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Sentencia AP-43-14 — Registro 6234

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó sentencia interlocutoria dictada por Juzgado de Ejecución que estimó solicitud de conmuta de una pena de reclusión por dinero y Conmuta de otra pena de reclusión y Multa por la sustitución de Servicios Comunitarios a favor del condenado en procedimiento abreviado por delito de Facilitación de medios de transporte para el tráfico de drogas en perjuicio de la Salud de la población del Estado de Honduras, y por delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida considera que cada pena es menor de cinco años, esa sucesividad implica que las cumplirá una tras de otra y si es así hay oportunidad jurídica de que se conmuten

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"de los alegatos planteados en la acción constitucional, es si procede conceder ambos beneficios en forma simultánea, cuando se invoca en la sentencia el concurso real de delitos aplicando el artículo 35 del Código Penal que textualmente dispone:…"…"esta Sala estima necesario invocar la jurisprudencia y doctrina legal directamente vinculada al caso concreto, y que ha sido ilustrado en varias sentencias emitidas por este Alto tribunal, para mencionar algunas el expediente AP 339-2012 y el AP 443-11-B, en cuanto a la controversia suscitada de cual es la ejecución correcta de una pluralidad de penas que involucre la figura del concurso real; asimismo cabe señalar la existencia de jurisprudencia emitida por la Corte de Apelaciones de la ciudad de San Pedro Sula[1], Departamento de Cortés, en sede de justicia constitucional, invocadas en las sentencias previamente relacionadas, la cual es conducente a establecer que en el concurso real “se deben imponer las penas correspondientes a cada uno (de los delitos) y condenar al reo de conformidad con dicha suma, y que, las penas (así) impuestas por ambas infracciones se convierten en una sola e indivisible que es inseparable” (…).[2], los cuales se han citado en casos anteriores para extraer la ratio decidendi del caso concreto..."..."el Tribunal de Alzada arguye que las dos penas impuestas de reclusión no pueden cumplirse simultáneamente por lo tanto será de forma sucesiva, o sea una tras de otra; conforme a esta interpretación del Tribunal de Alzada, de ser imposible el cumplimiento simultáneo de las dos sanciones de reclusión, es imposible consecuentemente el otorgamiento de dos beneficios simultáneamente, pues definido esta en la norma sustantiva[3] que se iniciará sucesivamente cumpliendo la condena que tenga señalada la pena mas grave; entendiendo sucesivamente, como: “Sucediendo o siguiéndose una persona o cosa a otra”, en aquellos casos que el sentenciado fuese condenado a cumplir mas de una pena..."..."argumenta el Ad-quem en la motivación de su fallo que el Juez esta obligado ha hacer interpretaciones restrictivas que no perjudiquen los derechos del condenado y atender el espíritu del articulo 35, pues ello perjudica al condenado y le impide accesar a un beneficio como es la conmuta; la Sala comparte el argumento que esgrime el Ad-quen en cuanto a que se debe buscar el beneficio para el condenado, pero ello debe hacerse respetando el debido proceso que es de obligatorio cumplimiento en un Estado de Derecho, principio que lo acoge la Constitución de la República y la misma Ley Procesal Penal, pues la conmuta no es el único beneficio que otorga la ley penal sustantiva a los condenados a pena de reclusión..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes abril del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinte de noviembre de dos mil trece, que declara No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Agente Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha treinta de agosto del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colón, con relación a la causa instruida contra NELSON OMAR MEJIA TORRES por los delitos de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE EL ESTADO DE HONDURAS y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados son el derecho de Defensa y del Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dieciocho de mayo del año dos mil doce, la abogada LIANA LOURDES SOTO MARTINEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, presentando Requerimiento Fiscal en contra de NELSON OMAR MEJIA TORRES y JOSE ADALBERTO GOMEZ HERNANDEZ por suponerlos responsables de los delitos de POESEIÓN Y TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SALUD Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y contra JOSE LUJAN MONTES, VICTOR ANTONIO MENDOZA LÓPEZ y ATILIANO RODRIGUEZ SALOMON por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que seguido el trámite correspondiente en fecha veintitrés de mayo del año dos mil doce, se celebró Audiencia Inicial en la que el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colon, resolvió declarar Auto de Prisión contra NELSON OMAR MEJIA TORRES y JOSE ADALBERTO GOMEZ HERNANDEZ, por los delitos de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGA y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR Y DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndoles a ambos imputados la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, asimismo dictó Auto de Prisión contra JOSE LUJAN MONTES, VICTOR ANTONIO MENDOZA LOPEZ y ATILIANO RODRIGUEZ SALOMON, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndoles a estos últimos tres imputados medidas cautelares diferentes a la privación de libertad.-3) Que dándole continuidad al proceso, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce, el Juzgado de Letras previamente relacionado, realizo Audiencia de Procedimiento Abreviado en la que falló: (Sic) “Condenando al imputado NELSON OMAR MEJIA TORRES, a la pena de CUATRO AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps 37,500.00) por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGA, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, y a la pena de DOS AÑOS TRES MESES DE RECLUSION, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; con abono del tiempo que ha permanecido en prisión, pena que deberá cumplir en el centro penal de La Trujillo Colón.-2.-Condenar al imputado a las penas de Interdicción Civil, e inhabilitación especial por el tiempo que dure la condena y a Trabajar en Obras Publicas.-…” (Folios del 130 al 133 de la pieza de los antecedentes de ejecución).-4) Que adelantado que fue el proceso, Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha treinta de agosto del año dos mil trece, dictó sentencia interlocutoria en relación a la Solicitud de Conmuta de pena de reclusión por dinero y Conmuta de otra pena de reclusión y multa por sustitución de trabajo comunitario, solicitada por el imputado NELSON OMAR MEJIA TORRES, en la cual el Juzgado de Ejecución resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la solicitud de conmuta por dinero en efectivo de la pena de cuatro años seis meses de reclusión por el delito de FACILITACIÓN INTENCIONAL DE MEDIOS DE TRANSPORTE en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS y por trabajo comunitario de la condena de dos años tres meses de reclusión más la multa de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS, lo cual será por trabajo comunitario que realizará en la escuela Manuel de Jesús Subirana de la aldea Las Pilas, jurisdicción de Trujillo, Colón, por lo cual de reclusión son tres meses dos días y por la multa cinco meses ocho días, haciendo un total de ocho meses diez días.- SEGUNDO: deberá enterar en la Tesorería General de la República a cuenta del Poder Judicial, la cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS como conmuta en efectivo de la pena de cuatro años seis meses de reclusión a que fue condenado en dicha causa por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población de El Estado de Honduras.- TERCERO: El trabajo comunitario a realizar por la condena de dos años tres meses de reclusión por el delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de La Seguridad Interior de El Estado de Honduras y por la multa de treinta y siete mil quinientos lempiras, impuestas en dicha causa, será de OCHO MESES DIEZ DIAS.-…” (Folios del 203 al 206 de la pieza de antecedentes de Ejecución).-5) Que en fecha veinte de noviembre del año dos mil trece, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público a través del Agente de Tribunales, en relación a la causa instruida contra NELSON OMAR MEJIA TORRES, contra la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha treinta de agosto del año dos mil trece; la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida resolvió (Sic) “Primero: NO Ha Lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la Agente de Tribunales del Ministerio Público en su condición de apelante.- Segundo: Confirmar la resolución dictada por la Jueza de Ejecución de Penas del Departamento de Colón, en fecha treinta de agosto del dos mil trece en el proceso penal de el condenado Mejía Torres, por los delitos de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico o Consumo de Drogas y el de Portación Ilegal de Arma Comercial…. Notifíquese.”. (Folios 04 al 07 de la segunda pieza de antecedentes del Tribunal de Alzada).-6) La recurrente abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ compareció ante este Alto Tribunal, en fecha quince de enero del año dos mil catorce, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte de noviembre del año dos mil trece, vulnera el derecho de Defensa y el Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha trece de marzo del año dos mil catorce y omitiendo la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO 1: Que la recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, interponiendo acción constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinte de noviembre del año dos mil trece, viola los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO 2: Que el caso en estudio se origina en fecha dieciocho de mayo del año dos mil doce, con la comparecencia de la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Liana Lourdes Soto Martines, al Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores NELSON OMAR MEJIA TORRES, JOSE ADALBERTO GOMEZ HERNANDEZ, JOSE LUJAN MONTES, VICTOR ANTONIO MENDOZA LÓPEZ y ATILIANO RODRIGUEZ SALOMON, tal y como se ha dejado relacionado en el numeral uno de los antecedentes de este libelo.-CONSIDERANDO 3: Que seguido el trámite correspondiente, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, dictó realizó Audiencia de Procedimiento Abreviado mediante la cual condenó al encausado NELSON OMAR MEJIA TORRES, por los delitos de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGA, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS y le impuso una pena de CUATRO AÑOS SEIS MESES DE RECLUSIÓN, y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS imponiéndole una pena de DOS AÑOS, TRES MESES DE RECLUSIÓN.-CONSIDERANDO 4: Que fecha veinticinco de Julio del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colon, en imputado NELSON OMAR MEJIA TORRES, solicitando Conmuta de una pena de Reclusión por dinero y Conmuta de otra pena de Reclusión y Multa mediante sustitución de Servicios Comunitarios; beneficios que le fueron otorgados por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Trujillo, en audiencia celebrada en fecha treinta de agosto del año dos mil trece; resolución por la cual se manifestó inconforme el Fiscal del Ministerio Público asignado al proceso, impugnando la indicada resolución, la que fue confirmada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, resolución esta última de fecha veinte de noviembre del año dos mil trece, que es recurrida en amparo por el Ministerio Público a través de su agente de tribunales Abogada Yulibeth Garay Hernández.-CONSIDERANDO 5: Que en la motivación de su resolución el Tribunal de Alzada expone: La disposición sustantiva en su segundo párrafo (Art. 35 del Código Penal) dispone como regla general que el sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible, cuando no lo fuere posible las cumplirá sucesivamente, empezando por las mayores, aquí estamos hablando de una acumulación jurídica; en este caso que cada pena es menor de cinco años, esa sucesividad implica que las cumplirá una tras de otra, por ello si su cumplimiento es así, hay una oportunidad jurídica de que se conmuten.-Para efectos de conmuta debe interpretarse la norma desde el enfoque que le impone el artículo 61 del mismo Código, que las penas puedan ser conmutables de derecho, es decir que llenen los requisitos de esta disposición y uno de ellos es que la pena no exceda de cinco años, y de acuerdo a la sentencia dictada el diecinueve de septiembre del dos mil doce, la condena es por dos delitos cuyas penas en forma individual no exceden cinco años; es necesario señalar en este momento que cuando vamos a aplicar un beneficio como lo es la conmuta el Juez esta obligado a hacer interpretaciones restrictivas que no perjudiquen los derechos del condenado y atender el espíritu del artículo 35 en cuanto a solo puede hablarse de simultaneidad de las penas cuando así fuere posible, en este caso no es posible, mucho menos hacer sumatorias de penas, como hizo el adquo, en el computo primero y como lo esta haciendo el Ministerio Público en sus agravios, pues ello perjudica al condenado y le impide accesar a un beneficio como es la conmuta.-CONSIDERANDO 6: Que la recurrente aduce que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada viola los derechos constitucionales de Debido Proceso y Defensa; señala que del análisis del artículo 35 del Código Penal se colige que la intención del legislador es y ha sido en todo tiempo el cumplimiento de las penas, el cual debe ser de manera sucesiva es decir una en pos de la otra, en virtud que ambas penas son privativas de libertad, es evidente que su cumplimiento no se puede hacer de manera simultánea, en tal caso, resultaría ilusoria una de las mismas, situación que pretende evitar el artículo en referencia. Sostiene que la simultaneidad se da cuando las penas se puedan cumplir al mismo tiempo Ej. La multa y la reclusión etc., pero el contenido del artículo precitado, no considera simultaneidad en el cumplimiento de dos penas privativas de libertad, por que de ser así una de ellas se vuelve ilusoria, al ser absorbida por la otra, por ende dejando de cumplirse una de ellas, extremo que generaría impunidad en el cumplimiento de las penas, lo que causaría una grave lesión a la seguridad jurídica por cuanto no se considero lo establecido en el artículo 35 del Código Penal, que establece el concepto del concurso real de delitos y el tratamiento que debe dársele al mismo, instituyendo claramente que la determinación de la pena aplicable por el concurso real de delitos se realiza mediante la acumulación material o aritmética de penas, que consiste en aplicar las penas correspondientes a todos los delitos, siendo necesario que todos los actos ilícitos sean apreciados al mismo tiempo en forma autónoma, de manera que la aplicación de las penas no resulte excluyente de la aplicación de las otras penas.-CONSIDERANDO 7: Que la pedidora concluye, que debe aplicarse en todo lo consignado en el artículo 35 del Código Penal, por lo que darle otra interpretación implicaría un fraude de ley inadmisible en un Estado de Derecho que concede ciertos beneficios sustitutivos de las penas privativas de libertad hasta un determinado limite, en atención a la gravedad de los hechos enjuiciados. Por ende la resolución dictada por la Corte de Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida, vulnera el principio del debido proceso, principio de legalidad al obviar lo establecido en el artículo 35 del Código penal, el cual, sin ningún margen de duda determina claramente la naturaleza del concurso real de delitos.-CONSIDERANDO 8: Que el asunto que se cuestiona y es recurrido en amparo, es el otorgamiento de los beneficios de Conmuta por Dinero y Conmuta por Trabajo Comunitario, a quien fue condenado a través de procedimiento Abreviado, por dos delitos a saber uno de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGA y el otro de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, imponiendo penas de reclusión para ambas infracciones penales; lo que cuestiona el Ministerio Público, de los alegatos planteados en la acción constitucional, es si procede conceder ambos beneficios en forma simultánea, cuando se invoca en la sentencia el concurso real de delitos aplicando el artículo 35 del Código Penal que textualmente dispone: “Al culpable de dos (2) o mas delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible. Cuando no lo fuere o si de ello resulta ilusoria alguna de las penas, las cumplirá sucesivamente, principiando por las mayores, o sean las señaladas para los delitos mas graves. Sin embargo la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederán de treinta años.”.- CONSIDERANDO 9: Que esta Sala estima necesario invocar la jurisprudencia y doctrina legal directamente vinculada al caso concreto, y que ha sido ilustrado en varias sentencias emitidas por este Alto tribunal, para mencionar algunas el expediente AP 339-2012 y el AP 443-11-B, en cuanto a la controversia suscitada de cual es la ejecución correcta de una pluralidad de penas que involucre la figura del concurso real; asimismo cabe señalar la existencia de jurisprudencia emitida por la Corte de Apelaciones de la ciudad de San Pedro Sula[1], Departamento de Cortés, en sede de justicia constitucional, invocadas en las sentencias previamente relacionadas, la cual es conducente a establecer que en el concurso real “se deben imponer las penas correspondientes a cada uno (de los delitos) y condenar al reo de conformidad con dicha suma, y que, las penas (así) impuestas por ambas infracciones se convierten en una sola e indivisible que es inseparable” (…).[2], los cuales se han citado en casos anteriores para extraer la ratio decidendi del caso concreto.-CONSIDERANDO 10: Que el Tribunal de Alzada arguye que las dos penas impuestas de reclusión no pueden cumplirse simultáneamente por lo tanto será de forma sucesiva, o sea una tras de otra; conforme a esta interpretación del Tribunal de Alzada, de ser imposible el cumplimiento simultáneo de las dos sanciones de reclusión, es imposible consecuentemente el otorgamiento de dos beneficios simultáneamente, pues definido esta en la norma sustantiva[3] que se iniciará sucesivamente cumpliendo la condena que tenga señalada la pena mas grave; entendiendo sucesivamente, como: “Sucediendo o siguiéndose una persona o cosa a otra”, en aquellos casos que el sentenciado fuese condenado a cumplir mas de una pena.- CONSIDERANDO 11: Que argumenta el Ad-quem en la motivación de su fallo que el Juez esta obligado ha hacer interpretaciones restrictivas que no perjudiquen los derechos del condenado y atender el espíritu del articulo 35, pues ello perjudica al condenado y le impide accesar a un beneficio como es la conmuta; la Sala comparte el argumento que esgrime el Ad-quen en cuanto a que se debe buscar el beneficio para el condenado, pero ello debe hacerse respetando el debido proceso que es de obligatorio cumplimiento en un Estado de Derecho, principio que lo acoge la Constitución de la República y la misma Ley Procesal Penal, pues la conmuta no es el único beneficio que otorga la ley penal sustantiva a los condenados a pena de reclusión.- CONSIDERANDO 12: Que la pena tiene una finalidad, la que ha venido evolucionando en diferentes teorías, de la meramente retributiva, a la teoría mixta o de la unión; ésta última que se enfoca a lograr que la pena debe ser medida de tal modo que se garantice su función compensadora en cuanto al contenido de injusto y de la culpabilidad, y a la vez posibilite, por lo menos, el cumplimiento de la tarea resocializadora para con el autor; es correcto que al condenado le asisten beneficios que la ley sustantiva prevé, tal y como lo expresa el Tribunal de Alzada en la resolución impugnada; el cuestionamiento es que tales beneficios deben ser otorgados en cumplimiento del principio de legalidad, en cuanto a la correcta aplicación que se debe hacer de la norma, buscando el razonamiento lógico en la aplicación de las mismas, sin restricciones de los derechos reconocidos en ella, siempre y cuando sea respetando el debido proceso que debe imperar en todo Estado de Derecho, pues la pena es la consecuencia lógica que impone el Estado mediante el órgano jurisdiccional al infractor de la norma penal.-CONSIDERANDO 13: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO 14: Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 35 del Código Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor de EL ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veinte de noviembre del año dos mil trece, emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0043-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes abril del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia en el contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Recurso de Amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS Atlántida, en fecha veinte de noviembre de dos mil trece, que declara No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Agente Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha treinta de agosto del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colón, con relación a la causa instruida contra NELSON OMAR MEJIA TORRES por los delitos de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE EL ESTADO DE HONDURAS y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados son el derecho de Defensa y del Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dieciocho de mayo del año dos mil doce, la abogada LIANA LOURDES SOTO MARTINEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, presentando Requerimiento Fiscal en contra de NELSON OMAR MEJIA TORRES y JOSE ADALBERTO GOMEZ HERNANDEZ por suponerlos responsables de los delitos de POESEIÓN Y TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SALUD Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y contra JOSE LUJAN MONTES, VICTOR ANTONIO MENDOZA LÓPEZ y ATILIANO RODRIGUEZ SALOMON por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que seguido el trámite correspondiente en fecha veintitrés de mayo del año dos mil doce, se celebró Audiencia Inicial en la que el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colon, resolvió declarar Auto de Prisión contra NELSON OMAR MEJIA TORRES y JOSE ADALBERTO GOMEZ HERNANDEZ, por los delitos de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGA y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR Y DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndoles a ambos imputados la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, asimismo dictó Auto de Prisión contra JOSE LUJAN MONTES, VICTOR ANTONIO MENDOZA LOPEZ y ATILIANO RODRIGUEZ SALOMON, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndoles a estos últimos tres imputados medidas cautelares diferentes a la privación de libertad.-3) Que dándole continuidad al proceso, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce, el Juzgado de Letras previamente relacionado, realizo Audiencia de Procedimiento Abreviado en la que falló: (Sic) “Condenando al imputado NELSON OMAR MEJIA TORRES, a la pena de CUATRO AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps 37,500.00) por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGA, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, y a la pena de DOS AÑOS TRES MESES DE RECLUSION, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; con abono del tiempo que ha permanecido en prisión, pena que deberá cumplir en el centro penal de La Trujillo Colón.-2.-Condenar al imputado a las penas de Interdicción Civil, e inhabilitación especial por el tiempo que dure la condena y a Trabajar en Obras Publicas.-…” (Folios del 130 al 133 de la pieza de los antecedentes de ejecución).-4) Que adelantado que fue el proceso, Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha treinta de agosto del año dos mil trece, dictó sentencia interlocutoria en relación a la Solicitud de Conmuta de pena de reclusión por dinero y Conmuta de otra pena de reclusión y multa por sustitución de trabajo comunitario, solicitada por el imputado NELSON OMAR MEJIA TORRES, en la cual el Juzgado de Ejecución resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la solicitud de conmuta por dinero en efectivo de la pena de cuatro años seis meses de reclusión por el delito de FACILITACIÓN INTENCIONAL DE MEDIOS DE TRANSPORTE en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS y por trabajo comunitario de la condena de dos años tres meses de reclusión más la multa de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS, lo cual será por trabajo comunitario que realizará en la escuela Manuel de Jesús Subirana de la aldea Las Pilas, jurisdicción de Trujillo, Colón, por lo cual de reclusión son tres meses dos días y por la multa cinco meses ocho días, haciendo un total de ocho meses diez días.- SEGUNDO: deberá enterar en la Tesorería General de la República a cuenta del Poder Judicial, la cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS como conmuta en efectivo de la pena de cuatro años seis meses de reclusión a que fue condenado en dicha causa por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población de El Estado de Honduras.- TERCERO: El trabajo comunitario a realizar por la condena de dos años tres meses de reclusión por el delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de La Seguridad Interior de El Estado de Honduras y por la multa de treinta y siete mil quinientos lempiras, impuestas en dicha causa, será de OCHO MESES DIEZ DIAS.-…” (Folios del 203 al 206 de la pieza de antecedentes de Ejecución).-5) Que en fecha veinte de noviembre del año dos mil trece, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público a través del Agente de Tribunales, en relación a la causa instruida contra NELSON OMAR MEJIA TORRES, contra la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha treinta de agosto del año dos mil trece; la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida resolvió (Sic) “Primero: NO Ha Lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la Agente de Tribunales del Ministerio Público en su condición de apelante.- Segundo: Confirmar la resolución dictada por la Jueza de Ejecución de Penas del Departamento de Colón, en fecha treinta de agosto del dos mil trece en el proceso penal de el condenado Mejía Torres, por los delitos de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico o Consumo de Drogas y el de Portación Ilegal de Arma Comercial…. Notifíquese.”. (Folios 04 al 07 de la segunda pieza de antecedentes del Tribunal de Alzada).-6) La recurrente abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ compareció ante este Alto Tribunal, en fecha quince de enero del año dos mil catorce, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte de noviembre del año dos mil trece, vulnera el derecho de Defensa y el Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha trece de marzo del año dos mil catorce y omitiendo la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO 1: Que la recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, interponiendo acción constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinte de noviembre del año dos mil trece, viola los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO 2: Que el caso en estudio se origina en fecha dieciocho de mayo del año dos mil doce, con la comparecencia de la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Liana Lourdes Soto Martines, al Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores NELSON OMAR MEJIA TORRES, JOSE ADALBERTO GOMEZ HERNANDEZ, JOSE LUJAN MONTES, VICTOR ANTONIO MENDOZA LÓPEZ y ATILIANO RODRIGUEZ SALOMON, tal y como se ha dejado relacionado en el numeral uno de los antecedentes de este libelo.-CONSIDERANDO 3: Que seguido el trámite correspondiente, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, dictó realizó Audiencia de Procedimiento Abreviado mediante la cual condenó al encausado NELSON OMAR MEJIA TORRES, por los delitos de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGA, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS y le impuso una pena de CUATRO AÑOS SEIS MESES DE RECLUSIÓN, y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS imponiéndole una pena de DOS AÑOS, TRES MESES DE RECLUSIÓN.-CONSIDERANDO 4: Que fecha veinticinco de Julio del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colon, en imputado NELSON OMAR MEJIA TORRES, solicitando Conmuta de una pena de Reclusión por dinero y Conmuta de otra pena de Reclusión y Multa mediante sustitución de Servicios Comunitarios; beneficios que le fueron otorgados por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Trujillo, en audiencia celebrada en fecha treinta de agosto del año dos mil trece; resolución por la cual se manifestó inconforme el Fiscal del Ministerio Público asignado al proceso, impugnando la indicada resolución, la que fue confirmada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, resolución esta última de fecha veinte de noviembre del año dos mil trece, que es recurrida en amparo por el Ministerio Público a través de su agente de tribunales Abogada Yulibeth Garay Hernández.-CONSIDERANDO 5: Que en la motivación de su resolución el Tribunal de Alzada expone: La disposición sustantiva en su segundo párrafo (Art. 35 del Código Penal) dispone como regla general que el sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible, cuando no lo fuere posible las cumplirá sucesivamente, empezando por las mayores, aquí estamos hablando de una acumulación jurídica; en este caso que cada pena es menor de cinco años, esa sucesividad implica que las cumplirá una tras de otra, por ello si su cumplimiento es así, hay una oportunidad jurídica de que se conmuten.-Para efectos de conmuta debe interpretarse la norma desde el enfoque que le impone el artículo 61 del mismo Código, que las penas puedan ser conmutables de derecho, es decir que llenen los requisitos de esta disposición y uno de ellos es que la pena no exceda de cinco años, y de acuerdo a la sentencia dictada el diecinueve de septiembre del dos mil doce, la condena es por dos delitos cuyas penas en forma individual no exceden cinco años; es necesario señalar en este momento que cuando vamos a aplicar un beneficio como lo es la conmuta el Juez esta obligado a hacer interpretaciones restrictivas que no perjudiquen los derechos del condenado y atender el espíritu del artículo 35 en cuanto a solo puede hablarse de simultaneidad de las penas cuando así fuere posible, en este caso no es posible, mucho menos hacer sumatorias de penas, como hizo el adquo, en el computo primero y como lo esta haciendo el Ministerio Público en sus agravios, pues ello perjudica al condenado y le impide accesar a un beneficio como es la conmuta.-CONSIDERANDO 6: Que la recurrente aduce que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada viola los derechos constitucionales de Debido Proceso y Defensa; señala que del análisis del artículo 35 del Código Penal se colige que la intención del legislador es y ha sido en todo tiempo el cumplimiento de las penas, el cual debe ser de manera sucesiva es decir una en pos de la otra, en virtud que ambas penas son privativas de libertad, es evidente que su cumplimiento no se puede hacer de manera simultánea, en tal caso, resultaría ilusoria una de las mismas, situación que pretende evitar el artículo en referencia. Sostiene que la simultaneidad se da cuando las penas se puedan cumplir al mismo tiempo Ej. La multa y la reclusión etc., pero el contenido del artículo precitado, no considera simultaneidad en el cumplimiento de dos penas privativas de libertad, por que de ser así una de ellas se vuelve ilusoria, al ser absorbida por la otra, por ende dejando de cumplirse una de ellas, extremo que generaría impunidad en el cumplimiento de las penas, lo que causaría una grave lesión a la seguridad jurídica por cuanto no se considero lo establecido en el artículo 35 del Código Penal, que establece el concepto del concurso real de delitos y el tratamiento que debe dársele al mismo, instituyendo claramente que la determinación de la pena aplicable por el concurso real de delitos se realiza mediante la acumulación material o aritmética de penas, que consiste en aplicar las penas correspondientes a todos los delitos, siendo necesario que todos los actos ilícitos sean apreciados al mismo tiempo en forma autónoma, de manera que la aplicación de las penas no resulte excluyente de la aplicación de las otras penas.-CONSIDERANDO 7: Que la pedidora concluye, que debe aplicarse en todo lo consignado en el artículo 35 del Código Penal, por lo que darle otra interpretación implicaría un fraude de ley inadmisible en un Estado de Derecho que concede ciertos beneficios sustitutivos de las penas privativas de libertad hasta un determinado limite, en atención a la gravedad de los hechos enjuiciados. Por ende la resolución dictada por la Corte de Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida, vulnera el principio del debido proceso, principio de legalidad al obviar lo establecido en el artículo 35 del Código penal, el cual, sin ningún margen de duda determina claramente la naturaleza del concurso real de delitos.-CONSIDERANDO 8: Que el asunto que se cuestiona y es recurrido en amparo, es el otorgamiento de los beneficios de Conmuta por Dinero y Conmuta por Trabajo Comunitario, a quien fue condenado a través de procedimiento Abreviado, por dos delitos a saber uno de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGA y el otro de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, imponiendo penas de reclusión para ambas infracciones penales; lo que cuestiona el Ministerio Público, de los alegatos planteados en la acción constitucional, es si procede conceder ambos beneficios en forma simultánea, cuando se invoca en la sentencia el concurso real de delitos aplicando el artículo 35 del Código Penal que textualmente dispone: “Al culpable de dos (2) o mas delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible. Cuando no lo fuere o si de ello resulta ilusoria alguna de las penas, las cumplirá sucesivamente, principiando por las mayores, o sean las señaladas para los delitos mas graves. Sin embargo la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederán de treinta años.”.- CONSIDERANDO 9: Que esta Sala estima necesario invocar la jurisprudencia y doctrina legal directamente vinculada al caso concreto, y que ha sido ilustrado en varias sentencias emitidas por este Alto tribunal, para mencionar algunas el expediente AP 339-2012 y el AP 443-11-B, en cuanto a la controversia suscitada de cual es la ejecución correcta de una pluralidad de penas que involucre la figura del concurso real; asimismo cabe señalar la existencia de jurisprudencia emitida por la Corte de Apelaciones de la ciudad de San Pedro Sula[4], Departamento de Cortés, en sede de justicia constitucional, invocadas en las sentencias previamente relacionadas, la cual es conducente a establecer que en el concurso real “se deben imponer las penas correspondientes a cada uno (de los delitos) y condenar al reo de conformidad con dicha suma, y que, las penas (así) impuestas por ambas infracciones se convierten en una sola e indivisible que es inseparable” (…).[5], los cuales se han citado en casos anteriores para extraer la ratio decidendi del caso concreto.-CONSIDERANDO 10: Que el Tribunal de Alzada arguye que las dos penas impuestas de reclusión no pueden cumplirse simultáneamente por lo tanto será de forma sucesiva, o sea una tras de otra; conforme a esta interpretación del Tribunal de Alzada, de ser imposible el cumplimiento simultáneo de las dos sanciones de reclusión, es imposible consecuentemente el otorgamiento de dos beneficios simultáneamente, pues definido esta en la norma sustantiva[6] que se iniciará sucesivamente cumpliendo la condena que tenga señalada la pena mas grave; entendiendo sucesivamente, como: “Sucediendo o siguiéndose una persona o cosa a otra”, en aquellos casos que el sentenciado fuese condenado a cumplir mas de una pena.- CONSIDERANDO 11: Que argumenta el Ad-quem en la motivación de su fallo que el Juez esta obligado ha hacer interpretaciones restrictivas que no perjudiquen los derechos del condenado y atender el espíritu del articulo 35, pues ello perjudica al condenado y le impide accesar a un beneficio como es la conmuta; la Sala comparte el argumento que esgrime el Ad-quen en cuanto a que se debe buscar el beneficio para el condenado, pero ello debe hacerse respetando el debido proceso que es de obligatorio cumplimiento en un Estado de Derecho, principio que lo acoge la Constitución de la República y la misma Ley Procesal Penal, pues la conmuta no es el único beneficio que otorga la ley penal sustantiva a los condenados a pena de reclusión.- CONSIDERANDO 12: Que la pena tiene una finalidad, la que ha venido evolucionando en diferentes teorías, de la meramente retributiva, a la teoría mixta o de la unión; ésta última que se enfoca a lograr que la pena debe ser medida de tal modo que se garantice su función compensadora en cuanto al contenido de injusto y de la culpabilidad, y a la vez posibilite, por lo menos, el cumplimiento de la tarea resocializadora para con el autor; es correcto que al condenado le asisten beneficios que la ley sustantiva prevé, tal y como lo expresa el Tribunal de Alzada en la resolución impugnada; el cuestionamiento es que tales beneficios deben ser otorgados en cumplimiento del principio de legalidad, en cuanto a la correcta aplicación que se debe hacer de la norma, buscando el razonamiento lógico en la aplicación de las mismas, sin restricciones de los derechos reconocidos en ella, siempre y cuando sea respetando el debido proceso que debe imperar en todo Estado de Derecho, pues la pena es la consecuencia lógica que impone el Estado mediante el órgano jurisdiccional al infractor de la norma penal.-CONSIDERANDO 13: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO 14: Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 35 del Código Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor de EL ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veinte de noviembre del año dos mil trece, emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0043-2014.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Expedientes 2318 y 188-05, ampliamente citados en anteriores sentencias de la Sala.

[2] Ver Considerando 8) de la sentencia AP 1064-09 SCO de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce.

[3] Artículo 35 del Código Penal.

[4] Expedientes 2318 y 188-05, ampliamente citados en anteriores sentencias de la Sala.

[5] Ver Considerando 8) de la sentencia AP 1064-09 SCO de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce.

[6] Artículo 35 del Código Penal.