Sentencia AP-465-14 — Registro 5865
Resumen
Resolución recurrida que revocó auto de formal procesamiento con medidas cautelares dictado en en primera instancia,ordenando el sobreseimiento definitivo con relación a la causa instruida contra impetrante por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN en contra de impetrante y se dirima el conflicto al juzgado civil, sosteniendo la Sala Constitucional que con la prueba vertida, no se dan los indicios o circunstancias para adquirir la convicción de que el Imputado ha participado probablemente en la comisión de dicho delito, ni tampoco se configuran los elementos jurídicos que tipifican el delito de Usurpación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que del estudio de los autos y particularmente de la sentencia impugnada, se aprecia que los Órganos Jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia que han intervenido en el tratamiento investigativo, son los competentes por razón de la materia y el territorio, sus titulares son las personas que han sido nombrados para el desempeño de la función jurisdiccional, consecuentemente son las autoridades competentes las que hacen el juzgamiento, y esa labor la están realizando con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece; por lo que para esta Corte Suprema no encuentra el fundamento en que se basa la Recurrente en Amparo, para sostener que le han sido mancillado los Artículos 80, 82 y 103 de la Constitución de la República, que consagran los Principios de Derecho de Petición, Derecho de Defensa y el de Propiedad Privada” con la resolución del Ad-quem. -CONSIDERANDO: Que en los autos, con la prueba vertida, no se dan los indicios o circunstancias para adquirir la convicción de que el Imputado ha participado probablemente en la comisión de dicho delito, ni tampoco se configuran los elementos jurídicos que tipifican el delito de Usurpación. -CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente expuestas es visto que ni el derecho de defensa, ni el debido proceso, han sido ultrajados en el fallo impugnado, por lo que procede, en consecuencia, que se deniegue el amparo
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 294 numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por la Señora ANTONIA MADRID GUERRA a favor de SI MISMA, contra el Auto dictado por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, que declaró con lugar un Recurso de Apelación y revocó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece, con relación a la causa instruida contra el Señor FLORENCIO MADRID GUERRA por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la Señora ANTONIA MADRID GUERRA.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 1, 64, 80, 82 y 103 de la Constitución de la República._ ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha veintinueve de julio del año dos mil trece, la Abogada WENDY GABRIELA BANEGAS en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, presentando Requerimiento Fiscal en contra del Señor FLORENCIO MADRID GUERRA por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la Señora ANTONIA MADRID GUERRA.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, llevó a cabo Audiencia Inicial en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece, en la cual resolvió decretar: “…AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CON MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA al señor FLORENCIO MADRID GUERRA por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la señora ANTONIA MADRID GUERRA, siendo que este es un delito menos grave, así como lo establecido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José Costa Rica, manifiesta que toda persona tiene derecho a ser oído, con la debida garantías y dentro del plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ello, o para la determinación de sus derechos y obligaciones, y en base a estas premisas la suscrita decreta las medidas distintas a la privación de libertad como ser las establecidas en el artículo 173 numerales 6, 7, 8 y 9 del Código Procesal Penal, consistentes en: numeral 6).- Obligar al imputado a presentarse una vez al mes a la secretaria de este despacho a firmar el libro respectivo, numeral 7).- La prohibición de salir del país sin previa autorización Judicial, debiendo librar el oficio correspondiente a la oficina de Migración y Extranjería, numeral 8) Prohibirle al imputado a concurrir a determinados lugares en este caso la propiedad de la ofendida, numeral 9).- Prohibirle al imputado comunicarse con persona determinada en este caso con la ofendida, Así como y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 227 que establece que tan pronto se acredite en autos el derecho correspondiente se ordenara el desalojo; por lo que este juzgado le concede al señor FLORENCIO MADRID GUERRA un mes a partir de la fecha, para desalojar el predio en mención; debiéndole advertirle de las consecuencias del incumplimiento de las mismas, sin perjuicio de establecer que la suscrita no es órgano jurisdiccional para dictar el fallo definitivo.-” (Folios veintitrés (23) al veintinueve (29) de la pieza de primera instancia).-3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el Abogado CARLOS ADALID CARDONA FUNEZ en su condición de Defensor Privado del Señor FLORENCIO MADRID GUERRA, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, dictó Auto mediante el cual falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por EL Abogado CARLOS ADALID CARDONA FUNEZ, en su condición Defensor Privado del imputado FLORENCIO MADRID GUERRA.- SEGUNDO: REVOCA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL EMITIDA EN LA AUDIENCIA INICIAL efectuada en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.- SEGUNDO: Se instruye al A-quo para que proceda a dictar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado y se dirima el conflicto al juzgado civil competente.-” (Folios once (11) al quince (15) de la pieza de segunda instancia).-4) Que la recurrente Señora ANTONIA MADRID GUERRA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha nueve de mayo del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de SI MISMA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 64, 80, 82 y 103 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha catorce de agosto del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. -CONSIDERANDO: Que el Auto recurrido es el de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce, pronunciado por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que declaró con lugar un Recurso de Apelación y Revocó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece,con relación a la causa instruida contra el Señor FLORENCIO MADRID GUERRA por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la Señora ANTONIA MADRID GUERRA.Señalando la Recurrente, que al dictarse el referido Auto, se han violentado en su perjuicio los artículos 1, 64, 80, 82 y 103 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que en el presente caso se observa que hay suficientes actuaciones que dejan al descubierto que el Derecho de Petición, quizás, el más invocado de los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Constitución, por ser este, uno de los cauces a través de los cuales se posibilita la participación de los ciudadanos en la cosa pública, ha estado presente en la secuela del juicio, ya que la impetrante ha tenido libre acceso, a los Tribunales de la República y sus acciones las ha desarrollado en la forma que la Ley señala, denotándose que la Recurrente, sin ningún obstáculo ha presentado, sus solicitudes ante las autoridades, sin que se pueda observar negativas al tramite de las mismas, obteniendo respuestas oportunas, es decir, dentro de los términos establecidos en las normas correspondientes, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. -CONSIDERANDO: Que la Sala, ha indicado que el amparo del derecho fundamental de petición no solo implica que la respuesta dada a la solicitud se haya efectuado dentro del término legal previsto para el efecto, sino también que dicha respuesta sea suficiente, efectiva y congruente, sin que con esto se entienda que la protección constitucional se deriva de la contestación favorable a las pretensiones formuladas, por lo que se ha manifestado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario. La efectividad de la respuesta depende de que se solucione el caso que se plantea.-CONSIDERANDO: Que la Recurrente, también aqueja el irrespeto al Derecho de Defensa, en cuanto a este particular, la Sala de lo Constitucional, ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del proceso, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia jurídica, en ese sentido, al garantizar la Carta Magna que el Derecho de Defensa es inviolable, lleva implícito que la instancias, deban permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” Además se ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna.”, por lo que el Derecho de Defensa, de derechos subjetivos es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando el deber de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad.-Pero además el Derecho de Defensa también le asiste al Ministerio Público, acusador privado o Procuraduría General de la República, en su caso, a quienes de igual forma se les debe de garantizar la observancia de las normas procesales que permitan la defensa de los intereses que representan, teniendo el derecho de presentar la acción penal y poder sustentarla a lo largo del proceso con la presentación de medios de prueba, con la oportunidad de presentar argumentos y con el espacio para oponerse a las pretensiones de la contraparte, pero todo ello, como ya se indico, en equilibrio proporcionado al Derecho de Defensa de aquellos contra los cuales se dirija la acción penal, equilibro que es obligación de los Tribunales garantizar y cuya fuente es el Principio de Igualdad de las partes ante la ley y por tanto frente al proceso, por lo que el derecho de defensa también es un derecho de la parte acusadora en su participación en el proceso.- CONSIDERANDO: Como punto toral del reclamo de la Recurrente, se encuentra el hecho de que la misma señala que la Corte Primera de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Atlántida, viola totalmente el derecho de propiedad, y que con argumentos insubstanciales determina que no se dan los presupuestos legitimadores para calificar el delito de Usurpación, pero es el caso que del estudio de la causa, el reclamo de la Recurrente no tiene legitimidad debido a que esta Sala de lo Constitucional, aprecia que del Expediente judicial consta que el Ministerio Público, haciendo uso del Derecho de Defensa que viene señalando como infringido la Recurrente, llevo a cabo la aportación de pruebas para la configuración del ilícito y la determinación de la persona que figuraría como imputada en la causa penal, pero a criterio del Tribunal de Alzada, la misma no fue suficiente para llegar al convencimiento de la tipificación del delito, por lo que concluye esta Sala, que no existe violación al Derecho de Defensa, al haberse observado lo preceptuado en los Artículos 54 y 296 numeral 1 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO: Que del estudio de los autos y particularmente de la sentencia impugnada, se aprecia que los Órganos Jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia que han intervenido en el tratamiento investigativo, son los competentes por razón de la materia y el territorio, sus titulares son las personas que han sido nombrados para el desempeño de la función jurisdiccional, consecuentemente son las autoridades competentes las que hacen el juzgamiento, y esa labor la están realizando con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece; por lo que para esta Corte Suprema no encuentra el fundamento en que se basa la Recurrente en Amparo, para sostener que le han sido mancillado los Artículos 80, 82 y 103 de la Constitución de la República, que consagran los Principios de Derecho de Petición, Derecho de Defensa y el de Propiedad Privada” con la resolución del Ad-quem. -CONSIDERANDO: Que en los autos, con la prueba vertida, no se dan los indicios o circunstancias para adquirir la convicción de que el Imputado ha participado probablemente en la comisión de dicho delito, ni tampoco se configuran los elementos jurídicos que tipifican el delito de Usurpación. -CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente expuestas es visto que ni el derecho de defensa, ni el debido proceso, han sido ultrajados en el fallo impugnado, por lo que procede, en consecuencia, que se deniegue el amparo. -POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313, atribución 5ª. Y 316, de la Constitución de la República; 1o. Y 78, atribución 5ª. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41,44, 51, 63, 64, 65 de la Ley Sobre Justicia Constitucional .FALLA: DENEGANDO EL AMPARO de que se ha hecho mérito. MANDA: que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extienda en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de abril del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha quince de marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número 465-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por la Señora ANTONIA MADRID GUERRA a favor de SI MISMA, contra el Auto dictado por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, que declaró con lugar un Recurso de Apelación y revocó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece, con relación a la causa instruida contra el Señor FLORENCIO MADRID GUERRA por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la Señora ANTONIA MADRID GUERRA.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 1, 64, 80, 82 y 103 de la Constitución de la República._ ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha veintinueve de julio del año dos mil trece, la Abogada WENDY GABRIELA BANEGAS en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, presentando Requerimiento Fiscal en contra del Señor FLORENCIO MADRID GUERRA por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la Señora ANTONIA MADRID GUERRA.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, llevó a cabo Audiencia Inicial en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece, en la cual resolvió decretar: “…AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CON MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA al señor FLORENCIO MADRID GUERRA por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la señora ANTONIA MADRID GUERRA, siendo que este es un delito menos grave, así como lo establecido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José Costa Rica, manifiesta que toda persona tiene derecho a ser oído, con la debida garantías y dentro del plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ello, o para la determinación de sus derechos y obligaciones, y en base a estas premisas la suscrita decreta las medidas distintas a la privación de libertad como ser las establecidas en el artículo 173 numerales 6, 7, 8 y 9 del Código Procesal Penal, consistentes en: numeral 6).- Obligar al imputado a presentarse una vez al mes a la secretaria de este despacho a firmar el libro respectivo, numeral 7).- La prohibición de salir del país sin previa autorización Judicial, debiendo librar el oficio correspondiente a la oficina de Migración y Extranjería, numeral 8) Prohibirle al imputado a concurrir a determinados lugares en este caso la propiedad de la ofendida, numeral 9).- Prohibirle al imputado comunicarse con persona determinada en este caso con la ofendida, Así como y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 227 que establece que tan pronto se acredite en autos el derecho correspondiente se ordenara el desalojo; por lo que este juzgado le concede al señor FLORENCIO MADRID GUERRA un mes a partir de la fecha, para desalojar el predio en mención; debiéndole advertirle de las consecuencias del incumplimiento de las mismas, sin perjuicio de establecer que la suscrita no es órgano jurisdiccional para dictar el fallo definitivo.-” (Folios veintitrés (23) al veintinueve (29) de la pieza de primera instancia).-3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el Abogado CARLOS ADALID CARDONA FUNEZ en su condición de Defensor Privado del Señor FLORENCIO MADRID GUERRA, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, dictó Auto mediante el cual falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por EL Abogado CARLOS ADALID CARDONA FUNEZ, en su condición Defensor Privado del imputado FLORENCIO MADRID GUERRA.- SEGUNDO: REVOCA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL EMITIDA EN LA AUDIENCIA INICIAL efectuada en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.- SEGUNDO: Se instruye al A-quo para que proceda a dictar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado y se dirima el conflicto al juzgado civil competente.-” (Folios once (11) al quince (15) de la pieza de segunda instancia).-4) Que la recurrente Señora ANTONIA MADRID GUERRA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha nueve de mayo del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de SI MISMA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 64, 80, 82 y 103 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha catorce de agosto del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. -CONSIDERANDO: Que el Auto recurrido es el de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce, pronunciado por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que declaró con lugar un Recurso de Apelación y Revocó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece,con relación a la causa instruida contra el Señor FLORENCIO MADRID GUERRA por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la Señora ANTONIA MADRID GUERRA.Señalando la Recurrente, que al dictarse el referido Auto, se han violentado en su perjuicio los artículos 1, 64, 80, 82 y 103 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que en el presente caso se observa que hay suficientes actuaciones que dejan al descubierto que el Derecho de Petición, quizás, el más invocado de los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Constitución, por ser este, uno de los cauces a través de los cuales se posibilita la participación de los ciudadanos en la cosa pública, ha estado presente en la secuela del juicio, ya que la impetrante ha tenido libre acceso, a los Tribunales de la República y sus acciones las ha desarrollado en la forma que la Ley señala, denotándose que la Recurrente, sin ningún obstáculo ha presentado, sus solicitudes ante las autoridades, sin que se pueda observar negativas al tramite de las mismas, obteniendo respuestas oportunas, es decir, dentro de los términos establecidos en las normas correspondientes, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. -CONSIDERANDO: Que la Sala, ha indicado que el amparo del derecho fundamental de petición no solo implica que la respuesta dada a la solicitud se haya efectuado dentro del término legal previsto para el efecto, sino también que dicha respuesta sea suficiente, efectiva y congruente, sin que con esto se entienda que la protección constitucional se deriva de la contestación favorable a las pretensiones formuladas, por lo que se ha manifestado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario. La efectividad de la respuesta depende de que se solucione el caso que se plantea.-CONSIDERANDO: Que la Recurrente, también aqueja el irrespeto al Derecho de Defensa, en cuanto a este particular, la Sala de lo Constitucional, ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del proceso, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia jurídica, en ese sentido, al garantizar la Carta Magna que el Derecho de Defensa es inviolable, lleva implícito que la instancias, deban permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” Además se ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna.”, por lo que el Derecho de Defensa, de derechos subjetivos es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando el deber de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad.-Pero además el Derecho de Defensa también le asiste al Ministerio Público, acusador privado o Procuraduría General de la República, en su caso, a quienes de igual forma se les debe de garantizar la observancia de las normas procesales que permitan la defensa de los intereses que representan, teniendo el derecho de presentar la acción penal y poder sustentarla a lo largo del proceso con la presentación de medios de prueba, con la oportunidad de presentar argumentos y con el espacio para oponerse a las pretensiones de la contraparte, pero todo ello, como ya se indico, en equilibrio proporcionado al Derecho de Defensa de aquellos contra los cuales se dirija la acción penal, equilibro que es obligación de los Tribunales garantizar y cuya fuente es el Principio de Igualdad de las partes ante la ley y por tanto frente al proceso, por lo que el derecho de defensa también es un derecho de la parte acusadora en su participación en el proceso.- CONSIDERANDO: Como punto toral del reclamo de la Recurrente, se encuentra el hecho de que la misma señala que la Corte Primera de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Atlántida, viola totalmente el derecho de propiedad, y que con argumentos insubstanciales determina que no se dan los presupuestos legitimadores para calificar el delito de Usurpación, pero es el caso que del estudio de la causa, el reclamo de la Recurrente no tiene legitimidad debido a que esta Sala de lo Constitucional, aprecia que del Expediente judicial consta que el Ministerio Público, haciendo uso del Derecho de Defensa que viene señalando como infringido la Recurrente, llevo a cabo la aportación de pruebas para la configuración del ilícito y la determinación de la persona que figuraría como imputada en la causa penal, pero a criterio del Tribunal de Alzada, la misma no fue suficiente para llegar al convencimiento de la tipificación del delito, por lo que concluye esta Sala, que no existe violación al Derecho de Defensa, al haberse observado lo preceptuado en los Artículos 54 y 296 numeral 1 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO: Que del estudio de los autos y particularmente de la sentencia impugnada, se aprecia que los Órganos Jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia que han intervenido en el tratamiento investigativo, son los competentes por razón de la materia y el territorio, sus titulares son las personas que han sido nombrados para el desempeño de la función jurisdiccional, consecuentemente son las autoridades competentes las que hacen el juzgamiento, y esa labor la están realizando con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece; por lo que para esta Corte Suprema no encuentra el fundamento en que se basa la Recurrente en Amparo, para sostener que le han sido mancillado los Artículos 80, 82 y 103 de la Constitución de la República, que consagran los Principios de Derecho de Petición, Derecho de Defensa y el de Propiedad Privada” con la resolución del Ad-quem. -CONSIDERANDO: Que en los autos, con la prueba vertida, no se dan los indicios o circunstancias para adquirir la convicción de que el Imputado ha participado probablemente en la comisión de dicho delito, ni tampoco se configuran los elementos jurídicos que tipifican el delito de Usurpación. -CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente expuestas es visto que ni el derecho de defensa, ni el debido proceso, han sido ultrajados en el fallo impugnado, por lo que procede, en consecuencia, que se deniegue el amparo. -POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313, atribución 5ª. Y 316, de la Constitución de la República; 1o. Y 78, atribución 5ª. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41,44, 51, 63, 64, 65 de la Ley Sobre Justicia Constitucional .FALLA: DENEGANDO EL AMPARO de que se ha hecho mérito. MANDA: que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, mes de abril del año dos mil dieciséis, certificación Secretario Sala Constitucional.- Extienda en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del de la sentencia de fecha quince de marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número 465-2014.- Firma y Sello.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX,
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.