ejercer sin restricción alguna las facultades especiales debidamente señaladas y por otro lado, me impide llevarlas a cabo sin la previa autorización de la imputada, en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, de la lectura de dicho instrumento público se observa que el mandato limita, con la petición de autorización previa, únicamente cualquier OTRO ACTO, es decir, cualquier acto distinto a los señalados como facultades de expresa mención, vale mencionar un ejemplo; no se otorgó la facultad de hipotecar bienes muebles ni inmuebles. En caso de que el gerente hubiese tenido a bien hipotecar un bien inmueble de la empresa, en este caso, si debía comunicarse con la señora MARTHA CANAHUATI LARACH, y pedir su autorización y visto bueno, u otro tipo de obligación de la empresa en especial las de Riguroso Dominio, requisito innecesario para las facultades especiales otorgadas. CONSIDERANDO (8): Que, realizar un análisis omitiendo una palabra que cambia sustancialmente el sentido y contenido de un instrumento público, vulnera a todas luces el debido proceso, pues de ese análisis e interpretación errónea surgió la decisión de ordenar el cambio de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, y privar de ese derecho fundamental a la libertad a una persona, a la cual el Estado tiene el deber de protegerla, en este caso el Estado a través del Poder Judicial, garantizando sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO (9): Que existe basta jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, en la cual se manifiesta que le está vedado conocer sobre alegatos de instancia, por ejemplo, cuando se pretende convertir este medio de impugnación en una instancia ordinaria, al alegar sobre la valoración de los medios de prueba, actividad jurídica, exclusiva para Jueces de instrucción y Magistrados de Cortes de Apelaciones. En el caso de autos, si bien la Sala basa su argumentación en un medio de prueba documental, no hace referencia alguna a su valoración, sino que, al resultado violatorio a un derecho fundamental como consecuencia de una lectura y posterior análisis erróneo, como quedó dicho, por la supresión de un vocablo; convirtiéndose así el presente, en un caso de relevancia constitucionalidad y por tanto competencia de esta Sala. Es parte toral del derecho al debido proceso, el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho congruente; esto es que sean motivadas jurídicamente y que sean congruentes. Al hacer referencia a una motivación jurídica, estamos indicando la aplicación al principio de legalidad, no obstante, puede darse una aplicación de la legalidad arbitraria. En estos casos tendríamos como consecuencia una sentencia irrazonada y por ello arbitraria, razón por la cual no debe considerarse fundada en derecho congruente. Ante una manifiesta irrazonabilidad, ante una manifiesta contradicción, trae como consecuencia una sentencia carente de motivación. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala estima necesario ahondar en lo referente a la administración de las personas jurídicas, en el sentido de explicar que conforme expone el Doctor Nicolás García Pineda en su libro: “LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD ANONIMA, encontramos que: "Por un lado, la representación de la sociedad, o el hecho que esta actúa a través de representante resulta innegable, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 209 del Código de Comercio, que establece: "La representación judicial y extrajudicial de la sociedad, corresponderá "al administrador o al consejo de administración", ya que la persona jurídica requiere el concurso de una persona física para materializar sus actos. No puede, por ello, descartarse la personalidad de administrador, individualmente considerado, ni soslayarse la letra del artículo 209 del Código de Comercio, que taxativamente invoca la representación de la sociedad. Por otra parte, se precisa acudir a la teoría del órgano para explicar el funcionamiento de la sociedad, interna y externamente, habida cuenta de que la sociedad es una, siendo inadmisible que la misma sufra un desdoblamiento en su naturaleza de persona jurídica. Es de es-te modo que la sociedad es la esfera externa se manifiesta a través de una representación orgánica, lo que implica comprender la administración como órgano social, sin menoscabo de la facultad representativa que despliega. La asamblea general no designa un administrador como un acto potestativo u opcional que surja exclusivamente de su voluntad; el acto reviste un carácter obligatorio, decayendo cualquier pretensión de calificar la designación como una representación convencional. Estimamos conveniente aclarar que no debe confundirse la representación orgánica como facultad de los administradores, con la representación atribuida a los gerentes, apoderados y factores (artículos 209, 217, 218, 219, 220, 355 Y 356 del Código de Comercio). Aunque estos puedan contar con amplios poderes, la naturaleza de la representación es derivada, sea de la asamblea general, de los estatutos o del órgano de administración. En el caso de los gerentes, apoderados y factores, los órganos legitimados legalmente para nombrarlos conceden la facultad de representación, por tanto, nos encontramos ante una representación convencional o voluntaria -mandato. A propósito de lo referido, es pertinente analizar la eficacia de los actos celebrados por los administradores que no detentan la facultad del uso de la firma social, es decir, los casos en los que estos actúan fuera de los límites de las facultades concedidas. Prima se advierte la inaplicación del artículo 737 del Código de Comercio, que atribuye los efectos del acto directamente al falso representante o al representante que excedió sus facultades, al indicar la norma, in fine: "quedan a salvo las disposiciones sobre representación por factores y por órganos de sociedades". De este modo entra en el análisis el artículo 732 del mismo texto legal, que supedita los efectos del negocio jurídico entre el representado y el tercero, toda vez que el representante haya actuado dentro de los límites de sus facultades. En apego al contenido del precepto, los negocios celebrados por el administrador desbordando las facultades concedidas carecen de efecto respecto a la sociedad. Sin embargo, la disposición deviene inaplicable al caso sub examine, habida cuenta de que las reglas sobre la representación societaria ostentan naturaleza distinta a las reglas contenidas en los artículos 731 y concordantes del Código de Comercio. Para confirmar esto, es admisible considerar la dicción del artículo 356 del Código de Comercio, que imputa el acto celebrado por el factor a la sociedad, aun cuando haya excedido las instrucciones de su mandante, o haya obrado con abuso de confianza, siempre que tales actos se enmarquen en el objeto social, o aun siendo de naturaleza distinta, fueran consecuencia de las órdenes del mandante, o aprobados por este de manera tacita o expresa. Sin perjuicio de ello, no es de recibo integrar la última norma citada como elemento definidor de la problemática objeto de estudio. Por un lado, debido a que el examen se centra sobre los efectos de los actos de los administradores fuera de las facultades otorgadas, es decir, en el marco de la representación orgánica, mientras que la representación de los factores es de naturaleza contractual-mandato, en consecuencia, declina la paridad de motivos, pues la diferencia en su naturaleza jurídica presupone la falta de identidad consustancial. Por otro, porque la disposición regula un supuesto especifico, mientras que la representación orgánica constituye el marco general de la representación societaria. Debe recordarse que está vedada la integración analógica de un caso específico a uno general (sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo español N° 5284/2012, de 20 de julio). Por ello, el basamento para la construcción jurídica debe buscarse en una norma con carácter general. Empero, que difieran en su naturaleza no constituye un óbice infranqueable para aplicar disposiciones de las reglas generales de la representación (artículo 731 y siguiente del Código de Comercio), a la representación organiza, siempre que organicen con su naturaleza jurídica en el ámbito societario. Entonces, deviene aplicable al caso de análisis el artículo 736 del Código de Comercio, que reza: "Quien haya dado lugar con actos positivos o con omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona está facultada para actuar como representante, no podrá invocar la falta de representación frente a terceros de buena fe. Esta se presume, salvo prueba en contrario". La norma en relación, preconiza la denominada teoría de la apariencia, que predica que la sociedad debe soportar las consecuencias del acto celebrado por el falso representante, preservando con ello el derecho de los terceros de buena fe." CONSIDERANDO (11): Que esta sala estimó necesaria una motivación clara y precisa, obligada por lo inusual del hecho que prospere un recurso de reposición, concluyendo que la sentencia revisada que se repone, NO ha sido dictada conforme a derecho, por una carente motivación. Se admite pues, y se le otorga relevancia constitucional a la omisión tantas veces señalado del texto del poder conferido que provocó la existencia de supuestos indicios racionales de participación en el delito y consecuentemente la vulneración al derecho a la libertad de la imputada. Así las cosas, SE DECLARA CON LUGAR el recurso de reposición planteado por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8; 64, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1.- DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, por las razones que se dejan señaladas. 2.- OTORGAR el recurso de amparo interpuesto el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO a favor de la señora MARTHA CANAHUATI LARACH, (Reg. No. 584-2013 en la Secretaría de esta Sala); Y MANDA: 1.- Que la Corte de Apelaciones Proceda a dictar la resolución que en derecho corresponde acorde a la argumentación jurídica antes expuesta. - 2.- Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES SAGASTUME. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, y la resolución de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, recaídas en los Recursos de Amparo Penal (Acumulados) registrados en este Tribunal con los números 480, 525, 584 y 591-2013.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Ver escrito de formalización de fecha 15 de enero de 2014, a folio treinta (30) de la pieza de amparo, que obra en el expediente 0584-2013.

[2] Articulo 89 de la Constitución de la República.

[3] Sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación Penal registrada bajo el No. 164-07

[4] Articulo 69 de la Constitución de la República.

[5] Articulo 90 de la Constitución de la República

[6] Articulo 92 de la Constitución de la república

[7] Vid., en este sentido, ZARAGOZA AGUADO, JAVIER ALBERTO, “Análisis sustantivo del delito (II). Cuestiones de interés sobre el delito de blanqueo de bienes de origen criminal: la prueba indiciaria. La comisión culposa. Nuevas orientaciones en Derecho Comparado, en AAVV, Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, Estudios de Derecho Judicial No. 28, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, págs. 297-298.