Sentencia AP-449-15 — Registro 6039
Resumen
Sentencia en consulta declaró ha lugar acción de amparo a favor de recurrente contra actuaciones del Tribunal de Sentencia que admitió parcialmente la prueba consistente en testimonio del testigo CX-177 debiendo ser sin la reserva de su identidad en relación a causa contra imputados por suponerlos responsables de delitos de extorsión, asociación ilícita y portación ilegal de armas en perjuicio de dicho Testigo y la Seguridad Interior del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida consideró que se debió apreciar si existe un peligro grave para el testigo o sus bienes como consecuencia del testimonio que ha de prestar por los delitos que se le imputan lo que se crea el temor fundado del Testigo para declarar libremente a quien se le ha venido protegiendo desde las etapas anteriores al debate
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala de lo Constitucional observa que los considerandos de la sentencia venida en consulta guardan coherencia con aspectos sustantivos del debido proceso, relacionados con los criterios de proporcionalidad, pertinencia, utilidad y confiabilidad objetiva de los medios de prueba, con la aplicación de protección a los testigos considerando la magnitud de los delitos acusados, que deben considerarse graves, por lo que es racional el temor fundado del testigo Clave CX-177, y ante tal situación el legislador ha previsto la figura de protección de testigos, que el órgano jurisdiccional no debe desconocer, sobre todo porque se pone en peligro el derecho a la vida, a la integridad corporal cuando no otros derechos. Al valorar estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de controversia en el que debe prevalecer los derechos y garantías que franquea la ley, tanto para el acusado como para las víctimas, testigos y peritos y cualquier otro interviniente en el proceso, a manera de garantizar un proceso justo conforme al Debido Proceso y a una tutela judicial efectiva. Siendo así, tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta plausible el otorgamiento de la acción de amparo contra el acto reclamado por la recurrente; es indudable que se ha proveído de argumentación suficiente, acorde a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho, del porque el Ad-Quem ha dado prevalencia a uno de los intereses jurídicos sometidos a la ponderación, razonando en el caso concreto porque la jurisdicción ordinaria debe admitir el medio de prueba testifical bajo protección completa, resultando del estudio que reúne los requisitos exigidos por la ley adjetiva. Lo cual es congruente con la realización óptima de las finalidades del proceso. Por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala considera procedente otorgar el Recurso de Amparo del que se ha hecho mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 237 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de mayo del dos mil dieciséis. VISTA: En Consulta la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha cuatro de mayo de dos mil quince, que declaró Ha Lugar el Recurso de Amparo Penal interpuesto por la abogada Adriana Amalia Martínez Romero en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, a favor del Estado de Honduras contra las actuaciones realizadas por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha tres de marzo de dos mil quince, en relación a la causa instruida contra los señores Cristian Gonzalo Carranza e Irvin Reyniery Euceda, por suponerlos responsables de los delitos de extorsión, asociación ilícita y portación ilegal de armas en perjuicio de Testigo protegido clave CX-00177 y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violado en perjuicio de su representada los derechos contenidos en los artículos 65, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce de abril del año dos mil quince, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la abogada Adriana Amalia Martínez Romero en su condición de agente fiscal del Ministerio Público a favor del Estado de Honduras, contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha tres de marzo de dos mil quince. 2) Que en fecha cuatro de mayo del año dos mil quince, luego de agotado el trámite del recurso de amparo determinado por la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones citada, resolvió mediante el siguiente fallo: “PRIMERO: Declarando HA LUGAR la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTÍNEZ, Agente Fiscal del Ministerio Público; contra la resolución de fecha tres de marzo del año dos mil quince, dictada por la Sala Primera (1ra) del Tribunal de Sentencia de esta ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, en la causa registrada bajo el número 0101-2014-00321 instruida contra el señor CRISTIAN GONZALO CARRANZA, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de EXTORSIÓN, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA en perjuicio del testigo protegido Clave CX-117.- SEGUNDO: Se tienen por vulnerados los derechos fundamentales denunciados por el impetrante.-” (Folios treinta y tres (F-33) al treinta y cinco (F-35) de pieza de Amparo). 3) Que en fecha catorce de mayo del año dos mil quince, este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto la abogada Adriana Amalia Martínez Romero en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, a favor del Estado de Honduras en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha cuatro de mayo del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, mediante la cual se Declara con lugar el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ, actuando en su condición de representante del Ministerio Público, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en relación a la causa instruida contra el señor CRISTIAN GONZALO CARRANZA E IRVIN REYNIERY EUCEDA, por suponerlos responsables de los delitos de EXTORSION, ASOCIACION ILICITA Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE CX – 00177 y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente fue notificada en fecha doce (12) de mayo del año dos mil quince, del fallo emitido por el Ad-Quem, mediante el cual se Otorga el Recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem, ha fundamentado el otorgamiento de la referida acción de amparo, señalando en el numeral Segundo de su resolución, el análisis del recurso de amparo interpuesto así como el informe rendido por el Tribunal de Sentencia, donde constan los argumentos que consideró por los cuales dictó la resolución impugnada que dice: (sic) “DE LA PRUEBA TESTIFICAL.-Se admite parcialmente la prueba 1.- Testimonio del testigo CX-177, no se acepta como anónima la persona propuesta denominada testigo CX-177 porque contradice el debido proceso legal, específicamente la inviolabilidad del derecho a la defensa y el principio de legalidad, se admite pero sin la reserva de su identidad, requiriendo al Ministerio Público para que en el plazo de 72 horas proporcione el nombre y demás información del testigo denominado CX-177” expresando también que el artículo 237 del Código Procesal Penal, exige la existencia de una situación de peligro grave,… sin embargo la Ley Especial de Protección de Testigos busca la eficacia y la protección real y por consiguiente no son aplicables las medidas de protección enumeradas en el artículo 237 del Código Procesal Penal, porque menoscaban derechos contenidos en la Constitución de la República y en los Instrumentos Internacionales ratificados por Honduras, como son el anonimato y la reserva de identidad durante el juzgamiento”. “Sin embargo esta Corte en reiteradas ocasiones se ha pronunciado al apreciar la aplicabilidad del artículo 237 del Código Procesal Penal, que cuando el órgano jurisdiccional aprecie que racionalmente existe un peligro grave para la persona o bienes del testigo como consecuencia del testimonio que ha de prestar, deberá oyendo a las partes adoptar las medidas de protección que estime convenientes y como puede apreciarse que la gravedad de los delitos de Extorsión, Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas que se le imputa al señor CRISTIAN GONZALO CARRANZA, crea como consecuencia el temor fundado en la persona del Testigo Clave CX-177, para declarar libremente y que genera una amenaza inminente, por cuanto el imputado conocerá al testigo y se corre el riesgo de agresiones e intimidaciones a la persona que es testigo presencial de un supuesto hecho criminal, asimismo se corre el riesgo de que pueda entorpecer el proceso, burlando la justicia y causando males mayores a quienes tengan conocimiento de los hechos; en este sentido el órgano jurisdiccional debió apreciar que racionalmente existe un peligro para el testigo, puesto que se le ha venido brindando la protección desde las etapas anteriores al debate en aplicación al artículo 237 del Código Procesal Penal, impuesta por el Juez de Garantías tal y como lo ha planteado la amparista en la formalización del recurso (Folio 34 pieza de Consulta). CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem en el numeral Tercero de su resolución (Folio 34 pieza de consulta), deja establecido que “ante el temor fundado de declarar sin protección del testigo Clave CX-177, es deber del órgano jurisdiccional de brindarle la protección del mismo respetando siempre los principios procesales para determinar que sus declaraciones sean apegadas a la verdad; la protección de otros bienes jurídicos, puede obligar a que se restrinja el principio de publicidad, sin embargo el Tribunal tendrá conocimiento de la identidad de los testigos y siempre respetando que las restricciones adoptadas no impidan la posibilidad de interrogar a los testigos y no afecte entre otros el principio de contradicción e inmediación como garantía esencial del proceso y sin que ello produzca violación al principio de legalidad por cuanto las medidas de protección en cuanto al anonimato están contempladas en la ley y no son del desconocimiento por órgano jurisdiccional y así como el imputado tiene derechos y debe brindársele protección en un Estado de Derecho, con igual razón y derecho debe amprársele los derechos de la víctima y testigos para salvaguardar su integridad física ante una inminente amenaza con el solo hecho de ser expuestos en una causa grave como lo es la extorsión y los otros delitos que se imputan. En el Numeral quinto de la resolución impugnada el Ad-Quem invoca el artículo 90 constitucional del Debido Proceso y su armonía con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señalando que los Jueces y Magistrados al emitir sus resoluciones deben apreciar de manera objetiva los hechos y circunstancias contenidas en el proceso. En consecuencia Otorgó el amparo del que se hizo mérito. CONSIDERANDO (7): Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional observa que los considerandos de la sentencia venida en consulta guardan coherencia con aspectos sustantivos del debido proceso, relacionados con los criterios de proporcionalidad, pertinencia, utilidad y confiabilidad objetiva de los medios de prueba, con la aplicación de protección a los testigos considerando la magnitud de los delitos acusados, que deben considerarse graves, por lo que es racional el temor fundado del testigo Clave CX-177, y ante tal situación el legislador ha previsto la figura de protección de testigos, que el órgano jurisdiccional no debe desconocer, sobre todo porque se pone en peligro el derecho a la vida, a la integridad corporal cuando no otros derechos. Al valorar estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de controversia en el que debe prevalecer los derechos y garantías que franquea la ley, tanto para el acusado como para las víctimas, testigos y peritos y cualquier otro interviniente en el proceso, a manera de garantizar un proceso justo conforme al Debido Proceso y a una tutela judicial efectiva. Siendo así, tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta plausible el otorgamiento de la acción de amparo contra el acto reclamado por la recurrente; es indudable que se ha proveído de argumentación suficiente, acorde a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho, del porque el Ad-Quem ha dado prevalencia a uno de los intereses jurídicos sometidos a la ponderación, razonando en el caso concreto porque la jurisdicción ordinaria debe admitir el medio de prueba testifical bajo protección completa, resultando del estudio que reúne los requisitos exigidos por la ley adjetiva. Lo cual es congruente con la realización óptima de las finalidades del proceso. Por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala considera procedente otorgar el Recurso de Amparo del que se ha hecho mérito.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 8, 316, 317 y 361 del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil quince (2015). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de junio de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número 0449-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
LMPL