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Sentencia AP-445-15 — Registro 6251

Resumen

Resolución recurrida que declara parcialmente con lugar sobreseimiento definitivo a favor de imputados en relación a la causa instruida por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración publica del estado de honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...: Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle.-CONSIDERANDO: Que cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche del último día del plazo. En este sentido se aprecia de los antecedentes en el presente recurso, que el plazo de dos meses para promover la acción de amparo que hoy intentan los recurrentes es ya vencido, si partimos del hecho que la última notificación hecha a los recurrentes fue el día JUEVES DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, comenzando a correr el plazo de DOS (2) MESES antes referido, al día siguiente de dicha notificación, es decir, el día VIERNES TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, venciendo a la medianoche del día LUNES TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE; en tal virtud, al presentarse la presente acción de amparo, hasta el día TRECE (13) DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, un mes después de vencido el plazo, como consta en autos, se hizo de manera extemporánea o sea fuera del término de dos meses que concede la ley para promover la acción constitucional de amparo.- CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego conste en autos la causal de inadmisibilidad.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su numeral 4), es inadmisible el recurso de amparo cuando no se hubiese ejercitado la acción dentro del plazo establecido en el Artículo 48 de la misma Ley Sobre Justicia, por ende, la presente acción de amparo debe ser declarada inadmisible por este Tribunal, siendo que la acción de amparo interpuesta por los representantes del ESTADO, miembros de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Abogados PEDRO ENRIQUE ESCOBAR COREA Y JOSE FRANCISCO PÉREZ BURGOS no fue promovida dentro del plazo de dos meses establecido por el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en consecuencia procede sobreseer la acción constitucional de amparo de la cual se ha hecho mérito

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de julio del año dos mil doce.VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad que por vía excepción interpuso ante la Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial, el abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, en su condición de apoderado legal del señor HÉCTOR IVÁN NÚÑEZ ENNABE, contra la Ley de Violencia Doméstica y sus Reformas, en relación a la Denuncia de Violencia Doméstica promovida ante el Juzgado Especial Contra la Violencia Doméstica de Francisco Morazán, por la señora MERCEDES MARGARITA SANTAMARÍA IRÍAS contra el señor HÉCTOR IVÁN NÚÑEZ ENNABE. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de enero de dos mil diez, el abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, en su condición ya indicada, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial, presentando Recurso de Inconstitucionalidad por vía de excepción por razón de su contenido, contra la Ley de Violencia Doméstica y sus Reformas, porque algunos de sus preceptos son contrarios a los artículos 60, 81, 89, 94 párrafo segundo, 98, 103 y 112 de la Constitución de la República.2) Que el diecinueve de octubre de dos mil diez, el Ministerio Público por intermedio de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, emitió dictamen, siendo de la opinión de que la Ley Contra la Violencia Doméstica, NO ES INCONSTITUCIONAL por razón de su contenido.CONSIDERANDO 1: Que en fecha 21 de enero de 2010, el Abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, actuando en su condición de apoderado judicial del señor HECTOR IVAN NUÑEZ ENNABE, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de esta sección judicial de Francisco Morazán, promoviendo por vía de excepción, recurso de inconstitucionalidad de los artículos 6, 7 y 19 de la Ley contra la Violencia Doméstica. CONSIDERANDO 2: Que un estudio detenido del recurso interpuesto revela, que en el mismo se pide la inconstitucionalidad parcial y por razones de fondo o de contenido, de los artículos 6, 7 y 19 de la Ley Contra La Violencia Doméstica CONSIDERANDO 3: Que el artículo 6 de la Ley Contra La Violencia Doméstica, establece que “ARTICULO 6.- Para tutelar o restituir los derechos de las mujeres que sufran de violencia doméstica se establecerán mecanismos de protección que consisten en: medidas de seguridad, precautorias y cautelares. 1) Medidas de Seguridad: Aquellas que persiguen evitar o detener la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y prevenir males mayores. Con la sola presentación de la denuncia, se impondrán de oficio, por el Juzgado[1] competente, por el Ministerio Público o la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional. Las Medidas de Seguridad son las siguientes: a) Separar temporalmente al denunciado del hogar que comparte con la denunciante. El denunciado podrá llevar consigo únicamente sus objetos personales y utensilios de trabajo y/o de estudio. La seguridad, la salud y la vida de la víctima prevalecerán frente al derecho de ocupación de la vivienda por el denunciado; b) Prohibir al denunciado(a) transitar por la casa de habitación, centro de trabajo o lugares habitualmente frecuentados por la (el) denunciante, siempre y cuando esta medida no interfiera en las relaciones laborales o de estudio del denunciado(a). Para garantizar la ejecución de esta medida, cuando el centro de trabajo del denunciado esté ubicado en la casa de habitación que comparte con la denunciante, el Juez o Jueza impondrá las medidas que correspondan de acuerdo al caso concreto, siempre garantizando la seguridad integral de la afectada; c) Detener por un término no mayor de veinticuatro (24) horas, al denunciado in fraganti; d) Prohibir al denunciado realizar actos de intimidación o perturbación contra la mujer, contra cualquier miembro del grupo familiar o las personas relacionadas con la denunciante; e) Retener inmediatamente y de forma temporal las armas que se encuentren en poder del denunciado. El Juez o Jueza que conoce de la denuncia podrá en cualquier momento ordenar dicha medida. En todos los casos las armas retenidas deberán ser remitidas al Juzgado correspondiente y serán entregadas: e.1.Al denunciado, una vez vencida y debidamente cumplida la medida impuesta, si se trata de un arma no prohibida y acreditada su legítima propiedad. Cuando el arma no prohibida no posea registro vigente deberá de remitirse de inmediato a la Jefatura Departamental de la Policía Preventiva.4 La mera tenencia de un arma, munición o explosivo u objeto prohibido faculta a su decomiso y remisión al Ministerio Público.5 e.2. A su jefe o empleador, cuando se trate de armas de reglamento en función del trabajo del denunciado, quien previo deberá acreditar su legítima propiedad y asumir la responsabilidad del cumplimiento de las medidas dictadas por el Juez o Jueza, a fin de impedir que el denunciado tenga armas en su poder fuera de su jornada laboral. Las armas retenidas y no reclamadas, una vez caducada la instancia, deberán ser remitidas al almacén de evidencias del Poder Judicial. f) La Secretaría de Seguridad podrá negar, suspender o cancelar los permisos para portar armas de fuego cuando sean utilizadas en actos de violencia doméstica;6 g) Reintegrar al domicilio a petición de la mujer que ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal o del grupo familiar, así como la restitución de los bienes que le pertenecen y el menaje, debiendo en este caso imponer inmediatamente la medida establecida en el inciso a) de este numeral, siempre y cuando la denunciante no se oponga. h) Ingresar o allanar el domicilio sin necesidad de procedimiento alguno en caso de flagrancia o por orden judicial en el caso de que el denunciado incumpla la medida establecida en el inciso a) de este numeral; entendiendo por flagrancia como: Detener a la persona en el momento de cometer el acto para evitar males mayores; i) Cuando la mujer se vea obligada por razones de seguridad a salir del hogar que comparte con el denunciado, podrá llevar consigo aquellos bienes que garanticen su bienestar y del grupo familiar; j) Las instituciones que conozcan de la denuncia deberán remitir a la mujer afectada a un domicilio seguro. El Estado a través del Instituto Nacional de la Mujer, Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Alcaldías Municipales se compromete a establecer albergues temporales y casas refugios, a fin de brindar protección inmediata a las mujeres afectadas por violencia doméstica y a sus hijos e hijas dependientes. [2] Los Juzgados, el Ministerio Público y la Policía informarán a la posta o estación policial que corresponda sobre las medidas tomadas a fin de que presten atención inmediata a la mujer afectada. Cuando las medidas de seguridad sean impuestas por el Ministerio Público o la Policía Nacional, estas instituciones deberán remitir las diligencias al juzgado competente dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. 2) Medidas Precautorias: Estas medidas se orientan a prevenir la reiteración de la violencia doméstica mediante la reeducación del denunciado y el fortalecimiento de la autoestima de la mujer. Estas medidas son las siguientes: a) Disponer la asistencia obligatoria del denunciado a servicios para su reeducación, la que será impartida por la Consejería de Familia más cercana, capacitada en perspectiva de genero, o cualquier persona natural o juridica capacitada en este tipo de atención autorizada por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud; y, b) Disponer la remisión de la mujer y en su caso, de su familia cercana, a una Consejería de Familia a una Consejeria de Familia u otra instancia de acuerdo al literal anterior. La Consejería de Familia o persona autorizada para prestar este tipo de atención, deberá informar mensualmente sobre el cumplimiento de la misma y de forma obligatoria emitir dictamen sobre cambios conductuales al Juzgado que impuso la medida. Se entenderá como desobediencia la ausencia del denunciado a dos (2) sesiones, sin mediar caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. Las disposiciones anteriores obligan al patrono (a) a conceder a sus empleados (as) los permisos respectivos a fin de que se de estricto cumplimiento a las medidas impuestas y decretadas por el Juzgado correspondiente, sin que esto cause ningún perjuicio de carácter laboral para el empleado (a). 3) Medidas Cautelares: Estas pretenden garantizar el cumplimiento de las responsabilidades familiares del denunciado y serán exclusivamente impuestas por el Juzgado o Tribunal competente, en los casos que le sean sometidos directamente o por remisión, pudiendo dictar una o más de las siguientes: a) Fijar de oficio una pensión alimenticia provisional, cuya cuantía estará en correspondencia con las necesidades del alimentario o alimentaria, para la fijación de esta cuantía se tomarán en cuenta no solo los ingresos formarles del denunciado, sino aquellos que se perciban tomando en cuenta su estilo de vida, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Familia. Estas pensiones deberán consignarse anticipadamente y se pagarán por cuotas diarias, semanales, quincenales o mensuales según convenga, en el Juzgado que imponga la medida o en cualquier otro lugar siempre y cuando se garantice su cumplimiento. Ante el incumplimiento de esta medida, previo a la imposición de la sanción correspondiente, se procederá a requerir dentro de un término de 24 horas al denunciado para que pague o consigne ante el Juzgado las pensiones debidas. Según el caso, deberá practicarse el embargo provisional correspondiente. b) Establecer la guarda y cuidado provisional de los hijos e hijas menores de edad a cargo de la afectada. Sin embargo esta podrá otorgarse a terceras personas a petición de la madre. Cuando proceda se podrá establecer un régimen especial de visitas para el padre; y, c) Se atribuirá el uso y disfrute provisional de la vivienda familiar y el menaje de la casa a la mujer. Para garantizar esta medida se prohibirá a ambos miembros de la pareja la celebración de actos o contratos sobre aquellos bienes inmuebles que hayan sido adquiridos durante la relación de pareja, aunque estos últimos hayan sido registrados a nombre de uno de ellos y cuya propiedad esté debidamente acreditada. Para tal efecto el Juzgado competente librará comunicación o notificación urgente al registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, a la entidad pública o privada correspondiente como ser, Patronatos, Cooperativas, Alcaldías o Corporaciones Municipales, PROLOTE, FONAPROVI, INJUMPEP, INPREMA, u otros, para que en un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, se dé fiel y estricto cumplimiento a la medida cautelar impuesta. En estos casos, las anotaciones en el Registro de la Propiedad estarán exentas de cualquier tipo de impuesto. Se prohíbe la celebración de actos y contratos sobre los bienes muebles, así como su desplazamiento de la residencia común hacia otro lugar cualquiera. Se excluye de esta última disposición a la mujer que, de acuerdo a su conveniencia y solicitud, sea la que salga del hogar común; en este caso, podrá llevar aquellos bienes que garanticen su bienestar y el del grupo familiar, debiendo el Juez o Jueza acompañado(a) de su Secretario (a) de actuaciones realizar un inventario de dichos bienes, tanto al momento de dictar la medida como al suspenderla Las medidas cautelares podrán imponerse sin perjuicio del derecho de la denunciante de promover las acciones correspondientes para garantizar en forma permanente la responsabilidad familiar del denunciado. Los mecanismos de protección son inapelables. Estos mecanismos tienen carácter temporal; dicha temporalidad no será inferior a dos (2) meses ni superior a seis (6) meses. Las medidas precautorias tendrán una duración de dos (2) meses para las mujeres y tres (3) meses para los hombres, sin perjuicio de ampliar su duración de acuerdo al diagnóstico emitido por el consejero (a) familiar respectivo (a). El Juzgado competente, de oficio o a petición de la parte denunciante, podrá prorrogar por dos (2) meses y por una sola vez, una o varias de las Medidas de Seguridad y Cautelares que estime conveniente. En cualquier momento el Juez o Jueza podrá modificar los mecanismos de protección impuestos”. El mismo cuerpo legal establece en sus artículos 7 y 19 respectivamente que:”Artículo 7.- El agresor que en los términos de esta Ley, comete actos de violencia doméstica sin llegar a causar daños tipificados como delitos en el Código Penal, será sancionado así: 1) Con la prestación de servicios a la comunidad por el término de uno (1) a tres (3) meses, cuando la denuncia sea declarada con lugar; 2) Con la prestación de servicios a la comunidad de uno (1) a tres (3) meses por el no acatamiento de uno o más de los mecanismos de protección impuestos, sin perjuicio de la pena a que hubiere lugar por el delito de desobediencia a la autoridad. La prestación de servicios a la comunidad deberá consistir en una profesión, oficio o actividad laboral diferente a la que ordinariamente realiza el denunciado y equivaldrá a una jornada de dos (2) horas diarias, las que pueden ser en horas hábiles o inhábiles, sin embargo, podrán en todo caso acumularse jornadas para cumplirse en días inhábiles de la respectiva semana, siempre que la naturaleza del servicio comunitario lo permita. Para garantizar el cumplimiento de lo expresado en el párrafo anterior, será obligación del Juzgado competente remitir a la Alcaldía Municipal correspondiente el listado de las personas sancionadas los primeros cinco (5) días de cada mes. Asimismo la Alcaldía Municipal correspondiente deberá informar obligatoriamente sobre la asistencia y cumplimiento de la sanción impuesta al denunciado dentro del mismo término señalado anteriormente. La misma obligación tendrán las Consejerías de Familia y cualquier otra institución pública en donde el denunciado cumpla las medidas o ejecute el servicio comunitario. La denunciante podrá informar al Juzgado competente o Juez de Ejecución sobre el incumplimiento de cualquier mecanismo de protección impuesto al denunciado. Además de lo dispuesto anteriormente, el incumplimiento de la sanción impuesta se penalizará conforme al artículo 346 del Código Penal referente al delito de desobediencia, remitiéndose de inmediato las actuaciones al Ministerio Público, dejando un extracto de lo actuado. El denunciado que en los términos de esta Ley cometa actos de violencia patrimonial y/o económica deberá restituir los gastos y reparar los daños ocasionados a la víctima. Dicha indemnización incluirá, pero no estará limitada a la compensación por gastos de mudanza, gastos por reparaciones a la propiedad, gastos legales, gastos médicos, psiquiátricos, psicológicos, de consejería, orientación, honorarios profesionales de cualquier tipo, alojamiento, albergue y otros gastos similares.- ARTICULO 19.- Para la ratificación o modificación de medidas de seguridad e imposición de medidas precautorias y cautelares, el Juzgado competente señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes. No se concederá prórroga de este plazo. Los Jueces que conozcan de otras materias deberán dar prioridad a las denuncias de violencia doméstica. Dicha audiencia será presidida personalmente por el Juez o Jueza que conozca de la causa. La audiencia se celebrará con la comparecencia de la denunciante y el denunciado. En esta audiencia expondrán las partes, por su orden, lo que pretendan. Cuando los hechos fueren controvertidos se admitirán y evacuarán las pruebas pertinentes en una audiencia posterior que deberá de celebrarse dentro de los tres días hábiles siguientes. No se concederá prórroga de este plazo. Todo testigo es hábil para declarar según los términos del Artículo cuatro (4) párrafo segundo de la presente Ley. No obstante lo anterior, la audiencia se considerará válidamente realizada con la sola comparecencia de la denunciante, bajo la presunción de que el denunciado acepta los hechos y los mecanismos de protección que se le impongan. En el caso de que no comparezca el denunciado, en esa misma audiencia se impondrán todos los mecanismos de protección que se estimen convenientes y se dictará sentencia definitiva. En este caso se requerirá apoyo policial para hacer efectiva la comparecencia del denunciado a una audiencia posterior, que se llevará a cabo en el momento que sea presentado al Juzgado por la Policía Nacional. Esta audiencia se desarrollará con el único propósito de ponerle en conocimiento de los mecanismos de protección impuestos y de la sentencia definitiva dictada en la audiencia que se celebró con la sola comparecencia de la denunciante. No se celebrará audiencia si solamente comparece el denunciado. Si la denunciante no comparece a la audiencia señalada por el Juzgado, el Juez o Jueza podrá ordenar que dentro de un plazo no mayor de un (1) mes se practiquen las medidas investigativas necesarias para determinar las causas de este abandono. Una vez determinado el abandono de la causa y después de seis meses contados a partir de la última actuación se declarará la caducidad de la denuncia. De todo lo actuado el Juez o Jueza levantará acta de la audiencia, que será firmada por las partes o solo por la denunciante en su caso, debiendo dictarse sentencia definitiva en el acto o dentro de un término no mayor de tres días en el caso de que los hechos fueren controvertidos. En caso de que la denuncia sea declarada con lugar, se dictará sentencia imponiendo la sanción de acuerdo al numeral 1) del artículo 7 de la presente Ley. 20” CONSIDERANDO 4: Que según expone el recurrente, las disposiciones 6, 7 y 19 de la Ley contra la Violencia Doméstica tachadas de inconstitucionalidad, vulneran o quebrantan la proclamación del carácter inviolable del estado de inocencia contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República, así como el principio de legalidad establecido en el Código Procesal Penal.CONSIDERANDO 5: Que por otro lado, el recurrente sostiene que las disposiciones legales impugnadas también se oponen <sin mencionar artículos específicos> a preceptos contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer, la convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, y todos aquellos instrumentos jurídicos en que se brinda una protección exclusiva a la mujer.CONSIDERANDO 6: Que de acuerdo a lo expuesto por el recurrente dentro de los preceptos legales cuestionados, (Artículos 89 y 60 de la Constitución de la República), se oponen a lo dispuesto en las normas constitucionales e internacionales antes mencionadas, por encontrarse ésta, señala, en una posición de desventaja frente al hombre, como consecuencia de la discriminación que por razón de sexo, padece desde tiempo remotos la mujer. Se quebranta el principio de igualdad, al dispensar estos artículos, un trato discriminatorio para el hombre frente a la mujer. Con respecto al artículo 6 expone que vulnera el derecho a la igualdad, el hecho de establecer mecanismos de protección exclusivos para la mujer que sufre de violencia doméstica, con la sola presentación de la denuncia, y dentro del procedimiento judicial, acusa de inconstitucional la aplicación de medidas precautorias, en vista que según la ley solamente se le imponen a las personas de sexo masculino, pues en la norma se lee “el denunciado”.CONSIDERANDO 7: Que sostiene el impetrante, que el numeral 1 literal a) del artículo 6 de la Ley que se analiza, que manda a separar al denunciado temporalmente del hogar que comparte con la denunciante, vulnera el derecho a la propiedad establecido en el artículo 103 constitucional, en virtud de que al dueño del bien inmueble es al que se le ordena abandonarlo, sin haber sido oído y vencido en juicio.CONSIDERAND 8: Que igualmente alega la inconstitucionalidad del artículo 19, que dispone que el denunciado que no comparezca a la audiencia señalada por el Juez será detenido, por contraponerse al artículo 81 y 98 de la Carta Magna, que disponen el derecho a la libre circulación y el derecho fundamental a no ser detenido por obligaciones que no provengan de delito o falta.CONSIDERANDO 9: Que la Sala de lo Constitucional debe recordar que la Violencia Doméstica ha tenido lugar en todas las culturas, razas, religiones, clases sociales y grupos étnicos, y a lo largo de la historia, en nuestro país, no se ha visto como un grave problema social sino hasta las dos últimas décadas. Debe quedar claro que la violencia doméstica puede ser cometida por hombres y también por mujeres, por lo que esta misma ley es aplicada en contra de un agresor, indistintamente del sexo. Sin embargo, las estadísticas mundiales, y las de nuestro país señalan que las victimas, han sido en mayor porcentaje mujeres. Reconociendo que la mujer pertenece a una minoría, internacionalmente han surgido una serie de instrumentos jurídicos para la protección de la mujer, sin embargo el derecho a la igualdad, debe prevalecer en su aplicación cuando se trata de VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA. Es por la razón anterior que es necesario la aplicación de acciones positivas que establecen la igualdad entre hombres y mujeres, eliminando las desigualdades de hecho, por ejemplo la discriminación positiva, que es una política encaminada a corregir las desigualdades sociales.CONSIDERANDO 10: Que la “Discriminación Positiva” no vulnera ningún derecho constitucional, cuando ésta es aplicada con la intención de restaurar el desequilibrio de género. Como opera? Ya la Sala se ha pronunciado al respecto en otras sentencias, señalando que significa la excepción al principio de igualdad de trato, contemplada en el marco legislativo; esto es: tratar desigual lo que de partida tiene una situación desigual, resultando al final la igualdad. La discriminación intenta paliar la situación de injusticia que sufren quienes integran a un determinado grupo en relación a quienes pertenecen a otro grupo; con lo que el alcance del principio de igualdad se extiende más allá de la mera concepción del individuo; por ejemplo, las ventajas que el legislador otorga a las personas de la tercera edad, dentro de las cuales hay algunas que se encuentran en mejor condición física que una persona dos años menor, sin embargo ésta última, esperara varios minutos en una agencia bancaria y no la de sesenta años. CONSIDERANDO 11: Que el reconocimiento y constatación de la existencia de desigualdadades sociales por pertenecer a un mismo grupo social, se ha convertido en una necesidad de actuación política legítima con la intención de eliminar los mecanismos de discriminación por cuestión de sexo, raza, origen étnico, edad, opción sexual o discapacidades existentes. En este sentido se ha ido desarrollando una amplia Base legal de la Acción positiva que garantiza un desarrollo práctico es decir, justicia aplicada, y en base a ello, tenemos un gran número de ejemplos sobre la aplicación de la discriminación positiva, por diferentes motivos: , la discriminación positiva como el derecho a no hacer fila para la minoría de la tercera edad y discapacitados. No serán contrarios al artículo 60 de la Constitución, que proclama el derecho a la igualdad; puesto que debe entenderse como un derecho .como ya se ha dicho, desigual pero igualitario, lo que, ante prácticas sociales discriminatorias, constitucionalmente es exigible del Estado social para asegurar la efectividad de la igualdad entre los desiguales; con ello se trataría de compensar a las mujeres por las desventajas y la discriminación que han sufrido como colectivo a lo largo de la historia.CONSIDERANDO 12: Que el principio de igualdad encuentra reconocimiento expreso en varias disposiciones constitucionales, así tenemos que el artículo 60 de nuestro Texto Fundamental establece que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, que en Honduras no hay clases privilegiadas, que todos los hondureños son iguales ante la ley, y que se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana; por su parte, el artículo 61 de nuestra Carta Magna expresa que “…..la Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros en el país,…el derecho...a la igualdad ante la ley…”.CONSIDERANDO 13: Que para la resolución del caso que ahora nos ocupa, es necesario entonces, que efectuemos un juicio de razonabilidad, que no se limita a constatar que el precepto legal cuestionado, prevé consecuencias jurídicas diferentes para dos o más personas, sino también verificar si esas consecuencias distintas resultan o no razonables.CONSIDERANDO 14: Que una lectura detenida del precepto legal cuestionado, revela que el mismo incorpora un trato diferenciador para el hombre, ya que el tratamiento jurídico que se da al denunciado, establece claramente una supuesta ventaja a la víctima. Sentado lo anterior, debemos analizar si ese trato diferente resulta o no razonable, o lo que es lo mismo, si comporta o no un tratamiento discriminatorio negativo en atención a tales circunstancias.CONSIDERANDO 15: Que el artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, establece que los Estados parte reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. Que una confrontación entre los artículos 6 y 7 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, con las normas constituciones e internacionales antes mencionadas, e invocadas por el recurrente, nos lleva a realizar un análisis de ponderación entre bienes jurídicos protegidos; así, se observa que la intención del legislador con la disposición que manda a imponer medidas de protección a la “víctima de violencia doméstica”, es la de proteger bienes jurídicos como la familia, la integridad física, la niñez, la maternidad etc., versus la interrupción a una libre circulación temporal y al derecho de propiedad, el que no se ve totalmente vulnerado, puesto que el bien propiedad del agresor, estará habitado por su descendencia, cumpliendo así con la obligación de dar alimento y vivienda a los hijos y a la víctima de violencia doméstica, sea la madre o el padre de éstos.CONSIDERANDO 16: Que con respecto a la supuesta inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, específicamente, en lo relacionado a la aceptación de hechos como sanción a la incomparecencia del denunciado, esta Sala debe manifestar que esta Ley y su procedimiento, fue concebida dentro del derecho de familia, y este a su vez, es de corte eminentemente civilista, por lo que, y de acuerdo a la opinión ilustrativa del Ministerio Público, esta aceptación de hechos debe tomarse como la institución de la Rebeldía, que no paraliza el transcurso del juicio.CONSIDERANDO (17): Que el señalamiento de inconstitucionalidad del artículo 19, que habilita a la detención del denunciado que no comparezca a la audiencia señalada por el Juez, no hace referencia a la primera incomparecencia, ya que la norma sanciona primero con una aceptación de hechos, sino que hace referencia a desobediencias futuras, disposición legal que va acorde con lo dispuesto en el artículo 306 de la Constitución que establece que: “ARTICULO 306.Los órganos jurisdiccionales requerirán en caso necesario el auxilio de la Fuerza Pública para el cumplimiento de sus resoluciones; si le fuere negado o no le hubiere disponible, lo exigirán de los ciudadanos. Quién injustificadamente se negare a dar auxilio incurrirá en responsabilidades.” CONSIDERANDO (18): Que de conformidad a lo previsto por el artículo 2 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones de dicha ley se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, disposición que es compatible con lo dispuesto en el artículo 76 del mismo texto normativo, donde se prevé que procede la acción de inconstitucionalidad cuando la ley ordinaria contraríe lo dispuesto en un tratado o convención internacional del que Honduras forme parte. El artículo 18 de la Carta Magna establece, que los tratados y convenciones internacionales, ratificados por Honduras, tienen un rango superior a la ley, de tal manera que su contravención por una ley secundaria u ordinaria, comporta la violación de la norma constitucional que establece su preeminencia, lo que por otra parte nos conduce a estimar que tal y como se desprende de lo dispuesto por el artículo 76 No. 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los tratados y convenciones internacionales ratificados por el Estado de Honduras forman parte del denominado bloque de constitucionalidad.CONSIDERANDO (19): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que los artículos 6, 7 y 19 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, no se contraponen a los artículos 60, 81, 89, 94 párrafo segundo, 98 y 103 de la Constitución de la República; por lo que debe declararse No Ha Lugar el recursos de inconstitucionalidad que por vía de excepción y por razones de fondo o de contenido ha promovido el recurrente.POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 18, 60, 81, 89, 94 párrafo segundo, 98, 184, 185 No. 1), 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 3), 5, 74, 75, 76 No. 1), 77 No. 1), 78, 81 y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de inconstitucionalidad que por vía de excepción y que por razones de fondo o de contenido, promovió el abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, contra los artículos 6, 7 y 10 de la Ley contra la Violencia Doméstica, Y MANDA: Que se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA DE WILLIAMS. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO. Firma y sello. DANIEL ATURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, recaído en el recurso de Inconstitucionalidad, registrado en ese Tribunal bajo el número 625=10.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Artículo reformado por el Decreto No. 250-2005, publicado en La Gaceta No. 30,950 del sábado 11 de marzo del 2006.

[2] Según Artículo 56 “Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares” 6Referencia a los Artículo 56 y 57 de la Ley señalada en la nota anterior.

20 Artículo reformado por el Decreto No. 250-2005, publicado en La Gaceta No. 30,950 del sábado 11 de marzo del 2006.