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Sentencia AP-43-16 — Registro 10352

Resumen

Resolución que desestimó recurso de apelación y confirmó La decisión dictada en audiencia de revisión de medida, en la que se declaró con lugar petición de la defensa de sustituir medida cautelar de prisión preventiva dictada a cada uno de los procesados los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, FRAUDE Y ESTAFA en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.por otras distintas a la privación de libertad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Sala de lo Constitucional a continuación entra a examinar los alegatos que el Ministerio Publico expuso en su escrito de formalización de la presente garantía de amparo. Al hacerlo, este alto tribunal observa que el petente en su garantía de amparo, denuncia que la decisión del ad quem violenta el derecho de debido proceso y el principio de legalidad, ambos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. De igual manera cita como violentados los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Básicamente sustenta su alegatoen que la juez de primera instancia, modificó la prisión preventiva que previamente había impuesto, sustituyéndola por otras medidas cautelares distintas a la privación de libertad, sin existir cambios en los presupuestos legitimadores que variaran las circunstancias, por lo que es del criterio que la decisión de la a quo, careció de legitimidad. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional observa que después de que se impuso la medida de prisión preventiva, se celebraron audiencias para debatir la procedencia de cambio de medida. También observa que en dichas audiencias hubo aporte de nuevos elementos, tanto argumentos como medios de prueba, dirigidos ambos en razón de demostrar que no existe peligro de fuga o de obstruir la investigación. De manera que este alto tribunal de justicia, no sigue al Ministerio Público en su alegato de que no concurrieron nuevos elementos en relación con la existencia de presupuestos legitimadores. Los hubo, y con base en ellos fue que la juzgadora de primera instancia tomó su decisión. De manera que para la Sala, al menos desde el punto de vista procesal, la a quo estaba legitimada para revisar su decisión y tomar una decisión distinta a la inicial. Ahora bien, distinto es, que la jueza haya tomado una decisión incorrecta y que las previsiones asumidas como idóneas para salvaguardar el proceso, tanto en razón de asegurar la presencia de los encartados, como la viabilidad de la investigación, no sean las mejores. Dicho examen corresponde a los órganos jurisdiccionales de orden común. La revisión constitucional a tal decisión es la verificación de que la decisión tomada es arbitraria o sea sin motivación; o bien, que existiendo motivación esta resulta ser insuficiente, absurda o sin observar el principio de legalidad en cuanto a los límites que la ley prevé. Ejemplo de esto último, podría ser la imposición de medidas distintas a las previstas por la ley, o la imposición prohibida en ciertos casos. Otro rango de supuestos que son revisables por la jurisdicción constitucional, específicamente por vía de amparo, es cuando se quebranta, disminuye, o pone en peligro el ejercicio de un derecho fundamental garantizado por la Constitución de la República o por un instrumento internacional de derechos humanos. Tomando en cuenta esto, este alto tribunal de justicia, observa que la fiscalía señala que se ha lesionado el derecho al debido proceso, atendiendo a las razones siguientes: Se reprocha que la judicatura y el tribunal de alzada, no tomaron en cuenta: a) el perjuicio ocasionado a la sociedad, por ende la gravedad de la pena, que provoca la inminente posibilidad de fuga de los encausados y su interés de obstaculizar e intervenir la investigación; b) omisión de pronunciarse en forma puntual a los agravios expuestos en la apelación, es decir alega falta de motivación congruente; c) contravención al principio de legalidad, en relación a que la caución por medio de fianza bancaria no se encuentra entre las comprendidas en el artículo 193 del Código Procesal Penal. En relación al primer punto identificado con el inciso a), es decir al peligro de fuga o de obstrucción a la investigación, la Sala observa que ese asunto fue bastante debatido en la audiencia de revisión de medida; cada una de las partes hizo los argumentos y tuvo la oportunidad de presentar la prueba que estimó pertinente; finalmente tuvieron la oportunidad procesal de acceder a los medios de impugnación que la norma procesal penal les provee. Al respecto los señalamientos que hace la fiscalía en amparo, contra la decisión que impugna, no son diferentes a los que hizo ante las dos instancias de jurisdicción ordinaria. La Sala en consecuencia no encuentra asidero para someter el asunto a control constitucional, habida cuenta de que el asunto fue debatido y resuelto, observándose por tanto los principios de oralidad, contradicción e inmediación, garantizándose a cada una de las partes el ejercicio pleno de sus atribuciones procesales. Con relación a la motivación congruente, identificado con el inciso b), este alto tribunal observa que por un lado las partes tuvieron amplio espacio para debatir sus pretensiones y sus alegaciones; y por otro lado el juez dictó sus resoluciones de manera, si bien es cierto, no con una motivación abundante y por otro lado detallada, por lo menos aceptable. Pues deja claro cómo mínimo que en su fuero de interpretación y discrecionalidad, las medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad, serán suficientes para logar los fines del proceso penal de mérito. Por supuesto que la Sala está consciente de que en este punto, se podría mejorar la técnica jurídica procesal, tanto por parte de los abogados de cada una de las partes, como de los órganos jurisdiccionales que intervinieron en este asunto, en orden de alegar y argumentar debidamente los elementos de idoneidad y proporcionalidad. En relación con el tercer punto, identificado con el inciso c), o sea la posible violación del principio de legalidad, referida en este caso puntual a la falta de mención de la fianza bancaria, como medio de caución permitida por la ley, este alto tribunal de justicia, en principio toma lo dispuesto por el artículo 193 del Código Procesal Penal, en cuanto señala: “La caución podrá ser fianza, o garantía real. La fianza podrá otorgarla todo aquel que tenga capacidad para contratar y disponer y que sea propietario de bienes suficientes para responder por la cuantía de la caución establecida por el juez. Tales bienes podrán ser muebles, inmuebles o depósitos bancarios y, su existencia se probará con los atestados o certificaciones correspondientes. La caución real se constituirá mediante hipoteca, prenda o depósito de dinero. Si la caución es prestada por persona distinta del imputado, aquélla no gozará del beneficio de la excusión. Con autorización del Juez, podrá sustituirse la caución rendida por otra equivalente.” Esta disposición legal tiene como origen, dar cumplimiento a la norma constitucional que dice: “Artículo 93. Aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley.” Entonces, relacionando una norma con la otra, lo que tenemos como conclusión es: (1) La Constitución de manera expresa dispone el principio de reserva de ley en materia de cauciones para sustituir la privación cautelar de la libertad en un proceso penal. (2) En consecuencia, solamente por medio de la ley, el Estado puede definir los límites, la forma, los requisitos o presupuestos, para que se imponga de manera cautelar la privación de la libertad personal, o pueda ser garantizada de manera distinta la eficacia del proceso. (3) Por tanto la discrecionalidad judicial se limita, reservándola únicamente en relación con: a) las condiciones de hecho para imponerla (idoneidad); y b) la cuantía (proporcionalidad). Siempre en relación con el principio de legalidad, el artículo 193 citado, permite aclarar la calidad o condiciones del que rinde la caución (sujeto) y la calidad y formas de prestación de ésta última (objeto). La Sala observa que el artículo 193 citado, autoriza para que sea un tercero quien rinda caución; y en este sentido la Sala no encuentra razón para excluir per se a las entidades bancarias. Salvo que esto suponga comprometer la eficacia del proceso, en relación con la permanencia del procesado en el juicio. En relación con el objeto, o sea la caución misma, la norma citada establece que el depósito de dinero se tendrá como garantía real, por lo que cabe preguntarse lo siguiente: Si la garantía bancaria se ha de tener como una fianza o una garantía real; o en último caso, ninguna de las dos. Una aparente solución a la pregunta sería descartar que la garantía bancaria constituya una garantía real, debido a que no se encuentra en la lista que provee el artículo 193 del Código Procesal Penal ; sin embargo profundizando más en el asunto, la Sala encuentra que nuestro Código Civil en el artículo 2021, define a la fianza así: “Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.” Por otra parte, en relación con el depósito, nuestro Código Civil dispone que éste se constituya desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla; luego de manera específica el Código de Comercio en el artículo 957 dispone, que el depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o moneda extranjera, transfiere la propiedad al banco depositario, y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie. En este caso la obligación de conservación y custodia se cumple con el mantenimiento de valores económicos equivalentes a los bienes depositados, en la forma y límites que determine la ley, y no queda excluida por el uso de los mismos por parte del depositario. Con todo lo anteriormente expuesto es evidente entonces que la caución que consiste en prestar una garantía bancaria a efecto de que el proceso penal continúe y se desarrolle de forma normal, es una fianza y no un depósito de dinero. Eso trae como consecuencia que la garantía bancaria al ser una fianza, estaría comprendida dentro del ámbito de aplicación del párrafo primero del artículo 193 del Código Procesal Penal, y por ende sería una caución que cumple con el principio de legalidad. Esto únicamente desde el punto de vista formal, pero que analizada desde el punto de vista material, teleológico, o sea desde el fin que se persigue podría no ser así. Para saber si la garantía bancaria cumple con la función que tienen las cauciones en materia cautelar penal, es necesario cuestionar su idoneidad para garantizar la presencia del imputado en el proceso. No obstante, el Ministerio Público, en el caso sub examine ha hecho cuestionamientos bastante generales, sin dar elementos concretos y visibles que puedan servir para que el juzgador decida imponer la medida cautelar más gravosa en términos de libertad provisional. No basta decir que no se cumplen los presupuestos de legitimación, deben señalarse estos con puntualidad, explicando o dando razones concretas del porqué así lo estima. En este sentido la carga de alegación y acreditación para sustentar la presente garantía de amparo, obligaba al Ministerio Público. Sin embargo a criterio de este alto tribunal el cumplimiento que hizo de esta carga procesal fue insuficiente. Es por ello que a criterio de este alto tribunal de justicia corresponde desestimar la presente garantía constitucional de amparo. Advirtiendo que las circunstancias que pudieron servir para la imposición de las actuales medidas cautelares pueden variar y por ende el juzgador podrá previo cumplimiento de las garantías judiciales, decidir su modificación"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...la Sala de lo Constitucional a continuación entra a examinar los alegatos que el Ministerio Publico expuso en su escrito de formalización de la presente garantía de amparo. Al hacerlo, este alto tribunal observa que el petente en su garantía de amparo, denuncia que la decisión del ad quem violenta el derecho de debido proceso y el principio de legalidad, ambos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. De igual manera cita como violentados los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Básicamente sustenta su alegatoen que la juez de primera instancia, modificó la prisión preventiva que previamente había impuesto, sustituyéndola por otras medidas cautelares distintas a la privación de libertad, sin existir cambios en los presupuestos legitimadores que variaran las circunstancias, por lo que es del criterio que la decisión de la a quo, careció de legitimidad. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional observa que después de que se impuso la medida de prisión preventiva, se celebraron audiencias para debatir la procedencia de cambio de medida. También observa que en dichas audiencias hubo aporte de nuevos elementos, tanto argumentos como medios de prueba, dirigidos ambos en razón de demostrar que no existe peligro de fuga o de obstruir la investigación. De manera que este alto tribunal de justicia, no sigue al Ministerio Público en su alegato de que no concurrieron nuevos elementos en relación con la existencia de presupuestos legitimadores. Los hubo, y con base en ellos fue que la juzgadora de primera instancia tomó su decisión. De manera que para la Sala, al menos desde el punto de vista procesal, la a quo estaba legitimada para revisar su decisión y tomar una decisión distinta a la inicial. Ahora bien, distinto es, que la jueza haya tomado una decisión incorrecta y que las previsiones asumidas como idóneas para salvaguardar el proceso, tanto en razón de asegurar la presencia de los encartados, como la viabilidad de la investigación, no sean las mejores. Dicho examen corresponde a los órganos jurisdiccionales de orden común. La revisión constitucional a tal decisión es la verificación de que la decisión tomada es arbitraria o sea sin motivación; o bien, que existiendo motivación esta resulta ser insuficiente, absurda o sin observar el principio de legalidad en cuanto a los límites que la ley prevé. Ejemplo de esto último, podría ser la imposición de medidas distintas a las previstas por la ley, o la imposición prohibida en ciertos casos. Otro rango de supuestos que son revisables por la jurisdicción constitucional, específicamente por vía de amparo, es cuando se quebranta, disminuye, o pone en peligro el ejercicio de un derecho fundamental garantizado por la Constitución de la República o por un instrumento internacional de derechos humanos. Tomando en cuenta esto, este alto tribunal de justicia, observa que la fiscalía señala que se ha lesionado el derecho al debido proceso, atendiendo a las razones siguientes: Se reprocha que la judicatura y el tribunal de alzada, no tomaron en cuenta: a) el perjuicio ocasionado a la sociedad, por ende la gravedad de la pena, que provoca la inminente posibilidad de fuga de los encausados y su interés de obstaculizar e intervenir la investigación; b) omisión de pronunciarse en forma puntual a los agravios expuestos en la apelación, es decir alega falta de motivación congruente; c) contravención al principio de legalidad, en relación a que la caución por medio de fianza bancaria no se encuentra entre las comprendidas en el artículo 193 del Código Procesal Penal. En relación al primer punto identificado con el inciso a), es decir al peligro de fuga o de obstrucción a la investigación, la Sala observa que ese asunto fue bastante debatido en la audiencia de revisión de medida; cada una de las partes hizo los argumentos y tuvo la oportunidad de presentar la prueba que estimó pertinente; finalmente tuvieron la oportunidad procesal de acceder a los medios de impugnación que la norma procesal penal les provee. Al respecto los señalamientos que hace la fiscalía en amparo, contra la decisión que impugna, no son diferentes a los que hizo ante las dos instancias de jurisdicción ordinaria. La Sala en consecuencia no encuentra asidero para someter el asunto a control constitucional, habida cuenta de que el asunto fue debatido y resuelto, observándose por tanto los principios de oralidad, contradicción e inmediación, garantizándose a cada una de las partes el ejercicio pleno de sus atribuciones procesales. Con relación a la motivación congruente, identificado con el inciso b), este alto tribunal observa que por un lado las partes tuvieron amplio espacio para debatir sus pretensiones y sus alegaciones; y por otro lado el juez dictó sus resoluciones de manera, si bien es cierto, no con una motivación abundante y por otro lado detallada, por lo menos aceptable. Pues deja claro cómo mínimo que en su fuero de interpretación y discrecionalidad, las medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad, serán suficientes para logar los fines del proceso penal de mérito. Por supuesto que la Sala está consciente de que en este punto, se podría mejorar la técnica jurídica procesal, tanto por parte de los abogados de cada una de las partes, como de los órganos jurisdiccionales que intervinieron en este asunto, en orden de alegar y argumentar debidamente los elementos de idoneidad y proporcionalidad. En relación con el tercer punto, identificado con el inciso c), o sea la posible violación del principio de legalidad, referida en este caso puntual a la falta de mención de la fianza bancaria, como medio de caución permitida por la ley, este alto tribunal de justicia, en principio toma lo dispuesto por el artículo 193 del Código Procesal Penal, en cuanto señala: “La caución podrá ser fianza, o garantía real. La fianza podrá otorgarla todo aquel que tenga capacidad para contratar y disponer y que sea propietario de bienes suficientes para responder por la cuantía de la caución establecida por el juez. Tales bienes podrán ser muebles, inmuebles o depósitos bancarios y, su existencia se probará con los atestados o certificaciones correspondientes. La caución real se constituirá mediante hipoteca, prenda o depósito de dinero. Si la caución es prestada por persona distinta del imputado, aquélla no gozará del beneficio de la excusión. Con autorización del Juez, podrá sustituirse la caución rendida por otra equivalente.” Esta disposición legal tiene como origen, dar cumplimiento a la norma constitucional que dice: “Artículo 93. Aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley.” Entonces, relacionando una norma con la otra, lo que tenemos como conclusión es: (1) La Constitución de manera expresa dispone el principio de reserva de ley en materia de cauciones para sustituir la privación cautelar de la libertad en un proceso penal. (2) En consecuencia, solamente por medio de la ley, el Estado puede definir los límites, la forma, los requisitos o presupuestos, para que se imponga de manera cautelar la privación de la libertad personal, o pueda ser garantizada de manera distinta la eficacia del proceso. (3) Por tanto la discrecionalidad judicial se limita, reservándola únicamente en relación con: a) las condiciones de hecho para imponerla (idoneidad); y b) la cuantía (proporcionalidad). Siempre en relación con el principio de legalidad, el artículo 193 citado, permite aclarar la calidad o condiciones del que rinde la caución (sujeto) y la calidad y formas de prestación de ésta última (objeto). La Sala observa que el artículo 193 citado, autoriza para que sea un tercero quien rinda caución; y en este sentido la Sala no encuentra razón para excluir per se a las entidades bancarias. Salvo que esto suponga comprometer la eficacia del proceso, en relación con la permanencia del procesado en el juicio. En relación con el objeto, o sea la caución misma, la norma citada establece que el depósito de dinero se tendrá como garantía real, por lo que cabe preguntarse lo siguiente: Si la garantía bancaria se ha de tener como una fianza o una garantía real; o en último caso, ninguna de las dos. Una aparente solución a la pregunta sería descartar que la garantía bancaria constituya una garantía real, debido a que no se encuentra en la lista que provee el artículo 193 del Código Procesal Penal ; sin embargo profundizando más en el asunto, la Sala encuentra que nuestro Código Civil en el artículo 2021, define a la fianza así: “Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.” Por otra parte, en relación con el depósito, nuestro Código Civil dispone que éste se constituya desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla; luego de manera específica el Código de Comercio en el artículo 957 dispone, que el depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o moneda extranjera, transfiere la propiedad al banco depositario, y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie. En este caso la obligación de conservación y custodia se cumple con el mantenimiento de valores económicos equivalentes a los bienes depositados, en la forma y límites que determine la ley, y no queda excluida por el uso de los mismos por parte del depositario. Con todo lo anteriormente expuesto es evidente entonces que la caución que consiste en prestar una garantía bancaria a efecto de que el proceso penal continúe y se desarrolle de forma normal, es una fianza y no un depósito de dinero. Eso trae como consecuencia que la garantía bancaria al ser una fianza, estaría comprendida dentro del ámbito de aplicación del párrafo primero del artículo 193 del Código Procesal Penal, y por ende sería una caución que cumple con el principio de legalidad. Esto únicamente desde el punto de vista formal, pero que analizada desde el punto de vista material, teleológico, o sea desde el fin que se persigue podría no ser así. Para saber si la garantía bancaria cumple con la función que tienen las cauciones en materia cautelar penal, es necesario cuestionar su idoneidad para garantizar la presencia del imputado en el proceso. No obstante, el Ministerio Público, en el caso sub examine ha hecho cuestionamientos bastante generales, sin dar elementos concretos y visibles que puedan servir para que el juzgador decida imponer la medida cautelar más gravosa en términos de libertad provisional. No basta decir que no se cumplen los presupuestos de legitimación, deben señalarse estos con puntualidad, explicando o dando razones concretas del porqué así lo estima. En este sentido la carga de alegación y acreditación para sustentar la presente garantía de amparo, obligaba al Ministerio Público. Sin embargo a criterio de este alto tribunal el cumplimiento que hizo de esta carga procesal fue insuficiente. Es por ello que a criterio de este alto tribunal de justicia corresponde desestimar la presente garantía constitucional de amparo. Advirtiendo que las circunstancias que pudieron servir para la imposición de las actuales medidas cautelares pueden variar y por ende el juzgador podrá previo cumplimiento de las garantías judiciales, decidir su modificación"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"La Sala de lo Constitucional, respecto de esta decisión, señala y subraya, que ésta habrá de tomarse, atendiendo al principio pro homine, la cual implica, que será preferentemente aplicable la de mayor beneficio para el ser humano, o al menos, la que sea menos gravosa. Siendo en este caso el sujeto de dicha aplicación, el imputado. De manera que la libertad es la regla general y su excepción la prisión preventiva. En la práctica del principio pro homine, cabe señalarse además de que, si como en caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. La aplicación de una norma, deberá siempre interpretarse en la forma que mejor tutele los derechos de la persona. En el caso sub iudice la contienda en materia cautelar, entre la defensa y la fiscalía, ha sido para que el juzgador se decante entre: la imposición de prisión preventiva, que es la más limitativa de la libertad personal y la rendición de garantía o caución, que por el contrario es la medida menos limitativa de dicho derecho fundamental"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."La Sala de lo Constitucional, respecto de esta decisión, señala y subraya, que ésta habrá de tomarse, atendiendo al principio pro homine, la cual implica, que será preferentemente aplicable la de mayor beneficio para el ser humano, o al menos, la que sea menos gravosa. Siendo en este caso el sujeto de dicha aplicación, el imputado. De manera que la libertad es la regla general y su excepción la prisión preventiva. En la práctica del principio pro homine, cabe señalarse además de que, si como en caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. La aplicación de una norma, deberá siempre interpretarse en la forma que mejor tutele los derechos de la persona. En el caso sub iudice la contienda en materia cautelar, entre la defensa y la fiscalía, ha sido para que el juzgador se decante entre: la imposición de prisión preventiva, que es la más limitativa de la libertad personal y la rendición de garantía o caución, que por el contrario es la medida menos limitativa de dicho derecho fundamental. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala de lo Constitucional a continuación entra a examinar los alegatos que el Ministerio Publico expuso en su escrito de formalización de la presente garantía de amparo. Al hacerlo, este alto tribunal observa que el petente en su garantía de amparo, denuncia que la decisión del ad quem violenta el derecho de debido proceso y el principio de legalidad, ambos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. De igual manera cita como violentados los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Básicamente sustenta su alegatoen que la juez de primera instancia, modificó la prisión preventiva que previamente había impuesto, sustituyéndola por otras medidas cautelares distintas a la privación de libertad, sin existir cambios en los presupuestos legitimadores que variaran las circunstancias, por lo que es del criterio que la decisión de la a quo, careció de legitimidad. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional observa que después de que se impuso la medida de prisión preventiva, se celebraron audiencias para debatir la procedencia de cambio de medida. También observa que en dichas audiencias hubo aporte de nuevos elementos, tanto argumentos como medios de prueba, dirigidos ambos en razón de demostrar que no existe peligro de fuga o de obstruir la investigación. De manera que este alto tribunal de justicia, no sigue al Ministerio Público en su alegato de que no concurrieron nuevos elementos en relación con la existencia de presupuestos legitimadores. Los hubo, y con base en ellos fue que la juzgadora de primera instancia tomó su decisión. De manera que para la Sala, al menos desde el punto de vista procesal, la a quo estaba legitimada para revisar su decisión y tomar una decisión distinta a la inicial. Ahora bien, distinto es, que la jueza haya tomado una decisión incorrecta y que las previsiones asumidas como idóneas para salvaguardar el proceso, tanto en razón de asegurar la presencia de los encartados, como la viabilidad de la investigación, no sean las mejores. Dicho examen corresponde a los órganos jurisdiccionales de orden común. La revisión constitucional a tal decisión es la verificación de que la decisión tomada es arbitraria o sea sin motivación; o bien, que existiendo motivación esta resulta ser insuficiente, absurda o sin observar el principio de legalidad en cuanto a los límites que la ley prevé. Ejemplo de esto último, podría ser la imposición de medidas distintas a las previstas por la ley, o la imposición prohibida en ciertos casos. Otro rango de supuestos que son revisables por la jurisdicción constitucional, específicamente por vía de amparo, es cuando se quebranta, disminuye, o pone en peligro el ejercicio de un derecho fundamental garantizado por la Constitución de la República o por un instrumento internacional de derechos humanos.[7] Tomando en cuenta esto, este alto tribunal de justicia, observa que la fiscalía señala que se ha lesionado el derecho al debido proceso, atendiendo a las razones siguientes: Se reprocha que la judicatura y el tribunal de alzada, no tomaron en cuenta: a) el perjuicio ocasionado a la sociedad, por ende la gravedad de la pena, que provoca la inminente posibilidad de fuga de los encausados y su interés de obstaculizar e intervenir la investigación; b) omisión de pronunciarse en forma puntual a los agravios expuestos en la apelación, es decir alega falta de motivación congruente; c) contravención al principio de legalidad, en relación a que la caución por medio de fianza bancaria no se encuentra entre las comprendidas en el artículo 193 del Código Procesal Penal. En relación al primer punto identificado con el inciso a), es decir al peligro de fuga o de obstrucción a la investigación, la Sala observa que ese asunto fue bastante debatido en la audiencia de revisión de medida; cada una de las partes hizo los argumentos y tuvo la oportunidad de presentar la prueba que estimó pertinente; finalmente tuvieron la oportunidad procesal de acceder a los medios de impugnación que la norma procesal penal les provee. Al respecto los señalamientos que hace la fiscalía en amparo, contra la decisión que impugna, no son diferentes a los que hizo ante las dos instancias de jurisdicción ordinaria. La Sala en consecuencia no encuentra asidero para someter el asunto a control constitucional, habida cuenta de que el asunto fue debatido y resuelto, observándose por tanto los principios de oralidad, contradicción e inmediación, garantizándose a cada una de las partes el ejercicio pleno de sus atribuciones procesales. Con relación a la motivación congruente, identificado con el inciso b), este alto tribunal observa que por un lado las partes tuvieron amplio espacio para debatir sus pretensiones y sus alegaciones; y por otro lado el juez dictó sus resoluciones de manera, si bien es cierto, no con una motivación abundante y por otro lado detallada, por lo menos aceptable. Pues deja claro cómo mínimo que en su fuero de interpretación y discrecionalidad, las medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad, serán suficientes para logar los fines del proceso penal de mérito. Por supuesto que la Sala está consciente de que en este punto, se podría mejorar la técnica jurídica procesal, tanto por parte de los abogados de cada una de las partes, como de los órganos jurisdiccionales que intervinieron en este asunto, en orden de alegar y argumentar debidamente los elementos de idoneidad[8] y proporcionalidad.[9] En relación con el tercer punto, identificado con el inciso c), o sea la posible violación del principio de legalidad, referida en este caso puntual a la falta de mención de la fianza bancaria, como medio de caución permitida por la ley, este alto tribunal de justicia, en principio toma lo dispuesto por el artículo 193 del Código Procesal Penal, en cuanto señala: “La caución podrá ser fianza, o garantía real. La fianza podrá otorgarla todo aquel que tenga capacidad para contratar y disponer y que sea propietario de bienes suficientes para responder por la cuantía de la caución establecida por el juez. Tales bienes podrán ser muebles, inmuebles o depósitos bancarios y, su existencia se probará con los atestados o certificaciones correspondientes. La caución real se constituirá mediante hipoteca, prenda o depósito de dinero. Si la caución es prestada por persona distinta del imputado, aquélla no gozará del beneficio de la excusión. Con autorización del Juez, podrá sustituirse la caución rendida por otra equivalente.” Esta disposición legal tiene como origen, dar cumplimiento a la norma constitucional que dice: “Artículo 93. Aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley.” Entonces, relacionando una norma con la otra, lo que tenemos como conclusión es: (1) La Constitución de manera expresa dispone el principio de reserva de ley en materia de cauciones para sustituir la privación cautelar de la libertad en un proceso penal. (2) En consecuencia, solamente por medio de la ley, el Estado puede definir los límites, la forma, los requisitos o presupuestos, para que se imponga de manera cautelar la privación de la libertad personal, o pueda ser garantizada de manera distinta la eficacia del proceso. (3) Por tanto la discrecionalidad judicial se limita, reservándola únicamente en relación con: a) las condiciones de hecho para imponerla (idoneidad); y b) la cuantía (proporcionalidad). Siempre en relación con el principio de legalidad, el artículo 193 citado, permite aclarar la calidad o condiciones del que rinde la caución (sujeto) y la calidad y formas de prestación de ésta última (objeto). La Sala observa que el artículo 193 citado, autoriza para que sea un tercero quien rinda caución; y en este sentido la Sala no encuentra razón para excluir per se a las entidades bancarias. Salvo que esto suponga comprometer la eficacia del proceso, en relación con la permanencia del procesado en el juicio..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía de amparo interpuesta a favor del ESTADO DE HONDURAS por la agente de tribunales del Ministerio Público, abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, en contra de la resolución dictada en fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, por la honorable CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual desestimó el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y confirmó la resolución dictada por el honorable JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de julio de dos mil quince, con relación a la causa instruida en contra de los señores SHUCRY LUIS KAFFIE LARACH, JUAN ALBERTO MADRID CASACA Y EDGARDO QUIROZ MORENO, por suponerlos responsables de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, FRAUDE Y ESTAFA en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ANTECEDENTES PROCESALES 1) Que en fecha tres de junio de dos mil quince, los abogados CLAUDIA CAROLINA REYES PONCE y HÉCTOR MORALES, actuando en su condición de fiscales del Ministerio Público, comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán presentando requerimiento fiscal contra los señores MARIO ROBERTO ZELAYA y JOSÉ RAMÓN BERTETY OSORIO, en su condición de miembros de la Dirección Superior del Instituto Hondureño de Seguro Social, suponiéndoles responsables de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ydelINSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL; HUGO ALBERTO MEJÍA LÓPEZ, RENÉ ISRAEL MEDINA ROMERO, DONALD RENIERY VELÁSQUEZ OVIEDO LISANDRO RENÉ PONCE ROSALES y EDGARDO QUIROZ MEJÍA, en su condición de miembros del comité de evaluación, por suponerlos responsables de los delitos FRAUDE YVIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ydelINSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL; ycontra los señoresSHUCRY LUIS KAFFIE LARACH y JUAN ALBERTO MADRID CASACA, en su condición de miembros de la empresa privada vinculada a la Distribuidora Metropolitana, Sociedad Anónima de Capital Variable(DIMESA). 2) Que en fecha veintitrés de julio de dos mil quince, el referido juzgado, celebró audiencia de revisión de medidas, mediante la cual resolvió: “… I. DeclararCON LUGAR, la petición de la defensa del señorEDGARDO QUIROZ MORENO, a quien se le supone responsable de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraudeen el sentido de acceder al cambio de medida solicitado para lo cual se acepta la garantía real hipotecaria ofrecida consistente en un inmueble ubicado en la residencial Los Girasoles bloque E, casa número 2, para lo cual deberá hacerse el trámite correspondiente en el Instituto de la Propiedad, el cual deberá ser debidamente acreditado en esta judicatura por lo que se sustituye la medida cautelar de prisión preventiva por las contempladas en el artículo 173 numerales 6 consistente en la presentación periódica ante este juzgado los días 15 y 30 de cada mes, así también el numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, así como también una fianza hipotecaria a favor del Estado de Honduras;… II. En relación a los imputados Shucri Luis Kaffie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, siendo que el Ministerio Público manifiesta que la caución ofrecida no es suficiente; y siendo que el artículo 141 del Código Penal en su último párrafo establece: que el agente además de la pena será sancionado con una multa igual al 10% del valor defraudado en este caso se le aplica dicha regla para que la fianza ofrecida por su defensa sea proporcional a la cantidad defraudada, por lo que haciendo una operación aritmética el 10% de la cantidad defraudada en este caso ascendería a Lps. 103,022,170.00 por lo que en este acto se le impone a los señores Shucry Luis Kaffie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, pagar una fianza depositaria a favor del Estado de Honduras por la cantidad de Lps. 103,000,000.00; debiendo depositar el señor Shucri Luis Kaffie Larach, una fianza por la cantidad de Los. 90,000,000.00 y el señor Juan Alberto Madrid Casaca, una fianza por la cantidad de Los. 13,000,000.00, para hacer un total de 103,000,000.00, misma que deberá ser depositada en el Banco Central de Honduras; por lo que se sustituye la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los imputados en el caso del señor Juan Madrid se sustituye la medida cautelar de prisión preventiva por las contempladas en el artículo 173 numerales 6 consistente en la presentación periódica ante este juzgado los días 15 y 30 de cada mes, numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país y así también se impone el numeral 10 del CPP consistente en una fianza a favor del Estado de Honduras por la cantidad de Los. 13,000,000.00; en el caso del señor Shucri Kaffie, se sustituye la medida cautelar de prisión preventiva por las contempladas en el artículo 173 numerales 6 consistente en la presentación periódica ante este juzgado los días 15 y 30 de cada mes y conforme al numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, no se le aplica al señor Shucri Luis Kaffie Larach, ya que el mismo ostenta la condición de cónsul honorario, por lo que sus funciones como tal requiere en ocasiones la salida del país, así también se impone el numeral 10 del CPP consistente en una fianza a favor del Estado de Honduras por la cantidad de Lps. 90,000,000.00; …” (Folios del 1164 al 1173, del tomo número III de los antecedentes). 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los abogados CLAUDIA CAROLINA REYES PONCE y HÉCTOR MORALES, en su condición antes indicada, y por el abogado PEDRO ENRIQUE ESCOBAR COREA en representación de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra la resolución de fecha veintitrés de julio de dos mil quince, y de la que se hace referencia en el numeral que antecede, la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán dictó resolución en fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, mediante la cual resolvió declarando no ha lugar los recursos de apelación interpuestos y en consecuencia confirmó la resolución apelada. (Folios del 60 al 62 de la pieza de amparo). 4) Que la abogada KARLA PATRIA GARCÍA ARITA, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fecha catorce de enero de dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del ad quemde fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 5) Que en fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito, omitiéndose la vista al fiscal del despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación al derecho de debido proceso y al principio de legalidad, ambos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; asimismo los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que en el caso de autos, el Ministerio Público fundamenta su escrito de amparo en que el iudex a quo modificó la prisión preventiva sin estar legitimado para hacerlo, debido a que no hubo cambios en los presupuestos legitimadores que permitieron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. La fiscalía justifica además, que la medida de prisión preventiva debe ser aplicada por el reproche social que ha provocado el presente caso. Manifiesta la petente que en el caso del ciudadano Schucry Kaffie Larach la medida de fianza bancaria o aseguradora y la presentación al juzgado cada quince días, más la prohibición de salir del país, no son las idóneas para los fines del proceso, si se considera la gravedad de la pena a imponer por los delitos imputados y la importancia del daño por indemnizar en caso de condena, así como el perjuicio ocasionado a la sociedad; asimismo indica la fiscal que el juzgado no ha considerado que debido al cargo que éste ocupaba, existe el peligro latente de que el encausado pueda obstruir la continuación de las investigaciones, influyendo en el personal que aún labora en la institución. En el caso del encartado Juan Alberto Madrid Casaca, la fiscal señala que el ad quemomitió pronunciarse sobre la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva por las de: fianza bancaria o aseguradora, prohibición del salir del país y la presentación al juzgado cada quince días. De manera que en opinión de la fiscalía la decisión carece de motivación y es carente de congruencia al no haberse todas las pretensiones planteadas en el escrito de impugnación. Básicamente la petente reclama que en el caso sub iudice se mantienen los presupuestos del artículo 178 del Código Procesal Penal, citando: 1. El peligro de fuga. 2. la posible obstrucción de la investigación. 3. El riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva, desde la cual pueda entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otros imputados. 4. El riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del acusador o denunciante. Reclama que se cumplen los presupuestos que ofrece el artículo 179 del Código Procesal Penal en relación con el peligro de fuga, citando en ese sentido: las facilidades con que cuenta el imputado para abandonar el territorio o permanecer oculto; la gravedad de la pena que pueda imponerse y la importancia del daño que deba indemnizar. Asimismo en relación con los presupuestos del peligro de obstrucción que se encuentran en el artículo 180 del Código Procesal Penal, expresa que se cumplen los siguientes: a) puede influenciar a los testigos, demás acusados, etc.; y b) entorpecer el desarrollo normal del proceso y las investigaciones que sean pertinentes. La agente de tribunales del Ministerio Público alega que hubo violación al debido proceso por parte del tribunal de alzada, debido a que la resolución de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, no da efectiva respuesta a la totalidad de agravios planteados en el escrito de apelación, incumpliendo la máxima latina: Tantum apellatum, cuantumdevolutum, según la cual los tribunales de alzadas quedan supeditados al principio dispositivo. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de los argumentos de los órganos jurisdiccionales. La Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán en su sentencia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, por unanimidad de votos resolvió desestimar el recurso de apelación interpuesto por los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, decidiendo confirmar la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán. La decisión del iudex a quo fue dictada en audiencia de revisión de medida, celebrada el viernes veintitrés de julio de dos mil quince, en la que se declaró con lugar la petición de la defensa de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva dictada a cada uno de los procesados por otras distintas a la privación de libertad. En resumen la motivación del tribunal de alzada se sustenta en que en el caso del imputado Edgardo Quiroz Moreno, si bien como señala el Ministerio Público no existe un avaluó actual del inmueble, porque el mismo fue adquirido en 1984, si se acredita la propiedad del mismo que está libre de gravamen, se encuentra además el estudio socio económico de la familia del imputado, por lo que las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva son las adecuadas. En el caso del señor Shucry Kafie Larach, la corte de apelaciones estimó que el cambio de medida realmente garantiza la presencia del imputado en el proceso; señaló que él rindió una fianza de noventa millones de lempiras, cantidad que la a quo solicitó de acuerdo al supuesto fraude y que se puede hacer efectiva en caso de ser necesario. Abordando el tema de la gravedad alegada por el Ministerio Público en su apelación, el tribunal de alzada expone que además de la gravedad del delito el juzgador debe ponderar los derechos del imputado, tanto como los fines del proceso. En el presente caso, la corte reconoció que si bien es cierto existe la gravedad que apunta el Ministerio Público, también es cierto que la Constitución establece que ninguna persona puede ser llevada a la cárcel, ni será detenida en ella, si otorga caución suficiente; remitiéndose luego a la ley procesal indicando que es la apropiada para fijar los límites de dicha caución. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si existe quebrantamiento al debido proceso legal y al principio de legalidad, contenidos por su orden en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Sala de lo Constitucional hace el examen de fondo, analizando en principio las incidencias que ocurrieron durante el proceso que se relacionan con la decisión de los órganos jurisdiccionales de instancia de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por otras que no implican privación de libertad a los encausados Edgardo Quiroz Moreno, Schucry Luis Kaffie Larach; y Juan Alberto Madrid Casaca. Asimismo se incluye dentro del presente examen, las razones materiales y jurídicas que sustentan la decisión de dichos órganos, como también los argumentos de cada una de las partes involucradas en el proceso penal. A continuación se exponen de manera sucinta algunas de las situaciones y cuestiones examinadas por este alto tribunal, separando en la parte denominada I, los momentos procesales relacionados con este tema, para luego en la parte II, verificar el material argumentativo de la decisión en conjunto, con las alegaciones de las partes. Finalmente en la parte III, la Sala expone sus propios argumentos que fundamentan su decisión. La Sala de lo Constitucional, verifica los principales momentos procesales que tuvieron lugar en relación con la imposición de medidas cautelares, destacando los siguientes: En fecha tres de junio del año dos mil quince, se entabló requerimiento fiscal en contra de varios encausados, de los cuales para efectos del presente amparo, se mencionan únicamente a los ciudadanos: a)Edgardo Quiroz Moreno, a quien se le responsabiliza de haber cometido los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, tipificados en los artículos 376 y 349 numeral 3 del Código Penal respectivamente; b) Schucry Luis Kaffie Larach; y c) Juan Alberto Madrid Casaca, a quienes se les sindica como responsables de haber cometido el delito de estafa. Consta en autos que la a quo dictó en la audiencia de declaración de imputados de fecha doce de junio de dos mil quince, auto de formal procesamiento a todos los imputados, imponiéndoseles la medida cautelar de prisión preventiva. En fecha diecisiete del mismo mes y año, se celebró la audiencia inicial, en la que la jueza del despacho mantuvo su decisión en relación a la medida cautelar de prisión preventiva. También consta que en fecha veintitrés de julio de dos mil quince se celebró la audiencia de revisión de medidas, en donde la a quo accedió a las peticiones planteadas por las defensas de los señores Edgardo Quiroz Moreno, Schucry Luis Kaffie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, resolviendo modificar, la medida cautelar de prisión preventiva a favor del señor Edgardo Quiroz Moreno, sustituyéndola por una fianza hipotecaria garantizada con un bien inmueble, la presentación cada quince días al juzgado, así como la prohibición de salir del país. Asimismo modifico la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los señores Schucry Luis Kaffie Larachy Juan Alberto Madrid Casaca. En ambos casos se sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva, sustituyéndola por una fianza bancaria o de aseguradora y la presentación al juzgado cada quince días. Al señor Madrid Casaca además se le impuso la prohibición de salir del país y en cambio al señor Kaffie Larach, se le autoriza salir del país cada vez que lo requiera. Posteriormente el Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra la resolución mencionada, dictada en audiencia de revisión de medidas. Dicho recurso fue resuelto por la honorable Corte de Apelaciones Penal de la sección judicial de Francisco Morazán mediante resolución de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince, en la que se resolvió: desestimar la apelación interpuesta por el Ministerio Público y confirmar la decisión de sustituir la medida de prisión preventiva por otras distintas a la de privación de libertad. La corte de apelaciones decidió desestimar el recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma por el Ministerio Público. II. De inicio este alto tribunal de justicia observa que la resolución impugnada mediante amparo, la cual confirma la decisión del a quo, no contradice ni altera los fundamentos de este último, de manera que hace suyos los argumentos que tuvo la primera instancia. Tomando en cuenta esto, la Sala de lo Constitucional al analizar el contenido de los argumentos, tanto de los órganos jurisdiccionales como los de las partes involucradas, destaca en forma resumida los siguientes: El defensor del ciudadano Edgardo Quiroz Moreno para sustentar la sustitución de la prisión preventiva, presentó en la audiencia de revisión un estudio socioeconómico de su representado para acreditar su arraigo, el cual fue emitido por la licenciada en Trabajo Social, Sandra Dolores Sosa Merlo. En dicho documento se expresa que dicho encartado es una persona que trabajó durante cuarenta y cuatro años para el IHSS y que tiene una familia debidamente constituida. El defensor además en dicha audiencia manifestó que su patrocinado tiene la voluntad de someterse al proceso. También manifestó que en un principio se había ofrecido la cantidad de cincuenta a sesenta mil lempiras de fianza, pero que la capacidad económica de su representado en realidad no le permite cubrir dicha cantidad, por lo que solicitó en dicho acto que le fuera aceptada su casa de habitación, la cual está a su nombre y el de su esposa, asimismo señala que ésta se encuentra libre de gravamen. Aclara que su representado no tiene posibilidad de interferir en el proceso de investigación. Luego durante la misma audiencia de revisión de medidas le fue cedida la palabra al defensor de los señores Schucry Luis Kaffie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, quien alegó a favor de estos, el hecho de que ambos se presentaron al proceso en forma voluntaria. Por otra parte sostuvo que estos no tienen las facultades y la capacidad para poder obstruir la investigación, y que en todo caso para garantizar que ésta se efectúe sin problemas, la ley ya prevé otras medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Alega que se acreditó el arraigo de ambos encausados, así como su ocupación y actividades a las que se dedican. Dicho defensor manifestó que había presentado en el proceso, resoluciones en donde los juzgados habían accedido en imponer medidas sustitutivas a la prisión preventiva por delitos con sanciones más gravosas en comparación con las que podrían enfrentar sus representados. En ese sentido invoca el principio constitucional de igualdad ante la ley. En el caso específico del ciudadano Schucry Luis Kaffie Larach, solicitó que se tomara en consideración la documentación extendida por médicos nacionales y extranjeros, con la que se acredita la condición precaria de su salud. También en referencia a dicho encausado, anuncia la presentación de documentación que demostraría que el consulado donde presta sus servicios se encuentra cerrado. Acto seguido el defensor procedió a ofrecer una fianza a favor del señor Schucry Luis Kaffie Larach por la cantidad de cincuenta millones de lempiras; y por el señor Juan Alberto Madrid Casaca una fianza por la cantidad de diez millones de lempiras. Explica que la sociedad DIMESA constituyó una fianza para la ejecución del contrato que suscribió con el IHSS, por la cantidad aproximada de tres millones de dólares, que equivale más o menos a la cantidad de sesenta millones de lempiras, cantidad que manifestó, venía siendo el valor equivalente que fue ofrecido en aquél momento. Sin embargo el defensor hizo ver que aceptaba que el juez aumentara la cantidad ofrecida. El Ministerio por su parte se opuso al cambio de medida; refiriéndose al caso del señor Edgardo Quiroz Moreno, manifestó que el estudio socioeconómico no hacía desaparecer los presupuestos legitimadores que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva. De igual manera, manifestó que en el caso del señor Schucry Luis Kaffie Larach, el Código Procesal Penal, nada dice sobre la documentación que acredita su estado de salud y la que se refiere a sus obligaciones como cónsul; asimismo que esto no hacia desaparecer los presupuestos legitimadores de la medida de prisión preventiva. Refiriéndose al peligro de fuga, el Ministerio Público expresó que en cuanto al arraigo debía tomarse en cuenta, las facilidades que tiene para abandonar el país o permanecer oculto. Por otra parte el Ministerio Público señaló que le parecía insuficiente la fianza ofrecida para garantizar el normal desarrollo del proceso y asimismo el cumplimiento con lo establecido en el artículo 172 del Código Procesal Penal. Luego añadió que estas personas se encontraban en estado de no habidos y que las investigaciones en relación con este tema continuaba, por lo que ratificó su negativa de que se cambiara la medida de prisión preventiva, considerando que no habían desparecido los presupuestos legitimadores por los cuales se les impuso. Tomando en consideración también que el señor Schucry Luis Kaffie Larach no ha estado recluido por estar hospitalizado. La jueza de primera instancia luego de escuchar los argumentos de una y otra parte, dispuso imponer al señor Juan Alberto Madrid Casaca, la medida cautelar de rendir caución suficiente, aceptándole la garantía real hipotecaria ofrecida, consistente en un inmueble de su propiedad y de su esposa; asimismo le impuso, comparecer los días quince y treinta de cada mes, debiendo firmar el respectivo control; y por último la prohibición de salir del país. En el caso de los señores Schucry Luis Kaffie Larachy Juan Alberto Madrid Casaca, la jueza manifiesto que en consideración a que el Ministerio Público expresó que la caución ofrecida era insuficiente, dispuso fijarla aplicando la misma regla que se encuentra en el párrafo final del artículo 141 del Código Penal. De esa manera aplicó un diez por ciento al valor defraudado, quedándole la cifra de ciento tres millones veintidós mil ciento setenta lempiras, por lo que impuso a los señores Schucry Luis Kaffie Larachy Juan Alberto Madrid Casaca, el pago de una fianza depositaria a favor del Estado de Honduras por la cantidad de ciento tres millones de lempiras; debiéndose depositar por el señor Schucry Luis Kaffie Larachla cantidad de noventa millones de lempirasy por el señor Juan Alberto Madrid Casaca, la cantidad de trece millones de lempiras. Cantidades que por decisión de la juez deberán ser depositadas a favor del Estado de Honduras en el Banco Central. Además de esta medida cautelar, la jueza decidió sustituir la prisión preventiva de los señores Schucry Luis Kaffie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, por la medida que les obliga a comparecer los días quince y treinta de cada mes, firmando el respectivo control. En relación a la medida de no salir del país, sólo se la impone al señor Juan Alberto Madrid Casaca; porque en el caso del señor Schucry Luis Kaffie Larach, la jueza tomando en cuenta su cargo de cónsul honorario dispone que no se le aplique. Seguidamente el Ministerio Público interpuso reposición expresando que el defensor del señor Edgardo Quiroz Moreno, no presentó la documentación que acreditara la existencia, propiedad, valor, ubicación y libertad de gravamen del inmueble que serviría de fianza hipotecaria. Asimismo que ratifica los argumentos esgrimidos durante la audiencia. Sin embargo al respecto, se acota que más adelante durante la audiencia el defensor de dicho imputado señaló que había acompañado al expediente fotocopia de la escritura del inmueble y la constancia de libertad de gravamen; asimismo informó que acompañaría el original. Luego con relación al señor Schucry Luis Kaffie Larach, el Ministerio Público repitió lo mismo haciendo referencia a que los presupuestos legitimadores no habían desaparecido, ni la gravedad de la pena, ni las facilidades de fuga o de ocultarse por parte de éste. Seguidamente, la defensa de los señores Schucry Luis Kaffie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, solicitó la ampliación de la decisión de rendir la garantía que se exige, ofreciendo una fianza bancaria o de aseguradora, alegando para ello un caso en donde intervino como juez el presidente de la Corte Suprema de Justicia, periodo 2009-2016 y aceptó este tipo de fianza. Cita para ello lo dispuesto por el artículo 60 constitucional en relación con el principio de igualdad. A esta petición el Ministerio responde oponiéndose debido a que el artículo 193 del Código Procesal Penal no incluye la fianza bancaria. La juez resolvió la reposición interpuesta por el Ministerio Público, declarándola sin lugar. Por otra parte declaró con lugar la reposición que fue interpuesta por la defensa de los señores Schucry Luis Kaffie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca. En este último caso la a quoaceptó la garantía bancaria como fianza judicial; al respecto manifiesta que ésta se estará remitiendo al Banco Central a favor del Estado y tendrá un año de vigencia renovable, para lo cual la jueza dispuso que la defensa hiciera el trámite correspondiente y que una vez elaborada la apud acta y los certificados de garantía de fianza judicial, se levantarían las respectivas actas de medidas y se estarían enviando las notas de excarcelación al primer batallón de infantería con el fin de que los encartados gocen de inmediata libertad. Todas estas decisiones fueron impugnadas por vía de apelación. La Sala de lo Constitucional constata que el Ministerio Público al expresar agravios alegó que la juez concedió la medida de fianza hipotecaria a favor del señor Edgardo Quiroz Moreno sin hacer ningún avalúo previo que permitiese conocer su valor real y actual. En relación con el señor Schucry Luis Kaffie Larach reclama que la juez le concedió la autorización para salir del país cada vez que él así lo quiera. También reclamó que se haya concedido a los señores Schucry Luis Kaffie Larachy Juan Alberto Madrid Casaca, la sustitución de la prisión preventiva por una fianza de tipo bancaria o de aseguradora, sin tomar en consideración que el artículo 193 del Código Procesal Penal establece con claridad que los bienes para responder por la cuantía de la caución podrán ser muebles, inmuebles o depósitos bancarios, y que su existencia se probará con los atestados o certificaciones correspondientes; o sea que en ningún momento se autoriza la fianza bancaria o de aseguradora, la cual es utilizada para el ejercicio de actos de comercio, cuyo fin es garantizar el cumplimiento de una obligación mercantil. El Código Procesal Penal, dice el Ministerio Público, se refiere a depósitos bancarios, aclarando que entonces se trata de dinero en efectivo; para más luz al respecto, indica que el artículo 197 al establecer la cancelación de las cauciones señala que se ha de devolver el dinero depositado, o que se libre la prenda o la hipoteca. El Ministerio Público también menciona que existe una desigualdad de trato en relación al monto de la fianza que acepta de parte de los señores Schucry Luis Kaffie Larachy Juan Alberto Madrid Casaca, en relación con el señor Edgardo Quiroz Moreno, haciendo ver que por la comisión del mismo delito a los primeros se les fija una cantidad de noventa millones y trece millones respectivamente; y al último la hipoteca de un inmueble de valor incierto. Finalmente el Ministerio Público, nuevamente alega lo referente a que considera que los presupuestos legitimadores que sirvieron para la imposición de la prisión preventiva no han variado y que por ende no procede su sustitución por otras medidas distintas a la privación de libertad. En este sentido vuelve a referirse en términos generales: el peligro de fuga debido a las facilidades que tienen los encartados para evadir la justicia; la importancia del daño por indemnizar; la gravedad de la pena; y el riesgo de afectar u obstruir la investigación, cumpliéndose en este caso, según los agentes de tribunales del Ministerio Públicos, las circunstancias de los numerales 1, 2 y 3, del artículo 180 del Código Procesal Penal. III. La Sala de lo Constitucional estima que es importante señalar, a manera de prolegómenos, que con base en el principio de legalidad las cauciones serán fijadas por el juez, tomando en consideración la gravedad del delito y la capacidad económica del imputado.

Además, que dicho juzgador habrá de tomar en cuenta la naturaleza de las medidas cautelares, debiendo ponderar que su finalidad primordial es asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de los medios de prueba.[4] En refuerzo de lo anterior, ningún juez, de ninguna manera, admitirá o será tentado en admitir, que la naturaleza de una medida cautelar es la de una pena anticipada; o sea que evitará que la imposición de una medida cautelar, sea una velada sanción proveniente de un prejuzgamiento que atenta contra la presunción de inocencia. En todo caso, se deberá admitir que no sólo la prisión preventiva limita la libertad personal; puesto que todas las medidas cautelares previstas en el artículo 173 del Código Procesal Penal, lo hacen en algún grado, salvo la constitución de caución económica o patrimonial y la suspensión en el ejercicio del cargo. Aunque también la prohibición de comunicación con determinadas personas, podría dadas algunas circunstancias, ser limitativa de la libertad personal. En fin, el juez deberá en todo caso imponer la medida cautelar que se acomode a la necesidad de hacer efectiva su naturaleza, o sea: garantizar la presencia del imputado y proteger la obtención de prueba; en relación proporcional con el derecho fundamental de libertad personal.[5] La relación entre medida cautelar y derecho fundamental en este caso resulta ser directamente proporcional, en el sentido de que: A mayor necesidad de asegurar la eficacia del procedimiento, mayor grado de limitación al derecho. Ergo, a menor peligro de fuga o manipulación probatoria, menor intervención del Estado en la libertad personal del encartado. Este ejercicio de ponderación judicial es discrecional y por ende exige motivación de parte del juez, quien debe explicar las razones o fundamentos que le han conducido a tomar determinada decisión. Sin embargo, en complemento, la carga procesal de convencimiento (alegatos o argumentos) y demostración (pruebas), corresponde a cada una de las partes, quienes están en la obligación de convencer al juez sobre la idoneidad de determinada medida cautelar en relación con las demás.[6] La Sala de lo Constitucional, respecto de esta decisión, señala y subraya, que ésta habrá de tomarse, atendiendo al principio pro homine, la cual implica, que será preferentemente aplicable la de mayor beneficio para el ser humano, o al menos, la que sea menos gravosa. Siendo en este caso el sujeto de dicha aplicación, el imputado. De manera que la libertad es la regla general y su excepción la prisión preventiva. En la práctica del principio pro homine, cabe señalarse además de que, si como en caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. La aplicación de una norma, deberá siempre interpretarse en la forma que mejor tutele los derechos de la persona. En el caso sub iudice la contienda en materia cautelar, entre la defensa y la fiscalía, ha sido para que el juzgador se decante entre: la imposición de prisión preventiva, que es la más limitativa de la libertad personal y la rendición de garantía o caución, que por el contrario es la medida menos limitativa de dicho derecho fundamental. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala de lo Constitucional a continuación entra a examinar los alegatos que el Ministerio Publico expuso en su escrito de formalización de la presente garantía de amparo. Al hacerlo, este alto tribunal observa que el petente en su garantía de amparo, denuncia que la decisión del ad quem violenta el derecho de debido proceso y el principio de legalidad, ambos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. De igual manera cita como violentados los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Básicamente sustenta su alegatoen que la juez de primera instancia, modificó la prisión preventiva que previamente había impuesto, sustituyéndola por otras medidas cautelares distintas a la privación de libertad, sin existir cambios en los presupuestos legitimadores que variaran las circunstancias, por lo que es del criterio que la decisión de la a quo, careció de legitimidad. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional observa que después de que se impuso la medida de prisión preventiva, se celebraron audiencias para debatir la procedencia de cambio de medida. También observa que en dichas audiencias hubo aporte de nuevos elementos, tanto argumentos como medios de prueba, dirigidos ambos en razón de demostrar que no existe peligro de fuga o de obstruir la investigación. De manera que este alto tribunal de justicia, no sigue al Ministerio Público en su alegato de que no concurrieron nuevos elementos en relación con la existencia de presupuestos legitimadores. Los hubo, y con base en ellos fue que la juzgadora de primera instancia tomó su decisión. De manera que para la Sala, al menos desde el punto de vista procesal, la a quo estaba legitimada para revisar su decisión y tomar una decisión distinta a la inicial. Ahora bien, distinto es, que la jueza haya tomado una decisión incorrecta y que las previsiones asumidas como idóneas para salvaguardar el proceso, tanto en razón de asegurar la presencia de los encartados, como la viabilidad de la investigación, no sean las mejores. Dicho examen corresponde a los órganos jurisdiccionales de orden común. La revisión constitucional a tal decisión es la verificación de que la decisión tomada es arbitraria o sea sin motivación; o bien, que existiendo motivación esta resulta ser insuficiente, absurda o sin observar el principio de legalidad en cuanto a los límites que la ley prevé. Ejemplo de esto último, podría ser la imposición de medidas distintas a las previstas por la ley, o la imposición prohibida en ciertos casos. Otro rango de supuestos que son revisables por la jurisdicción constitucional, específicamente por vía de amparo, es cuando se quebranta, disminuye, o pone en peligro el ejercicio de un derecho fundamental garantizado por la Constitución de la República o por un instrumento internacional de derechos humanos.[7] Tomando en cuenta esto, este alto tribunal de justicia, observa que la fiscalía señala que se ha lesionado el derecho al debido proceso, atendiendo a las razones siguientes: Se reprocha que la judicatura y el tribunal de alzada, no tomaron en cuenta: a) el perjuicio ocasionado a la sociedad, por ende la gravedad de la pena, que provoca la inminente posibilidad de fuga de los encausados y su interés de obstaculizar e intervenir la investigación; b) omisión de pronunciarse en forma puntual a los agravios expuestos en la apelación, es decir alega falta de motivación congruente; c) contravención al principio de legalidad, en relación a que la caución por medio de fianza bancaria no se encuentra entre las comprendidas en el artículo 193 del Código Procesal Penal. En relación al primer punto identificado con el inciso a), es decir al peligro de fuga o de obstrucción a la investigación, la Sala observa que ese asunto fue bastante debatido en la audiencia de revisión de medida; cada una de las partes hizo los argumentos y tuvo la oportunidad de presentar la prueba que estimó pertinente; finalmente tuvieron la oportunidad procesal de acceder a los medios de impugnación que la norma procesal penal les provee. Al respecto los señalamientos que hace la fiscalía en amparo, contra la decisión que impugna, no son diferentes a los que hizo ante las dos instancias de jurisdicción ordinaria. La Sala en consecuencia no encuentra asidero para someter el asunto a control constitucional, habida cuenta de que el asunto fue debatido y resuelto, observándose por tanto los principios de oralidad, contradicción e inmediación, garantizándose a cada una de las partes el ejercicio pleno de sus atribuciones procesales. Con relación a la motivación congruente, identificado con el inciso b), este alto tribunal observa que por un lado las partes tuvieron amplio espacio para debatir sus pretensiones y sus alegaciones; y por otro lado el juez dictó sus resoluciones de manera, si bien es cierto, no con una motivación abundante y por otro lado detallada, por lo menos aceptable. Pues deja claro cómo mínimo que en su fuero de interpretación y discrecionalidad, las medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad, serán suficientes para logar los fines del proceso penal de mérito. Por supuesto que la Sala está consciente de que en este punto, se podría mejorar la técnica jurídica procesal, tanto por parte de los abogados de cada una de las partes, como de los órganos jurisdiccionales que intervinieron en este asunto, en orden de alegar y argumentar debidamente los elementos de idoneidad[8] y proporcionalidad.[9] En relación con el tercer punto, identificado con el inciso c), o sea la posible violación del principio de legalidad, referida en este caso puntual a la falta de mención de la fianza bancaria, como medio de caución permitida por la ley, este alto tribunal de justicia, en principio toma lo dispuesto por el artículo 193 del Código Procesal Penal, en cuanto señala: “La caución podrá ser fianza, o garantía real. La fianza podrá otorgarla todo aquel que tenga capacidad para contratar y disponer y que sea propietario de bienes suficientes para responder por la cuantía de la caución establecida por el juez. Tales bienes podrán ser muebles, inmuebles o depósitos bancarios y, su existencia se probará con los atestados o certificaciones correspondientes. La caución real se constituirá mediante hipoteca, prenda o depósito de dinero. Si la caución es prestada por persona distinta del imputado, aquélla no gozará del beneficio de la excusión. Con autorización del Juez, podrá sustituirse la caución rendida por otra equivalente.” Esta disposición legal tiene como origen, dar cumplimiento a la norma constitucional que dice: “Artículo 93. Aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley.” Entonces, relacionando una norma con la otra, lo que tenemos como conclusión es: (1) La Constitución de manera expresa dispone el principio de reserva de ley en materia de cauciones para sustituir la privación cautelar de la libertad en un proceso penal. (2) En consecuencia, solamente por medio de la ley, el Estado puede definir los límites, la forma, los requisitos o presupuestos, para que se imponga de manera cautelar la privación de la libertad personal, o pueda ser garantizada de manera distinta la eficacia del proceso. (3) Por tanto la discrecionalidad judicial se limita, reservándola únicamente en relación con: a) las condiciones de hecho para imponerla (idoneidad); y b) la cuantía (proporcionalidad). Siempre en relación con el principio de legalidad, el artículo 193 citado, permite aclarar la calidad o condiciones del que rinde la caución (sujeto) y la calidad y formas de prestación de ésta última (objeto). La Sala observa que el artículo 193 citado, autoriza para que sea un tercero quien rinda caución; y en este sentido la Sala no encuentra razón para excluir per se a las entidades bancarias. Salvo que esto suponga comprometer la eficacia del proceso, en relación con la permanencia del procesado en el juicio. En relación con el objeto, o sea la caución misma, la norma citada establece que el depósito de dinero se tendrá como garantía real, por lo que cabe preguntarse lo siguiente: Si la garantía bancaria se ha de tener como una fianza o una garantía real; o en último caso, ninguna de las dos. Una aparente solución a la pregunta sería descartar que la garantía bancaria constituya una garantía real, debido a que no se encuentra en la lista que provee el artículo 193 del Código Procesal Penal[10]; sin embargo profundizando más en el asunto, la Sala encuentra que nuestro Código Civil en el artículo 2021, define a la fianza así: “Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.” Por otra parte, en relación con el depósito, nuestro Código Civil dispone que éste se constituya desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla; luego de manera específica el Código de Comercio en el artículo 957 dispone, que el depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o moneda extranjera, transfiere la propiedad al banco depositario, y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie. En este caso la obligación de conservación y custodia se cumple con el mantenimiento de valores económicos equivalentes a los bienes depositados, en la forma y límites que determine la ley, y no queda excluida por el uso de los mismos por parte del depositario. Con todo lo anteriormente expuesto es evidente entonces que la caución que consiste en prestar una garantía bancaria a efecto de que el proceso penal continúe y se desarrolle de forma normal, es una fianza y no un depósito de dinero. Eso trae como consecuencia que la garantía bancaria al ser una fianza, estaría comprendida dentro del ámbito de aplicación del párrafo primero del artículo 193 del Código Procesal Penal, y por ende sería una caución que cumple con el principio de legalidad. Esto únicamente desde el punto de vista formal, pero que analizada desde el punto de vista material, teleológico, o sea desde el fin que se persigue podría no ser así. Para saber si la garantía bancaria cumple con la función que tienen las cauciones en materia cautelar penal, es necesario cuestionar su idoneidad para garantizar la presencia del imputado en el proceso. No obstante, el Ministerio Público, en el caso sub examine ha hecho cuestionamientos bastante generales, sin dar elementos concretos y visibles que puedan servir para que el juzgador decida imponer la medida cautelar más gravosa en términos de libertad provisional. No basta decir que no se cumplen los presupuestos de legitimación, deben señalarse estos con puntualidad, explicando o dando razones concretas del porqué así lo estima. En este sentido la carga de alegación y acreditación para sustentar la presente garantía de amparo, obligaba al Ministerio Público. Sin embargo a criterio de este alto tribunal el cumplimiento que hizo de esta carga procesal fue insuficiente. Es por ello que a criterio de este alto tribunal de justicia corresponde desestimar la presente garantía constitucional de amparo. Advirtiendo que las circunstancias que pudieron servir para la imposición de las actuales medidas cautelares pueden variar y por ende el juzgador podrá previo cumplimiento de las garantías judiciales, decidir su modificación. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 69, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía de amparo impetrada por la abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA en su condición de agente de tribunales del Ministerio Pública, a favor del Estado de Honduras, encontra de la resolución dictada en fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN mediante la cual se declaró sin lugar la apelación correspondiente y se confirmó la resolución que impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a los ciudadanos SHUCRY LUIS KAFFIE LARACH, JUAN ALBERTO MADRID CASACA y EDGARDO QUIROZ MORENO, a quienes se les supone responsables de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, FRAUDE Y ESTAFA en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número 0043-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”

[4]Vid. Artículo 172 del Código Procesal Penal.

[5]Vid. Artículo 173 del Código Procesal Penal.

[6]Vid. Artículo 174 del Código Procesal Penal.

[7]En realidad el supuesto del párrafo anterior, que se refiere a los vicios de la motivación judicial, supone siempre la violación de derechos fundamentales. Específicamente es una violación al derecho del debido proceso legal contenido en el artículo 90 constitucional y 8 de la Convención Americana sobre derechos humanos. La motivación, se encuentra íntimamente relacionada con el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en obtener una decisión judicial debidamente motivada y fundada en ley y el derecho de defensa, entendido esto como el derecho que tienen las partes de conocer los razonamientos del juzgador para poderlos impugnar de manera puntual.

[8]Referencia a los presupuestos denominados:apariencia de buen derecho(fumusbonis iuris); y peligro de frustración de propósito (periculum in mora).

[9] Para lo cual habría que seguirse el ejercicio intelectivo de ponderación, entre el grado de privación de libertad personal y la necesidad de eficacia de la medida.

[10]El artículo 193 del Código Procesal Penal. en numerus clausus determina como garantía real únicamente a la hipoteca, la prenda y el depósito de dinero.