Sentencia AP-467-13 — Registro 6252
Resumen
Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación y revocó resolución proferida por Tribunal de Sentencia que en Audiencia de presentación voluntaria y revisión de medidas cautelares a petición de parte (recurrente) se les impusó cauciones a ejecutar y presentar imponiéndoles mientras tanto la medida cautelar de arresto domiciliario y revocó medida cautelar de prisión preventiva decretada previamente en causa contra éstos por los delitos de Falsificación de documentos públicos y Fraude en perjuicio de la Fe Pública y la Administración Pública; Falsificación de Documentos Públicos y Estafa en perjuicio de la Fe y la Administración Pública (Proyecto Praf- Salud) y por el delito de Estafa en perjuicio del mismo Proyecto; Consta que dicho Tribunal condenó a los imputados con determinadas penas principales y accesorias; La Autoridad recurrida consideró que no es procedente haber otorgado a favor de los condenados las medidas sustitutivas de la prisión preventiva ya que fueron condenados de debe tomarse en cuenta la gravedad del delito y el enorme daño económico causado al Estado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.…"la exigencia del derecho al recurso en materia penal, con lleva necesariamente que un tribunal superior revise un fallo condenatorio y la pena impuesta, entendemos entonces que el derecho al recurso en el ámbito penal se ve cumplido si al imputado se le permite el acceso a la instancia preestablecida o el ejercicio de los recursos legalmente previstos; en el caso subexamine se establece que la defensa de los condenados ha interpuesto recurso de Casación contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia, en ese orden de ideas entendemos entonces que la solicitud presentada por la defensa a fin de que los imputados siguieran gozando de las medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, en tanto en cuanto la referida sentencia condenatoria adquiriese el carácter de firme, es conforme a derecho; entiende también esta Sala que la resolución recurrida al revocar lo resuelto por el a-quo, concita que se haya vulnerado con tales actuaciones las garantías constitucionales alegadas por los impetrantes de amparo..."..."la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la de regular la obtención de las fuentes de prueba, siendo necesario para adoptar una que limite la libertad personal que se cumplan cualquiera de las circunstancias siguientes: a) que el imputado se haya fugado o que exista peligro de fuga; y, b) que exista posibilidad de que el imputado destruya o manipule las fuentes de prueba..."..."la Sala entiende que puede resultar factible prolongar los efectos de dichas medidas después de haberse agotado la fase de individualización de la pena, siempre que las medidas sustitutivas conjuren el peligro de fuga y por otro lado garanticen que el procesado no realizará acciones de obstrucción a la Justicia. De otro modo no se explicaría porque durante la tramitación del recurso de Casación, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, tiene la competencia para aplicar las reglas, no solamente relativas a la prisión preventiva, sino también las que conciernen a las medidas sustitutivas de la misma..."..."al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos afirmar que efectivamente se constata la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, por lo que se hace procedente otorgar los recursos de amparo interpuestos..."..."con relación al considerando número Diez (10) del presente fallo, después de revisados y analizados los antecedentes que motivaron la interposición del recurso que nos ocupa a favor de los agraviados, Esta Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia es del criterio, que dichos ciudadanos no se encuentran comprendidos dentro de algunas de las conductas exigidas por el Código Procesal Penal para que se les pueda decretar la prisión preventiva, ya que los numerales tres (3) y cuatro (4) del artículo 178 de dicho cuerpo de Leyes, no se les puede aplicar ya que los delitos a ellos imputados no son de los relacionado con el crimen organizado; y, en cuanto a lo ordenado en los numerales uno (1) y dos (2), las circunstancias para determinar el peligro de fuga y el peligro de obstrucción a la justicia, fueron valoradas tanto por el Juzgado de Letras como por el Tribunal de sentencias respectivo, al momento de otórgales a los imputados medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, Tribunales que llegaron a la conclusión de que las circunstancias enumeradas en los numerales uno (1) y dos (2) del artículo 178 del Código Procesal Penal no les son aplicables a ellos, por no haberse cumplido en aquel momento con dichos presupuestos, los que no han cambiado por el hecho de que se dictó una sentencia condenatoria en contra de los imputados, ya que dicha sentencia fue objeto de un recurso de casación que se está tramitando ante la Sala de lo Penal de esta Honorable Corte Suprema de Justicia, por lo que dicha sentencia condenatoria no ha adquirido el carácter de firme pasado por cosa Juzgada y, por lo tanto, los ciudadanos a favor de los cuales se interpuso la presente acción de amparo, siguen gozando de la prerrogativa constitucional de ser considerados inocentes..."..."leída y analizada la sentencia de fecha uno de abril del dos mil trece, esta Sala de lo Constitucional colige que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, para revocar las medidas cautelares otorgadas a los peticionarios, se fundamenta en el hecho de haberse proferido sentencia Condenatoria en contra de dichos ciudadanos, y además establece que dicho Fallo quebranta el estado de Inocencia de los mismos, al respecto, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que no existe disposición legal alguna que autorice el quebrantamiento del Principio de Inocencia que nos rige y goza todo imputado.- De conformidad a la Constitución, una persona solo puede perder su presunción de inocencia, cuando es declarada su responsabilidad por autoridad competente.- Y si bien es cierto que en la causa seguida en contra de los impetrantes, existe una sentencia condenatoria dictada en su contra, también es cierto que la misma no ha adquirido el carácter de firma, requisito este que es exigido por el ordenamiento jurídico existente, para que a dichos imputados se les pueda declarar efectivamente culpables de los delitos a ellos imputados..."..."la sentencia de fecha uno de abril del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, violenta en perjuicio de los impetrantes, los principios constitucionales enunciados en los artículos 69, 89, 90 de la Constitución, ya que considera culpable a las personas sin que se haya cumplido el requisito de firmeza de la sentencia condenatoria, requisito este, que es exigido por la Ley para dicha Efectividad de la declaratoria de culpabilidad, y a su vez, con base a dicha declaratoria de culpabilidad, les violenta el derecho a la libertad, ya que le da un alcance diferente a lo preceptuado en el artículo 172 del Código Procesal Penal, constituyendo estos hechos, igualmente una violación al Debido Proceso..."..."dando consecución al razonamiento seguido en el presente Fallo, podemos afirmar que efectivamente se constata la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, por lo que se hace procedente Otorgar los Recursos de Amparo Interpuestos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 298 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 5 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 172 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 179 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 194 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 354 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.…"la exigencia del derecho al recurso en materia penal, con lleva necesariamente que un tribunal superior revise un fallo condenatorio y la pena impuesta, entendemos entonces que el derecho al recurso en el ámbito penal se ve cumplido si al imputado se le permite el acceso a la instancia preestablecida o el ejercicio de los recursos legalmente previstos; en el caso subexamine se establece que la defensa de los condenados ha interpuesto recurso de Casación contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia, en ese orden de ideas entendemos entonces que la solicitud presentada por la defensa a fin de que los imputados siguieran gozando de las medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, en tanto en cuanto la referida sentencia condenatoria adquiriese el carácter de firme, es conforme a derecho; entiende también esta Sala que la resolución recurrida al revocar lo resuelto por el a-quo, concita que se haya vulnerado con tales actuaciones las garantías constitucionales alegadas por los impetrantes de amparo..."..."la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la de regular la obtención de las fuentes de prueba, siendo necesario para adoptar una que limite la libertad personal que se cumplan cualquiera de las circunstancias siguientes: a) que el imputado se haya fugado o que exista peligro de fuga; y, b) que exista posibilidad de que el imputado destruya o manipule las fuentes de prueba..."..."la Sala entiende que puede resultar factible prolongar los efectos de dichas medidas después de haberse agotado la fase de individualización de la pena, siempre que las medidas sustitutivas conjuren el peligro de fuga y por otro lado garanticen que el procesado no realizará acciones de obstrucción a la Justicia. De otro modo no se explicaría porque durante la tramitación del recurso de Casación, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, tiene la competencia para aplicar las reglas, no solamente relativas a la prisión preventiva, sino también las que conciernen a las medidas sustitutivas de la misma..."..."al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos afirmar que efectivamente se constata la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, por lo que se hace procedente otorgar los recursos de amparo interpuestos..."..."con relación al considerando número Diez (10) del presente fallo, después de revisados y analizados los antecedentes que motivaron la interposición del recurso que nos ocupa a favor de los agraviados, Esta Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia es del criterio, que dichos ciudadanos no se encuentran comprendidos dentro de algunas de las conductas exigidas por el Código Procesal Penal para que se les pueda decretar la prisión preventiva, ya que los numerales tres (3) y cuatro (4) del artículo 178 de dicho cuerpo de Leyes, no se les puede aplicar ya que los delitos a ellos imputados no son de los relacionado con el crimen organizado; y, en cuanto a lo ordenado en los numerales uno (1) y dos (2), las circunstancias para determinar el peligro de fuga y el peligro de obstrucción a la justicia, fueron valoradas tanto por el Juzgado de Letras como por el Tribunal de sentencias respectivo, al momento de otórgales a los imputados medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, Tribunales que llegaron a la conclusión de que las circunstancias enumeradas en los numerales uno (1) y dos (2) del artículo 178 del Código Procesal Penal no les son aplicables a ellos, por no haberse cumplido en aquel momento con dichos presupuestos, los que no han cambiado por el hecho de que se dictó una sentencia condenatoria en contra de los imputados, ya que dicha sentencia fue objeto de un recurso de casación que se está tramitando ante la Sala de lo Penal de esta Honorable Corte Suprema de Justicia, por lo que dicha sentencia condenatoria no ha adquirido el carácter de firme pasado por cosa Juzgada y, por lo tanto, los ciudadanos a favor de los cuales se interpuso la presente acción de amparo, siguen gozando de la prerrogativa constitucional de ser considerados inocentes..."..."leída y analizada la sentencia de fecha uno de abril del dos mil trece, esta Sala de lo Constitucional colige que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, para revocar las medidas cautelares otorgadas a los peticionarios, se fundamenta en el hecho de haberse proferido sentencia Condenatoria en contra de dichos ciudadanos, y además establece que dicho Fallo quebranta el estado de Inocencia de los mismos, al respecto, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que no existe disposición legal alguna que autorice el quebrantamiento del Principio de Inocencia que nos rige y goza todo imputado.- De conformidad a la Constitución, una persona solo puede perder su presunción de inocencia, cuando es declarada su responsabilidad por autoridad competente.- Y si bien es cierto que en la causa seguida en contra de los impetrantes, existe una sentencia condenatoria dictada en su contra, también es cierto que la misma no ha adquirido el carácter de firma, requisito este que es exigido por el ordenamiento jurídico existente, para que a dichos imputados se les pueda declarar efectivamente culpables de los delitos a ellos imputados..."..."la sentencia de fecha uno de abril del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, violenta en perjuicio de los impetrantes, los principios constitucionales enunciados en los artículos 69, 89, 90 de la Constitución, ya que considera culpable a las personas sin que se haya cumplido el requisito de firmeza de la sentencia condenatoria, requisito este, que es exigido por la Ley para dicha Efectividad de la declaratoria de culpabilidad, y a su vez, con base a dicha declaratoria de culpabilidad, les violenta el derecho a la libertad, ya que le da un alcance diferente a lo preceptuado en el artículo 172 del Código Procesal Penal, constituyendo estos hechos, igualmente una violación al Debido Proceso..."..."dando consecución al razonamiento seguido en el presente Fallo, podemos afirmar que efectivamente se constata la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, por lo que se hace procedente Otorgar los Recursos de Amparo Interpuestos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 98 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 298 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 5 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 172 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 178 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 354 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de enero de dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia en las Acciones de Amparo acumulados interpuestas por: I. El abogado JUAN RAMON MENDOZA CALDERON, a favor de la señora TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS (Reg. No. 0467-2013); II. El abogado RENE BARNICA SOLÓRZANO, a favor del señor RAUL BARNICA SOLÓRZANO (Reg. No. 0472-2013) y III. La abogada ROSA HELENA BONILLA GALINDO, a favor del señor JOSE ALFREDO SARMIENTOS (Reg. No. 0475-2013), todos contra la resolución dictada en fecha uno de abril de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, que declara HA LUGAR el recurso de apelación y revoca la resolución de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, proferida por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en la Audiencia de presentación voluntaria, con relación a la causa que fue instruida contra los señores RAUL BARNICA SOLÓRZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, por la comisión de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y FRAUDE, en perjuicio de la FE PUBLICA Y LA ADMINISTRACION PUBLICA; contra LUIS FERNANDO VARELA MONCADA, por la comisión de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y ESTAFA en perjuicio de la FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA (PROYECTO PRAF-SALUD) y contra TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS por el delito de ESTAFA, en perjuicio del PROYECTO PRAF-SALUD.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha siete de noviembre de dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado JULIO HUMBERTO NUÑEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores RAUL BARNICA SOLÓRZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, por la comisión de DOSCIENTOS DIECIOCHO delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y DOSCIENTOS DIECIOCHO delitos de FRAUDE, en perjuicio de la FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA; contra LUIS FERNANDO VARELA MONCADA, por la comisión de DOSCIENTOS DIECIOCHO delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y DOSCIENTOS DIECIOCHO delitos de ESTAFA en perjuicio de la FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA (PROYECTO PRAF-SALUD); y contra TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS por DOSCIENTOS DIECIOCHO delitos de ESTAFA, en perjuicio del PROYECTO PRAF-SALUD. (Folios 1 al 23 de la pieza original de los antecedentes).- 2) Que en fecha veinte de agosto de dos mil doce, la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, emitió FALLO mediante el cual Condenó a los acusados 1) RAUL BARNICA SOLÓRZANO y 2) JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, por su participación a título de autor cada uno en doscientos doce delitos de FRAUDE EN CONCURSO MEDIAL, con doscientos doce delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINIDTRACIÓN Y LA FE PUBLICA, a la pena principal de dos mil ciento veinte (2120) años de reclusión, debiendo cumplir el máximo de TREINTA (30) AÑOS establecido en la Constitución de la República y condenó a 3) TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS, por su participación a título de cómplice en el delito de FRAUDE en perjuicio de la ADMINIDTRACIÓN PUBLICA, a la pena principal de mil sesenta (1060) años de reclusión, debiendo cumplir el máximo de TREINTA (30) AÑOS establecido en la Constitución de la República; y como consecuencia de la condena de reclusión, condenó a todos los acusados a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. (Folios 1267 al 1304 del Tomo II de los antecedentes).-3) Que habiéndole dado curso a los autos el Tribunal en referencia, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, celebró Audiencia de presentación voluntaria y de revisión de medidas cautelares a solicitud de parte, en la cual el Tribunal resolvió: dejar sin valor y efecto la declaratoria de rebeldía dictada contra los imputados en la audiencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce; en cuanto a los señores RAUL BARNICA SOLÓRZANO Y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA fijar una cuantía general hipotecaria por la cantidad de cinco millones de lempiras, la cual deberá ser efectiva por cada uno en un 50%, en cuanto a la acusada TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS fijar una cuantía depositaria de doscientos mil lempiras en efectivo, otorgándoles a los acusados un plazo de diez días para ejecutar y presentar las cauciones, imponiéndoles mientras tanto la medida cautelar de arresto domiciliario y revocar la medida cautelar de prisión preventiva que había decretado previamente. (Folios 1427 al 1431 del Tomo II de los antecedentes).-4) Que en fecha uno de abril del año dos mil trece, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado ANIBAL IZAGUIRRE MARADIAGA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, contra la resolución dictada en la Audiencia de presentación voluntaria de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán resolvió (Sic) “1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado ANIBAL IZAGUIRRE MARADIAGA.- 2) Revocar la resolución apelada…” (Folios 1546 al 1549 del testimonio del Tomo II de los antecedentes).-5) Que en fechas veinticuatro (24) y veinticinco (25) de junio de dos mil trece respectivamente, comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional: I. El abogado JUAN RAMON MENDOZA CALDERON interponiendo recurso de amparo a favor de la señora TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS; II. El abogado RENE BARNICA SOLÓRZANO interponiendo recurso de amparo a favor del señor RAUL BARNICA SOLÓRZANO, y III. La Abogada ROSA HELENA BONILLA GALINDO interponiendo recurso de amparo a favor del señor JOSE ALFREDO SARMIENTO; todos contra la resolución de fecha uno de abril del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por estimar los recurrentes que en perjuicio de sus representados la decisión del A-quem violenta el principio de inocencia, la garantía del debido proceso, y la de que aun con auto de prisión ninguna persona podrá ser presa si ofrece caución suficiente, plasmados en los artículos 89, 90 y 93 de la Constitución de la República.-6) Que en fecha uno de agosto de dos mil trece, esta Sala, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo interpuesto por el abogado RENE BARNICA SOLÓRZANO a favor del señor RAUL BARNICA SOLÓRZANO, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-7) Que en fecha tres de septiembre de dos mil trece, este Alto Tribunal, en virtud de apreciar que los recursos de amparo interpuestos por el Abogado JUAN RAMON MENDOZA CALDERON a favor de la señora TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS (Reg. No. 0467-2013) y por la Abogada ROSA HELENA BONILLA GALINDO a favor del señor JOSE ALFREDO SARMIENTOS (Reg. No. 0475-2013), se dirigen contra un mismo acto y para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, resolvió acumular los amparos descritos y dictar el fallo pertinente en su oportunidad. (Folio 62 de la pieza de amparo).-8) Que en fecha doce de septiembre de dos mil trece, esta Sala, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo interpuesto por la abogada ROSA HELENA BONILLA GALINDO a favor del señor JOSE ALFREDO SARMIENTO y en cuanto al recurso interpuesto por el abogado JUAN RAMON MENDOZA CALDERON a favor de la señora TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS, se tuvo por caducado el término concedido al recurrente para que formalizara el recurso, ordenando la continuación del trámite en virtud de haberse interpuesto la acción de manera puntual, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-9) Que en fecha trece de noviembre de dos mil trece, en virtud de encontrarse las dos acciones de amparo ya acumuladas en la misma etapa procesal con la acción de amparo interpuesta por el Abogado RENE BARNICA SOLÓRZANO a favor del señor RAUL BARNICA SOLÓRZANO (Reg. No. 0472-2013), se dictó providencia mediante la cual dispuso acumular el recurso de amparo con No. 0472-2013 a las acciones de amparo descritas anteriormente, a efectos de mantener la unidad de la causa y producir una sola sentencia oportunamente. (Folio 105 de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO (1): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a la persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros Instrumentos Internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que Los recursos de Amparo promovidos por los Abogados JUAN RAMON MENDOZA CALDERON, RENE BARNICA SOLÓRZANO y la abogada ROSA HELENA BONILLA GALINDO, se dirige contra la resolución proferida en fecha uno (1) de abril del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, que declara ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico y revoca la resolución apelada, con relación a la causa que se les siguió y por la cual se condeno a los señores RAUL BARNICA SOLÓRZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, por su participación a título de autor cada uno de FRAUDE EN CONCURSO MEDIAL, y de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINIDTRACIÓN Y LA FE PUBLICA; y a la señora TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS, por su participación a título de cómplice en el delito de FRAUDE en perjuicio de la ADMINIDTRACIÓN PUBLICA.-CONSIDERANDO (3): Que los recurrentes en amparo consideran que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en fecha uno (1) de abril del año dos mil trece, básicamente vulnera las garantías constitucionales referentes a la presunción de inocencia y el debido proceso, para ello coinciden en sus recursos, al aseverar que el fallo recurrido en los numerales del uno al cinco se limita a copiar los artículos del Código Procesal Penal que establecen los presupuestos para el otorgamiento de las medidas sustitutivas, artículos que el ad-quem considera que en el caso de autos, han sido infringidos por el Tribunal de Sentencia, al haber otorgado éste a favor de los condenados las medidas sustitutivas de la prisión preventiva; señalan que en la resolución recurrida en esta vía constitucional no se expresa en forma clara como fue que se vulneraron los referido artículos y que mas bien lo se hace es pretender justificarse con frases reiteradas tales como “en la condena impuesta, el daño causado, etc.”, en refuerzo de sus tesis los amparistas aducen que el principio de inocencia se ve vulnerado cuando la referida resolución recurrida en el numeral seis (6), expresa “ya que por un lado se dicto sentencia condenatoria, por otro lado la gravedad del delito y el enorme daño económico causado al Estado”; frase por la cual, dicen se pone de manifiesto que los magistrados desconocen los recursos que la ley establece y que garantizan el goce del estado de inocencia mientras los mismos no sean resueltos, aducen así mismo que el numeral nueve (9) del fallo recurrido se reconoce el hecho de que a favor de los condenados se ha interpuesto recurso de Casación ante este Alto Tribunal, recurso que a la fecha aun no ha sido fallado, por lo que aducen que la sentencia condenatoria dictada no reviste el carácter de firme y ejecutoria, y por ende consideran que en perjuicio de sus representados se vulnera el principio de presunción de inocencia, y que aunado a lo anterior en el caso de autos se ha ofrecido caución suficiente, por lo que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán al revocar las medidas cautelares impuestas, incluida entre ellas la caución, violenta lo preceptuado en el articulo 194 del Código Procesal Penal. Relatan también los recurrentes que en cuanto a sus defendidos no existe el peligro de fuga, del que habla en su fallo el Tribunal ad-quem, y que si bien es cierto que los mismos no se presentaron a una audiencia señalada, también se ha dejado establecido que los mismos no fueron citados en legal y debida forma, razón por la cual no pudieron asistir a la misma.-CONSIDERANDO (4): Que señalado lo anterior y respecto de los alegatos planteados ante esta Sala de lo Constitucional por parte de los impetrantes se observa que básicamente los mismos consideran que en el caso de autos se ha producido la vulneración de las garantías constitucionales por ellos invocadas, por dos razones: a) Que el Tribunal de Alzada no debió de haberse declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y por ende revocar la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia, resolución por la cual el referido Tribunal había otorgado a los imputados medidas cautelares distintas de la prisión preventiva; y b) Que el Tribunal ad-quem al resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa y declarar con lugar el mismo, revocando la medida cautelar distintas se la prisión preventiva, con ello ha vulnerado la presunción de inocencia que asiste a los procesados, ya que en el caso de autos la sentencia condenatoria dictada en su contra aun no es firme, por estar pendiente de resolverse un recurso de Casación.-CONSIDERANDO (5): Que el articulo 359 del Código Procesal Penal establece: “Sentencias contra las que procede la Casación. Contra las resoluciones definitivas pronunciadas por los Tribunales de Sentencia, solo podrá interponerse el recurso de Casación”.-CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional deviene en señalar que en cuanto al ámbito penal, el legislador sabiamente ha previsto un doble grado de jurisdicción al que someter el fallo condenatorio y la pena impuesta, en ese sentido la normativa internacional y mas concretamente lo contemplado en el articulo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que señala: “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley”. En ese orden de ideas la citada normativa sirve de pauta interpretativa de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en nuestra carta magna. El derecho al recurso en materia penal entra así ha formar parte del rol de garantías que contempla el debido proceso o fair trial a que la constitución se refiere en su articulo 90 párrafo primero, pero dentro de ciertos límites.-CONSIDERANDO (7): Que la exigencia del derecho al recurso en materia penal, con lleva necesariamente que un tribunal superior revise un fallo condenatorio y la pena impuesta, entendemos entonces que el derecho al recurso en el ámbito penal se ve cumplido si al imputado se le permite el acceso a la instancia preestablecida o el ejercicio de los recursos legalmente previstos; en el caso subexamine se establece que la defensa de los condenados ha interpuesto recurso de Casación contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia, en ese orden de ideas entendemos entonces que la solicitud presentada por la defensa a fin de que los imputados siguieran gozando de las medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, en tanto en cuanto la referida sentencia condenatoria adquiriese el carácter de firme, es conforme a derecho; entiende también esta Sala que la resolución recurrida al revocar lo resuelto por el a-quo, concita que se haya vulnerado con tales actuaciones las garantías constitucionales alegadas por los impetrantes de amparo. -CONSIDERANDO (8): Que por otro lado, es conveniente ilustrar y dado que los recurrentes de amparo lo han planteado ante esta Sala, sobre las medidas cautelares en el proceso penal, mismas que desde el punto de vista doctrinario, pueden definirse como aquellas que pueden adoptarse motivadamente por el órgano jurisdiccional, (u otra autoridad competente en casos excepcionales), contra el presunto responsable de un hecho delictivo, al estimarse dos aspectos esenciales: por una parte, la existencia de una imputación basada en la constatación objetiva de un hecho típico y en la probabilidad razonable de quien sea su autor, y por otra, en la fundada posibilidad de ocultación personal o patrimonial del inculpado en el curso del procedimiento penal.- CONSIDERANDO (9): Que entre tales medidas cautelares, se encuentra la prisión preventiva, que sin duda alguna, es la principal, toda vez que constituye la más grave que se puede adoptar contra el imputado, al privarle de su libertad aunque sea con carácter provisional.-CONSIDERANDO (10): Que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la de regular la obtención de las fuentes de prueba, siendo necesario para adoptar una que limite la libertad personal que se cumplan cualquiera de las circunstancias siguientes: a) que el imputado se haya fugado o que exista peligro de fuga; y, b) que exista posibilidad de que el imputado destruya o manipule las fuentes de prueba.-CONSIDERANDO (11): Que el artículo 89 de la Constitución de la República reconoce el principio-derecho a la presunción de inocencia, al establecer que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”.- CONSIDERANDO (12): Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 178 del Código Procesal Penal, para ordenar la prisión preventiva de un imputado deberá concurrir alguna de las circunstancias siguientes: 1) Peligro de fuga del imputado, 2) La posible obstrucción de la investigación por parte del imputado, 3) riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva a la que hay sospecha que pertenece, y utilice los medios que ella le brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otros imputados, y 4) riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del acusador o denunciante.-CONSIDERANDO (13): Que de conformidad a lo previsto por el artículo 179 del Código Procesal Penal, para determinar si existe peligro de fuga del imputado, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 1) la falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar el territorio nacional o para permanecer oculto, 2) la gravedad de la pena que pudiera imponerse al encausado, como resultado del proceso, 3) la importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del procesado frente al mismo y, en particular, su falta de voluntad reparadora, y 4) El comportamiento del imputado durante el proceso, en cualquier otro anterior o en las diligencias previas, del que razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse a la investigación o al proceso penal.-CONSIDERANDO (14): Que ninguna disposición legal establece que tras la individualización de la pena, efectuada por el Tribunal de Sentencia correspondiente, deban cesar automáticamente, y por ende, en cualquier caso, las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva. En este sentido, la Sala entiende que puede resultar factible prolongar los efectos de dichas medidas después de haberse agotado la fase de individualización de la pena, siempre que las medidas sustitutivas conjuren el peligro de fuga y por otro lado garanticen que el procesado no realizará acciones de obstrucción a la Justicia. De otro modo no se explicaría porque durante la tramitación del recurso de Casación, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, tiene la competencia para aplicar las reglas, no solamente relativas a la prisión preventiva, sino también las que conciernen a las medidas sustitutivas de la misma.-CONSIDERANDO (15): Que al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos afirmar que efectivamente se constata la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, por lo que se hace procedente otorgar los recursos de amparo interpuestos.-CONSIDERANDO (16): Que de conformidad con el artículo 69 de la Constitución de la República, la libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente.-CONSIDERANDO (17): Que la Constitución de la República establece: “Que nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”.- Esta Garantía se conoce en la Práctica como “La Garantía Constitucional del Debido Proceso”.- En ese sentido, el Debido Proceso obliga al Juez o Magistrado conocedor de una determinada causa, a cumplir en el desarrollo de todo el proceso e independientemente de la etapa en que se encuentre el mismo, con todas las normativas vigentes, tanto procesales como sustantivas, en la aplicación de la Justicia al caso concreto.-CONSIDERANDO (18): Que con relación al considerando número Diez (10) del presente fallo, después de revisados y analizados los antecedentes que motivaron la interposición del recurso que nos ocupa a favor de los agraviados, Esta Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia es del criterio, que dichos ciudadanos no se encuentran comprendidos dentro de algunas de las conductas exigidas por el Código Procesal Penal para que se les pueda decretar la prisión preventiva, ya que los numerales tres (3) y cuatro (4) del artículo 178 de dicho cuerpo de Leyes, no se les puede aplicar ya que los delitos a ellos imputados no son de los relacionado con el crimen organizado; y, en cuanto a lo ordenado en los numerales uno (1) y dos (2), las circunstancias para determinar el peligro de fuga y el peligro de obstrucción a la justicia, fueron valoradas tanto por el Juzgado de Letras como por el Tribunal de sentencias respectivo, al momento de otórgales a los imputados medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, Tribunales que llegaron a la conclusión de que las circunstancias enumeradas en los numerales uno (1) y dos (2) del artículo 178 del Código Procesal Penal no les son aplicables a ellos, por no haberse cumplido en aquel momento con dichos presupuestos, los que no han cambiado por el hecho de que se dictó una sentencia condenatoria en contra de los imputados, ya que dicha sentencia fue objeto de un recurso de casación que se está tramitando ante la Sala de lo Penal de esta Honorable Corte Suprema de Justicia, por lo que dicha sentencia condenatoria no ha adquirido el carácter de firme pasado por cosa Juzgada y, por lo tanto, los ciudadanos a favor de los cuales se interpuso la presente acción de amparo, siguen gozando de la prerrogativa constitucional de ser considerados inocentes.-CONSIDERANDO (19): Que leída y analizada la sentencia de fecha uno de abril del dos mil trece, esta Sala de lo Constitucional colige que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, para revocar las medidas cautelares otorgadas a los peticionarios, se fundamenta en el hecho de haberse proferido sentencia Condenatoria en contra de dichos ciudadanos, y además establece que dicho Fallo quebranta el estado de Inocencia de los mismos, al respecto, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que no existe disposición legal alguna que autorice el quebrantamiento del Principio de Inocencia que nos rige y goza todo imputado.- De conformidad a la Constitución, una persona solo puede perder su presunción de inocencia, cuando es declarada su responsabilidad por autoridad competente.- Y si bien es cierto que en la causa seguida en contra de los impetrantes, existe una sentencia condenatoria dictada en su contra, también es cierto que la misma no ha adquirido el carácter de firma, requisito este que es exigido por el ordenamiento jurídico existente, para que a dichos imputados se les pueda declarar efectivamente culpables de los delitos a ellos imputados.-CONSIDERANDO (20): Que la sentencia de fecha uno de abril del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, violenta en perjuicio de los impetrantes, los principios constitucionales enunciados en los artículos 69, 89, 90 de la Constitución, ya que considera culpable a las personas sin que se haya cumplido el requisito de firmeza de la sentencia condenatoria, requisito este, que es exigido por la Ley para dicha Efectividad de la declaratoria de culpabilidad, y a su vez, con base a dicha declaratoria de culpabilidad, les violenta el derecho a la libertad, ya que le da un alcance diferente a lo preceptuado en el artículo 172 del Código Procesal Penal, constituyendo estos hechos, igualmente una violación al Debido Proceso tutelado por nuestra Carta Magna.-CONSIDERANDO (21): Que dando consecución al razonamiento seguido en el presente Fallo, podemos afirmar que efectivamente se constata la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, por lo que se hace procedente Otorgar los Recursos de Amparo Interpuestos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 69, 80, 82, 89, 90, 92, 98, 183, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 3, 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 8, 13, 14, 18, 178, 179, 354 y 359 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 45 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: I.- OTORGANDO los recursos de amparos acumulados interpuestos por: a) el abogado JUAN RAMON MENDOZA CALDERON a favor de la señora TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS (Reg. No. 0467-2013); b) el abogado RENE BARNICA SOLÓRZANO a favor del señor RAUL BARNICA SOLÓRZANO (Reg. No. 0472-2013) y c) la abogada ROSA HELENA BONILLA GALINDO a favor del señor JOSE ALFREDO SARMIENTOS (Reg. No. 0475-2013); todos contra la resolución dictada en fecha uno de abril de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán; y II.- SE ORDENA que el Tribunal Ad-Quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal , registrado en este Tribunal bajo el número 0467,472 y 475 – 2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de enero de dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia en las Acciones de Amparo acumulados interpuestas por: I. El abogado JUAN RAMON MENDOZA CALDERON, a favor de la señora TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS (Reg. No. 0467-2013); II. El abogado RENE BARNICA SOLÓRZANO, a favor del señor RAUL BARNICA SOLÓRZANO (Reg. No. 0472-2013) y III. La abogada ROSA HELENA BONILLA GALINDO, a favor del señor JOSE ALFREDO SARMIENTOS (Reg. No. 0475-2013), todos contra la resolución dictada en fecha uno de abril de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, que declara HA LUGAR el recurso de apelación y revoca la resolución de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, proferida por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en la Audiencia de presentación voluntaria, con relación a la causa que fue instruida contra los señores RAUL BARNICA SOLÓRZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, por la comisión de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y FRAUDE, en perjuicio de la FE PUBLICA Y LA ADMINISTRACION PUBLICA; contra LUIS FERNANDO VARELA MONCADA, por la comisión de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y ESTAFA en perjuicio de la FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA (PROYECTO PRAF-SALUD) y contra TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS por el delito de ESTAFA, en perjuicio del PROYECTO PRAF-SALUD.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha siete de noviembre de dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado JULIO HUMBERTO NUÑEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores RAUL BARNICA SOLÓRZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, por la comisión de DOSCIENTOS DIECIOCHO delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y DOSCIENTOS DIECIOCHO delitos de FRAUDE, en perjuicio de la FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA; contra LUIS FERNANDO VARELA MONCADA, por la comisión de DOSCIENTOS DIECIOCHO delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y DOSCIENTOS DIECIOCHO delitos de ESTAFA en perjuicio de la FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA (PROYECTO PRAF-SALUD); y contra TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS por DOSCIENTOS DIECIOCHO delitos de ESTAFA, en perjuicio del PROYECTO PRAF-SALUD. (Folios 1 al 23 de la pieza original de los antecedentes).- 2) Que en fecha veinte de agosto de dos mil doce, la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, emitió FALLO mediante el cual Condenó a los acusados 1) RAUL BARNICA SOLÓRZANO y 2) JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, por su participación a título de autor cada uno en doscientos doce delitos de FRAUDE EN CONCURSO MEDIAL, con doscientos doce delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINIDTRACIÓN Y LA FE PUBLICA, a la pena principal de dos mil ciento veinte (2120) años de reclusión, debiendo cumplir el máximo de TREINTA (30) AÑOS establecido en la Constitución de la República y condenó a 3) TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS, por su participación a título de cómplice en el delito de FRAUDE en perjuicio de la ADMINIDTRACIÓN PUBLICA, a la pena principal de mil sesenta (1060) años de reclusión, debiendo cumplir el máximo de TREINTA (30) AÑOS establecido en la Constitución de la República; y como consecuencia de la condena de reclusión, condenó a todos los acusados a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. (Folios 1267 al 1304 del Tomo II de los antecedentes).-3) Que habiéndole dado curso a los autos el Tribunal en referencia, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, celebró Audiencia de presentación voluntaria y de revisión de medidas cautelares a solicitud de parte, en la cual el Tribunal resolvió: dejar sin valor y efecto la declaratoria de rebeldía dictada contra los imputados en la audiencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce; en cuanto a los señores RAUL BARNICA SOLÓRZANO Y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA fijar una cuantía general hipotecaria por la cantidad de cinco millones de lempiras, la cual deberá ser efectiva por cada uno en un 50%, en cuanto a la acusada TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS fijar una cuantía depositaria de doscientos mil lempiras en efectivo, otorgándoles a los acusados un plazo de diez días para ejecutar y presentar las cauciones, imponiéndoles mientras tanto la medida cautelar de arresto domiciliario y revocar la medida cautelar de prisión preventiva que había decretado previamente. (Folios 1427 al 1431 del Tomo II de los antecedentes).-4) Que en fecha uno de abril del año dos mil trece, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado ANIBAL IZAGUIRRE MARADIAGA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, contra la resolución dictada en la Audiencia de presentación voluntaria de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán resolvió (Sic) “1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado ANIBAL IZAGUIRRE MARADIAGA.- 2) Revocar la resolución apelada…” (Folios 1546 al 1549 del testimonio del Tomo II de los antecedentes).-5) Que en fechas veinticuatro (24) y veinticinco (25) de junio de dos mil trece respectivamente, comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional: I. El abogado JUAN RAMON MENDOZA CALDERON interponiendo recurso de amparo a favor de la señora TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS; II. El abogado RENE BARNICA SOLÓRZANO interponiendo recurso de amparo a favor del señor RAUL BARNICA SOLÓRZANO, y III. La Abogada ROSA HELENA BONILLA GALINDO interponiendo recurso de amparo a favor del señor JOSE ALFREDO SARMIENTO; todos contra la resolución de fecha uno de abril del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por estimar los recurrentes que en perjuicio de sus representados la decisión del A-quem violenta el principio de inocencia, la garantía del debido proceso, y la de que aun con auto de prisión ninguna persona podrá ser presa si ofrece caución suficiente, plasmados en los artículos 89, 90 y 93 de la Constitución de la República.-6) Que en fecha uno de agosto de dos mil trece, esta Sala, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo interpuesto por el abogado RENE BARNICA SOLÓRZANO a favor del señor RAUL BARNICA SOLÓRZANO, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-7) Que en fecha tres de septiembre de dos mil trece, este Alto Tribunal, en virtud de apreciar que los recursos de amparo interpuestos por el Abogado JUAN RAMON MENDOZA CALDERON a favor de la señora TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS (Reg. No. 0467-2013) y por la Abogada ROSA HELENA BONILLA GALINDO a favor del señor JOSE ALFREDO SARMIENTOS (Reg. No. 0475-2013), se dirigen contra un mismo acto y para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, resolvió acumular los amparos descritos y dictar el fallo pertinente en su oportunidad. (Folio 62 de la pieza de amparo).-8) Que en fecha doce de septiembre de dos mil trece, esta Sala, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo interpuesto por la abogada ROSA HELENA BONILLA GALINDO a favor del señor JOSE ALFREDO SARMIENTO y en cuanto al recurso interpuesto por el abogado JUAN RAMON MENDOZA CALDERON a favor de la señora TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS, se tuvo por caducado el término concedido al recurrente para que formalizara el recurso, ordenando la continuación del trámite en virtud de haberse interpuesto la acción de manera puntual, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- 9) Que en fecha trece de noviembre de dos mil trece, en virtud de encontrarse las dos acciones de amparo ya acumuladas en la misma etapa procesal con la acción de amparo interpuesta por el Abogado RENE BARNICA SOLÓRZANO a favor del señor RAUL BARNICA SOLÓRZANO (Reg. No. 0472-2013), se dictó providencia mediante la cual dispuso acumular el recurso de amparo con No. 0472-2013 a las acciones de amparo descritas anteriormente, a efectos de mantener la unidad de la causa y producir una sola sentencia oportunamente. (Folio 105 de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO (1): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a la persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros Instrumentos Internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que Los recursos de Amparo promovidos por los Abogados JUAN RAMON MENDOZA CALDERON, RENE BARNICA SOLÓRZANO y la abogada ROSA HELENA BONILLA GALINDO, se dirige contra la resolución proferida en fecha uno (1) de abril del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, que declara ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico y revoca la resolución apelada, con relación a la causa que se les siguió y por la cual se condeno a los señores RAUL BARNICA SOLÓRZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, por su participación a título de autor cada uno de FRAUDE EN CONCURSO MEDIAL, y de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINIDTRACIÓN Y LA FE PUBLICA; y a la señora TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS, por su participación a título de cómplice en el delito de FRAUDE en perjuicio de la ADMINIDTRACIÓN PUBLICA.-CONSIDERANDO (3): Que los recurrentes en amparo consideran que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en fecha uno (1) de abril del año dos mil trece, básicamente vulnera las garantías constitucionales referentes a la presunción de inocencia y el debido proceso, para ello coinciden en sus recursos, al aseverar que el fallo recurrido en los numerales del uno al cinco se limita a copiar los artículos del Código Procesal Penal que establecen los presupuestos para el otorgamiento de las medidas sustitutivas, artículos que el ad-quem considera que en el caso de autos, han sido infringidos por el Tribunal de Sentencia, al haber otorgado éste a favor de los condenados las medidas sustitutivas de la prisión preventiva; señalan que en la resolución recurrida en esta vía constitucional no se expresa en forma clara como fue que se vulneraron los referido artículos y que mas bien lo se hace es pretender justificarse con frases reiteradas tales como “en la condena impuesta, el daño causado, etc.”, en refuerzo de sus tesis los amparistas aducen que el principio de inocencia se ve vulnerado cuando la referida resolución recurrida en el numeral seis (6), expresa “ya que por un lado se dicto sentencia condenatoria, por otro lado la gravedad del delito y el enorme daño económico causado al Estado”; frase por la cual, dicen se pone de manifiesto que los magistrados desconocen los recursos que la ley establece y que garantizan el goce del estado de inocencia mientras los mismos no sean resueltos, aducen así mismo que el numeral nueve (9) del fallo recurrido se reconoce el hecho de que a favor de los condenados se ha interpuesto recurso de Casación ante este Alto Tribunal, recurso que a la fecha aun no ha sido fallado, por lo que aducen que la sentencia condenatoria dictada no reviste el carácter de firme y ejecutoria, y por ende consideran que en perjuicio de sus representados se vulnera el principio de presunción de inocencia, y que aunado a lo anterior en el caso de autos se ha ofrecido caución suficiente, por lo que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán al revocar las medidas cautelares impuestas, incluida entre ellas la caución, violenta lo preceptuado en el articulo 194 del Código Procesal Penal. Relatan también los recurrentes que en cuanto a sus defendidos no existe el peligro de fuga, del que habla en su fallo el Tribunal ad-quem, y que si bien es cierto que los mismos no se presentaron a una audiencia señalada, también se ha dejado establecido que los mismos no fueron citados en legal y debida forma, razón por la cual no pudieron asistir a la misma.-CONSIDERANDO (4): Que señalado lo anterior y respecto de los alegatos planteados ante esta Sala de lo Constitucional por parte de los impetrantes se observa que básicamente los mismos consideran que en el caso de autos se ha producido la vulneración de las garantías constitucionales por ellos invocadas, por dos razones: a) Que el Tribunal de Alzada no debió de haberse declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y por ende revocar la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia, resolución por la cual el referido Tribunal había otorgado a los imputados medidas cautelares distintas de la prisión preventiva; y b) Que el Tribunal ad-quem al resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa y declarar con lugar el mismo, revocando la medida cautelar distintas se la prisión preventiva, con ello ha vulnerado la presunción de inocencia que asiste a los procesados, ya que en el caso de autos la sentencia condenatoria dictada en su contra aun no es firme, por estar pendiente de resolverse un recurso de Casación.-CONSIDERANDO (5): Que el articulo 359 del Código Procesal Penal establece: “Sentencias contra las que procede la Casación. Contra las resoluciones definitivas pronunciadas por los Tribunales de Sentencia, solo podrá interponerse el recurso de Casación”.-CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional deviene en señalar que en cuanto al ámbito penal, el legislador sabiamente ha previsto un doble grado de jurisdicción al que someter el fallo condenatorio y la pena impuesta, en ese sentido la normativa internacional y mas concretamente lo contemplado en el articulo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que señala: “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley”. En ese orden de ideas la citada normativa sirve de pauta interpretativa de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en nuestra carta magna. El derecho al recurso en materia penal entra así ha formar parte del rol de garantías que contempla el debido proceso o fair trial a que la constitución se refiere en su articulo 90 párrafo primero, pero dentro de ciertos limites.-CONSIDERANDO (7): Que la exigencia del derecho al recurso en materia penal, con lleva necesariamente que un tribunal superior revise un fallo condenatorio y la pena impuesta, entendemos entonces que el derecho al recurso en el ámbito penal se ve cumplido si al imputado se le permite el acceso a la instancia preestablecida o el ejercicio de los recursos legalmente previstos; en el caso subexamine se establece que la defensa de los condenados ha interpuesto recurso de Casación contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia, en ese orden de ideas entendemos entonces que la solicitud presentada por la defensa a fin de que los imputados siguieran gozando de las medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, en tanto en cuanto la referida sentencia condenatoria adquiriese el carácter de firme, es conforme a derecho; entiende también esta Sala que la resolución recurrida al revocar lo resuelto por el a-quo, concita que se haya vulnerado con tales actuaciones las garantías constitucionales alegadas por los impetrantes de amparo. -CONSIDERANDO (8): Que por otro lado, es conveniente ilustrar y dado que los recurrentes de amparo lo han planteado ante esta Sala, sobre las medidas cautelares en el proceso penal, mismas que desde el punto de vista doctrinario, pueden definirse como aquellas que pueden adoptarse motivadamente por el órgano jurisdiccional, (u otra autoridad competente en casos excepcionales), contra el presunto responsable de un hecho delictivo, al estimarse dos aspectos esenciales: por una parte, la existencia de una imputación basada en la constatación objetiva de un hecho típico y en la probabilidad razonable de quien sea su autor, y por otra, en la fundada posibilidad de ocultación personal o patrimonial del inculpado en el curso del procedimiento penal.- CONSIDERANDO (9): Que entre tales medidas cautelares, se encuentra la prisión preventiva, que sin duda alguna, es la principal, toda vez que constituye la más grave que se puede adoptar contra el imputado, al privarle de su libertad aunque sea con carácter provisional.-CONSIDERANDO (10): Que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la de regular la obtención de las fuentes de prueba, siendo necesario para adoptar una que limite la libertad personal que se cumplan cualquiera de las circunstancias siguientes: a) que el imputado se haya fugado o que exista peligro de fuga; y, b) que exista posibilidad de que el imputado destruya o manipule las fuentes de prueba.-CONSIDERANDO (11): Que el artículo 89 de la Constitución de la República reconoce el principio-derecho a la presunción de inocencia, al establecer que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”.- CONSIDERANDO (12): Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 178 del Código Procesal Penal, para ordenar la prisión preventiva de un imputado deberá concurrir alguna de las circunstancias siguientes: 1) Peligro de fuga del imputado, 2) La posible obstrucción de la investigación por parte del imputado, 3) riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva a la que hay sospecha que pertenece, y utilice los medios que ella le brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otros imputados, y 4) riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del acusador o denunciante.-CONSIDERANDO (13): Que de conformidad a lo previsto por el artículo 179 del Código Procesal Penal, para determinar si existe peligro de fuga del imputado, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 1) la falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar el territorio nacional o para permanecer oculto, 2) la gravedad de la pena que pudiera imponerse al encausado, como resultado del proceso, 3) la importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del procesado frente al mismo y, en particular, su falta de voluntad reparadora, y 4) El comportamiento del imputado durante el proceso, en cualquier otro anterior o en las diligencias previas, del que razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse a la investigación o al proceso penal.-CONSIDERANDO (14): Que ninguna disposición legal establece que tras la individualización de la pena, efectuada por el Tribunal de Sentencia correspondiente, deban cesar automáticamente, y por ende, en cualquier caso, las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva. En este sentido, la Sala entiende que puede resultar factible prolongar los efectos de dichas medidas después de haberse agotado la fase de individualización de la pena, siempre que las medidas sustitutivas conjuren el peligro de fuga y por otro lado garanticen que el procesado no realizará acciones de obstrucción a la Justicia. De otro modo no se explicaría porque durante la tramitación del recurso de Casación, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, tiene la competencia para aplicar las reglas, no solamente relativas a la prisión preventiva, sino también las que conciernen a las medidas sustitutivas de la misma.-CONSIDERANDO (15): Que al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos afirmar que efectivamente se constata la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, por lo que se hace procedente otorgar los recursos de amparo interpuestos.-CONSIDERANDO (16): Que de conformidad con el artículo 69 de la Constitución de la República, la libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente.-CONSIDERANDO (17): Que la Constitución de la República establece: “Que nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”.- Esta Garantía se conoce en la Práctica como “La Garantía Constitucional del Debido Proceso”.- En ese sentido, el Debido Proceso obliga al Juez o Magistrado conocedor de una determinada causa, a cumplir en el desarrollo de todo el proceso e independientemente de la etapa en que se encuentre el mismo, con todas las normativas vigentes, tanto procesales como sustantivas, en la aplicación de la Justicia al caso concreto.-CONSIDERANDO (18): Que con relación al considerando número Diez (10) del presente fallo, después de revisados y analizados los antecedentes que motivaron la interposición del recurso que nos ocupa a favor de los agraviados, Esta Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia es del criterio, que dichos ciudadanos no se encuentran comprendidos dentro de algunas de las conductas exigidas por el Código Procesal Penal para que se les pueda decretar la prisión preventiva, ya que los numerales tres (3) y cuatro (4) del artículo 178 de dicho cuerpo de Leyes, no se les puede aplicar ya que los delitos a ellos imputados no son de los relacionado con el crimen organizado; y, en cuanto a lo ordenado en los numerales uno (1) y dos (2), las circunstancias para determinar el peligro de fuga y el peligro de obstrucción a la justicia, fueron valoradas tanto por el Juzgado de Letras como por el Tribunal de sentencias respectivo, al momento de otórgales a los imputados medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, Tribunales que llegaron a la conclusión de que las circunstancias enumeradas en los numerales uno (1) y dos (2) del artículo 178 del Código Procesal Penal no les son aplicables a ellos, por no haberse cumplido en aquel momento con dichos presupuestos, los que no han cambiado por el hecho de que se dictó una sentencia condenatoria en contra de los imputados, ya que dicha sentencia fue objeto de un recurso de casación que se está tramitando ante la Sala de lo Penal de esta Honorable Corte Suprema de Justicia, por lo que dicha sentencia condenatoria no ha adquirido el carácter de firme pasado por cosa Juzgada y, por lo tanto, los ciudadanos a favor de los cuales se interpuso la presente acción de amparo, siguen gozando de la prerrogativa constitucional de ser considerados inocentes.-CONSIDERANDO (19): Que leída y analizada la sentencia de fecha uno de abril del dos mil trece, esta Sala de lo Constitucional colige que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, para revocar las medidas cautelares otorgadas a los peticionarios, se fundamenta en el hecho de haberse proferido sentencia Condenatoria en contra de dichos ciudadanos, y además establece que dicho Fallo quebranta el estado de Inocencia de los mismos, al respecto, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que no existe disposición legal alguna que autorice el quebrantamiento del Principio de Inocencia que nos rige y goza todo imputado.- De conformidad a la Constitución, una persona solo puede perder su presunción de inocencia, cuando es declarada su responsabilidad por autoridad competente.- Y si bien es cierto que en la causa seguida en contra de los impetrantes, existe una sentencia condenatoria dictada en su contra, también es cierto que la misma no ha adquirido el carácter de firma, requisito este que es exigido por el ordenamiento jurídico existente, para que a dichos imputados se les pueda declarar efectivamente culpables de los delitos a ellos imputados.-CONSIDERANDO (20): Que la sentencia de fecha uno de abril del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, violenta en perjuicio de los impetrantes, los principios constitucionales enunciados en los artículos 69, 89, 90 de la Constitución, ya que considera culpable a las personas sin que se haya cumplido el requisito de firmeza de la sentencia condenatoria, requisito este, que es exigido por la Ley para dicha Efectividad de la declaratoria de culpabilidad, y a su vez, con base a dicha declaratoria de culpabilidad, les violenta el derecho a la libertad, ya que le da un alcance diferente a lo preceptuado en el artículo 172 del Código Procesal Penal, constituyendo estos hechos, igualmente una violación al Debido Proceso tutelado por nuestra Carta Magna.-CONSIDERANDO (21): Que dando consecución al razonamiento seguido en el presente Fallo, podemos afirmar que efectivamente se constata la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, por lo que se hace procedente Otorgar los Recursos de Amparo Interpuestos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 69, 80, 82, 89, 90, 92, 98, 183, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 3, 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 8, 13, 14, 18, 178, 179, 354 y 359 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 45 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: I.- OTORGANDO los recursos de amparos acumulados interpuestos por: a) el abogado JUAN RAMON MENDOZA CALDERON a favor de la señora TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS (Reg. No. 0467-2013); b) el abogado RENE BARNICA SOLÓRZANO a favor del señor RAUL BARNICA SOLÓRZANO (Reg. No. 0472-2013) y c) la abogada ROSA HELENA BONILLA GALINDO a favor del señor JOSE ALFREDO SARMIENTOS (Reg. No. 0475-2013); todos contra la resolución dictada en fecha uno de abril de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán; y II.- SE ORDENA que el Tribunal Ad-Quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal , registrado en este Tribunal bajo el número 0467,472 y 475 – 2013.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX,
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL