Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-442-15 — Registro 6250

Resumen

Sentencia confirmó auto de prisión por los delitos extorsión en concurso real, portación ilegal de armas, asociación ilícita, atentado y aso indebido de nombre en contra del recurrente quien aduce ser menor de dieciocho años

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala estima que en caso de duda sobre la edad de un niño o niña se presumirá mientras se establece su edad legal efectiva que no ha cumplido los dieciocho años, situación que no sucede en el caso que nos ocupa, pues en Audiencia Inicial quedó acreditado a criterio del Juez de instancia, con la prueba documental aportada, que la persona que dice llamarse Lucas Elvin Amador Ordoñez es la misma que detuvieron y que identifican como Santos Alonso Casco Corrales, quien ya tenía la edad de diecinueve años al momento de su aprehensión, por los hechos acusados por el Ministerio Público, situación que es confirmada por el Ad-quem, al estimar que no hay duda en cuanto a la minoría de edad del imputado..."..."la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, trasgresión que no se observa, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ROSMERY JOJANNA UCLES HERNANDEZ, a favor del joven LUCAS ELVIN AMADOR ORDOÑEZ, también conocido como SANTOS ALONSO CASCO CORRALES, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de febrero del presente año dos mil dieciséis (2016), que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015), en la causa instruida contra LUCAS ELVIN AMADOR ORDOÑEZ, también conocido como SANTOS ALONSO CASCO CORRALES por suponerlo responsable de los delitos de EXTORSIÓN EN CONCURSO REAL, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, ASOCIACIÓN ILÍCITA, ATENTADO Y USO INDEBIDO DE NOMBRE SUPUESTO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD458 y AD460, LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LA FE PÚBLICA respectivamente.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado en perjuicio de su representado los derechos al debido proceso y defensa, establecidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada ELSY MARICEL ANDINO CRUZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores DORIAN ALEXANDER FLORES MONTOYA y SANTOS ALONSO CASCO CORRALES, por suponerlos responsables a título de Autores de los delitos de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-458, ATENTADO en perjuicio de JOSE DANILO IZAGUIRRE, CARLOS CARCAMO y GUSTAVO VELASQUEZ y otros agentes de la fuerza Nacional Antiextorsión y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTYADO DE HONDURAS. (Folios del dos (F-2) al nueve (F-9) de la pieza de antecedentes de primera instancia). 2) Que seguido que fue el proceso, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en Audiencia Inicial celebrada en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015) resolvió: (Sic) “1) “Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de DORIAN ALEXANDER FLORES por suponerlo responsable del delito de EXTORSION EN CONCURSO REAL, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDOS AD458 y AD460, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS Y ASICIACION ILICITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el delito de ATENTADO, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- 2) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de LUCAS ELVIN AMADOR ORDOÑEZ, quien se hace llamar SANTOS ALONSO CASCO CORRALES, por los delitos de EXTORSION EN CONCURSO REAL, EN PERJUICIO DE TESTIGOS PROTEGIDOS AD458 YAD460, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS Y ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDUIRAS, por el delito de ATENTADO, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y por el delito de USO INDEBIDO DE NOMBRE SUPUESTO, en perjuicio de la fe pública.- 3).- Se Decreta LA PRISIÓN PREVENTIVA, por la gravedad de la pena, en base al artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, debiendo enviar oficio al Centro Penitenciario Nacional de Tamara, para su Guarda y Custodia.- 4) se ordena Libar cuantas ordenes de captura san necesarias en contra del imputado IVIS ABEL VARGAS BETANCO por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD460.- 5) Se ordena librar atento oficio a la unidad de intervención de las comunicaciones a fin de remitir el expediente numero 499-2015…”. (Folios del veinticuatro (F-24) al cuarenta y uno (F-41) de la pieza de los antecedentes de primera instancia) 3) Que resolviendo el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa, en fecha veintiocho de octubre del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de febrero del presente año dos mil dieciséis (2016), resolvió: (Sic) “ 1) Declarar NO HA LUGAR el recurso interpuesto por las Apoderada Legal del imputado.- 2) CONFIRMA la resolución apelada…” (Folios del ciento cuarenta y cuatro (F-144) al ciento cuarenta y siete (F-147) de la Pieza de los antecedentes de primera instancia). 4) Que la recurrente Abogada ROSMERY JOJANNA UCLES HERNADEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha nueve (9) de mayo del presente año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del joven LUCAS ELVIN AMADOR ORDOÑEZ, también conocido como SANTOS ALONSO CASCO CORRALES, afirmando la recurrente que la resolución del Ad-quem, de fecha nueve (9) de febrero del presente año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso, establecidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diecinueve (19) de agosto del presente año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha diecisiete de octubre del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán la Abogada ELSY MARICEL ANDINO CRUZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores DORIAN ALEXANDER FLORES MONTOYA y SANTOS ALONSO CASCO CORRALES, por suponerlos responsables a título de Autores de los delitos de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-458, ATENTADO en perjuicio de JOSE DANILO IZAGUIRRE, CARLOS CARCAMO y GUSTAVO VELASQUEZ y otros agentes de la fuerza Nacional Antiextorsión y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (3): Que en fecha nueve de mayo del presente año dos mil dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada ROSMERY JOJANNA UCLES HERNANDEZ, interponiendo Acción de Amparo a favor del joven LUCAS ELVIN AMADOR ORDOÑEZ, también conocido como SANTOS ALONSO CASCO CORRALES, contra la resolución de fecha nueve de febrero del presente año dos mil dieciséis, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en el proceso iniciado en contra de los jóvenes LUCAS ELVIN AMADOR ORDOÑEZ, también conocido como SANTOS ALONSO CASCO CORRALES y DORIAN ALEXANDER FLORES MONTOYA; resolución que decreta Auto de Formal Procesamiento en contra de los imputados DORIAN ALEXANDER FLORES MONTOYA y LUCAS ELVIN AMADOR ORDOÑEZ, también conocido como SANTOS ALONSO CASCO CORRALES, por los delitos incoado por el Ministerio Público, de EXTORSIÓN EN CONCURSO REAL, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, ASOCIACIÓN ILÍCITA, ATENTADO y USO INDEBIDO DE NOMBRE SUPUESTO; considera la recurrente en amparo, que la resolución antes referida vulnera los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que en defensa de su tesis, la recurrente sostiene que el proceder de la Corte de Apelaciones violenta el debido proceso contenido en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. En relación a la vulneración del artículo 82 dice la impetrante que al declarar la Corte de Apelaciones No ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha 23 de octubre del año 2015, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, y en la que se infiere y se evidencia que el juez de primera instancia no le dio a su representado la oportunidad de ofrecer materialmente la prueba que desvaneciera los cargos imputados, violentando de esta forma el principio de contradicción de igualdad de partes y armas, debido proceso, consecuentemente el legítimo derecho a la defensa, por estimar se ha violentado a su poderdante los principios que ha dejado reseñado y el derecho contenido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; y el artículo 1 del Código de la Niñez y la Adolescencia que se refiere al derecho a la defensa y el debido proceso, esto en razón de que se le restituya en el goce de las garantías constitucionales antes referidas a favor de su representado. Aduce la garantista que la resolución de la Corte de Apelaciones violenta lo que plenamente establece esta garantía, causándole indefensión, al ser un Juzgado incompetente y no admitirse medios de prueba fundamentales no sola para la defensa, sino para la seguridad jurídica del Juez A-quo y el Tribunal Ad-quem. CONSIDERANDO (5): Que en relación a la vulneración del artículo 80 párrafo primero constitucional, la recurrente arguye que resulta evidente que al no aplicar el Ad-quem la normativa que consta plenamente en el Código Procesal Penal en su artículo 201, en relación a la sana crítica en la valoración de la prueba, la cual es aplicable al caso, que se ha relacionado en la forma lógica que facilita su comprensión y su evidente aplicabilidad; lo cual se ha obviado en el presente caso, por la negativa de ambas instancias de no permitir la prueba de defensa, violentándose garantías constitucionales, tal como el debido proceso, el derecho a la inviolabilidad de la defensa, el de igualad entre partes, vulnerados por la Corte de Apelaciones al denegar el Recurso de Apelación y por la cual se comparece a este tutelar del amparo. CONSIDERANDO (6): Que del examen de los autos, esta Sala observa que la cuestión que se recurre en Amparo es la resolución de fecha nueve de febrero del presente año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve: (Sic) “1) Declarar No Ha Lugar el recurso interpuesto por las Apoderada Legal del imputado.- 2) CONFIRMA la resolución apelada.” (Folios del ciento cuarenta y cuatro (F-144) al ciento cuarenta y siete (F-147) de la Pieza de los antecedentes de primera instancia). CONSIDERANDO(7): Que la recurrente expone en su acción constitucional, que las disposiciones constitucionales, que estima vulneradas con la resolución de fecha nueve de febrero del presente año dos mil dieciséis, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán se encuentran contenidos en los artículos siguientes: 82. “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; 90 párrafo primero “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…” CONSIDERANDO (8): Que después del examen de los autos, que conforman las piezas sometidas a estudio por esta Sala de lo Constitucional, se observa que la cuestión toral por la que se recurre en amparo, es ante la confirmación del Tribunal Ad-quem de la resolución emitida por el A-quo, en cuanto a que se declara Auto de Formal Procesamiento en contra de Lucas Elvin Amador Ordoñez, quien se hace llamar Santos Alonso Casco Corrales; la recurrente manifiesta su descontento con la resolución emitida, al estimar que no se le dio la oportunidad de acreditar con prueba científica como ser prueba de ADN e inspección al Registro Nacional de las Personas, que su representado es menor de dieciocho años y por consiguiente el Juzgado competente para conocer de los hechos acusados es el Juzgado de Letras de la Niñez. CONSIDERANDO (9): Que es importante para esta Sala de lo Constitucional lo establecido en el último párrafo del artículo 1 del Código de la Niñez y la Adolescencia que la recurrente arguye vulnerado, en relación al debido proceso: “Para todos los efectos de este Código, se entenderá por niño o niña a todas las personas hasta los dieciocho (18) años de edad… En caso de duda sobre la edad de un niño o niña, se presumirá mientras se establece su edad legal efectiva, que no ha cumplido los dieciocho (18) años.”; en ese orden de ideas y siendo que el proceso se inicio en la jurisdicción penal común, el artículo 102 del Código Procesal Penal determina: “Identificación del imputado. Es indispensable la identificación plena del imputado y se hará tomando como base su cédula de identidad. En defecto de ésta, se le identificará tomando sus datos personales relacionados con su nombre y apellidos, sexo, lugar y fecha de nacimiento, el color de la piel, ojos y pelo, estatura, impresiones digitales, señas particulares, estado civil y, en general, con cualquier otro dato que sirva para identificarlo. Si se niega a colaborar o si suministra datos falsos o incompletos, la identificación se hará por medio de testigos, en la forma prescrita para los reconocimientos o por otros medios lícitos que se estimen útiles.”. CONSIDERANDO (10): Que del examen de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem fundamenta inter alia, la decisión adoptada en lo siguiente: “La defensa presentó la información testifical de una pariente del imputado la joven Maria Teresa Ordoñez Corrales, quien dice ser hermana de Lucas Elvin, que éste tiene 17 años de edad, asegurando que lo confunden con un tío de él y continua apoyando su petición en el acta de nacimiento que se agrega a folio 91, pero del análisis de la prueba descrita respecto a la identificación de la persona imputada y la posibilidad de que pudiera ser menor de edad considera este Tribunal que existe tanto prueba testifical como documental que indica la verdadera identidad del imputado, no existiendo la controversia en relación a la minoría de edad que llevó a la audiencia inicial la defensa ya que la testigo Maria Teresa Ordoñez Corrales no desacredita lo actuado durante la investigación que establece que la persona que fue llevada al Hospital Escuela Universitario y a quien se le tomó huellas dactilares que al ser comparadas con expediente de Santos Alonso Casco Corrales resultó pertenecer a la misma persona.” CONSIDERANDO (11): Que a folios del diez al catorce de la pieza de antecedentes de primera instancia se observa el acta de declaración de imputado, constatando que al identificarse a uno de los imputados, éste dijo que su nombre es Lucas Elvin Amador Ordoñez, conocido como Santos Alonso Casco Corrales; que en ese orden de ideas esta Sala estima que en caso de duda sobre la edad de un niño o niña se presumirá mientras se establece su edad legal efectiva que no ha cumplido los dieciocho años, situación que no sucede en el caso que nos ocupa, pues en Audiencia Inicial quedó acreditado a criterio del Juez de instancia, con la prueba documental aportada, que la persona que dice llamarse Lucas Elvin Amador Ordoñez es la misma que detuvieron y que identifican como Santos Alonso Casco Corrales, quien ya tenía la edad de diecinueve años al momento de su aprehensión, por los hechos acusados por el Ministerio Público, situación que es confirmada por el Ad-quem, al estimar que no hay duda en cuanto a la minoría de edad del imputado. CONSIDERANDO (12): Que si bien es cierto el Auto de Formal Procesamiento se dicta en contra de Lucas Elvin Amador Ordoñez, no es menos cierto que este fue el nombre que de viva voz brindó el imputado cuando se le pregunto por sus datos personales, a efecto de identificarlo, en relación con lo dispuesto en el artículo 102 del Código Procesal Penal supra relacionado, haciendo la observación el A-quo que esta persona se hace llamar Santos Alonso Casco Corrales; estima la Sala que en cuanto a la redacción del Auto de Formal Procesamiento se dio un Lapsus Calami por parte del A-quo, en cuanto a la frase usada en relación a la identificación del imputado, sin embargo ello no obsta para determinar que no existe duda en cuanto a la edad del imputado, la que ha quedado acreditada con la prueba que le fue aportada al juez decisor en Audiencia Inicial. CONSIDERANDO (13): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; estima la recurrente que se ha vulnerado el debido proceso al no evacuarse prueba propuesta por la defensa a efecto de acreditar la edad de su representado y al emitir una resolución sin observar lo prescrito en el último párrafo del artículo 1 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el artículo 202 del Código Procesal Penal; esta Sala de lo Constitucional advierte que la garantista muestra su disconformidad con la resolución impugnada, al confirmar el Tribunal de Alzada la resolución emitida por el A-quo, que decreta Auto de Formal procesamiento en contra de los imputados por los delitos de Extorsión en Concurso Real, Portación Ilegal de Armas, Asociación Ilícita, Atentado y Uso Indebido de Nombre, según el Requerimiento Fiscal presentado y tiene por acreditada la edad de uno de los imputados, en consecuencia se considera competente para conocer del proceso. En ese orden de ideas es menester entonces señalar que a la Defensa se le dio la oportunidad de ofertar los elementos de prueba que tenia disponibles para la Audiencia Inicial, la que se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 294 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 82 constitucional; en tal sentido el derecho a la defensa se manifiesta en el acceso a los tribunales para ejercitar las acciones en la forma que señalan las leyes; indicando el artículo 294 ut supra, que la parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez únicamente resolverá con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes. CONSIDERANDO (14): Que continuando con el análisis de establecer si se ha vulnerado o no el debido proceso, el artículo 202 dispone: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; la mencionada norma procesal preceptúa que la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[1] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (15): Que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de febrero del presente año dos mil dieciséis, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica que aduce la recurrente como vulneradas, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo. CONSIDERANDO (16): Que para finalizar es importante reiterar que, la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, trasgresión que no se observa, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (17): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.

POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13, 294 y 202 del Código Procesal Penal; 1 del Código de la Niñez y la Adolescencia. FALLA: Denegando el amparo interpuesto por la Abogada ROSMERY JOJANNA UCLES HERNANDEZ, a favor del joven LUCAS ELVIN AMADOR ORDOÑEZ, también conocido como SANTOS ALONSO CASCO CARRALES, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de febrero del presente año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0442=2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL